El conflicto Venezuela-Guyana: nueva dimensión jurídica y política

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Marcos Salgado |

La zona en reclamación entre Venezuela y Guyana al oeste del río Esequibo es un amplio territorio de más de 159 mil kilómetros cuadrados. Que representa las tres cuartas partes de todo el territorio que la República de Guyana considera propio, y equivale a más del 17 por ciento del territorio venezolano.

Es apenas más pequeño que el territorio de Uruguay, y más grande que Surinam (el país más pequeño de América del Sur) y que Nicaragua (el país más grande de América Central). Datos que dan una idea inicial del conflicto. Aunque enseguida hay que tener en cuenta otros factores, especialmente -cuándo no-, la disponibilidad de recursos económicos.

Es que el diferendo adquirió nueva dimensión en los últimos años, cuando se certificaron reservas petroleras importantes costa afuera, en aguas que Guyana considera propias, pero que están incluidas en el diferendo teniendo en cuenta la proyección de los límites terrestres sobre las aguas de uso exclusivo de las naciones.

La Corte Internacional de Justicia, durante la lectura del fallo preliminar, el 6 de abril. (CIJ)

Aquí aparece -cuándo no- Estados Unidos, que se queda con cuestionadas licencias de explotación en esas aguas en litigio, otorgadas por Guyana. Así Estados Unidos promueve ahora la estrategia ante la Corte Internacional de Justicia para saldar el pleito a favor de Guyana y consolidar posiciones en noreste del América del Sur.

El fallo de la CIJ

El reciente fallo de la CIJ es importante porque abre paso a una nueva etapa, donde será ese organismo el que pasará a decidir sobre el “fondo” de la controversia, en los términos reclamados por Guyana, es decir, determinar la validez del laudo arbitral de 1899, que Venezuela considera “nulo” e “írrito”.

Para la posición venezolana esto es, en principio, un problema. Porque deja abierta la posibilidad que no contemplaba el Acuerdo de Ginebra de 1966 de que se legalice la soberanía de Guyana sobre el extenso territorio. El Acuerdo en la ONU, en cambio, reconocía tácitamente la posición venezolana sobre la nulidad del laudo de 1899, y llamaba a una negociación para resolver el pleito que -en esos términos- hubiera significado para Guyana una pérdida de parte del territorio en reclamación (y sus derechos sobre el mar territorial).

Los intereses económicos de Estados Unidos detrás de la posición de Guyana y la siempre posible adscripción de jueces de la CIJ a éstos es una luz roja en el escenario futuro del diferendo.

Sin embargo, tal como lo planteó en una comparecencia antes medios posterior al fallo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, la decisión de la CIJ del 6 de abril deja una puerta abierta a Venezuela, porque permite que en el desarrollo futuro del proceso Venezuela demuestre -como viene sosteniendo desde hace casi un siglo- que el laudo arbitral de 1899 es nulo.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez; junto al canciller Yván Gil y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Y aunque en la misma resolución la CIJ rechazó el pedido de Venezuela de que sea el Reino Unido el que tome parte de la disputa sobre la validez del laudo, el tribunal acogió los argumentos de Caracas contra la maniobra del Reino Unido que despojó a Venezuela de tierras “heredadas” de los viejos territorios del imperio español. La vicepresidenta Rodríguez adelantó que Venezuela demostrará la soberanía sobre los territorios al oeste del río Esequibo, aun cuando se insiste es que el mecanismo del Pacto de Ginebra el que debe regir para resolver el diferendo.

¿Causa nacional?

Tras el fallo del 6 de abril, el gobierno venezolano anunció que comenzará una rueda de consultas para incorporar más apoyos internos a la posición venezolana ante la CIJ. Esto es vital, en cualquier escenario futuro de desarrollo del expediente, Venezuela mostrarse abroquelada detrás de una posición única.

Aunque esto no debería ser un problema, los posicionamientos iniciales muestran fisuras y matices. Voceros de la extinta Asamblea Nacional electa en 2015 achacaron el resultado en la CIJ a la composición del equipo designado por las autoridades venezolanas.

¿Apoyarán realmente estos sectores de oposición con línea e intereses concurrentes con las distintas administraciones de Estados Unidos la estrategia de Venezuela ante la CIJ? ¿O la sabotearán desde adentro? A la luz de episodios reiterados donde se avalaron (y se avalan) escandalosas maniobras contra la soberanía nacional, las prevenciones están justificadas.

*Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTV en Venezuela, editor de Questiondigital.com. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

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