Uruguay: un delincuente en Casa de Gobierno

Luvis Hochimín Pareja

El caso de Alejandro Astesiano, el delincuente jefe de custodia del presidente uruguayo Luis Lacalle, pone sobre la mesa una inmensidad de hechos irregulares, y, en cada episodio que se suma la gravedad del asunto, se incrementa la crisis. Pero no puede sorprender a nadie su vinculación con el delito, ni siquiera a su patrón, el propio mandatario.

El mediático gobierno uruguayo del derechista Luis Lacalle Pou sufrió el golpe más fuerte a su imagen desde que asumió: el jefe de la custodia del presidente fue detenido por integrar una banda que manipulaba partidas de nacimiento para otorgarle pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.

Es un escándalo de grandes proporciones, a varios niveles, insiste la prensa, de derecha y de izquierda, gráfica, radial, televisiva… y también las redes sociales. Y deja planteada una duda: ¿las fallas del gobierno fueron éticas o de ineptitud? ¿O quizá las dos?

La imagen del presidente está pegada a la de Astesiano en cada foto, en cada video. La primera reacción de Lacalle fue defenderse, jugar de víctima, argumentando que fue engañado en su buena fe, cuando afirmó que “El Fibra” no tenía antecedentes y quiso manipular a los periodistas con el latiguillo de «ustedes me conocen», un recurso que ya está vacíó de valor.

Lacalle decidió mantenerlo en el cargo, y ese es el principal cuestionamiento ético que le cabe. Con este antecedente, a partir de ahora será difícil para el presidente posicionarse en ese discurso sin que lo acusen de doble rasero, señala Ladiaria.

¿Cómo alguien puede engañar a la Presidencia de esa manera, aun con los contactos suficientes en los entresijos del Estado para poder manipular expedientes? ¿Cómo Astesiano se reunía a sus anchas en el piso cuatro de Torre Ejecutiva de la Presidencia sin levantar sospechas? ¿Cómo no hay un equipo de inteligencia que investigue nada menos que a los hombres que le cuidan la espalda al presidente?

La crisis le pega al gobierno en dos puntos extremadamente sensibles, que son base de su gestión y los argumentos para que miles de votantes le dieran su apoyo: la ética y la competencia. Y le será difícil dar vuelta la página.

Quizá sin advertir de la gravedad de lo que hacía, el Ministerio del Interior optó por una extraña estrategia de reconocer que su sistema es alterable y que se podrían adjudicar o borrar antecedentes. Hablar de “sorpresa” en este escenario sólo siembra aún más la desconfianza, dejando en claro la falta de solidez institucional al poner en duda un sistema de seguridad vulnerable.

Una de las virtudes del actual gobierno y en particular del presidente Lacalle es en materia comunicacional, pero el relato transmitido en torno a Astesiano, soslayando los datos, carece de elementos básicos de verosimilitud.

Soberbio, Lacalle se mostró “sorprendido” el lunes, pero la situación que involucra a su jefe de custodios no es sorpresiva: tenía más de 20 indagatorias por delitos diversos que iban desde hurto y apropiación indebida hasta estafa, difundido por la prensa en 2020 y 2021, y Lacalle Pou fue advertido de la situación por al menos dos personas de su entorno.

Pero con cara de sorprendido, en conferencia el presidente manifestó que “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario” e hizo hincapié en una muletque Astesiano no tenía antecedentes. Lo último se demostró falso: los tenía por estafa en 2002 y 2013.

“Si ustedes se sorprendieron, imagínense yo”, dijo en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Enseguida aseguró –con énfasis– que el custodio “no tenía antecedentes” penales, que no se imaginaba que pudiera estar cometiendo una ilicitud y que de haberlo sabido “jamás” le habría otorgado la defensa de lo más preciado que tenía: su familia.

“Yo no les miento, yo les digo la verdad. Me puedo equivocar pero no miento. Cuando dije que no había antecedentes las dos veces que se me dio la información, dije la verdad. Confiar tiene estas cosas, soy una persona que confía en la gente”, expresó este viernes en una rueda de prensa en Maldonado. En Uruguay dicen que el pez por la boca muere.

Crisis institucional

Cuando esto se conoció, el Ministerio del Interior alegó que en 2020 y 2021 se “informó oportunamente” a Lacalle de que Astesiano no tenía antecedentes, pero “sorpresivamente” ahora aparece un antecedente penal en 2013, y por tanto se dispuso una investigación para saber “quién o quiénes alteraron la información”.

De este modo, el relato que se busca construir desde el gobierno coloca al presidente en papel de víctima al ser doblemente traicionado: en primer lugar por su jefe de custodia, alguien en quien depositó su “confianza”, y en segundo lugar por presuntas maniobras de alteración de la información dentro de la Policía que no le permitieron contar con todos los elementos para evaluar correctamente a Astesiano.

Lo que llama la atención es que, en otro movimiento peligroso para la institucionalidad, en pos de sostener su discurso, el gobierno intenta responsabilizar a la Policía, institución que fue motor de su campaña, como un fusible por “no haber investigado” o “alertado” al presidente sobre los antecedentes de Astesiano, porque es ilegal que la Policí, y sería un escándalo para la tan manido modelo de democracia uruguayo.

El reflejo del gobierno fue buscar un responsable a nivel policial, con una investigación administrativa que busca desviar el foco de la opinión pública hacia “quien habría alterado los antecedentes” de Astesiano. El chivo expiatorio que encontraron fue el director de Identificación Criminal, Gonzalo Vázquez, que notó que había un error y lo corrigió, dejando. expuesto al gobierno, y eso es lo que hoy está pagando en realidad.

Todos recuerdan que el propio presidente dijo que era un conocido de su familia desde el año 1999, pero no le llamó la atención ni en 2020 ni en 2021 –cuando pidió informes sobre sus expedientes- que Astesiano tuviera más de 30 indagatorias, porque eso figuró siempre en el sistema. No puede decir ahora que se entera “por la prensa” como “nos

Con las anotaciones policiales que tenía, Astesiano nunca podría haber accedido a un permiso de tenencia o porte de armas, ni ingresado o haber vuelto a la Policía; no hubiera pasado una junta de selección para entrar como agente de policía, el grado más bajo de la fuerza. Sin un certificado de antecedentes judiciales limpio, ni siquiera hubiera podido ser habilitado como guardia de seguridad privada registrado legalmente.

Los privilegios estuvieron presentes hasta en el momento de su detención: no se hizo en el aeropuerto a su regreso de Costa Rica (con el presidente y sus hijos) sino al llegar a la Casa de Gobierno. La fiscal del caso indicó que en ese lapso llegó a borrar conversaciones de su teléfono y así destruir evidencia para la investigación.

A Astesiano se le dio un lugar de privilegio que supo usar para operar su red criminal, con la que se reunía en la Torre Ejecutiva y a la que “ofrecía” contactos estratégicos dentro del Ministerio del Interior. El presidente quiere aparecer como una víctima, pero es el responsable, al menos de una fragilidad institucional brutal, pero es incapaz siquiera de asumir el error político, antes de seguir poniendo en juego las instituciones.

Astesiano era el enlace con la Policía y el Ministerio del Interior, que debían brindarle apoyo e información; también era el enlace en el exterior como responsable de la seguridad del presidente y estaba a cargo de los mandatarios que visitaban Uruguay. Para el politólogo Antonio Cardarello, si Uruguay tuviera un régimen parlamentarista, esta situación “podría haber generado la caída de un ministro o incluso del gobierno”.

Irresponsabilidad

Se intenta así correr el foco de la situación de fondo, que es nada menos que la operación de una red delictiva ruso-uruguaya desde el propio edificio de la Torre Ejecutiva presidencial, con acceso a información privilegiada. Una red de la que todavía se desconocen sus alcances y cuántas personas –a todos los niveles- están implicadas.

La prensa uruguaya resalta que al hacer tanto hincapié en la “sorpresa” en el relato de las autoridades, se omite que el presidente estaba en pleno conocimiento de las múltiples indagatorias de Astesiano por graves delitos y que había sido advertido sobre las consecuencias. Aun así, decidió ignorarlas por la “confianza personal” que le ameritaba su jefe de custodios.

Nuevamente, Lacalle puso lo personal por delante de lo institucional a la hora de comunicar, y dijo cosas como que no le entregaría “lo más preciado”, que es su familia, a una persona de la que pueda tener indicios de que actúa “por fuera de la ley”. Pero lo sucedido no afecta sólo ni principalmente, a Lacalle, sino que genera incertidumbre y desconfianza en las instituciones, y afecta y daña la imagen del país.

Quizá ahora se haya convencido que no hay buen relato que pueda opacar la repercusión nacional e internacional de esta mala noticia. Más allá del daño a la imagen del país y el riesgo que significa haber tenido a una persona operando con su red criminal desde la Torre Ejecutiva, subyace algo más grave aún: el gobierno está dispuesto a transmitir desconfianza institucional en pos de sostener un discurso, señala Ladiaria.

Y esa Policía, en la que “tanto se confía”, aparece como un fusible en esta historia, cargándola incluso con omisiones de tareas que, de haberlas ejecutado, hubieran sido ilegales. La prensa no inventó los antecedentes de Astesiano y lo viene repitiendo en los últimos dos años, pero el gobierno optó por hacer oídos sordos para poder mostrarse sorprendido ante su complicidad manifiesta con el delito.

Presidencia había sido alertada sobre los antecedentes de Astesiano, la prensa no los inventó. Ante la duda, podrían haber iniciado una investigación que diera pie legalmente a que la Policía aportara este dato. Y, así como pudo hacerlo el director de Identificación Criminal y le costó el cargo, analizar su legajo en Policía Científica hubiera alcanzado para evitar “sorpresas”.

Así que no se puede hablar de “sorpresa” en la Torre Ejecutiva. Pero tal vez una de las sorpresas más grandes es que el gobierno, para sostener su discurso, está dispuesto a usar a la Policía, institución que fue motor de su campaña, como un fusible. Ir por el camino de la desacreditación institucional parece un “sálvese quien pueda” desesperado en un escenario de desprestigio nacional e internacional.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)