Chile: Acuerdo oficialista sobre la Constitución para tranquilizar a la derecha

Cecilia Vergara Mattei

Las coaliciones Socialismo Democrático (la exConcertación sin la Democracia Cristiana) y Apruebo Dignidad (Partido Comunista-Frente Amplio), que respaldan al gobierno de Gabriel Boric, publicaron un documento con cinco ejes con las modificaciones que se compromete a hacer en caso de que se apruebe la nueva constitución en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Vuelve a Chile el mismo entramado del cambiar algo para que nada cambie que se hereda desde el período de la transición a la democracia. Es un documento tranquilizador de la derecha, y los medios hegemónicos que promocionan el rechazo al nuevo texto constitucional que sustituye al impuesto por la dictadura 30 años atrás y que  básicamente contesta a los principales reclamos y demandas de  la derecha, los grandes empresarios y los poderosos de siempre.

A pocos días del plebiscito de salida, el presidente Boric se ha convertido en uno de los principales impugnadores del texto de la nueva Constitución: insiste en aprobar para reformar y ha presionado a los dirigentes de los partidos que forman la base de su gobierno para alcanzar un acuerdo en este sentido, incluso en los artículos o capítulos que es necesario reformar y, para más remate, antes de que se apruebe en el plebiscito.

El acuerdo fue suscrito por 10 partidos políticos: Partido por la Democracia, Partido Liberal, Acción Humanista, Movimiento Unir, Partido Socialista de Chile, Partido Radical de Chile, Revolución Democrática, Federación Regionalista Verde Social, Partido Comunista de Chile, Convergencia Social.

Algunas de las críticas al texto final propuesto por la Convención -como la del expresidente Ricardo Lagos- es que no suscita “consenso”. Otra de las explicaciones es que su articulado, en muchos aspectos, divide a los chilenos y que se necesita una Constitución que los una. Algunos analistas dicen que detrás del acuerdo está la mano de la expresidenta Michelle Bachelet.

¿Una Constitución que ni siquiera ha sido aprobada ni menos promulgada, “divide a los chilenos”? Lo que se aprecia en la campaña del rechazo, es el racismo, el odio, la xenofobia, pero en realidad no es la nueva Constitución la que divide a los chilenos y no desde ahora.

Lo que llama la atención es que Boric sucumba ante la oposición, en vez de escuchar las voces de importantes expertos internacionales, que han exaltado varios aspectos del texto que deberá ser votado. Más de 40 expertos firmaron una carta en la que afirman: “El mundo tiene mucho que aprender de los procesos ejemplares de la Convención y el visionario producto que se votará”. Entre los firmantes, los economistas Tomás Piketty (francés) y el coreano Ha- Joon Chang, sólo por nombrar a los más conocidos en Chile.

La difusión del acuerdo

El objetivo de la difusión del acuerdo entre las fuerzas tradicionales de la política y la centroizquierda es moderar aún más la propuesta constitucional asegurando importantes nichos de negocios. En el documento se asegura que no se eliminarán las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y se mantendrá su negocio, lo mismo para las clínicas privadas con el negocio de la salud, y de los colegios subvencionados en el caso de la educación.

También se comprometen a reponer el represivo Estado de Emergencia y limitar a su mínima expresión todos los aspectos relevantes de la plurinacionalidad.

Tras el llamado de Boric y las intensas negociaciones entre las coaliciones del oficialismo transó en cinco ejes: Sistema político, Plurinacionalidad, Derechos Sociales, Poder Judicial y Seguridad.

Sobre la Consulta indígena, se establecerá que su alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo, «se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales», satisfaciendo una de las demandas de la derecha sobre el texto.

En cuanto a las autonomías territoriales, el texto plantea que «se establecerá expresamente que las atribuciones de las autonomías territoriales deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile».

Sobre la justicia indígena, el acuerdo establece que «solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema».

Los partidos de gobierno proponen reponer el nombre de «Poder Judicial» y «revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces». También plantean «implementar el Recurso de Tutela».

En cuanto a la demanda de la derecha y los empresarios de reponer el Estado de Excepción de Emergencia, el texto establece que «proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar (…) en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho«.

Avanzando hacia el pasado

Apruebo Dignidad, las y los presidentes de 10 partidos y movimientos de gobierno aseguraron que seguirán existiendo las AFP, las clínicas privadas, los colegios particulares, que tanto reclamaban los empresarios.

En cuanto al sistema político, se establece que se comprometerán a «analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales», una de las demandas que más peso le puso el ex presidente Ricardo Lagos que propone reponer el Senado con todas sus atribuciones.

La posibilidad de que el congreso pueda votar leyes que tengan gasto fiscal, tiene relación con el neoliberal criterio de responsabilidad. Así, en el acuerdo se establece que «creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley».  También se señala que se eliminará la posibilidad de reelección presidencial de forma «consecutiva«.

El sistema de Pensiones será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad. Es decir, una garantía expresa que se mantendrán las AFP (en referencia las empresas que administran los fondos de jubilaciones y pensiones) y su negocio en base a los ahorros de las y los trabajadores y jubilados.

Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia.

En cuanto a Salud, se señala que la propuesta constitucional «no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada«. Se asegura así el negocio de las clínicas privadas. En la misma línea, en cuanto a Educación, se plantea que «la educación como derecho social, y en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada«.

Cabe destacar que en ningún caso el ejecutivo tiene un rol en la aprobación, expedición o sanción de la nueva Constitución, pero sí cuenta con todo el aparataje como para influir en la decisión popular. Y pareciera ser que cedió a las presiones de la derecha pinochetista confabulada con los Amarillos por Chile, que encabeza Cristián Warnken.

Hugo Murialdo señala en El Clarín que Boric, en su contradicción vital, se debate entre asumir los consejos de su gurú, el expresidente Ricardo Lagos, la derecha histórica; los que se autodefinen como “centroizquierda por el rechazo”; el conglomerado que lo apoya  o lo que dicta el Departamento de Estado estadounidense. Entre sus tribulaciones, añade, jamás podrá estar, aunque sea tangencialmente, la verdadera izquierda.

La presidenta del otrora poderoso Partido Socialista, Paulina Vodánovich es autora de una gran fantochada: “Yo le pediría al alcalde Jadue, recordando al Rey de España, que se quede callado, que nos deje seguir trabajando democráticamente, porque esta discusión está zanjada”. No se le ocurrió nada más democrático que citar a un rey -¿democrático?- muy corrupto, franquista y prepotente que se libró de que el presidente venezolano Hugo Chávez le contestara, debido a que no le escuchó su bravata.

* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)