Lava Jato en Uruguay: Una justicia ciega, inoperante y protectora

 

Nicolás Centurión

En un continente convulso, donde la coyuntura no da tregua y las emergencias obturan el análisis, el caso Lava Jato sigue pariendo consecuencias. En Uruguay, el caso pasó sin pena ni gloria. No hubo grandes construcciones donde se pudieran desarrollar tramas de corrupción y sobornos, pero este pequeño país siempre esconde grandes infiernos por destapar: Uruguay era la guarida del lavado de Odebrecht.

 La trama

El caso Odebrecht se destapó tras una investigación de corrupción de Petrobras en Brasil, llamada Lava Jato, que desembocó en la detención de Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa que lleva su nombre, en la que se descubrió que había un “departamento de sobornos” desde donde se dieron recursos a funcionarios en varios países a cambio de contratos para obras públicas.

El escándalo se destapó a fines de 2016, cuando Odebrecht  se declaró culpable ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, de haber pagado sobornos a funcionarios de al menos 12 países. La constructora aceptó pagar multas por unos 3,500 millones de dólares por su sistema de sobornos que incluyó a una docena de países latinoamericanos, así como también Mozambique y Angola.

Lava Jato o la causa Odebrecht trajo mucha cola en su momento ya que implicaba a muchos altos funcionarios de gobiernos varios, entre ellos del ala progresista. Entonces la prensa hegemónica concitó toda su atención allí. Uno de los mayores golpeados fue el actual presidente de Brasil, Lula Da Silva.

Nuevos (viejos) involucrados

La lista de involucrados en esta ingeniería de lavado se amplió recientemente y ahora cuenta en su haber con el empresario y economista Eduardo Ache. Este fue imputado por la causa Lava Jato en Perú y está investigado por lavado de activos y blanqueo de capitales en la causa que indaga el pago de millonarias coimas a ex y actuales funcionarios de gobiernos de la región por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Por este delito Ache enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión.

Ache actualmente es asesor económico del senador Guido Manini Ríos, líder del partido ultraderechista Cabildo Abierto, y fue designado por el gobierno para dirimir controversias en el Puerto de Montevideo y representante de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) en la Comisión Organizadora del Mundial de Fútbol 2030.

Vale recordar que venimos de antecedentes como el FIFAgate o el escándalos en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que implicaron a varios uruguayos. El mundial 2030 es otro apetecible banquete para blanquear.

Ache no es outsider ni un novato en la política y cuenta con varios antecedentes. En 1994 fue candidato a Vicepresidente por el Partido Colorado en la fórmula Pacheco – Ache.  Pacheco Areco fue presidente de la República entre 1968-1972, en un gobierno inundado de autoritarismo, represión, persecución, censura y muertos. La antesala del golpe de Estado de 1973.

Ache militó en el Partido Colorado y llegó a ser Senador, pero también fue presidente de la estatal hidrobargurífera ANCAP en el gobierno del Partido Nacional de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), padre del actual mandatario.

Además  fue presidente del Club Nacional de Football en dos ocasiones. Ache tiene un vínculo muy cercano con Alejandro Balbi, otro dirigente del club Nacional y a su vez, abogado del narcotraficante Sebastián Marset, quien mantuvo una reunión clave con la exvicecanciller para acceder al pasaporte que finalmente liberó a Marset. Dicha funcionaria es nada más y nada menos que Carolina Ache, sobrina de Eduardo Ache.

La causa contra el economista Ache está a cargo de la fiscal peruana Geovana Mori Gómez, responsable del segundo despacho del equipo especial de fiscales del caso LavaJato y figura en la carpeta fiscal con el número 09-2021. La Fiscalía peruana también investiga en la misma causa a otras dos ciudadanas uruguayas (María Gazzo y Mercedes Araujo) que cumplían funciones administrativas para Ache.

Según la Fiscalía de Perú, Ache participó de la maniobra de facilitación de la apertura de las cuentas para el pago de coimas a través de la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra (BPA) y obtenía ganancias de 1% del total de los giros realizados.

Ache fue hasta el año 2011 presidente de la filial del Banco Andorra en Uruguay. El 31 de marzo de 2011, el Banco Central (BCU) retiró la licencia a BPA para operar en Uruguay, después de que la entidad comunicara su liquidación. Sin embargo, siguió operando bajo otra denominación, Noswey SA Asesores de Inversión, en la misma dirección del BPA en el World Trade Center de Montevideo, hasta el año 2014.

Betingo

El otro convidado al lavadero es Andrés Norberto Sanguinetti Barros más conocido como “Betingo” Sanguinetti, medio hermano del dos veces presidente de la República por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Formó parte de la directiva del Club Atlético Peñarol, y trabajó como gestor de cuentas en la sede montevideana de la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde llegó a ocupar una de las vicepresidencias.

Este último empleo fue el que lo llevó a estar en 2018 en una cárcel de aquel pequeño principado europeo, donde fue procesado por el delito de lavado de activos por la jueza Canòlich Mingorance. Logró que el exdirectivo de Odebrecht, Luis Eduardo Da Rocha Soares, se convirtiera en cliente del banco y utilizara la sucursal uruguaya como vehículo para el lavado de cientos de millones de dólares entre los años 2006 y 2015.

Da Rocha Soares, en una de sus confesiones, nombró al abogado hispano-brasileño Rodrigo Tacla Durán como uno de los operadores de Odebrecht. Justamente Tacla Duran confirmó a “Betingo” dentro de la trama. Falleció el año pasado y dejó muchas interrogantes sin respuestas.

Maya

La tercera en esta trama es  la contadora Maya Cikurel, pareja del actual Ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira. En febrero de 2020 Interpol detuvo a la contadora cuando intentaba cruzar a Buenos Aires junto a su pareja. Cikurel funge como la encargada de manejar la cuenta de Arcadex Corp., una offshore con sede en Belice que aparece en los dos primeros niveles del esquema de lavado de la constructora brasileña,  con transferencias por decenas de millones de dólares.

Panamá pidió su extradición en 2018 por su documentada participación en el pago de sobornos a la familia del presidente Ricardo Martinelli. Sin embargo, también consiguió que los tribunales uruguayos rechazaran el pedido. En 2020 llegó a estar unos días detenida, pero la justicia uruguaya volvió a rechazar el pedido de extradición.

PPV

Otro apellido ilustre de la oligarquía mafiosa de este país es el de De Posadas. El estudio encabezado por el ex ministro de economía en el gobierno de Lacalle Herrera en los 90, Ignacio De Posadas, está involucrado en esta causa. El firma – Posadas, Posadas y Vecino (PPV)- aparece como asesor y administrador de bienes obtenidos gracias a la corrupción.

El estudio asesoró a la trama Odebrecht para crear empresas, tanto en Panamá como Uruguay e Islas Vírgenes en un esquema de muñecas rusas, sociedades fantasmas que aparecían y desaparecían como los hongos.

Como detalle, Ache Eduardo y De Posadas fueron funcionarios del mismo gobierno: el del padre del actual presidente en los años 90. Actualmente De Posadas asesora económicamente a la Iglesia Católica liderada por el Cardenal Daniel Sturla.

Ciega, sorda y muda

Al igual que en todos los casos anteriores, la justicia uruguaya se abstuvo de investigar la participación del estudio PPV en la corrupción que financió Odebrecht, aunque la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) abrió una investigación sobre esta y otras firmas.

Al final, sin embargo, la pesquisa se demoró tanto que cambió el gobierno y asumió un director al frente de la Senaclaft, Jorge Chediak, quien no dudó en archivar el caso. Chediak fue miembro de la Suprema Corte de Justicia y su nombre sonó para ser candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor gobernante.

Somos un país pequeño, apenas pasamos los tres millones de habitantes y parece que las mismas familias y los mismos apellidos se repiten en deja vú eterno de saqueo, lavado y corrupción. Los ricos no piden permiso: se creen dueños de todo.

 

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)