En América latina siguen desapareciendo personas

  Victoria Korn

La sombra de las desapariciones de personas se cierne sobre América Latina desde hace décadas con graves consecuencias para los familiares de las víctimas y para una sociedad tristemente familiarizada con la ausencia impuesta de forma repentina e inexplicable y con la sensación de que los responsables de las desapariciones quedan impunes.

Más allá del lugar y del momento en que ocurren, estas desapariciones tienen un denominador común: la lenta y prolongada angustia de las familias. Entre los motivos de desaparición forzada se contemplan las situaciones de violencia armada, desastres climáticos, pandemias y agentes migratorios, pero también el aniquilamiento de adversarios ideológicos y/o políticos, planes de exterminio de pueblos indígenas para quedarse con sus territorios.

Este crimen no prescribe, según las normas de tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada o la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas.

De ahí se deriva también que la obligación de búsqueda es permanente, siempre bajo la presunción de vida de los desaparecidos. «No estamos buscando cadáveres, buscamos personas vivas», afirma Juan Pablo Albán Alencastro, docente de la Universidad San Francisco de Quito y relator del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.

Cuando el Estado las desaparece u ordena que las desaparezcan, es lo que jurídicamente se conoce como ‘desaparición forzada’, como en las dictaduras militares latinoamericanas, cuando iban policías y/o militares a las casas para detener individuos sin orden de aprehensión. Y desaparecen o son asesinados por las fuerzas de seguridad.

Las personas pueden desaparecer también por acción de individuos o grupos privados, principalmente del ámbito del crimen organizado, y por otras razones, como catástrofes, desastres naturales y otros fenómenos.

La distinción jurídica entre ‘desaparición forzada’ (con intervención del Estado) y ‘desaparición’ contribuye al vaivén de las cifras en las estadísticas, cuando, además, hay ciertos contextos que, por su propia naturaleza, agregan mayor dificultad a la hora de cuantificar el fenómeno de las desapariciones.

Migrantes

Ese es el caso, por ejemplo, de los migrantes centroamericanos y de otros países que atraviesan México hacia Estados Unidos y se esfuman sin dejar rastro. ¿Quién los busca? ¿Cómo encontrarlos? La desaparición de personas es una sombra que se cierne sobre las sociedades de América Latina y su reiteración a lo largo de las décadas crea un lamentable estándar de impunidad.

La vulnerabilidad de los colectivos de migrantes que cruzan México en su camino a Estados Unidos los convierten en presa fácil, al no tener documentación en regla ni apoyo legal. Estas desapariciones quedan frecuentemente sin resolver por falta de acción y desinterés de las autoridades, en especial las estadounidenses.

Desde hace 16 años un puñado de madres de migrantes desaparecidos organiza la Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a sus Hijas e Hijos Desaparecidas y Desaparecidos con el objetivo de rastrear el paradero de quienes partieron hacia México y Estados Unidos y nunca llegaron a destino, víctimas de alguna de las formas de violencia que se extienden por las fronteras.

La caravana de este año llevó como lema “Nunca nos hemos ido”, en homenaje a Marta Sánchez Soler, una de sus fundadoras. Están recorriendo prisiones, albergues y oficinas públicas para buscar algún dato de sus familiares desaparecidos.

Son cientos de miles

Los desaparecidos se cuentan por cientos de miles en toda América Latina aun cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) «se enfrenta a la falta de cifras confiables y a un problema insuficientemente reconocido». Y abren una brecha de dolor e incertidumbre en familiares y amigos.

Según organismos de derechos humanos, unas 90 mil personas fueron desaparecidas entre 1966 y 1986 en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Haití, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Esa cifra se duplicó con creces en los años posteriores hasta 2021.Colombia y México lideran la estadística, ya que más de 200.000 personas siguen desaparecidas en estos dos países que registran la mayor cantidad de víctimas

No hay un perfil definido de las personas desaparecidas. que en diferentes situaciones marcaron a toda la región. Muchos países siguen marcados por conflictos armados que ocasionaron en el pasado la desaparición de miles de personas», según Susana López, asesora regional de Restablecimiento de Vínculos Familiares y Personas Desaparecidas del CICR en las Américas.

«Tenemos a muchos familiares que siguen buscando respuestas sin saber qué fue lo que pasó con sus seres queridos y algunos llevan más de 30 o 40 años en esta situación. Nos enfrentamos a la falta de cifras confiables de personas desaparecidas y a un problema insuficientemente reconocido. En muchos países falta desarrollar sistemas de gestión centralizados para poder abordar bien esta información y diseñar políticas públicas que reduzcan el fenómeno y respondan a las necesidades de las familias», manifestó López.

A 11 años de la creación del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado por la ONU y celebrado cada 30 de agosto, para López todavía se debe desarrollar en la región un sistema de gestión centralizado e interconectado.

En América Latina, uno de los países con mayor cantidad de desaparecidos es México, cuyas cifras oficiales establecen que desde 1964 a mayo pasado, durante gobiernos democráticos, se reportaron 100.000 víctimas de desaparición forzada. De ellas, 25.000 son mujeres y 20.000 tenían menos de 18 años al momento de su desaparición. En estos últimos tres meses, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas mexicano registró 4.450 desapariciones más.

Ahora México suma 105.000 desaparecidos. El comité de la ONU contra la desaparición forzada, que visitó el país a finales de 2021, concluyó que el 60% de las víctimas es menor de 35 años y que las desapariciones en mujeres y niñas ha ido en aumento. Según cifras oficiales, unas seis mujeres y niñas al día.

Más del 97% de las desapariciones se produjo desde diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón instauró un modelo militarizado de seguridad pública con excusa de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Antes, estos crímenes respondían a motivos políticos.

El caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa fue un crimen de Estado con un encubrimiento al más alto nivel y a casi ocho años de los hechos no hay indicios para afirmar que los 43 normalistas desaparecidos estén vivos, señala el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La famosa “verdad histórica” presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto quedó hecha trizas: lo ocurrido fue un crimen de Estado; no hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos, y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluido el Ejército, podrían haber actuado para impedir la desaparición y asesinato de los jóvenes, señaló el informe.

La militarización –puesta en marcha no solo en México- ha probado que no protege los derechos humanos. Hay un vínculo estrecho entre ambos temas. Son cometidas por autoridades de todos los niveles de gobierno y por actores particulares. Imperan la impunidad y la crisis forense, hay solo 36 sentencias por desaparición y 52.000 cuerpos aún sin identificar.

Otro país que registra cifras alarmantes es Colombia, donde, según su Registro Nacional de Desaparecidos, de 1930 a finales de 2021 hubo 111.658 desapariciones. Actualmente son más de 120.000, pero todos los días hay nuevas desapariciones, por lo que no hay cifras exactas.

Tampoco figuran los casos que las familias no reportaron por temor o porque ya pasaron muchos años, relató Rossy Roa Pinilla, directora de la fundación de derechos humanos colombiana Huella de Cristal. Pese a que Colombia implementó en 2005 el Mecanismo de Búsqueda Urgente, que permite a las autoridades iniciar acciones de búsqueda para encontrar a una persona que presuntamente ha sido desaparecida sin la necesidad de esperar 48 o 72 horas para denunciarla, no fue suficiente.

«Tenemos más de 70 años de conflicto. A pesar del acuerdo de paz (firmado en 2016), siguen las disidencias y continúan el reclutamiento forzado y la trata. La mayoría de las desapariciones son de personas jóvenes. La Fiscalía no da abasto con las investigaciones y no hay resultados. Hay mucha desesperación», manifestó.

Tras las negociaciones de paz y el cierre de un conflicto que se perpetuó durante más de 50 años, uno de los grandes retos de Colombia será recuperar la memoria de los desparecidos. Cifras estremecedoras, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, que habla de más de 60.000 personas desaparecidas en los últimos 45 años.

La situación también es dramática en Centroamérica. Tras las aterradoras cifras de desaparecidos por los conflictos militares del siglo pasado, la problemática continúa aumentando, por la acción de las bandas criminales o maras. Según la Policía salvadoreña, 10.800 personas desaparecidas entre 2010 y 2016, una media de 4 al día.

En otros países de la región, la mayor cantidad de desapariciones se registró en períodos de dictaduras militares o guerras civiles, como Argentina, que registró 30.000 desaparecidos entre 1976 y 1983, Guatemala, que reportó unos 45.000 durante 1960 y 1996, o El Salvador, con al menos 8.000 durante la década del 80.

En Perú se reportaron 21.918 personas desaparecidas desde 1980 al final del Gobierno de Alberto Fujimori y, en mayo de 2021, la Comisión Internacional de Juristas informó que apenas 47 casos vinculados a denuncias de desapariciones forzadas en Perú habían tenido una sentencia judicial.

*Periodista venezolana, analista de temas de migración, Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)