Avanzan con la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe

Consultorsalud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia; el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la República de Cuba (Cecmed); y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, han dado los primeros pasos para propiciar la creación de la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe (AMLAC).

Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades sanitarias y apoyar el proceso de autorización de medicamentos y vacunas en emergencias sanitarias, aportando al plan de autosuficiencia sanitaria de la región.

Convergencia regulatoria hacia la autosuficiencia de insumos estratégicos

Durante la reunión de los directivos de estas agencias, se discutió la base para iniciar un trabajo articulado de convergencia regulatoria que permita la autosuficiencia de insumos estratégicos en la región, cubriendo la brecha de capacidades tecnológicas y organizacionales para el desarrollo de materias primas, productos farmacéuticos y tecnologías sanitarias que respondan mejor a las necesidades de salud pública.

Eliminación de barreras de materias primas para medicamentos

Además, la iniciativa busca eliminar barreras al comercio de materias primas para medicamentos y vacunas y permitirá converger en las rutas expeditas de autorización de medicamentos y dispositivos médicos en emergencias sanitarias.

Frente a esta propuesta, los directivos de las agencias en mención señalaron que la convergencia y reconocimiento de normas y estándares en materia de reglamentación sanitaria es necesaria en un mundo globalizado.

AMLAC será un modelo regional

Este proyecto fue anunciado en enero de 2023 durante la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y será un modelo regional para mostrar la eficacia en el desempeño de las funciones reguladoras, incluyendo el proceso de inspección de fábricas y laboratorios, además de representar una oportunidad para responder a la investigación clínica.

Los titulares de Invima, Cecmed y Cofepris determinaron que las próximas reuniones técnico-operativas serán en Acapulco – México, Bogotá – Colombia y La Habana – Cuba. Este proyecto abona a la integración en salud, no solamente para facilitar el comercio de estos productos en la región, sino también para garantizar el acceso a productos seguros, eficaces y de calidad para la población latinoamericana y del Caribe.

 

Desregular la banca, el verdadero riesgo en Ecuador

Jonathan Báez Valencia

La quiebra de dos bancos en Estados Unidos (Silicon Valley Bank y del Signature Bank) no solo revive la crisis financiera de 2008, también reinstaura el debate de las razones que llevaron a dicho colapso. Una de las principales razones que se replican en varios espacios es la política de aumentar las tasas de interés, esto como una forma de no perder la oportunidad de culpar a cierta intervención de lo acontecido[1] (aunque dicha intervención también sea parte de la receta neoclásica que pretende “combatir la inflación”, cuando lo que en realidad trata es generar shocks que dejen sin trabajo a miles de personas), argumento que ha llegado a cruzar fronteras como en el caso ecuatoriano[2] y, de esa manera, invisibilizar a la verdadera responsable de este desenlace: la desregulación bancaria.

En el año 2017 el presidente Trump iniciaba el desarme de la Ley “Dodd-Frank”, formulada como respuesta a la crisis financiera de 2008 con el desplome de bancos “demasiado grandes para caer”.[3] Por lo que esta desregulación fue el éxito de “presiones de ejecutivos bancarios y grupos de presión, entre ellos Greg Becker, que hasta el viernes dirigía el Silicon Valley Bank”, como relata David Enrich para el New York Times.[4]

En el caso de Ecuador, por supuesto que esta desregulación recuerda lo acontecido con la Ley General de Instituciones Financieras de 1994 que derivó en el feriado bancario de 1999 y sus posteriores consecuencias. No obstante, un recuerdo más reciente de estas desregulaciones se experimentó en la “Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización” de 2021 con dos artículos clave: i) El artículo 6 que abre la puerta para que empleados del sector financiero ocupen posiciones de regulación y control, situación impedida por el anterior Código y ii) en este mismo artículo en el inciso final se disminuye el tiempo en que estas personas pueden regresar al ámbito financiero privado de dos años a uno. Esto, en última instancia abre el espacio para que la banca sea juez y parte. Como ocurrió en 1994 y en cinco años se observaron sus resultados: miseria para el pueblo ecuatoriano, riqueza para la banca.

Lo ocurrido en Estados Unidos es una lección para que dicha situación pueda detenerse, en efecto, existen varias iniciativas para que la Ley de 2021 sea transformada en la Asamblea, proceso que no es bien recibido por los sectores financieros que presionaron para que se reformara el Código, así como los organismos de control que, al parecer, tampoco están en la disposición de apoyar dicha revisión. Una situación entendible en medio de una captura generalizada de la banca de la decisión pública, encabezada por un presidente que pertenece a este sector. Solo el tiempo y la decisión popular decidirá si esto se limita o este artículo es una anécdota más de advertencia de lo que la desregulación causó en Estados Unidos, nuevamente y en Ecuador, nuevamente.

Notas

[1] https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20230313-la-historia-de-c%C3%B3mo-las-altas-tasas-de-inter%C3%A9s-colapsaron-al-silicon-valley-bank

[2] https://www.primicias.ec/noticias/economia/claves-quiebra-silicon-valley-bank/

[3] https://elpais.com/internacional/2017/02/03/actualidad/1486147599_639287.html

[4] https://www.nytimes.com/2023/03/13/business/signature-silicon-valley-bank-dodd-frank-regulation.html

 

*Economista de la Unidad de análisis y estudios de coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Central de Ecuador

 

Bolivia tendrá 42 industrias de litio

 

Agencia Boliviana de Información

El presidente Luis Arce afirmó que Bolivia proyecta tener 42 industrias de litio, metal que ahora es una de las “mercancías más preciadas” en el mundo ante la necesidad de un cambio tecnológico a causa de las crisis climática y energética.

En la inauguración del XVIII Congreso Ordinario de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa ayer, lunes, en Tarija, el Jefe de Estado manifestó su preocupación respecto a las “ambiciones extranjeras” sobre los recursos naturales del país, como el litio.

“Hemos recibido los mensajes desde Estados Unidos donde la jefa del Comando Sur (Laura Richardson) ha dicho que le preocupa que Bolivia ya haya firmado un contrato con una empresa china, que es la número uno del mundo para industrializar nuestro litio”, dijo.

Aseguró que Bolivia “fiel a la protección de sus recursos naturales y su soberanía” firmó este año un convenio con el consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC), para emplazar dos plantas de industrialización del metal blanco en Oruro y Potosí.

“Se van a derivar de ahí más de 42 industrias, hermanas. 42 industrias que van a generar empleo para las bolivianas y los bolivianos y eso preocupa a algunos países que están mirando justamente el litio que hoy es una mercancía bastante preciada en el mundo”, afirmó.

Según el dignatario, las crisis climática y energética están causando daño al planeta Tierra, por lo que se requiere un cambio tecnológico en la generación y conservación de energía y “el litio ahí cobra una mayor y significativa importancia”.

Las organizaciones sociales del país deben “tomar muy en cuenta” este escenario en el cual la derecha internacional “está poniendo los ojos sobre Bolivia” y la derecha nacional “empieza a levantar cabeza en el país”, exhortó la autoridad.

Apuntes

En enero de este año, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un convenio con el consorcio chino CBC, para la construcción de dos plantas de producción de carbonato de litio con tecnología EDL (Extracción Directa del Litio) grado batería, cada una con una capacidad de hasta 25.000 toneladas (t) por año, en Uyuni y Coipasa, uno en Potosí y el otro en Oruro.

Con esta tecnología, el Gobierno de Bolivia apuesta por acelerar la industrialización del litio en esos potenciales salares y lograr tener importantes recursos económicos y beneficios para la población boliviana.

El 8 de marzo, durante su intervención ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, mencionó que sus “adversarios están sustrayendo el litio” del denominado triángulo conformado por Argentina, Bolivia y Chile.

Richardson hizo esa afirmación en alusión a China, nación a la que acusó de aprovecharse de los recursos naturales que hay Latinoamérica “aparentando que está invirtiendo cuando, en realidad, está extrayendo”.

“Creo que durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro propio patio trasero y hemos permitido que Rusia, China e Irán, adversarios de Estados Unidos, hagan grandes incursiones en nuestra región”, advirtió el legislador norteamericano Carlos Giménez.

De ese modo, Richardson y Giménez aludieron a la incursión de firmas chinas a la industrialización del litio en Latinoamérica y de manera puntual a Bolivia, el único país que cerró un convenio con una compañía de capitales asiáticos.

Bolivia, Chile y Argentina concentran el 68% del litio, según el informe Litio en Sudamérica difundido en 2022 por el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (Clacso) y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC).

 

En el pico de la ola de calor, hierve la inflación en Argentina

 

Juan Guahán

Durante la primera quincena de marzo gran parte de nuestro país, con las provincias de Buenos Aires y Santa Fe a la cabeza, transitó unas tardías oleadas de calor que no aparecían desde hace largas décadas atrás.

El pasado martes 14, cuando se suponía que ese prolongado agobio comenzaba a ceder ante las perspectivas de algunas lluvias, daba la impresión que ese pico de calor estaba haciendo hervir a la inflación. Esa tarde, cuando la temperatura rondaba los 40 grados, tomaron estado público los últimos datos oficiales de la inflación.

Los números del INDEC no dejaban lugar a dudas. Usualmente febrero es un mes con inflación menor a la de los meses que lo rodean. Las razones para ello son ostensibles. Se trata de un mes más corto; los gastos de las fiestas quedaron atrás y el inicio de las clases, con sus equipamientos necesarios, todavía no empezó.

La inflación de diciembre fue del 5,1% y el acumulado anual, para todo el 2022, fue del 94,8%. Eso alentó al equipo económico a pensar que para marzo/abril podríamos estar entre el 3 y 4% mensual. Los datos de enero fueron un aviso, la mensual trepó al 6% y el acumulado anual de enero a enero, fue del 98,8%.

Pero el cachetazo más fuerte vendría con los datos de febrero. Para ese mes la inflación mensual llegó al 6,6%, con un acumulado anual (12 meses, de febrero a febrero) con el 102,5%.

Desde 1991, hace 32 años, es la primera vez que la anual supera el 100%. Por si esto fuera poco, el INDEC aportó otros datos: la Canasta Básica Total (usada para medir la pobreza) subió un 8,3% (un 27,6% más que la general) y la Canasta Básica Alimentaria (utilizada para la medición de la indigencia) lo hizo en un 11,7% (un 43,5% mayor que la general). Esto supone una conclusión espantosa: “los más pobres, padecen mayor inflación”.­

En todos estos incrementos ocupa un lugar importante el aumento de la carne, que rondó el 20%, a pesar de lo cual todavía está bastante por debajo de la inflación general del último año.

Todos esos datos no pueden ignorar que estamos en plena vigencia de la campaña de los “precios justos”, que forman parte del plan de control de precios, que alcanza a 15 sectores de productos de consumo masivo y que toman la pauta, acordada con el gobierno, de un incremento del 3,2% mensual.

Más allá de esta decisión, desde la calle llega una vocería que advierte que los comerciantes en general, los que se conocen como “negocios de cercanía” están remarcando, para seguir comprando a los valores de las planillas que les renuevan los mayoristas, con una previsión del 6% de aumento mensual.

*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

Alivio fiscal en Uruguay: Para pocos: mayor desigualdad

Héctor Tajám

El presidente Lacalle Pou anunció ante la Asamblea General del Parlamento medidas en torno a lo que denominó un “alivio fiscal” para los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas por ingresos del trabajo (IRPF II), para quienes tributan el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS de jubilados, pensionistas y prestaciones diversas) y del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) que pagan las micro y pequeñas empresas.

El alivio fiscal se realiza a través de una reducción del aporte por concepto de IRPF, IASS o IRAE, y por lo tanto tiene su contrapartida en un costo fiscal o reducción de la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI). Menores recursos significan una reasignación del gasto público para distribuir dicha faltante, algo que casi todos los analistas han calificado de “inoportuno” en el marco del ajuste fiscal que ha realizado el gobierno y en una coyuntura de estancamiento económico para el último semestre de 2022.

Este alivio fiscal, o la reducción de ingresos impositivos que conlleva, se ha estimado en 150 millones de dólares anuales, 80 millones de dólares “aliviados” a los contribuyentes del IRPF, 30 millones más por menor aporte del IASS y 40 millones que beneficiarán a las pequeñas empresas. Aparte de inoportuno, en el caso del IRPF y IASS se han calificado las medidas como “injustas”, dado que solamente el 30% de los trabajadores paga IRPF y apenas el 25% de los jubilados y pensionistas paga IASS. Dicho de otra manera, más del 70% de los trabajadores activos y pasivos han quedado fuera de los beneficios, lo cual significa un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso.

La DGI recaudó en 2022 una cifra de 11.741 millones de dólares, de los cuales el 55% corresponde al IVA (6.500 millones), el 14% lo aportó el IRPF II (1.657 millones) y el IASS recaudó 2,2% del total (250 millones de dólares). En una primera mirada los jubilados y pensionistas serían los más beneficiados, con una rebaja global del 12% sobre lo que pagaron de IASS en 2022. Los trabajadores que pagaron IRPF abonarían un 5% menos una vez que el “alivio” se concrete.

Los impuestos a la renta como el IRPF y el IASS son impuestos progresivos, que aumentan su aporte en función del volumen de ingresos. No es justo que en una sociedad como la nuestra, con desigualdades profundas en la distribución no resueltas (y aumentando), se decida instrumentar una rebaja impositiva a través de estos tributos. El IVA, un impuesto calificado como regresivo pues se aplica indistintamente a la situación económica de quien consume bienes y servicios, sería el más indicado para aplicar un “alivio generalizado”, o más justo aún si se rebaja la tasa mínima del IVA, hoy en 10%, y que afecta a los bienes y servicios de primera necesidad.

Los 110 millones de dólares del alivio a los contribuyentes del IRPF y IASS equivalen a casi 2 puntos (1,7%) de la recaudación del IVA. REDUCIR EL IVA HUBIERA SIDO MÁS JUSTO. También hubiera sido más justo dirigir esos recursos hacia la población más necesitada, en particular los hogares con niños y niñas en situación de pobreza, o para solucionar la falta de medicamentos en ASSE, o hacia el reducido presupuesto para vivienda.

Lo justo o lo injusto en este caso adquiere otra dimensión cuando veamos a continuación quienes son los que más se benefician de los mecanismos elegidos para activar el alivio fiscal.

IRPF. Personas con ingresos entre 70 mil y 80 mil pesos las más favorecidas

El IRPF es un impuesto progresivo sobre los ingresos del trabajo (asalariados, profesionales), con franjas del 10% hasta 36% según el monto nominal del ingreso. Contempla deducciones sobre los aportes al BPS, FONASA y FRL (10%, 8%), y en al caso de personas con hijos menores a cargo se agregan a las deducciones con un valor de 13 BPC anuales por hijo $ 6.132 por mes).

El “alivio fiscal” en el caso del IRPF se basa en un aumento de las deducciones, es decir en una disminución del impuesto a pagar, y que refiere a un aumento a 14% en su cálculo, y a 20 BPC anuales por hijo ($ 9.433 por mes). También se aumentan las deducciones por

alquiler de vivienda (de 6% a 8%) y se aumenta el mínimo a contemplar de los préstamos hipotecarios.

En nuestro cálculo no incluimos los cambios por alquiler de vivienda o préstamo para adquirirla.

Como el IRPF tiene un Monto no Imponible de 7 BPC ($ 39,620) y a su vez deduce al impuesto por los motivos señalados, solo lo pagan aquellas personas sin hijos con ingresos superiores a $49.000, y quienes tienen por ejemplo dos hijos a cargo desde $ 57.000 en adelante. Por esta razón el “alivio fiscal” en el caso de los trabajadores abarca a un 30% del total, y al aumentar los ingresos de esta “minoría” sin duda está incrementando la desigualdad en la distribución del ingreso. El aumento de las deducciones también puede significar dejar de pagar el IRPF, si en la nueva situación superan al impuesto en bruto.

Como podemos observar en el siguiente cuadro, los contribuyentes con ingresos nominales de $ 80.000 son los más beneficiados, pues hasta dicho límite se extiende el aumento del porcentaje de las deducciones (antes 10%, ahora 14%). En el caso de una persona con dos hijos a cargo e ingreso nominal de $ 80.000, el alivio fiscal es de $ 2.042 por mes, o sea $ 24.500 anuales. Sin hijos, dicha persona se beneficiará en $ 627 al mes, o $ 7.500 al año.

EL IASS. BENEFICIOS A PARTIR DE JUBILACIONES DE $ 50.946

El IASS es también un impuesto progresivo cuyo gravamen aumenta a medida que los ingresos por pasividades son mayores. También comienza a aplicarse a partir de un Monto no Imponible, que en este caso supera al del IRPF, pues alcanza las 8 BPC, o sea $ 45.280. Este límite inferior es lo que determina que los beneficiarios del alivio fiscal sean solo del 25% de los contribuyentes de jubilaciones y pensiones del BPS y de las cajas para estatales.

Este alivio fiscal se realiza sobre un impuesto que tiene un destino específico, el BPS, por lo cual es esta institución madre de la seguridad social la que va a ser afectada por una reducción de la recaudación de 30 millones de dólares anuales. La reasignación de recursos por tanto también tiene nombre y apellido. Ha sido prácticamente unánime adjetivar, como el del IRPF, este alivio como “inoportuno”, en la medida que coincide con un proyecto de Reforma de la Seguridad Social que tiene como único fundamento el desequilibrio fiscal del sistema. Aumentar la edad de jubilación a 65 años para financiar, entre otros, un aumento de jubilaciones altas y muy altas, parece un despropósito muy difícil de justificar.

El Boletín Estadístico 2022 del BPS informa que el importe del IASS ingresado ascendió a 340 millones de dólares, por lo cual la reducción de 30 millones significará un 9% menos, y medio punto (0,5%) de los ingresos globales del banco.

¿De qué se trata el “alivio” en el IASS? El mecanismo es un aumento del Monto no Imponible a 9 BPC, o sea que ahora se comenzará a pagar IASS a partir de ingresos por pasividades superiores a $ 50.940, un aumento del 12,5%. Este cambio determinará que algunos pasivos dejen de pagar el IASS, cercanos a 20.000, pero recordemos que solamente el BPS abonó casi 800 mil pasividades en 2021, de las cuales 475 mil son jubilaciones. El beneficio se extiende además a los que continúen pagando, pues lo harán por un monto menor (ver cuadro siguiente).

El beneficio es el mismo pues se circunscribe siempre a la primera franja, que cambia por el aumento del Mínimo no Imponible. Pero el cambio relativo es importante. Para una persona con jubilación/pensión de $ 60.000, su aporte mensual se reduce en 38%, quien tiene ingresos de $ 100.000 verá reducido el IASS mensual en 7,5%, y el que gana $ 200.000 en 1,8%.

Ahora bien, como bien expresa el Instituto Cuesta Duarte del PitCnt “resulta difícil de justificar una rebaja de casi 7.000 pesos anuales para las más de 2.000 pasividades que rondan los 300.000 pesos mensuales o más”(1).

 * Economista, docente y político uruguayo perteneciente al Frente Amplio, analista de Mate Amargo.

El BID prevé crecimiento de 1% para América Latina

 

Alejandro Alegría-La Jornada

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que el crecimiento de América Latina y el Caribe para este año será de uno por ciento, pero si la desconfianza en el sistema financiero se contagiara a nivel global, luego de los problemas en bancos de Estados Unidos y Europa, puede ser nulo.

Al presentar el Informe Macroeconómico en el contexto de la Reunión Anual del BID, Eric Parrado, economista en jefe del organismo, destacó que es importante que continúe el esfuerzo para contener la inflación, pues se puede traducir en 2.5 por ciento más pobreza extrema en la región.

Después de señalar que el crecimiento económico para este año será desafiante, pues las tasas serán menores en todas las regiones del mundo –excepto en China, que prevé un avance de 5 por ciento–, indicó que se espera que la economía de América Latina y el Caribe avance uno por ciento este año y 2 por ciento de 2024 en adelante.

Para los desafíos de desarrollo de nuestros países es muy bajo y por eso damos esta señal de qué debemos hacer esfuerzo en términos de la productividad, dijo.

Sin embargo, si se toma en cuenta un impacto de los problemas de bancos estadunidenses y europeos, el crecimiento puede ser cero, sobre todo si el tema de confianza se contagia a todo el mundo.

Acotó que sólo se han observado un par de semanas de nerviosismo y resaltó que es diferente a la crisis de 2008-2009, porque en esa ocasión estuvo relacionada con las hipotecas y ahora es una crisis de confianza de algunos bancos.

Apuntó que los bancos de América Latina y el Caribe poseen solvencia y capacidad para enfrentar situaciones adversas. Tenemos bancos mucho mejor capitalizados, son mucho más líquidos y las tasas de morosidad son bajas.

Comentó que si bien los precios de las materias primas observan una tendencia a la baja, aún están por arriba de la prepandemia. Cuando los precios de los alimentos suben afectan el poder adquisitivo de las personas, pero también hay un perjuicio a la seguridad alimentaria, dijo.

Estimamos que frente a una carestía de 20 por ciento en alimentos, la pobreza aumentaría 2.3 puntos porcentuales y la extrema pobreza, 2.5, por lo que llamó a continuar con el esfuerzo contra ese impacto.

De alguna forma hemos retrocedido en términos de los beneficios y del progreso que se había logrado.

Parrado reconoció que los bancos centrales han movido oportunamente las tasas de interés, porque es necesario anclar expectativas de inflación. La buena noticia es que las tasas de carestía está cayendo y las metas financieras están claras y, por lo tanto, debemos esperar que en 2024 se logren las metas de inflación de los bancos centrales.

Sobre los déficit fiscales, subrayó que hay una reducción de la deuda pública como porcentaje del PIB, pero hay que hacer un esfuerzo y tener un plan de consolidación fiscal.

Anotó que el servicio de la deuda, es decir, cuánto se paga en tasa de interés y en amortizaciones, es mayor, pues el pago llegaba a 9.7 por ciento de los ingresos fiscales entre 2007 y 2019, pero de 2020 a 2022 el costo de la deuda es de 11.9.

La ineficiencia del gasto público en América Latina y el Caribe llega a 4.4 por ciento del PIB y podríamos cuidar más recursos para tener un presupuesto más productivo. Las ineficiencias están relacionadas a la entrega de transferencias y subsidios a grupos que no lo necesitan.

Análisis del panorama internacional

La democracia, marioneta en el juego de los intereses comerciales de la OMC

Eduardo Camín

Según sus estatutos, la Organización Mundical de Comercio (OMC) es una organización “dirigida por los Miembros” en la que las decisiones se adoptan por consenso. Todas las decisiones importantes son adoptadas por la totalidad de los Miembros, ya sea por sus ministros (que se reúnen por lo menos una vez cada dos años) o por sus embajadores o delegados , que sesionan regularmente en la sede de Ginebra.

Durante su intervención en una reunión del Consejo General -el 6 de marzo., la Directora General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala saludó el espíritu constructivo demostrado por los Miembros en la preparación de la Decimotercera Conferencia Ministerial (CM13), que tendrá lugar en febrero de 2024, y afirmó que el logro de resultados significativos y de calidad en no estaba “fuera de nuestro alcance”.

Señaló que se sentía muy alentada por el apoyo expresado por la India y otros miembros del Grupo de las 20 principales economías a la labor de la OMC durante las recientes reuniones celebradas en la India por los Ministros de Finanzas y Relaciones Exteriores del G-20 : un «reconocimiento sin precedentes del trabajo de la OMC», dijo.»

Sin dudas, la OMC es diferente de otras organizaciones internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ya que allí no se delega la autoridad en una junta de directores ni en el jefe ejecutivo de la Organización.

Cuando las disposiciones de la OMC imponen disciplinas con respecto a las políticas de los países, se debe a negociaciones celebradas entre los miembros, que aplican las disposiciones, con arreglo a procedimientos convenidos negociados por ellos, que incluyen la posibilidad de sanciones comerciales.

Pero esas sanciones las imponen los países miembros, con la autorización de todos ellos. Es completamente diferente de lo que ocurre en otros organismos cuyos burócratas pueden, por ejemplo, inferir en la política de un país mediante la amenaza de retirarle el crédito.La adopción de decisiones por consenso entre unos 150 miembros puede resultar difícil. Su principal ventaja es que las decisiones adoptadas de esa manera son más aceptables para todos los miembros.

Y, a pesar de las dificultades, se han logrado algunos acuerdos notables. No obstante, de vez en cuando se oyen propuestas de creación de un órgano ejecutivo más pequeño: tal vez, por ejemplo, una junta de directores que representen a diferentes grupos de países. Por ahora, sin embargo, la OMC es una organización dirigida por sus Miembros y basada en el consenso.

Pero se han levantado controversias, más entre algunos observadores ajenos a la OMC que entre las delegaciones, sobre las negociaciones en la “Sala Verde”, el nombre informal de la sala de conferencias del Director General. Se utiliza para referirse a reuniones de 20 a 40 jefes de delegaciones, que a veces quedaba la sensación de que las reuniones de Sala Verde podían conducir a transacciones pactadas a sus espaldas.

Los progresos importantes raras veces se hacen en las reuniones formales de esos órganos y menos aún en las de los consejos de nivel superior. Al tomarse habitualmente las decisiones por consenso y sin votación, las consultas informales dentro de la OMC desempeñan una función de vital importancia en el proceso necesario para que una gran diversidad de miembros se ponga de acuerdo.

A la OMC la valoramos desde sus principios jurídicos y políticos y desde el Sistema de Solución de Diferencias, que son los mecanismos que tutelan los intereses de las multinacionales, más allá de los contenidos materiales de las normas.

La OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), se están convirtiendo en las instituciones centrales del devenir de la ciudadanía de todo el planeta. Instituciones cuyo funcionamiento se desarrolla al margen de cualquier regla democrática.

La globalización convierte a la democracia en un mero procedimiento formal, dirigido a la consolidación de la libertad de mercado. La privatización de los derechos humanos, la desregulación normativa en todos los ámbitos, es decir, la privatización del derecho abre paso a la democracia del mercado y a la definitiva privatización de sus instituciones.

Así, se privatiza el suministro de servicios básicos para la comunidad y se refuerzan los derechos de propiedad intelectual. Esto abre nuevos campos para el lucro de las empresas trasnacionales, que van desde el negocio del agua o las telecomunicaciones hasta las patentes sobre seres vivos.

La amplitud del mandato de la OMC da buena cuenta de ello. Los miles de acuerdos bilaterales y regionales de comercio e inversiones fortalecen la posición de los inversores extranjeros frente a los gobiernos nacionales, los cómplices activos del neoliberalismo.

¿De quién es la OMC?

En principio, la OMC pertenece a sus miembros. Los países adoptan sus decisiones por conducto de diversos consejos y comités integrados por todos ellos. El órgano más importante es la Conferencia Ministerial, que debe reunirse por lo menos una vez cada dos años. La Conferencia Ministerial puede adoptar decisiones sobre todas las cuestiones que se planteen en el marco de cualquiera de los acuerdos comerciales multilaterales.

En el segundo nivel está el Consejo General bajo tres formas. Entre las conferencias ministeriales, la labor cotidiana está a cargo de tres órganos: el Consejo General,  el Órgano de Solución de Diferencias y el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales.En realidad, son el mismo: en el Acuerdo por el que se establece la OMC se dice que todos ellos son el Consejo General, aunque cuando se reúnen tienen diferentes mandatos. También en este caso están integrados por todos los Miembros de la OMC. Deben rendir informe a la Conferencia Ministerial.

El Consejo General actúa en representación de la Conferencia Ministerial en todos los asuntos de la OMC. Se reúne como Órgano de Solución de Diferencias y Órgano de Examen de las Políticas Comerciales para supervisar el procedimiento de solución de diferencias entre los Miembros para analizar las políticas comerciales de los Miembros respectivamente.

En el tercer nivel están los consejos para cada amplia esfera de comercio.Otros tres consejos — cada uno de los cuales se ocupa de una amplia esfera de comercio — rinden informe al Consejo General: el Consejo del Comercio de Mercancías.  el Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC), que son responsables del funcionamiento de los Acuerdos de la OMC que tratan de sus esferas de comercio respectivas.

También en este caso están integrados por todos los Miembros de la OMC. Los tres tienen también órganos subsidiarios.

Hay otros seis órganos (comités)que rinden informe al Consejo General. Su ámbito de competencia es más pequeño. Pero están asimismo integrados por todos los Miembros de la OMC. Abarcan distintas cuestiones: comercio y desarrollo, medio ambiente, acuerdos comerciales regionales, y cuestiones administrativas. En la Conferencia Ministerial de Singapur, celebrada en diciembre de 1996, se decidió crear nuevos grupos de trabajo para que examinaran la inversión y política de competencia, transparencia de la contratación pública y facilitación del comercio.

También informan regularmente al Consejo General de sus actividades otros dos órganos subsidiarios que se ocupan de los acuerdos plurilaterales (que no están firmados por todos los Miembros de la OMC).

En el cuarto nivel está el quid de la cuestión. Cada uno de los consejos de nivel superior tiene órganos subsidiarios. El Consejo del Comercio de Mercancías tiene 11 comités que se ocupan de temas específicos (agricultura, acceso a los mercados, subvenciones, medidas antidumping, etc.). También en este caso están integrados por todos los países Miembros.

Rinden también informe al Consejo del Comercio de Mercancías el Órgano de Supervisión de los Textiles, que consta de un presidente y 10 miembros que actúan a título personal, y los grupos que se ocupan de las notificaciones (los gobiernos informan a la OMC de las políticas o medidas que aplican o se proponen aplicar) y de las empresas comerciales del Estado.

En cuanto al Consejo del Comercio de Servicios, sus órganos subsidiarios se ocupan de los servicios financieros, las reglamentaciones nacionales, y las normas del AGCS y los compromisos específicos contraídos en su marco.

 *Periodista uruguayo residente en Ginebra exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU) en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)