Ola de femicidios en Ecuador: neoliberalismo, machismo, misoginia

Eloy Osvaldo Proaño

Édgar Escobar, fiscal ecuatoriano que trabajaba en una unidad para investigar femicidios y crímenes de odio, fue asesinado a balazos frente al edificio donde laboraba, en Guayaquil, poniendo nuevamente en debate el tema de la violencia contra las mujeres, la desigualdad social y la misoginia en el país.

El femicidio como consecuencia de una extrema violencia de género, constituye una problemática arraigada en diversos contextos de nuestra región, pero se encuentra invisiblizado en las leyes, las políticas y en el imaginario social de la mayoría de países, debido a la existencia de patrones socioculturales androcéntricos que naturalizan el sexismo, la inequidad y la misoginia a nivel público y privado.

Subsiste una clara existencia de conductas femicidas en un país donde no existe un figura legal ni una tipología definida de este delito, que permitan prevenirlo y combatirlo desde las instituciones del Estado, lo cual invisibiliza esta problemática y promueve la impunidad respecto a las agresiones y crímenes cotidianos que experimentan las mujeres en el Ecuador.

El aumento del femicidio en Ecuador no puede sustraerse del abandono de las políticas sociales del gobierno progresista de Rafael Correa. Desde que el anterior presidente Lenín Moreno llegó al cargo, dio una giro de 180 grados y abandonó los programas y acciones para reducir la pobreza y la marginación adoptados por Correa, y volvió a uncir al país a los dictados del Fondo Monetario Internacional.

El actual mandatario, el banquero Guillermo Lasso, ha vuelto a imponer un modelo neoliberal que si tres lustros atrás mostraba signos de agotamiento, hoy es totalmente inviable, ya que acelera la descomposición social, la negación de derechos y la depauperación entre los sectores mayoritarios de la población.

A las causas estructurales hay que añadir el machismo y la misoginia ancestrales y, sobre todo, la impunidad, en la que confluyen la corrupción y el pacto patriarcal. Pero atacar ese desesperante fenómeno delictivo requiere de una voluntad política que conjunte acciones firmes en todos los ámbitos: el legislativo, el judicial, el económico, el social y el cultural, algo que no muestra, precisamente, el gobierno del banquero-presidente.

Impunidad

Dos de los presuntos agresores al fiscal Escobar ya fueron detenidos en un cerro de Guayaquil,  ciudad porteña, ciudad que se ve azotada por una ola de crímenes vinculados con el tráfico de drogas, que también golpeó las prisiones con cientos de muertos en matanzas carcelarias entre pandillas rivales.

El homicidio de Escobar se suma a los que fueron perpetrados en circunstancias similares en contra de un juez en Lago Agrio, en el noreste del país, y de una fiscal en el puerto pesquero de Manta, en el suroeste.

Pero más allá del contexto de los atentados dirigidos a integrantes del sistema judicial –y que tienen como propósitos asegurar la impunidad de criminales o vengar sanciones legales–, el fallecimiento de Escobar tiene como telón de fondo el incremento imparable de feminicidios: en lo que va de este año han sido asesinadas 206 mujeres en casos tipificados como feminicidios, de acuerdo con cifras de la Fundación Aldea.

Según la Fiscalía, al menos 573 mujeres han sido asesinadas desde 2014 en casos tipificados como feminicidios. El año 2021 fue el más violento para las mujeres con 227 casos

A esos número escalofriantes deben añadirse las desapariciones –la más reciente de ellas, de la abogada María Belén Bernal, quien fue vista por última vez en un local policial de Quito cuando fue a visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, quien se encuentra prófugo– y hechos graves de violencia de género.

Ante las sospechas de que pudiera tratarse de un femicidio, el teniente declaró en la Justicia y ahora está prófugo. El gobierno destituyó a Cáceres y removió del cargo al jefe de la escuela de formación de oficiales.

Seis de cada 10 mujeres vivieron violencia de género

El término ‘femicidio’ se introdujo públicamente por primera vez en 1976, cuando Diana E. H Russell, denunció el asesinato misógino de 2000 mujeres a manos de hombres en Bruselas, y lo planteó como un problema sistemático y universal. Tuvieron que pasar 42 años para que el femicidio fuera tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador en el año 2014. Donde por primera vez se define al femicidio en el Art. 141 como: «la muerte producida a una mujer por el hecho de serlo».

Según el Instituto de Estadísticas y censos, seis de cada 10 mujeres habían vivido algún tipo de violencia de género en Ecuador una década atrás. Las áreas urbanas son los sitios donde el 61,4% de mujeres reportaron tipos de violencia: física, psicológica, sexual o patrimonial, mientras que en áreas rurales el problema afligía a un 58,7% de mujeres violentadas.

Guayas, Pichincha y Manabí son las provincias más violentas en cifras absolutas. Paralelamente, al contrastar con las tasas de incidencia de ocurrencia de femicidios a nivel provincial, las provincias con valores más altos son: Sucumbíos, Orellana y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las características de las víctimas de femicidio son: mujeres ecuatorianos (94.25%),  solteras (63.06%), estudiantes o amas de casa (61.83%), madre (62.2%) y de entre 15 y 34 años (60%). El 74,70% de femicidios ocurren en áreas urbanas, y son los cantones más densamente poblados de Ecuador los que registran el mayor número absoluto de víctimas de femicidio, según la Fundación Aldea

Ecuador registra además un incremento sostenido de homicidios dolosos –que el año pasado alcanzó una tasa de 14 asesinatos por cada 100 mil habitantes– y motines carcelarios, muchos de ellos asociados al tráfico de drogas ilícitas.

A la par con el narcotráfico, la criminalidad ha crecido en el país con 18 millones de habitantes y ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo. Cruentos enfrentamientos entre presos con vínculos con el narco dejaron cerca de 400 muertos desde febrero de 2021, a lo largo de siete masacres, algunas entre las peores de Latinoamérica.

Desde mayo último han sido asesinados tres funcionarios: además de Escobar, un juez en la localidad amazónica de Lago Agrio (noreste ecuatoriano, cerca de la frontera con Colombia) y una fiscal de tránsito en el puerto pesquero de Manta (suroeste del país). Los tres murieron baleados.

* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)