México: EEUU solicitó consultas por el diferendo del maíz transgénico

Braulio Carbajal

Estados Unidos solicitó consultas técnicas con México sobre biotecnología agrícola en el marco del T-MEC al considerar que las políticas del gobierno mexicano amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en comercio agrícola, ante lo cual la Secretaría de Economía (SE) informó que aprovechará este mecanismo para demostrar que no hay ninguna afectación y, por el contrario, va en línea con el acuerdo tripartito.

En un comunicado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) informó que las consultas se solicitan bajo el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); estas mismas, agregó la SE, no tienen un carácter contencioso, pues son una etapa previa en la cual se busca encontrar una solución de manera cooperativa.

La petición de consultas detona un proceso que tiene una duración máxima de 75 días para solucionar el asunto, en el que las consultas se deberán celebrar a más tardar 30 días después de la solicitud formal. Si en el periodo de éstas no se alcanza un acuerdo, se podrá demandar un panel de solución de controversias.

Dicho panel estaría integrado por tres o cinco panelistas elegidos a partir de una lista preaprobada por los tres países miembros del T-MEC. Una vez definidos, el panel tendrá un plazo de 150 días para emitir un reporte inicial y después 30 días para presentar el reporte final, dependiendo del cual los países acordarán una solución a la controversia.

La solicitud de EU se da luego de que el pasado 13 de febrero el gobierno publicara un decreto para revocar y no dar más autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado que se destine a la alimentación humana, es decir, específicamente en la elaboración de masa y tortilla.

“Estados Unidos ha transmitido en repetidas ocasiones nuestras serias preocupaciones con las políticas de biotecnología de México y la importancia de adoptar un enfoque basado en la ciencia que cumpla con sus compromisos del T-MEC… Las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola y si no se abordan sofocarán la innovación que es necesaria para abordar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria”, declaró la representante Comercial de EU, Katherine Tai.

Por su parte, la SE señaló que la secretaria Raquel Buenrostro, la titular de la USTR, Katherine Tai, y sus equipos han venido sosteniendo diálogos de carácter constructivo con miras a encontrar soluciones que brinden certidumbre a las partes interesadas.

Como esta secretaría lo ha señalado en reiteradas ocasiones, el objetivo del decreto es preservar que la tortilla sea elaborada con maíz nativo, asegurando así la conservación de la biodiversidad de las más de 64 razas de maíz que hay en el país, de las cuales 59 son endémicas, dice el comunicado de la SE. Añade que México aprovechará este mecanismo previsto en el T-MEC para demostrar con datos y con evidencia que no ha habido afectación comercial y que, por el contrario, el decreto es consistente con el propio tratado.

 

Sabotaje al modelo económico en Bolivia

Edmundo Juan Nogales Arancibia -.

Desde que el pueblo tomó el poder el año 2006 e impulsó la refundación del Estado afectando los intereses de las élites empresariales, la respuesta de estas logias económicamente poderosas, representadas entonces por Branko Marincovic, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, fue que la aplicación del nuevo modelo económico no neoliberal y la reforma agraria solo llevarían al país al borde de una guerra civil, amenaza que cumplió el dirigente cívico en los años 2007 y 2008, en medio del proceso constituyente, procurando evitar la refundación del Estado y la redistribución de la tierra, con la intentona de una guerra separatista a través de grupos paramilitares, en un infame proyecto que fue derrotado por la unidad del pueblo trabajador.

Parte de esa afrenta fue el intento de las élites y logias empresariales cruceñas por forzar el desabastecimiento de algunos alimentos en 2007, ante lo que el Estado tuvo que crear la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), y asumió la decisión temporal de poner tasa cero a la importación de alimentos objeto de agio y especulación, junto a la prohibición de exportación de alimentos vulnerables de carestía, medidas que fueron necesarias para vencer el sabotaje económico que afectaba la canasta familiar.

Fueron los mismos sectores que promovieron el sabotaje y el separatismo aquellos años los que llevaron adelante un movimiento golpista que asaltó el Estado en 2019 y convirtió los recursos del país en fuente para las élites, transfiriendo capitales en distintas formas, como créditos o subvenciones al pago de salarios e inclusive subvenciones al combustible de aerolíneas privadas, causando la pérdida con esas y otras medidas de más de mil 500 millones de dólares de las reservas del Estado.

A fines de 2020, luego de la recuperación de la democracia en un escenario de crisis internacional, todavía en medio de la pandemia, en un contexto al que pronto se sumó la guerra entre Rusia y Ucrania, la gestión económica del Gobierno en la reconstrucción del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp) permitió que no se cargara la crisis en el pueblo con “gasolinazos” o “impuestazos”, siendo el Estado el que asumió esta sin dejar de impulsar la inversión pública, los bonos sociales y los programas de créditos con bajos intereses, como el Crédito SI Bolivia –al 0,5% de interés para importación de bienes de capital bajo la política de sustitución de importaciones–. Con ese esfuerzo fiscal se logró un ahorro que posibilitó reducir el déficit público del 12,7% en 2020 al 7,2% en 2022.

Por otro lado, una medida importante para la redistribución de la riqueza como fue el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), aprobado en diciembre de 2020, tuvo la resistencia de las élites empresariales, quienes retomaron la línea del sabotaje económico, como el que intentó generar inflación de precios de alimentos en los primeros meses del año pasado. Las mismas élites también rechazaron que el Estado priorizara el abastecimiento interno antes que las exportaciones, una medida que accedió a cuidar la estabilidad de precios y no dejar la economía de las familias librada a los avatares del mercado.

En esa línea de sabotaje, en el último tercio de 2022 intentaron forzar el desabastecimiento de alimentos, además de la parálisis de la economía popular con el paro de 36 días en Santa Cruz, frenando violentamente las actividades económicas de los sectores populares y amenazando con cortar los suministros al Occidente. El sabotaje continuó en enero de 2023, tras de la detención de Luis Fernando Camacho, con el ataque a instituciones públicas y a servidores que trabajan allí, en especial el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), pretendiendo cortar las recaudaciones tributarias, al tiempo que exigían el pago de coparticipación al Gobierno. Hoy el sabotaje continúa de distintas maneras, como con la especulación en el abastecimiento de gasolina a través de estaciones de servicio privadas y la campaña de supuesta falta de dólares en el mercado.

En esta coyuntura, lo peor para las fuerzas sociales y políticas del campo popular sería no entender el momento económico que vive Bolivia, en un escenario internacional adverso. Este es el período en que, por un lado, el Gobierno impulsa medidas que protegen las reservas del Estado mediante la Ley de Fortalecimiento de Reservas Internacionales, que facultará al país para comprar oro en moneda boliviana y con ello fortalecer el nivel de Reservas Internacionales, evitando que el oro beneficie solo a quienes lo sacan al exterior sin pagar impuestos y permitiendo al país tomar previsiones de abastecimiento de combustibles, los cuales continúan con precios elevados ante la prolongación de la guerra en el Este de Europa. Sin embargo, ese proyecto de ley está congelado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La respuesta de la ALP evidenciará si frena o no el ataque económico de la derecha, que busca afectar nuestra economía. No olvidemos que la semana pasada el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y las bancadas de derecha anunciaron que se opondrán al proyecto de ley y emprendieron ya una campaña de miedo hacia la población. Será clave que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) actúe de forma unitaria, aprobando la ley en aras de sortear los nuevos intentos de sabotaje de las élites que a toda costa tratan de perforar el Mescp.

Esta coyuntura crítica será superada por las fuerzas populares, y será un episodio más entre los muchos en que hicieron “guerra económica” los que aún detentan el poder económico y tratan de extinguir el Proceso de Cambio que surgió de la lucha contra el neoliberalismo.

*Abogado. Columnista de La Época

Litio, pilar de los ingresos chilenos: rentas crecen más de 500%

José Muñoz Miranda

egún un informe publicado por la Dirección de Presupuestos de Chile (Dipres), los ingresos totales del Fisco se expandieron un 9,1% en el primer mes del año, principalmente explicado por los contratos de explotación del mineral.

Durante la jornada de este miércoles se dio a conocer el millonario aporte de SQM y el litio al Fisco el año pasado por los contratos de arrendamiento con Corfo (5.000 millones de dólares en 2022).

A lo anterior se le suma el gobierno reiterara que está considerando asociaciones con privados para explotar el mineral a través de la próxima a anunciarse Empresa Nacional del Litio.

La Dirección de Presupuestos señaló que en el primer mes del año los ingresos totales del Fisco se expandieron un 9,1% respecto al mismo lapso del 2022.En específico, la partida de rentas de la propiedad -donde se consideran, entre otros, los ingresos por el arriendo de los salares explotados por SQM y Albemarle- mostraron un crecimiento de 523,6% en el primer mes del año.

Esto último es mucho mayor al crecimiento anotado en el mes de diciembre, cuando las rentas ingresadas por la propiedad crecieron 88,6%.Asimismo, permitió que los ingresos totales del Estado dejaran atrás las bajas de 33,5% con que cerraron el último mes del 2022.

La tributación de la minería privada, en tanto, avanzó un 5,9% en enero, lo que compensó la caída de 1% en el aporte del resto de los contribuyentes.Con todo, los ingresos tributarios netos se redujeron un leve 0,7% en el período, dejando atrás la merma de 23,6% con que cerró el 2022.

Aporte del litio al Fisco

En el mes, el gasto del sector público creció un 13,1% respecto al mismo lapso del año pasado, de la mano de un gasto corriente que creció en la misma magnitud ante mayores subsidios y donaciones y prestaciones previsionales en el período.

De esta forma, los desembolsos totales del Estado dejan atrás la baja de 19,8% que anotaron en diciembre pasado.El gasto de capital registró un aumento de 12,9% real en enero, en comparación con el mismo mes del año anterior.Esto se explicó por el aumento, en términos reales, de las transferencias de capital en 10,1% anual y de la inversión en 155,3% anual, detalló Dipres.

Así, en enero se ejecutó un 7,2% del presupuesto aprobado para el año, la cifra más alta de la última década. Los ministerios que han mostrado los mayores avances en la ejecución del gasto presupuestario al mes de enero fueron Deporte y Mujer y Equidad de Género, con tasas de avance superiores al 20% de la ley aprobada.

Como resultado de los ingresos y los gastos, el sector público acumuló un superávit equivalente a un 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer mes del año.

Colombia: la inflación llegó a 13,28 % en su variación anual

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 13,28 % en su variación anual (es decir, febrero de 2023 frente al mismo mes de 2022). No se presentaba una cifra tan alta desde marzo de 1999, cuando el dato fue de 13,51 %.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) engloba la variación de los precios de los productos y servicios que componen la canasta básica familiar en Colombia. Los alimentos siguen impulsando el aumento de los precios, esta división registró la mayor variación anual con un 24,14 %, seguida por restaurantes y hoteles (18,77 %), artículos para el hogar (14,89 %) y transporte (14,89 %).

Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que la inflación del país tocó techo y explicó que, en particular, en febrero “se redujo el ritmo anual de inflación de los hogares de ingresos bajos y de productos agrícolas”. De ahí que sostiene que en marzo veremos un menor ritmo de aumento de precios.

El aumento de los precios afecta más a los hogares vulnerables, especialmente cuando el motor principal son los alimentos. La inflación anual para los hogares pobres fue de 14,34 %; para los vulnerables, de 14,31 %, clase media, 13,34 % e ingresos altos, 12,38 %.

El aumento de los precios afecta más a los hogares vulnerables, especialmente cuando el motor principal son los alimentos. La inflación anual para los hogares pobres fue de 14,34 %; para los vulnerables, de 14,31 %, clase media, 13,34 % e ingresos altos, 12,38 %.

La lista de los alimentos que más subieron de precio en febrero de 2023 frente al mismo mes del año pasado, la encabeza la arracacha, ñame y otros tubérculos (103,90 %), la cebolla (75,78 %) y los plátanos (48,84 %).

Gobierno argentino refinanció la deuda con las elecciones a la vista

Raúl Dellatorre

El ministro de Economía Sergio Massa logró cerrar este lunes un acuerdo con representantes de bancos y compañías de seguros para avanzar en un canje de títulos de deuda en pesos con vencimiento en los próximos cuatro meses, por los cuales dará a cambio otros títulos de deuda que vencen entre febrero de 2024 y el mismo mes de 2025.

Despeja así el riesgo de acogotamiento de intereses y traza un puente de refinanciación («roleo», en la jerga financiera) hasta meses después de las elecciones presidenciales (octubre de este año). Y desmiente el pronóstico que en un documento que días atrás difundieron economistas de Juntos por el Cambio, en el que describían a la curva de vencimientos de la deuda en pesos como una «bomba» a punto de explotar, previendo que los bancos no le renovarían el crédito al Tesoro Nacional.

 El pronóstico no solo falló sino que el bloque opositor se puso en contra al sector financiero, que criticó en duros términos la postura desestabilizadora de la entente macrista radical.

El resultado del canje ofrecido recién se conocerá el jueves 9, día previsto para la recepción de las adhesiones al canje voluntario, con liquidación el martes 14. Las expectativas apuntan a lograr una adhesión del 75 al 80 por ciento, sobre un total de vencimientos de deuda en manos privadas de aproximadamente 5,3 billones (millones de millones) de pesos que vencen entre abril y julio (ambos meses incluídos).

Hay, además, otros 4,5 billones de deuda del Tesoro Nacional que está en manos de organismos públicos (Anses, Banco Central, gobiernos provinciales y municipales, entre otros), principalmente con vencimientos en el segundo semestre, que entrarán en su totalidad en el canje por decisión de un decreto que anoche estaba terminando de redactarse.

Los bonos elegibles para el canje distribuyen los vencimientos de la deuda que se canjee entre febrero y abril de 2024 (el 30%), octubre de ese mismo año (40%) y febrero de 2025 (el restante 30%). Sólo el bono más corto, el de febrero de 2024, tiene ajuste Dual (tipo de cambio o inflación, el que más le rinda al acreedor). El resto, ajusta por CER (coeficiente que evoluciona con la inflación).

«Terminan así los mitos que anunciaban que existía una bomba de deuda que iba a explotar», señaló el presidente Alberto Fernández, que apuntó contra «los que ‘reperfilaron’» la deuda, en referencia al canje compulsivo de los vencimientos de deuda en pesos que aplicó la administración de Mauricio Macri sobre el cierre de su mandato.

«Los agoreros de siempre. Los mismos que generaron irresponsablemente esta deuda, son quienes pretenden ahora sembrar miedo en los mercados. Sabemos que debemos hacer», agregó el jefe del Estado.

https://motoreconomico.com.ar/massa-refinancio-la-deuda-y-la-bomba-exploto-enfrente/

 

¿Qué es la ‘transición justa’ y qué significa para América Latina?

Fermín Koop

En Chile, la empresa estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, anunció el año pasado el cierre de una planta de fundición, Ventanas, ubicada en una de las zonas más contaminadas del país: Quintero, en la región central de Valparaíso. La decisión se tomó luego de un nuevo episodio de contaminación del aire que afectó a cientos de personas y obligó a cerrar escuelas. El presidente Gabriel Boric dijo sentir “vergüenza”.

El anuncio generó una reacción inmediata de los trabajadores de Ventanas, quienes convocaron a un paro por no haber sido consultados acerca del cierre, el cual aseguraron provocaría la pérdida de puestos de trabajo locales. Finalmente, luego de días de tensión, acordaron finalizar las protestas ante el compromiso del gobierno de medidas de apoyo para los trabajadores que pierdan sus empleos.

Lo ocurrido en Chile se repite en diferentes partes de América Latina. La transición hacia economías sostenibles y bajas en emisiones de gases de efecto invernadero está obligando a industrias contaminantes a transformarse. Pero la manera en la que se realice ese cambio es igual de importante que su velocidad, ya que sino se corre el riesgo de incrementar desigualdades, aseguran los expertos.

El concepto de transición justa es impulsado por sindicatos y organizaciones ambientales como una herramienta clave para garantizar que la transición hacia una economía baja en emisiones se produzca de forma justa para todos. Si bien existe hace décadas, el concepto cobró mayor fuerza en los últimos años ante los rápidos cambios que debe realizar la economía a partir de la crisis climática.

“El concepto está entrando con fuerza”, sostiene Javiera Lecourt, coordinadora del proyecto Transición Justa en América Latina, quien analizó el significado del concepto en la región. “La transición no es el fin, es el cómo. Es cambiar culturas de trabajo y formas de desarrollo muy arraigadas. No va a pasar de un día para el otro. Hay gente que se desarrolló en actividades extractivas y no sabe hacer otra cosa», añade.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la transición justa significa “volver verde la economía de una manera que sea lo más justa e integradora posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”. Aunque esto da una idea general, la definición varía entre países y sectores, cada uno incorporando su punto de vista.

Así, para la Confederación Sindical de las Américas (CSA), que reúne a 48 organizaciones de trabajadores en 21 países de la región, la transición justa significa cambiar el modelo de producción y consumo. “Tiene que haber una discusión de fondo de la que tienen que formar parte los trabajadores”, sostienen voceros de la organización. “La transición justa es una transición de modelo”.

El origen de la transición justa

Sindicatos de Estados Unidos introdujeron el concepto de transición justa en la década de 1980. Al principio, lo entendían solamente como un programa de apoyo a trabajadores que perdían su empleo por políticas de protección del ambiente. Pero con el tiempo pasó a significar algo mucho más amplio, una transición gradual hacia empleos y economías sostenibles con el objetivo de no dejar a nadie atrás.

A medida que aumentó la comprensión de la urgencia de la crisis climática, los sindicatos empezaron a vincular la transición justa específicamente a la acción contra el cambio climático. Fue así que empezaron a hacer campaña para incluir el concepto en los acuerdos internacionales de las Naciones Unidas, como con el Acuerdo de Paris del 2015, que busca limitar el calentamiento global.

Tuvieron algo de éxito. En su preámbulo, el acuerdo reconoce “los imperativos de una transición justa de la mano de obra y la creación de trabajo decente y empleos de calidad de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”. Además, el concepto de transición justa está vinculado a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de metas adoptadas a nivel global en 2015.

En ese mismo año, la OIT también estableció una serie de lineamientos para la transición justa luego de una negociación entre gobiernos, sindicatos y empresas. Allí, se establece que la transición deberá contar con un consenso social sólido, respetando los derechos del trabajo y adecuando las políticas a la realidad de cada país y su economía, entre varios lineamientos.

Pero las organizaciones sociales y ambientales también establecieron sus propios lineamientos. Por ejemplo, para el proyecto Transición Justa en América Latina, se debe fomentar la reconversión de empleos, planificar la diversificación de la matriz energética, compensar a los afectados por la transición e impulsar un diálogo transversal en toda la sociedad acerca de la transición.

“No hay una receta de transición justa. Hay varios espacios que generaron su listado de principios pero es un concepto que tiene que ser ajustado a condiciones locales. Cada lugar necesita de enfoques específicos para su transición justa», afirma Catalina Gonda, coordinadora de política climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Abandonar los combustibles fósiles

De todos los sectores económicos en transición, es el energético el que se encuentra atravesando el mayor cambio. La energía representa cerca de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de América Latina. El petróleo, gas y carbón son utilizados para la generación de electricidad, el transporte y las industrias, lo que trae un costo ambiental asociado.

La transición energética se refiere a gradualmente dejar de utilizar combustibles fósiles para la producción y consumo de energía y reemplazarlos por fuentes de energía renovable como la eólica y solar. Los expertos lo describen como un cambio enorme pero necesario para poder evitar una mayor suba de la temperatura a nivel global, que ya alcanzó 1.1 grados Celsius desde el comienzo de la Revolución Industrial.

Pero el cambio a las renovables no se puede dar de cualquier manera, coinciden organizaciones sociales y ambientales y sindicatos. Es por ello que piden por una “transición energética justa”. Esto significa no sólo lograr un sistema energético menos contaminante, sino también uno que sea más equitativo y democrático y tenga en cuenta los derechos de los trabajadores y las comunidades.

“El sector energético es uno de los principales responsables de los conflictos ambientales y de las violaciones de derechos de los pueblos y territorios”, sostienen desde Amigos de la Tierra y la Confederación Sindical de las Américas en un reporte de 2022. Para ello, piden que no se repitan los mismos errores con las energías renovables en su expansión en América Latina.

En México y en Brasil, el desarrollo de proyectos de energía eólica ha generado rechazo de las comunidades rurales en donde se instalaron los proyectos, que sostienen no haber sido consultadas previamente. En Ecuador, la demanda de madera balsa, el principal material para la construcción de las hélices de los molinos eólicos, ha aumentado la presión sobre los bosques en el Amazonas.

El empleo en la transición justa

Bien gestionadas, las transiciones hacia economías ambiental y socialmente sostenibles pueden impulsar la creación de puestos de trabajo, mejorar la calidad del empleo y reducir las desigualdades, sostiene la OIT. América Latina perdió 26 millones de empleos por la pandemia del Covid-19, agravado por problemas preexistentes como la informalidad laboral y la desigualdad.

La descarbonización de la economía de la región podría generar 15 millones de empleos netos, de acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OIT. Si bien se perderían 7,5 millones de empleos, especialmente en el sector de los combustibles fósiles por el paso a renovables, se generarían 22,5 millones en energía solar y eólica, silvicultura y construcción, entre otros.

Muchos de los trabajadores que perderían sus empleos podrían hacer uso de sus habilidades en nuevas industrias, sostienen los autores del informe. Pero para ello las empresas y gobiernos deberán implementar mecanismos de reconversión laboral y desarrollo de competencias laborales para apoyar a los trabajadores en la transición, agregan.

Esto es especialmente importante para las ciudades y pueblos de América Latina cuyas economías dependen en gran parte de sectores económicos contaminantes como los combustibles fósiles, sostienen investigadores del Stockholm Environment Institute (SEI) en Colombia. Se necesitarán de inversiones, asistencia técnica y un compromiso político que promueva la diversificación de la economía, sostienen.

En Argentina, la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta, la formación geológica del oeste de la provincia de Neuquén que alberga algunos de los mayores yacimientos de shale gas del mundo, ha generado una migración de miles de personas en búsqueda de empleo. La actividad económica de la provincia gira en torno a Vaca Muerta, tanto los empleos directos como los indirectos.

Jonatan Nuñez, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, sostiene que la relación entre los empleos que se ganan y se pierden en la transición plantea problemas geográficos y sectoriales. “Las reconversiones de un sector al otro no son siempre posibles. Además, los lugares donde se crean y pierden empleos no son necesariamente los mismos”, dice.

Para Nuñez, América Latina debe repensar su lugar en el mundo en la transición energética. La región posee destacadas reservas de minerales demandados en la transición, como el litio, utilizado para las baterías de los autos eléctricos.

Pero si los minerales solo se extraen y exportan sin generar valor agregado, el potencial de crear nuevos empleos será muy limitado, agrega, en comparación a un escenario donde los minerales se utilizan en las industrias locales.

Un largo camino

El concepto de transición justa empieza gradualmente a aparecer en documentos de política pública de los gobiernos de América Latina, sostiene José Vega Araujo, investigador del SEI en Colombia. “Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Cada país debe definir con claridad lo que entiende por transición e incorporarlo en paquetes de políticas concretas», agrega.

 Entre los 170 países de todo el mundo que ya actualizaron sus planes de acción ante el cambio climático a nivel global, 65 (38 %) hacen referencia a la transición justa, de acuerdo a un análisis de Naciones Unidas publicado el año pasado. En América Latina, el listado incluye a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Paraguay y Antigua y Barbuda.

En Chile, el gobierno de Gabriel Boric creó a fin del año pasado la Oficina de Transición Socioecológica Justa dentro del Ministerio de Ambiente. El objetivo es acercar a a las personas que habitan en comunidades con industrias contaminantes al sector privado y al Estado para así avanzar hacia una economía sostenible, sostuvo el ministerio en un comunicado.

Para ello, se está trabajando en planes de transición para las llamadas zonas de sacrificio, ciudades o pueblos cuya calidad de vida y entorno ambiental han sido afectadas por la actividad industrial instalada. El término fue creado por la sociedad civil para hacer referencia a los impactos no solo de la industria del carbón, sino también del cobre, el cemento y los químicos, entre otros.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro anunció en la cumbre climática COP27 el pasado noviembre un proceso de diálogo para construir una hoja de ruta para la transición energética justa. Se buscará sustituir las fuentes de energía fósil por renovables en base a un criterio de “equidad, gradualidad y participación social vinculante”, se sostiene en el documento presentado.

El carbón es el mineral más importante para la economía de Colombia. Es el segundo producto de exportación y genera más de 130 000 empleos. El gobierno le ha asegurado al sector que los empleos no están en riesgo ya que la transición será gradual, y que los empleos por el turismo y la agricultura serán mayores que los del carbón. Para Petro, a Colombia le queda una década de exportación de fósiles.

Los sindicatos y los movimientos sociales y ecologistas de América Latina reconocen que la transición ya se está produciendo en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, creen que aún hay tiempo para dar forma a cómo se está llevando a cabo, pidiendo a los gobiernos y a las industrias que inicien un diálogo para encontrar puntos en común sobre el mejor camino a seguir de la forma más inclusiva posible.

“Limpiar las industrias contaminantes en pos de una transición energética no tiene por qué significar crear nuevas desigualdades o profundizar las ya existentes”, afirma Gonda. “Todo el mundo necesita sentarse a la mesa para debatir qué significa una transición justa, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada sector: desde las comunidades a las industrias, pasando por los gobiernos”, añade.

 

Análisis del panorama internacional

China abraza el carbón en mitad de la transición hacia las renovables y autoriza dos nuevas plantas fósiles por semana

Alejandro Tena

China sigue enmarcada en la ambigüedad energética. Aunque el despliegue de plantas renovables no ha dejado de acelerarse, el gigante asiático sigue apostando por los combustibles fósiles. En 2022, el país elevó más de un 50% la capacidad de generación de las plantas de carbón respecto a 2021.

Las licencias para proyectos de este combustible a ocupar 106GW adicionales, lo que equivaldría a autorizar dos plantas nuevas de carbón por semana, tal y como lo revelan los datos publicados este lunes por el Centro para la Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA) y el Global Energy Monitor (GEM). Se trata del mayor aumento licencias para carbón de los últimos siete años.

A principios de 2023 sólo se había comenzado a construir proyectos capaces de generar 86GW y las cifras de generación a través de carbón todavía no han visto una alteración respecto a los años anteriores, ya que las plantas anunciadas no han entrado en funcionamiento. De hecho, el carbón se mantuvo en cierta estabilidad pasando de 26,2 GW a 26,8 GW. Desde CREA, sin embargo, señalan que los proyectos aprobados –la mayoría por la vía de urgencia– elevarán en los próximos meses y años el papel de este combustible en el diseño energético chino, lo cual tendrá un impacto importante en las emisiones de CO2.

El análisis del GEM y del CREA pone en duda que se terminen construyendo todas las plantas anunciadas, pero alertan del riesgo de involución de este tipo de políticas. Las olas de calor extremo y las sequías que sacudieron China durante parte de 2022 pueden ser la explicación de este movimiento en las políticas energéticas de Jinping, pues el país tuvo graves problemas de suministro debido a la escasa capacidad de generación de sus centrales hidroeléctricas.

Las provincias chinas que están apostando más fuerte por el carbón –Guangdong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang y Hubei– justifican sus políticas en una necesidad de “apoyo” que garantice la estabilidad de la red eléctrica y de las energías renovables. Este argumento no contenta a los analistas, pues precisamente los lugares donde más proyectos se han autorizados son los más rezagados en la instalación de plantas eólicas o solares.

Los datos publicados evidencian un estancamiento en la transición energética china. El país había anunciado cierres escalonados de las plantas más viejas, pero estos se habrían ralentizado en el último año. Si en 2021 se retiraban 5,2GW de carbón del sistema, en 2022 la cifra de clausuras bajaba sólo 4,1GW.

Los analistas confían en que no todas las plantas terminen construidas, pero temen que estas políticas, aún con la clara aceleración del despliegue de renovables, lastren los objetivos climáticos de China, que tiene puesto en 2060 su horizonte para alcanzar la neutralidad de emisiones de CO2. Consciente del peso que tiene el carbón en la economía, Xi Jinping anunció una retirada paulatina y estimó que el pico de producción de esta fuente de energía llegaría entre 2026 y 2030. Las nuevas plantas autorizadas, sin embargo, ponen en duda el cumplimiento de dicho objetivo.

“Los propietarios de las plantas son políticamente influyentes y tienen interés en proteger sus activos y evitar una rápida acumulación de energía limpia”, escriben los expertos en su informe, que advierte de lo remoto que sería que el Estado chino permitiera que el capital invertido para estos nuevos proyectos quedase varado y sin amortizarse.