Colombia-Venezuela y el difícil camino de rehacer confianza

Álvaro Verzi Rangel

El próximo presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que va a rehacer las relaciones con su vecino del norte, Venezuela, con el que comparte 2.218 quilómetros de desiertos, ríos, montañas y ecosistemas de frontera común, pero los siete pasos que interconectan a los dos países están cerrados y las relaciones rotas desde febrero de 2019.

Mientras, Colombia, socio privilegiado de Estados Unidos en América Latina, sigue albergando ocho bases militares estadounidenses y ha sido cabecera de los intentos desestabilizadores del gobierno venezolano, siguiendo la  hoja de ruta marcada por Washington.

A la espera de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, propuesta por Petro, ciudadanos y comerciantes de ambos lados de la frontera perfilan proyectos, trazan objetivos, evalúan la posible creación de una Zona Económica Especial, y procuran superar los retos para reconstruir la tensa relación bilateral golpeada durante años. Hay disposición a iniciar una nueva etapa de relaciones, que permita reconstruir la confianza mutua.

El desarrollo formal de las actividades en una frontera viva de gran intercambio social, cultural y con profundos lazos familiares, también tiene el desafío de batallar contra mafias y grupos criminales que imponen prácticas ilegales.

Pero no se puede reducir la estrategia simplemente a las relaciones diplomáticas o comerciales entre los gobiernos centrales, y el nuevo gobierno tendría que comenzar por garantizar, coordinado con su par venezolano, que los pasos fronterizos formales estén abiertos y su regulación sea acordada entre los dos países.

Cabe recordar que el enfrentamiento se volvió una especie de querella entre los dos jefes de Estado, Nicolás Maduro e Iván Duque, con mutuos señalamientos, insultos y medidas. Duque, en enero de 2019, reconoció y apoyó a Juan Guaidó como presidente interino y asumió la estrategia de Donald Trump de hacer un cerco diplomático para provocar la caída de Maduro. Pese a sus esfuerzos y la ayuda y financiamiento Washington, no lo logró.

Las modalidades en las que circula ese éxodo poblacional desde Venezuela hacia Colombia requieren que no sigan pasando por trochas ni pasos informales. La relación entre Colombia y Venezuela ha sido la de dos países con una articulada frontera y una amplia población binacional, pues cada uno ha sido el mayor destino migratorio del otro, así como con gran dinamismo comercial y muy buena integración económica.

Es necesario que los puentes internacionales funcionen plenamente para que fluya el comercio legal y se reconstruyan las interacciones económicas, que se generen empleos, que se ayuden a superar problemas de contrabando, economías ilegales y criminalidad que aprovecha ese cierre de pasos fronterizos formales.

También la reapertura de los consulados en ambos países es crucial. Eso implica que cada país tenga capacidad para atender a sus nacionales en el otro país. Esos consulados tienen que ser abiertos de manera inmediata para que todas esas poblaciones compartidas puedan regularizar su situación, ejercer derechos fundamentales y tener oportunidades.

Obviamente, es fundamental reactivar el comercio binacional. Si bien en 2021 se generaron muchos acercamientos entre los gremios económicos de ambos lados, que permitieron aumentar el uso de los procesos aduaneros en Maicao y Paraguachón, los únicos que están permitidos, y lograron aumentar la carga y el comercio, la inversión de muchos colombianos, estimulando la producción económica del lado venezolano.

Para la académica colombiana Socoro Ramírez, el nuevo gobierno tiene que partir de las dinámicas para la reapertura de los pasos fronterizos generadas por las cámaras de comercio y los gremios económicos, que han propuesto una hoja de ruta para revivir buena parte de esa positiva reintegración económica.

Añadió que es clave el envío de las representaciones diplomáticas de un país, pero eso no basta. Se debe comprender que las relaciones no se agotan entre Bogotá y Caracas, sino que se trata de un esfuerzo de reconstrucción de la relación interinstitucional que ha sido rota en un momento complicado de aumento de ese éxodo poblacional.

Además, hay comunidades indígenas compartidas, cuyo territorio es claramente transfronterizo. Y la representación diplomática tiene que entender la complejidad de la relación y ayudar a que se aplique una política integral.

Diversos analistas apuntan que el tema ambiental es decisivo, dadas  varias emergencias ambientales en ecosistemas compartidos, como por ejemplo en el Perijá. Y se debe revivir la Comisión Negociadora, la Comisión en que dialogan militares y policías para asuntos binacionales y fronterizos, que sin duda ayuda a construir la relación para que no se quede simplemente en un intercambio entre los dos presidentes.

La ruta para el restablecimiento de las relaciones fronterizas se inició en 2021 con la instalación del Consejo Binacional Intergremial del Eje Fronterizo Norte de Santander-Táchira. Luego se concretó el Encuentro Empresarial Acuerdo de la Frontera 2022 firmado por Fedecámaras Táchira y el Comité Intergremial del Norte de Santander en San Cristóbal, estado Táchira, en coordinación con las autoridades de ambos países.

Paramilitarismo y EEUU

Pensar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas también desde el escenario de la lucha contra el paramilitarismo exige una caracterización de los grupos armados que ejecutan operaciones encubiertas en la frontera, que recientemente obligaron al presidente venezolano Nicolás Maduro a extender la Operación Escudo Bolivariano contra el paramilitarismo al oriente venezolano.

La multiplicidad y complejidad de actores políticos, económicos, gubernamentales, policiales, militares, sociales, e incluso exguerrilleros de las antiguas FARC-EP que son parte de la realidad binacional, dificultaron consensos mínimos de convivencia. El posicionamiento geopolítico de Estados Unidos para tomar el poder en Venezuela pasa por la frontera con Colombia y apunta al Arco Minero del Orinoco como un enclave de extracción incluso más estratégico que los pozos petroleros, señala Danna Urdaneta.

El paramilitarismo en Colombia surgió en 1951 como dispositivo de guerra sucia del Estado y, lejos de combatir a los grupos insurgentes, ejecutaron hecatombes sociales para dar vía libre a las transnacionales y a las ganancias de los “grandes cacaos” colombianos. Obviamente, la expansión paramilitar en Venezuela no persigue a las guerrillas.

La Fundación Progresar –defensora de derechos humanos en Norte de Santander- denunció que el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas –más conocido como Clan del Golfo-, tiene presencia en 12 departamentos de Colombia, en especial en La Guajira y el área rural de Cúcuta en Norte de Santander, ambos frontera con Venezuela, cónsono con el reposicionamiento geopolítico de Estados Unidos contra Venezuela a través de fuerzas mixtas serviles a sus interese.

Estas están integradas por oficiales y soldados estadounidenses del Comando Sur, la Brigada de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad, el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército de Colombia, grupos paramilitares como el Décimo Frente, Frente 28 y Frente 45 que usurpan siglas guerrilleras, así como el Clan de Golfo, que tiene tomada la frontera occidental venezolana.

El objetivo estratégico de la expansión iniciada en 2016 es conectar su retaguardia estratégica en el noroccidente colombiano con todos los departamentos fronterizos con Venezuela, igual que se lo planteó las Autodefensas Unidas de Colombia en 1999.

Para la Fundación Progresar la expansión de corredores estratégicos durante el periodo 2019-2021 persigue utilizar a Venezuela y Brasil como países de paso para sacar la droga hacia Australia o Europa. El posicionamiento paramilitar en departamentos de Arauca, Vichada, Guainía conecta con el Arco Minero del Orinoco, riquezas que grupos económicos legales e ilegales pudieran legalizar en el territorio colombiano como puerto y punto de exportación del oro venezolano y otros recursos.

El análisis indica que no solo desde el Urabá, sino también desde las estructuras paramilitares de las regiones cocaleras del Meta y Guaviare, hubo participación de la incursión reciente en Cúcuta expresada en la toma paramilitar del Clan del Golfo de mayo de 2022.

*Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)