Una operación montada para vincular avión venezolano y terrorismo

Jorge Elbaum

El lunes 18 de julio, el día que se cumplían 28 años del criminal atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, fue entrevistado por el propagandista Jonatan Viale. Mientras el titular de la entidad se encontraba en Israel, señaló sin titubear que “algunos sectores del gobierno [argentino] son cómplices del terrorismo internacional”.

Regocijado con la imputación vertida por el titular de la entidad que expresa la fracción cambiemita de la colectividad judía, el operador de prensa no se mostró asombrado por la respuesta ni repreguntó sobre los sectores a los que hacía referencia. Dos días después, el ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán solicitó a la Argentina que se permitiera abandonar el país a los cinco ciudadanos persas retenidos desde que la aeronave Boeing 747-300M, matrícula YV3531, perteneciente a la Compañía Emtrasur, fuera inmovilizado por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.

Ese mismo día, el abogado defensor de los 19 integrantes de la tripulación, Hernán Emilio Carluccio, le solicitó al magistrado encargado de la instrucción que se autorizara a los retenidos el abandono del país y la consiguiente restitución de la aeronave, ante la inexistencia de delito. “En los 14 cuerpos que hasta la fecha han sido recopilados (…) no se ha dado con un indicio, una pista, un acto medianamente sospechoso”, consigna el escrito presentado por Carluccio.

El affaire del avión venezolano es la continuidad de la denuncia impulsada por Natalio Alberto Nisman, ligada a la ficción de su homicidio y la reapertura de la causa del memorándum, que fue anudada por Mauricio Macri en colaboración con el casador Mariano Borinsky y la DAIA. Todos ellos fueron apalancados por las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos e Israel, en connivencia con la trifecta mediática y las fracciones de los organismos de inteligencia local ligados con agencias extranjeras.

Esta alianza, además, desarrolla sus prácticas políticas y propagandísticas en un contexto geopolítico determinado. Los atentados en la embajada de Israel y en la AMIA se produjeron durante el menemismo y estuvieron directamente vinculados a la decisión de entablar relaciones carnales con EEUU, a sumarse a la coalición militar que participó de la Guerra del Golfo y a participar del contrabando de armas requerido por el Departamento de Estado. Esa inserción negligente en conflictos bélicos de Medio Oriente, ajenos a la realidad latinoamericana, convirtió a Buenos Aires en un elemental blanco de los ataques terroristas.

En la actualidad, la entente geopolítica orientada por Washington tiene otra configuración, aunque el mismo designio supremacista: busca actualizar un escenario de subalternidad para los países que pretende amarrados a lo que considera su área de seguridad estratégica o su patio trasero. Ese es el marco en el que se inscribe el affaire de la aeronave de Emtrasur: la búsqueda por subordinar la política exterior a los intereses del occidentalismo otantista, hoy en guerra larvada contra el nuevo eje del mal conformado por China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua y cualquier otro país que se atreva a definir en forma soberana su destino.

La denuncia presentada por la DAIA ante el juzgado de Villena sostiene que los 19 tripulantes deben ser considerados como protagonistas de “financiación de actividades terroristas o la instalación de una red de espionaje con objetivos terroristas». Con esas imputaciones, el titular de la entidad convertida en querellante serial trabaja para:

• Dañar al Poder Ejecutivo, criminalizando sus relaciones internacionales para impedir el desarrollo de lógicas multilaterales ajenas a los intereses del Departamento de Estado;
• cuestionar todo vínculo con países que no respondan a los intereses de Israel y Estados Unidos,
• encolumnar a la Argentina dentro del occidentalismo otantista, hoy en guerra contra la Federación Rusa; y
• entorpecer u obstaculizar toda articulación con los BRICS –conglomerado de países que desafían la hegemonía neoliberal– al que podrían integrarse tanto Buenos Aires como Teherán.

Terror al multilateralismo

 Para lograr sus objetivos, Knoblovits y la abogada Martha Nercellas –encargada de gestionar la querella– elaboraron una hoja de ruta orientada a extender el máximo posible la causa, sembrar de múltiples sospechas la instrucción (empiojando el expediente) y, llegado el caso, denunciar la impericia o negligencia del magistrado, a quien se deberá acusar de ser funcional a los apuros diplomáticos de “sectores del gobierno cómplices del terrorismo internacional”.

En la misma línea, el diputado del PRO que algunos periodistas televisivos nominan como Waldo Salsa Wolff, llegó a escribir tres falacias en un mismo twit: “Un avión Iraní voló con tripulantes de la brigada que depende de un acusado del atentado a la AMIA sin que nuestras autoridades hagan nada”. La aeronave no es persa sino venezolana.

Los tripulantes no pertenecen a ninguna brigada militar, y las autoridades hicieron lo que sus propios referentes –radicados en Jerusalén y Washington– aplaudieron, en el marco de una división del trabajo en la que los alfiles domésticos presionan mientras que las delegaciones diplomáticas se encargan de dar palmadas en la espalda.

De todas formas, para fortalecer los objetivos de la entente otantista los querellantes gozan del soporte primigenio de las agencias estadounidenses, que no dudan en hacer público su respaldo a través de las usinas mediáticas funcionales a esos designios: “Lo que están haciendo ustedes es muy importante. Es de esos trabajos que salvan vidas”, dijo un funcionario de la inteligencia norteamericana a un interlocutor ligado a la investigación, según confió al [diario] La Nación, una fuente que escuchó esa conversación”.

Los movimientos locales son coherentes con el creciente deterioro de las relaciones entre Rusia e Israel. Dos semanas antes de que Vladimir Putin se trasladara a Teherán para mantener una reunión con el Presidente persa, Ebrahim Raisi, y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, el Ministerio de Justicia ruso informaba sobre la presentación de una demanda contra la Agencia Judía, la organización paraestatal hebrea encargada de gestionar las inmigraciones hacia territorio israelí.

La imputación presentada por Moscú, destinada a prohibir las actividades israelíes, fue una respuesta inequívoca al posicionamiento del actual premier israelí, Yair Lapid, solidario con el gobierno de Volodímir Zelenski, que se ilusionó con desafiar la seguridad rusa con apoyo de los grupos neonazis y la asistencia militar de Washington.

La misma entente que trabaja en la querella contra los 19 tripulantes es la que se vio consternada con la decisión tomada por el Mercosur de no dialogar con el premier ucraniano durante la cumbre que se llevó a cabo en Paraguay. Esa misma preocupación es la que manifiestan con relación al sistemático desmembramiento de la unidad europea respecto del conflicto que funciona como el preludio de un orden global multipolarizado: quienes auguraban un debilitamiento de Moscú, como producto de los seis paquetes de sanciones económicas, asumen su fracaso.

Las finanzas rusas se han fortalecido; se han incrementado las exportaciones de gas y petróleo; el rublo cotiza con un valor superior al que tenía al inicio del conflicto bélico; y el proceso de sustitución de importaciones desplegado por las medidas del gobierno ha liberado las capacidades científico-tecnológicas que estaban orientadas prioritariamente a la producción de armas.

Hungría y Alemania –integrantes de la Unión Europea–, se niegan por su parte a suspender las importaciones de gas. Turquía se resiste a condenar la ofensiva militar de Putin y el sudeste asiático incrementa la adquisición de crudo ruso, que luego comercializa a la Unión Europea con un sobreprecio del 30%. Muchos analistas, además, observan que las caídas de los gobiernos de Italia y el Reino Unido deben ser interpretadas en el marco de las crisis económicas provocadas por el belicismo otantista.

La derecha cambiemita, a través de sus diferentes agencias, observa alarmada, al borde del pánico, la posibilidad de inserciones globales y formas de cooperación internacional ajenas a los mandatos del unipolarismo estipulado por la Doctrina Monroe, del que en 2023 se cumplirán dos siglos. Meses atrás, este colectivo neoliberal –que desvaloriza las soberanías nacionales– se ilusionaba con una derrota militar de Moscú, el regreso triunfante de Washington a la cúspide del poder mundial y el posterior disciplinamiento de las organizaciones políticas que se entusiasmaban con el amanecer de un nuevo tablero global.

Apenas tres meses atrás se multiplicaban las noticias sobre una enfermedad terminal sufrida por Putin. Esta última semana, el director de la CIA, William Burns, señaló que “hay muchos rumores sobre la salud del Presidente Putin, pero por lo que sabemos está demasiado sano”. Luego de que Burns compartiera esa información en el Foro de Seguridad realizado en Aspen, el último 21 de julio, varios analistas rusos recordaron la frase enunciada por el Premier ruso: “mirando lo que está pasando en el mundo (…) quiero decirles a aquellos que todavía están esperando el desvanecimiento gradual de Rusia: lo único que nos preocupa es cómo hacer para no resfriarnos en vuestro funeral”.

La convergencia entre países que el otantismo define como el eje del mal, junto a otros que simplemente reivindican su derecho a llevar a cabo relaciones soberanas de cooperación, se transforma en la gran preocupación de los grupos locales –políticos, judiciales, mediáticos y corporativos– que dependen de la injerencia de Washington para darle continuidad a sus mecanismos de dominación económica. La aeronave venezolana es solo una pequeña pieza de ese tablero que temen dejar de controlar.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)