Eduardo Camín
La Organización Mundial del Trabajo (OIT) comienza su Cumbre sobre el Mundo del Trabajo 2023, convocada en torno al tema central de la «Justicia social para todos», que pondrá de relieve el papel fundamental de la justicia social en la creación de un mundo más sostenible y equitativo, y se discutirán estrategias para intensificar y armonizar mejor la acción conjunta con el fin de impulsar la justicia social y asegurar la coherencia de las políticas.
Ha existido siempre, y suponemos que seguirá existiendo, un escepticismo fomentando en torno a la eficacia transformadora de los empeños políticos. Pero no se trata simplemente de una mentalidad antisocial o negativa, incapaz de contemplar la marcha de la historia o interesada de restar importancia a las ambiciones colectivas de perfección de la convivencia, pero se hace necesario interpelamos porqué cada año iniciamos una nueva agenda internacional en continuidad con la anterior, con resultados homeopáticos.
Siempre con la tragedia social como referente unívoco de una situación cada vez más acuciante por el debilitamiento de los lazos que unen el ambiente político de las macro-conferencias y la comunidad internacional. al acentuarse los desafíos como una especie de proyectomanía sin solución de continuidad.
Vivimos en una época marcada por la conjunción de múltiples crisis. Cada una de ellas revela deficiencias arraigadas desde hace mucho tiempo en nuestros sistemas y políticas imperantes. La propia OIT, a través de la memoria de su Director General Gilbert Houngbo, señala que “detrás de esas fallas se esconden desigualdades estructurales que, con cada perturbación, llevan a millones de personas a quedarse aún más rezagadas”.
Indica que el período de incertidumbre que trae aparejado cada crisis disuade a las empresas de invertir, impide a las economías crear suficientes puestos de trabajo y hace que muchos trabajadores y sus familias se encuentren ante el dilema de cómo satisfacer las necesidades más básicas. Casi tres cuartas partes de las personas que respondieron a una encuesta mundial reciente declararon que están teniendo dificultades o sufriendo, mientras que solo algo más de una cuarta parte consideran que están prosperando.
La Cumbre servirá de base para las discusiones que se mantengan en otros espacios multilaterales sobre la importancia capital de lograr mayor justicia social y sobre las estrategias para lograrla, por ejemplo, en 2023, la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el G20 y las cumbres de los países BRICS.
Una senda empantanada por la injusticia
No hay que buscar muy lejos para determinar la pretensión de justicia social, en la agendas de la injusticia; el propio informe de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023 lo determina, al señalar que se prevé que el empleo a escala mundial registre únicamente un aumento del uno por ciento en 2023, menos de la mitad del registrado en 2022.
Asimismo, indica que el desempleo a escala mundial aumentará “levemente” en 2023, en unos tres millones, hasta alcanzar 208 millones de desempleados (valor equiparable a una tasa mundial del 5,8 por ciento). Ese moderado aumento previsto obedece en gran medida a la escasa oferta de trabajo en los países de altos ingresos, lo que invertiría la tendencia a la baja del desempleo mundial registrada de 2020 a 2022. Así, a escala mundial seguirá habiendo 16 millones de personas desempleadas más que en período de referencia previo a la crisis (valor con respecto a 2019).
La situación de las mujeres y de los jóvenes en el mercado de trabajo es particularmente adversa. A escala mundial, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral alcanzó el 47,4 por ciento en 2022, frente al 72,3 por ciento de los hombres. Esa diferencia de 24,9 puntos porcentuales conlleva que por cada hombre económicamente inactivo haya dos mujeres en la misma situación.
Los jóvenes (de 15 a 24 años) deben afrontar graves dificultades para encontrar y mantener un empleo digno. Su tasa de desempleo es tres veces superior a la de los adultos. Más de uno de cada cinco jóvenes, a saber, el 23,5 por ciento no trabaja, no estudia, ni participa en algún programa de formación (jóvenes “nini”).
Por su parte se espera que en África y en los Estados árabes se registre en 2023 un aumento del empleo del tres por ciento, como mínimo. Sin embargo, habida cuenta del aumento de su población en edad de trabajar, cabe esperar que en ambas regiones las tasas de desempleo sólo disminuyan levemente (del 7,4 al 7,3 por ciento en África, y del 8,5 al 8,2 por ciento en los Estados árabes).
En Asia y el Pacífico, así como en América Latina y el Caribe, se prevé que el aumento anual del empleo se sitúe en torno al uno por ciento. En América septentrional, el aumento del empleo será muy leve, o inexistente, en 2023, y se producirá un repunte del desempleo, según el citado informe.
Europa y Asia Central se ven particularmente afectadas por los efectos económicos derivados de los constantes desequilibrios y, aunque se prevé que el empleo disminuya en 2023, cabe esperar que la tasa de desempleo en la región solo aumente levemente, habida cuenta del insuficiente aumento de la población en edad de trabajar.
Por primera vez en 20 años, el trabajo infantil va en aumento y 160 millones de niños, es decir casi uno de cada 10, están sometidos a explotación laboral en el mundo. Lo que sucede en la realidad es todo lo contrario de la justicia social, que no es más ni menos que aquella que corrige o rectifica una situación social que envuelve la injusticia previa, que si se mantuviera (como es el caso) invalidaría las conductas justas.
Así formuladas las cosas, la pretensión de justicia social se frena en el muro infranqueable del capitalismo.
Una realidad marcada por jueces y verdugos a la vez
La justicia social es la gran ausente que perdura ajena a toda discusión, pero que marca – a sangre y fuego – las directrices neoliberales que dan cobertura política a la coyuntura económica de crisis que se confunden y entrelazan peligrosamente con la xenofobia y el racismo y significan retrocesos casi centenarios de los derechos sociales, las conquistas obreras y del feminismo, los derechos humanos en la continuidad del proceso civilizador.
La propia Declaración de Filadelfia de 1944 reafirmó en el mandato de justicia social de la OIT basado en los valores fundamentales de la dignidad y la libertad humanas y la igualdad, incluida la igualdad de oportunidades. Esta Declaración hizo de la justicia social el propósito central de todas las políticas nacionales e internacionales, poniendo la economía y las políticas económicas al servicio de este objetivo fundamental. 
Pero esos horizontes históricos no nos permiten hacernos ilusiones: un pequeño número de instituciones financieras y corporaciones multinacionales manipulan el mercado y determinan el nivel de vida y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo, con el visto bueno de los principales organismos supranacionales, que son agentes activos a su servicio.
¿O acaso habría que olvidar que la clase obrera industrial que hasta pocas décadas lideró movimientos de cambio se agrieta y se transforma en deslocalizaciones, los cambios de modelo productivo, las nuevas tecnologías, la segmentación de los mercados de trabajo? Todo esto es ajeno y contrario a la pretendida justicia social.
Es cierto –como se pregunta la OIT – que las sociedades, las políticas y las instituciones pueden calificarse como justas o injustas, pero ¿qué concepción de la justicia social sustenta esta apreciación? ¿Cómo puede esta perspectiva guiar una actuación continua y concertada hacia la consecución de la justicia social?
La justicia social puede describirse en diferentes dimensiones, pero sin duda la primera dimensión son los derechos humanos universales, ya que incluyen el acceso a un nivel de vida adecuado y a educación, atención de salud y seguridad social. También abarcan la libertad de asociación y la libertad sindical, que asientan los cimientos para la participación democrática y el diálogo social.
Todos ellos están plasmados en diversos instrumentos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966, y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998), en su versión enmendada en 2022.
Esta dimensión se refiere principalmente a la expresión de estos derechos universales en instrumentos internacionales —incluidas las normas internacionales del trabajo— y su aplicación en la legislación, las políticas y las instituciones nacionales a fin de garantizar, por ejemplo, el acceso efectivo a los servicios públicos, por un lado, y la materialización de derechos habilitantes, como la libertad de asociación y la libertad sindical, por otro.
La justicia social se refleja en la aspiración de que «todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades»
La protección social es un derecho humano, ya que proporciona acceso a un nivel de vida adecuado y a las capacidades necesarias para que las personas desarrollen todo su potencial. Junto con la provisión de servicios públicos, los sistemas de seguridad social son instrumentos cruciales para una redistribución eficaz mediante transferencias e impuestos, ya que consiguen resultados más equitativos de los que se lograrían únicamente a través de políticas de mercado y distributivas.
En un ordenamiento social basado en el dinero, en la obtención de beneficios económicos como fin prioritario, todos los ámbitos de la vida se resienten en la crisis. Vivimos en un mundo dominado por un capitalismo sin freno, desigual e inestable bajo el signo de las dramáticas tensiones que desemboca en desarraigos, violencia y explotación.
Todo esto y muchos más acontece en estos momentos. Es la disección del instante en el que núcleo del problema es extraído del olvido y la indiferencia. Y esta realidad, que debería generar debates muy serios y conclusiones determinantes para el cambio, se convierte en anécdota o comentario de tertulia onusiana. La idea de justicia social esta expuesta a ese riesgo… al menos hasta la próxima conferencia.
*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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