Dina Boluarte pretende quedarse en la presidencia hasta 2026

Mariana Álvarez Orellana

La presidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder luego del golpe parlamentario del 7 de diciembre del 2022 contra el expresidente Pedro Castillo,  luego de una marcha en Lima para exigir su renuncia, en lo que parecía un reinicio de las incesantes protestas de principios de año, señaló a la prensa que “el tema del adelanto de las elecciones ya estaría cerrado” y que ella “seguirá trabajando hasta julio del 2026”.

Boluarte se retractó de su propuesta de finales enero de acortar su periodo y adelantar los comicios a 2024 en un intento para atemperar las persistentes movilizaciones en su contra y en contra del parlamento. Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre luego que el Parlamento destituyó a Castillo, de quien  era vicepresidenta. Castillo intentó previamente disolver el Parlamento, pero fracasó porque no recibió el apoyo de los militares, ni de la élite empresarial.

El Parlamento unicameral y la presidenta mantienen elevados índices de impopularidad, según todas las encuestas. Ipsos Perú reveló un reciente sondeo nacional de junio en el que 81% de los peruanos rechaza la labor del Parlamento y 77% desaprueba la gestión de la gobernante.

El miércoles, la presidenta dijo que desde el inicio de su gobierno hasta febrero estuvieron «de bomberos, apagando casi 500 manifestaciones violentas”. Las protestas que exigían su renuncia empezaron en los Andes y llegaron a Lima. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicaron en mayo que los uniformados hicieron uso excesivo de la fuerza al apaciguar las manifestaciones.

Pero el descontento social contra el gobierno de Boluarte y contra el Congreso no puede esperar hasta el 2026. Los movimientos sociales señalan la necesidad de  retomar la lucha por imponer desde la movilización, a partir de la auto organización obrera, campesina y popular,  una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que acabe con el odiado régimen del 93, herencia fujimorista.

El gobierno de Boluarte -y de su presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola- es responsable de más de 70 asesinatos de civiles por parte de las fuerzas represivas en el último levantamiento popular y no goza del apoyo popular, pero tiene el respaldo de un sector importante de la derecha parlamentaria, de las fuerzas armadas, las policiales, los empresarios y la embajada de Estados Unidos.

Boluarte incumple nuevamente sus compromisos políticos, ya que en su momento a raíz del masivo levantamiento popular que se inició días después de que Pedro Castillo fuera depuesto por el golpe parlamentario, se comprometió públicamente a promover un adelanto de elecciones para, a partir de ello, canalizar el gran descontento que genero su llegada al gobierno tras traicionar a Castillo quien la tenía como su vicepresidenta y como Ministra de estado.

Las investigaciones periodísticas revelan que la actual presidenta desde buen tiempo atrás habría sido parte del plan golpista construido por la derecha parlamentaria, los grandes medios de comunicación, la Fiscalía de la Nación y el empresariado, para acallar la fuerza de las movilizaciones que llegaron hasta la capital en lo que se llamó “las tomas de Lima”. .

Boluarte, no cuenta con un partido político propio y no tiene respaldo popular, pero sí onserva el respaldo pleno de la cúpula de las fuerzas armadas y policiales y, por tanto, del gran empresariado nacional y extranjero y de los partidos de derecha que controlan el Parlamento, poder del estado que, por cierto, también “goza” de una altísima impopularidad.

Hoy Boluarte habla con mucha seguridad de quedarse hasta el 2026 pese a su pésima gestión, porque mantiene todavía el respaldo de los grandes empresarios, de las fuerzas represivas y de la derecha parlamentaria, quienes por la profunda crisis orgánica que se vive en Perú, hasta ahora no han podido encontrar otra mediación política capaz de reemplazar en un eventual adelanto de elecciones a la actual presidenta nacida del golpe parlamentario.

Fake

”Fiscalía halló decreto firmado por Pedro Castillo el día del autogolpe de Estado”. Con esta fake news un multimedio regional–a instancias de la televisora Willax– esparció un rumor. No solo no estaba firmado, lo que se conoció primero, sino que tampoco existía ningún decreto, lo que admitió la propia fiscalía tiempo después: todo era falso.

“La prueba fue encontrada la noche del fallido autogolpe de Castillo por los fiscales Jesús Camacho Laura y Marco Carvajal Valencia, quienes allanaron Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge para tener más elementos que sirvieran en la investigación que se le había abierto al exmandatario por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado”.

La “desinformación” es una práctica habitual con claros objetivos políticos. Pruebas falsas de lo que no pasó en el intento de volver invisible lo que sí pasa.

El diario El Comercio señala que “la declaración de Boluarte ante la fiscalía por las muertes incluyó evasivas“. Su abogado argumentó que si la orden hubiera sido ”salgan a matar“ habría habido de 70 a 100 muertos por día, minimizando los asesinatos. Boluarte acaba de amenazar a los manifestantes, que anuncian nuevas protestas en Lima, diciendo “¿cuántas muertes más necesitan?”

Notable extorsión a los manifestantes de parte de quien ya lleva 70 asesinados y miles de heridos. Por los 70 asesinatos no hay nadie preso.

Un decreto que no está firmado es presentado como “prueba“ por la fiscalía de la nación. La fiscal Patricia Benavídez, quien jura haber ganado un concurso con tesis de maestría y doctorado que aparentemente “las perdió” la Universidad Alas Peruanas, acusada de lavar dinero para el dictador Alberto Fujimori- , acusa a Castillo y a toda su familia de supuesta “organización criminal“,  no tiene absolutamente ninguna prueba para incriminar al presidente Castillo en ningún “golpe“ de Estado, manteniéndolo arbitrariamente preso e incomunicado.

El régimen comenzó a inventar pruebas ante la inexistencia de ellas.  No han encontrado una sola orden concreta de Castillo de disolver el parlamento. Ningún documento firmado.  Luego de 48 horas de descubierta esta “prueba“ supuesta  la propia fiscal adjunta salió a desmentir la información: no existe en realidad ningún decreto “encontrado“ en las impresoras del Palacio.

El problema que tiene el r´gimen es la ausencia de pruebas para mantener preso a Castillo “preventivamente“, desde hace más de medio año, sin pruebas de ningún tipo, acusado de dos delitos de imposible cumplimiento (rebelión y conspiración, sin armas y sin el concurso de voluntades)

Ahora la fiscalía “niega” que el 31 de mayo último hayan encontrado algún proyecto de Decreto Ley sobre el discurso del siete de diciembre en una impresora de Palacio de Gobierno. 

El congreso peruano rechazó todas las reformas impulsadas por Castillo. Releer el titulo de las mismas puede servir para interpretar mejor lo que viene sucediendo en Perú.

El ejecutivo había enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población: 1) Masificación del gas 2) La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología 3) El ingreso libre a las universidades 4) La segunda reforma agraria 5) La reforma tributaria, 6) La reforma del sistema de justicia, 7) La eliminación de la actividad económica subsidiaria del estado 8) La prohibición de monopolios. Entre otros que no fueron atendidos

El Congreso peruano, como se ve (y no se equivocaba Castillo en convocar a elecciones para renovarlo, incluyendo cuota indígena en una nueva constitución) está conformado por criminales de lesa humanidad, como Alejandro Aguinaga, responsable de esterilizaciones forzadas a miles de mujeres indígenas pobres bajo engaño durante la dictadura de Fujimori. Sigue siendo congresista y votó, esta persona, la destitución de Castillo por “incapacidad moral”.

Hasta la prensa conservadora -como El Comercio– cuestionó al congreso actual por sacar “normas con trampa“. La última: una norma para favorecer la minería ilegal y otra para minar la autonomía del procurador general del Estado.

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)