El narconegocio es de EEUU, que trata de desestabilizar a Colombia y México

Álvaro Verzi Rangel

Una inveterada costumbre de la clase política estadounidense es la culpar a los países latinoamericanos por los problemas de consumo de drogas que azotan a sus comunidades y de explotar la xenofobia de una parte de sus ciudadanos para evadir la responsabilidad de las autoridades y encubrir que el comercio de narcóticos se origina en EEUU.

Es en Estados Unidos donde se localizan no sólo la demanda, sino la industria armamentista que empodera a los cárteles, las instituciones financieras que facilitan y administran el lavado de dinero y agencias del gobierno que operan en favor del crimen organizado.

Este discurso trata de instalar un mano de olvido sobre los probados casos como la entrega de armas mediante los esquemas Receptor abierto y Rápido y furioso de la oficina de Control de Armas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); o la ayuda de la DEA para trasegar y lavar millones de dólares de los carteles colombianos y la banda criminal mexicana La familia michoacana.

El señalamiento recurrente de una supuesta pérdida de control de México y Colombia sobre parte de su territorio es un bumerán que vuela de regreso a Washington, pues, a juzgar por el desenfrenado consumo de drogas y la facilidad de su trasiego, todo EEUU se encuentra bajo control del narconegocio.

Señala La Jornada de México que la narrativa de que al norte del río Bravo no existen cárteles refuerza la certeza de lo infiltrados que se encuentran estos grupos criminales en las esferas del poder político y económico de Estados Unidos, las cuales viven en el absurdo de pretender que las drogas se distribuyen por sí mismas, sin estructuras y complicidades que puedan explicar su ubicuidad.

Gustavo Petro, el presidente colombiano, no es el único que está rechazando la política antinarcóticos y el modelo de prohibición de Washington. El otro aliado clave de Estados Unidos en la región, México, también se ha enfrentado a la política de Estados Unidos y ha reducido la cooperación antinarcóticos durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Departamento de Estado estadounidense lanzo alertas que recomiendan no viajar a 30 de 32 entidades mexicanas por cuestiones de seguridad. El presidente mexicano aseveró que México es, sin dudas, más seguro que EEUU: “Ésto ha sido usado por congresistas republicanos para proponer enviar tropas a México, en tanto que los medios quieren crear una percepción de inseguridad para decir que no funciona el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador”.

Criticó en cambio que algunos medios no hablen de los cárteles en Estados Unidos. “Es como si llegara la droga en submarinos, ¿no? Ahora que están de moda los globos, bajan, ¿no?, toneladas de droga a Estados Unidos con marcianos. Allá, como está todo tan avanzado, se pide por Internet y se surte, y es una red invisible. ¿Allá no hay narcotraficantes? ¿Cómo le llega al joven la droga? ¿Quién le vende? ¿O es nada más acá? Y de eso no hablan (…) allá es como El castillo de la pureza”.

Lo cierto es que la política estadounidense antidrogas es un gran fracaso, y el mercado mundial de la cocaína sigue siendo boyante. Las organizaciones de tráfico de drogas (OTD) se están dirigiendo hacia nuevos mercados, fuera de Estados Unidos y Europa occidental. Europa del Este, Asia y la Meca del mundo de la cocaína, Australia, donde un kilo de cocaína vale más de 100.000 dólares, son ya los países objetivo.

Pero Washington sigue con su cantinela: a medida que más gobiernos de la región rechacen el modelo de prohibición y guerra contra las drogas impulsado por Estados Unidos, habrá un marcado aumento en la producción de cocaína, así como una continua proliferación de drogas sintéticas en la región. Lo que olvidan de citar es que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas de toda especie y sin consumo no habría producción ni distribución.

Bonnie Klapper, ex fiscal federal de Nueva York, apuntó contra el último informe de la DEA: “para ser un reporte que costó al gobierno más de 1,4 millones de dólares –y, cabe acotar, tardó casi dos años en elaborarse–, no parece recomendar el tipo de cambios que realmente evitarían un nuevo caso Irizarry u otros delitos”.

El informe  de la DEA, un verdadero carpetazo a la corrupción del organismo, insiste en la principal de las metas –el desmantelamiento de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que operan en más de 40 países– de forma que provoca suspicacias por su alineamiento con las voces de la ultraderecha de EEUU y de México que claman por clasificar a estos grupos criminales como organizaciones terroristas y dar pie al envío de tropas estadounidenses.

El Departamento de Estado estadounidense respondió a los cuestionamientos del presidente López Obrador a su informe anual de derechos humanos en el mundo diciendo que Washington tiene sus propios desafíos internos, pero no intenta esconderlos bajo la alfombra. El reporte de la DEA desmiente la afirmación autocomplaciente y exhibe que la superpotencia no sólo mete basura bajo la alfombra, sino que paga sumas millonarias por hacerlo, señala un editorial de La Jornada.

Pero un aspecto revelador de las intenciones imperialistas detrás de la campaña republicana en pos del envío de tropas a México, es el de judicializar y sancionar a China por el simple hecho de que allí se producen químicos precursores para la elaboración de fentanilo, el opioide que causa estragos en la sociedad estadounidense.

Ante el Senado de su país, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, respondió cuestionamientos sobre los esfuerzos en el combate al narcotráfico. Presionado por el ultraderechista legislador republicano Lindsey Graham, aliado de Donald Trump, concedió que sería justo afirmar que sí hay zonas de México donde el gobierno no tiene control ante los cárteles.

La fracasada línea de Washington

Durante una audiencia en el Senado sobre las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, el republicano Jim Risch sacó a relucir el tema de la política antinarcóticos de Petro, cuyo enfoque se centra en la prevención del consumo en lugar de la persecución de los cultivadores de la hoja de coca, la base de la cocaína.

Colombia “por primera vez en dos décadas, no ha logrado erradicar una sola hectárea de coca” y “las incautaciones de heroína y cocaína han disminuido drásticamente mientras que su producción ha aumentado”, afirmó el senador.

Desde que, en 1971, el presidente Richard Nixon declaró “el consumo de drogas […] como el enemigo público número uno”, Washington trató de imponer a los líderes de la región que acataran las políticas antidrogas de línea dura del gobierno de EEUU. Pero esa era parece haber llegado a su fin, al menos para los nuevos líderes latinoamericanos. Colombia, uno de los aliados más fieles de Washington en esta guerra, se ha distanciado definitivamente, lo que consolida esta tendencia.

“Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado”, dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión en agosto de 2022. Petro habló más sobre el tema durante una visita a las Naciones Unidas en Nueva York, un mes después.

Desde que llegó al poder, Petro ha prometido prohibir de plano las fumigaciones con glifosato –suspendidas desde 2015 por un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución – y ha tachado de fracaso la guerra contra las drogas. “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”, dijo en septiembre en su primer discurso en la ONU.

“El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis […]; en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad”, dijo el mandatario. Parte de la respuesta frente al narcotráfico en Colombia se enmarca en términos ambientales, la reforestación de las zonas de cultivo de coca a través de subvenciones para los agricultores. Y el presidente de Colombia ha planteado la idea de despenalizar la cocaína, aunque no unilateralmente.

Respeto a la soberanía

López Obrador  ha declarado que la guerra contra las drogas ha terminado, aunque continúa con un enfoque militarizado para enfrentar a las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas en medio de los crecientes niveles de violencia.

El presidente mexicano, por su parte, aseveró que la Administración de Control de Drogas (DEA) del gobierno de Estados Unidos debe una explicación a México por su actuación y colaboración con Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el sexenio del presidente neoliberal Felipe Calderón, detenido en por tráfico de drogas, delincuencia organizada y declaraciones falsas.

El mandatario enfatizó que si bien hay colaboración en materia de seguridad con la Casa Blanca, ésta se da con base en el respeto a la soberanía, por lo que permitir la actuación de la DEA en el país, como ha planteado la oposición, sería una intromisión.

“Es permitir que pisoteen nuestra soberanía. Pero no sólo es eso: ¿Cómo confiar en la DEA? ¿Lo han hecho muy bien? ¿Cómo no se dieron cuenta de lo de García Luna tanto tiempo? Ellos nos deben una explicación. Ojalá y antes de que García Luna pueda convertirse en testigo protegido, que ellos digan qué sabían de él y de sus jefes (los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón). ¿Por qué se han quedado callados?”, señaló.

Hoy García Luna, anteriormente llamado zar antidrogas, está preso en Estados Unidos y hace unas semanas fue hallado culpable de cinco delitos relacionados con el narcotráfico en México, entre ellos recibir sobornos por parte del crimen organizado a cambio de protección y de dejarlos operar. Este junio se dará a conocer la condena de García Luna, el primer exfuncionario mexicano de alto nivel enjuiciado en EEUU.

López Obrador también cuestionó la falta de información en torno a la destitución de quien era el director de la DEA en México (Nicholas Palmeri) por sus vínculos con abogados de presuntos narcotraficantes. “¿Qué pasó. por qué no nos informan? Su remoción ocurrió en marzo de 2022 y sólo trascendió hasta enero de 2023, gracias a investigaciones periodísticas”, recordó.

El contrabando de armas lo realizó la oficina de Control de Armas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), con el pretexto de que se buscaba rastrear las rutas de aprovisionamiento de fusiles de asalto por parte del citado cártel. No fue el único episodio en el que las autoridades estadounidenses colaboraron con el narcotráfico en lugar de combatirlo.

Entre 2009 y 2011, duran te el gobierno de Calderón, la propia DEA ayudó a la misma organización delictiva y a La familia michoacana a trasegar y lavar millones de dólares e incluso les cobró una comisión por tales operaciones ilícitas, según  señaló el The New York Times en diciembre de 2011. Asimismo, facilitó operaciones de compra de casi siete toneladas de cocaína en territorio estadounidense, bajo el pretexto de que con esos actos ilícitos se buscaba información que permitiera desmantelar a los narcotraficantes.

México y Colombia

Sin México ni Colombia, Estados Unidos se queda sin una estrategia regional antinarcóticos. Y un rápido vistazo al mapa de los aliados de Estados Unidos en América Latina y el Caribe muestra que Washington ha perdido una gran influencia en la última década.

Mientras, los casos de sobredosis y muertes por el consumo de opioides sintéticos aumentó en Estados Unidos y Canadá, alerta la ONU. El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Las estimaciones conservadoras consideran que la producción mundial de cocaína es de unas 2.500 toneladas. Pero la cocaína no es la única droga que aumenta su  producción. La producción de drogas sintéticas es cada vez mayor.

Según las fuentes estadounidenses, las organizaciones criminales mexicanas han visto cómo se reducen sus fuentes de ingresos tradicionales —marihuana, heroína y cocaína—: primero por la legalización en varios estados de Estados Unidos; segundo, debido a las cambiantes regulaciones frente a los opioides y su consumo, desde las inyecciones hasta las píldoras falsificadas; y finalmente por la disminución del consumo en el mercado de cocaína más grande del mundo, Estados Unidos.

El negocio parece claro: si en 2023 hay un exceso de 2.500 toneladas en la producción de cocaína, y si los precios se mantienen estables en 30.000 dólares el kilo, las ganancias podrían superar los 75 mil millones de dólares. Si a estos se suman miles de millones provenientes de la producción y venta de drogas sintéticas, los ingresos criminales en América Latina y fuera de la región recibirán una enorme inyección.

«La epidemia de las sobredosis de drogas en América del Norte se agravó en 2022 debido el aumento de la producción y el tráfico de opioides sintéticos, especialmente de fentanilo ilícito», señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su análisis de la producción, tráfico y consumo de drogas del pasado año. El fentanilo es un opioide sintético hasta cien veces más potente que la morfina.

«Los decesos por sobredosis registrados en Canadá y Estados Unidos aumentaron a pesar de la adopción de medidas reforzadas para mitigar las consecuencias negativas del consumo de drogas, como la mayor disponibilidad y accesibilidad de naloxona y el uso de tiras reactivas para detectar el fentanilo», señala. Así, los datos provisionales indican que en EEUU murieron por sobredosis más de 107.000 personas durante 2021, un aumento del 15 % respecto a las cifras de 2020. No hay cifras oficiales actualizadas.

Mayor aún fue el aumento del número de muertes provocadas específicamente por los opioides sintéticos y que suponen el 60 % de todos los fallecimientos por esa causa, según la JIFE, que señala que no hay datos de cuántas sobredosis no mortales se producen. En Canadá, las muertes por sobredosis dispararon un 96% entre 2020 y 2021.

La DEA dio a conocer un reporte de evaluación de sus operaciones en el extranjero. Este informe fue encargado en 2021, a raíz de un trabajo periodístico en el cual se expuso el mayor escándalo de corrupción conocido en la historia del organismo, el de José Irizarry, un ex agente sentenciado a 12 años de prisión, quien confesó haber robado nueve millones de dólares de la propia DEA, además de aceptar sobornos de las personas a las que supuestamente perseguía y participar en actividades de lavado de dinero para darse una vida de lujos alrededor del mundo.

Irizarry denunció que en su carrera delictiva de años estuvo acompañado por docenas de agentes federales, fiscales e informantes, e hizo una declaración demoledora para todo el discurso de guerra contra las drogas de Washington: afirmó que él y sus colegas hacían ésto porque desde hace mucho cobraron conciencia de que es imposible acabar con el narcotráfico. Asimismo, se puso a disposición de los redactores del documento para brindar su testimonio sobre la podredumbre interna de la dependencia.

Las declaraciones atentatorias contra la soberanía mexicana y colombiana por parte de funcionarios y cuadros políticos estadounidenses, tensan de manera innecesaria relaciones que ha costado mucho estabilizar. Lamentablemente, la dinámica electoral estadounidense permite vaticinar que esos despropósitos se multiplicarán en el futuro próximo.

*Sociólogo, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)