¿Lula o el marco fiscal?

Paulo Kliass

Hay un conjunto de dispositivos en el proyecto de ley que ofrecen muchas más restricciones y condicionalidades al Ejecutivo que abrir espacios para llevar a cabo proyectos de desarrollo económico y social.

La posible votación del Proyecto de Ley Complementaria PLP 93/2023 en los próximos días plantea algunas dudas sobre las limitaciones que se estarían imponiendo a la capacidad del gobierno de Lula para implementar efectivamente el programa para el que fue elegido en octubre del año pasado. Más aún, los dispositivos presentes en el llamado “marco fiscal” pueden convertirse en una seria limitante para cualquier proyecto de recuperación del rol del Estado en el presente y también en el futuro.

De hecho, todo el problema comenzó incluso antes de la toma de posesión de Lula, cuando los equipos que operaron el traspaso de la batuta en la Explanada prepararon el PEC de la Transición. En ese momento, el futuro ministro de Hacienda aceptó que la estrategia no era simplemente derogar el techo de gasto, como había prometido Lula durante la campaña electoral.

Con eso, la actual Enmienda Constitucional EC 126 prevé la necesidad de la aprobación de una ley complementaria para que la EC 95 (tope de gastos) sea efectivamente eliminada de la Constitución Federal. Pero el gobierno, que tenía hasta fines de agosto para presentar este proyecto de ley al Congreso Nacional, decidió adelantar la propuesta.

Además de haber introducido esta trampa para sí mismo, el nuevo gobierno terminó remitiendo, de manera apresurada e innecesaria, un proyecto de ley sobre el régimen fiscal después de haber escuchado únicamente las sugerencias del Presidente del Banco Central (BC) y representantes de la sistema financiero. Fernando Haddad no se reunió para discutir el tema con economistas del campo progresista, ni con representantes del movimiento democrático y popular.

Después de todo, no se trata de un asunto de carácter técnico que solo deba discutirse con los banqueros y la élite financiera. Existen diferentes visiones dentro de las corrientes de economistas respecto al tema fiscal y el evidente impacto de la reducción del gasto público en asistencia social, salud, educación,

PLP 93: la entrega de la política fiscal

Al final, el proceso culminó con la presentación de un conjunto de dispositivos en el proyecto de ley que ofrecen muchas más restricciones y condicionalidades al Ejecutivo que abrir espacios para llevar a cabo proyectos de desarrollo económico y social. Las propuestas consolidadas por Haddad mantienen la lógica de buscar un superávit primario a toda costa y definen un ritmo de crecimiento de los gastos del 70% del observado en el aumento de los ingresos.

Al identificar como problemática la mítica relación deuda pública/PIB, siguiendo el ejemplo de los representantes bancarios, el PLP 93 busca perseguir un nivel supuestamente idealizado para el endeudamiento del Estado. Con ello se pretende evitar la inversión pública y otros gastos presupuestarios no financieros. Con eso, el pago de los intereses de la deuda pública queda aislado como un gasto público a crecer libre, ligero y suelto. Para él, y solo para él, no hay techo ni límite.

Sin embargo, parece que las principales intervenciones públicas de Lula en el debate político van en dirección opuesta a lo que ocurre dentro del marco fiscal. En al menos tres ocasiones presentó propuestas y realizó diagnósticos que apuntan a la necesidad de recuperar iniciativas al interior del Estado y elevar el nivel de inversiones y gastos públicos.

Lula es un líder con una extrema capacidad de intuición para la orientación política. Además, demostró ser un gran estadista y es perfectamente consciente de sus responsabilidades para resolver las dificultades actuales y dejar un legado para el futuro.

Lula durante la campaña

A lo largo de la campaña electoral en 2022, el eoponía de forma bastante cristalina la necesidad de revocar el techo de gastos para que el gobierno volviera a tener posibilidades de proporcionar mejores condiciones de vida para la mayoría de la población y lanzara las bases para un proyecto de desarrollo de mediano plazo.

Ahora bien, revocar la EC 95, introducida por Temer & Meirelles en 2106 y mantenida por el gobierno genocida desde entonces, era la forma más obvia de eliminar las barreras para que el gobierno recuperara el control sobre una dimensión fundamental de la política económica: la política fiscal.

(…) “¿A quién le importa el techo de gasto? ¿A los banqueros? ¿Al sistema financiero? Gastado es cuando inviertes dinero que no tiene retorno. Cuando das 1 mil millones a los ricos, es una inversión y cuando das R$ 300 a los pobres, ¿se gasta? Vamos a levantar ese límite de gasto ”. (…)

Incluso durante los meses previos a la elección presidencial, Lula mencionó en varias ocasiones la analogía con el lema de Juscelino Kubitschek. En la década de 1950, el presidente había prometido un sólido programa de inversiones públicas para Brasil y argumentó que promovería “50 años en 5”, ya que el mandato presidencial era de cinco años en ese momento. Fueron los cimientos de un importante período del desarrollismo en nuestro país. El gobierno se basó en el Plano de Metas para trasladar la capital a Brasilia, construir una extensa red de infraestructura y montar la industria automotriz, entre otros.

Más de seis décadas después, Lula lanzó el desafío de promover “40 años en 4” , en alusión a la necesidad de reconstruir todo lo que quedó destruido en Brasil tras el golpe de Estado que representó el juicio político a Dilma Rousseff en 2016.

(…) “Vamos a intentar celebrar los 40 años en 4 , porque Brasil necesita urgentemente recuperar el empleo y la calidad de vida de la gente”. (…)

Balance de 100 días: importancia del sector público

El 10 de abril pronunció un discurso con motivo del paso de los primeros 100 días de su tercer gobierno. Luego de presentar los logros y avances obtenidos en este corto período de tiempo, Lula reafirmó sus compromisos para que el legado de todo el mandato sea efectivamente capaz de atender las expectativas de la población y las necesidades del país.

(…) “Hemos recuperado la capacidad de planificación a largo plazo. Y esta planificación se traducirá en un gran programa que recupere el papel del sector público como impulsor de inversiones estratégicas en infraestructura”. (…)

(…) “Articularemos aún más eficientemente las inversiones públicas y privadas y el financiamiento de la banca oficial , en una misma dirección: la del desarrollo con inclusión social y sostenibilidad ambiental”. (…)

Ahora, el PLP 93 fue aún peor por la Sustitutiva presentada por el relator de la Cámara, el diputado conservador Claudio Cajado (PP/BA). Como resultado, las intenciones de Lula de aumentar la inversión pública o fortalecer el papel de los bancos del gobierno federal para el nuevo ciclo de desarrollo se ven seriamente obstaculizadas.

Lula en el G7: responsabilidad social y el estado inductor

Por otro lado, si hay un sector en el que el actual gobierno está desempeñando sus funciones con excelencia, es sin duda en las relaciones internacionales. Fue, de hecho, en la reunión del G7 celebrada recientemente en Japón que Lula hizo algunas intervenciones importantes ante los líderes de los países más desarrollados. Una vez más, la diferencia entre el discurso exterior y las restricciones impuestas por el PLP 93 es clara.

(…) “El desempleo, la pobreza, el hambre, la degradación ambiental, las pandemias y todas las formas de desigualdad y discriminación son problemas que exigen respuestas socialmente responsables . Esta tarea sólo es posible con un Estado que impulse políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos fundamentales y el bienestar colectivo. Un Estado que promueva la transición ecológica y energética, la industria y la infraestructura verde” (…)

Así que parece que hay dos calamares. Por un lado, los que se dan cuenta de la importancia de que el Estado y el sector público sean capaces de satisfacer las necesidades de la mayoría de la población y dinamizar la economía. Y eso implica una fuerte inversión del gobierno y altos niveles de gasto público. Para este proyecto, las herramientas de la política fiscal son fundamentales.

Pero, por otro lado, hay un Lula cuyo gobierno parece respaldar precisamente la estrategia de sumisión a los deseos de las finanzas. Al menos esa es la impresión que da el contenido del PLP 93 presentado al legislador y el acuerdo con los contratiempos introducido por el ponente. A cambio de unas supuestas buenas maneras, el gobierno también cede su soberanía en la conducción de la política fiscal. Así, esta otra dimensión de la política económica también es secuestrada, junto con la política monetaria y la política cambiaria.

Las tácticas equivocadas de Haddad en el manejo del asunto terminaron creando una política de hechos consumados. El proyecto fue elaborado sin la participación de sectores progresistas y ahora, en el ambiente polarizado de la disputa parlamentaria, el gobierno aún busca evitar que los reveses sociales y los errores económicos sean objeto de debate y enmiendas.

En otros períodos de nuestra historia, este tipo de conducta no produjo los resultados deseados. El desfalco electoral promovido por Dilma en 2015, al nombrar a Joaquim Levy en el Ministerio de Hacienda y abrir el espacio para una recesión austericida, señala el error de adoptar este tipo de estrategia.

Marx decía que la historia se repite: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Afortunadamente, todavía estamos al comienzo del tercer período y aún hay tiempo para una eventual corrección de rumbo.

*Doctor en economía e integrante de la carrera de Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental del gobierno federal