DOSSIER: Chile, ¿fin del neoliberalismo?
Chile ¿será la tumba del neoliberalismo? De octubres y acuerdos![]()
Paula Giménez y Matías Caciabue
Este viernes, Gabriel Boric asumirá la presidencia de Chile, tras un proceso electoral signado por uno de los estallidos sociales y políticos más importantes en América Latina. Desde la insurrección de octubre, hacia los acuerdos de Paz y con la conformación de una convención constituyente como conquista las fuerzas populares de Chile se encuentran ante una encrucijada histórica que pone en juego el cumplimiento de las consignas que hace poco menos de dos años iniciaron una revuelta sostenida, sin precedentes.
El final del 2019 en Chile estuvo marcado por movilizaciones masivas, protestas y enfrentamientos. Miles de chilenos se manifestaron durante 25 días contra las políticas de Sebastián Piñera, desplegaron complejos procesos organizativos de una lucha, que involucró a viejos y nuevos actores en la escena y dejó para la historia nuevos símbolos, como el renombramiento, incluso en google maps de la Plaza de la Dignidad, antes Plaza Baquedano (también conocida como Plaza Italia).
Las protestas , que alcanzaron niveles de masividad insospechados, fueron reprimidas de las formas más cruentas sin efecto. Las y los manifestantes continuaron agrupándolos en torno a las consignas que fueron surgiendo, primero por el pasaje luego por salud digna, educación pública gratuita y de calidad, reconocimiento del trabajo no remunerado, defensa del patrimonio y jornada laboral de 40 horas. «Nos cansamos, nos unimos”, dijo el pueblo chileno.
¿Democracia de los Acuerdos o acuerdos por la “Paz”?
El día 15 de noviembre el Congreso Nacional de Chile, anunció, pasadas las 3 de la mañana, un amplio acuerdo por una Nueva Constitución, del que sólo quedó afuera el Partido Comunista.
El acuerdo contemplaba un plebiscito en abril de 2020 para preguntar a la ciudadanía: a) ¿Quiere usted una nueva Constitución? (apruebo o rechazo) b) ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? (Convención Mixta Constitucional –con parlamentarios- o Convención Constitucional). Las elecciones para cualquiera de los órganos se realizarían en el mes de octubre junto a la elección municipal. Desde la izquierda, algunos actores se inclinaron por la Asamblea Constitucional, pero optaron por profundizar la organización y mantener la lucha en las calles.
Los partidos firmantes fueron Democracia Cristiana, Partido Socialista, Unión Demócrata Independiente, Revolución Democrática, Partido por la Democracia, Renovación Nacional, Partido Liberal, Evópoli, Partido Comunes, Partido Radical, al que se sumó además el entonces diputado, Gabriel Boric.
Por su parte, el movimiento juvenil de Chile rechazó el Acuerdo para la Paz y la realización de un plebiscito para una nueva Constitución, suscritos por miembros del partido oficialista y otros de la oposición, al tiempo que convocó a continuar la movilización en las calles.
Nos encontramos ante un proceso de revuelta donde la socialdemocracia y los partidos tradicionales lograron canalizar el movimiento de masas hacia un proceso de reforma constitucional que contemple algunas concesiones sociales, una especie de dique de contención para el descontento.
En el mes de Noviembre el Partido Comunista, Partido Liberal, Revolución Democrática, Pro País, Democracia Cristiana, Comunes, Partido Humanista, Partido por la Democracia, Partido Socialista, Convergencia Social y Partido Regionalista, mediante un comunicado, acordaron el llamamiento a un plebiscito para convocar una Asamblea Nacional Constituyente con la representación de sectores populares.
“Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático” decía, al comienzo, el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”.
Lo que sucedió después ya es sabido, ganó el “Apruebo” y se conformó la Asamblea Constituyente que hasta hoy sigue trabajando sobre la reforma de la constitución pinochetista. Tensionando y en algunos casos entrando en contradicción con la lucha en las calles; se inició un camino electoral que fue mostrando, incluso en las elecciones primarias y las presidenciales, sus grandes debilidades.
Las elecciones realizadas el 18 de julio de 2021, fueron las primarias presidenciales que contó con 3 millones de votantes sobre un total de 14 millones de electores/as habilitados. Se pudo elegir cuál candidato presidencial los representaría en las elecciones de noviembre de acuerdo a dos coaliciones: Chile Vamos (Oficialismo) y Apruebo Dignidad (Dignidad). La coalición de derecha estuvo representada por Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evopoli), Mario Desbordes (RN) y Sebastián Sichel (Independiente); mientras que la izquierda tuvo en la contienda a Daniel Jadue (Partido Comunista) y Gabriel Boric (Frente Amplio). Resultaron ganadores por la derecha, Sebastian Sichel y por la izquierda, Gabriel Boric. La centroizquierda, la ex Concertación, no estuvieron presentes en las primarias por no llegar a acuerdo con la izquierda para presentarse, por lo que irán directamente a las elecciones de noviembre.
Un emergente en este proceso, fue la lista del pueblo, conformado por un sector del movimiento que a lo largo de estos tres años de lucha se mantuvo constante en la calle y que decidió participar del proceso electoral que daría forma a la convención constituyente, obteniendo 27 convencionales constituyentes de los 155 que debían elegirse. Si bien ellos no participaron de las elecciones primarias para las presidenciales se especulaba con su irrupción en las generales cosa que no sucedió porque su candidatura no fue aceptada.
La falta de participación en las elecciones por parte de las/los chilenos, no es una novedad. Lo que sí resulta novedoso, al menos para el debate político, es cómo se pasó de un momento de efervescencia a estos bajos índices de participación. ¿Será que el sistema electoral formal no fue comprendido como una vía de canalización de la lucha popular?
Finalmente Gabriel Boric, resultó electo presidente, tras una importante campaña de las organizaciones sociales de centro izquierda chilenas para vencer al candidato de derecha, Antonio Kast.
Desde el comienzo de la revuelta chilena se perfilaron dos opciones acerca de cómo resolver los problemas fundamentales de la sociedad. Gran parte de la socialdemocracia chilena se encontraba impregnada de ilusiones constitucionalistas, enfocaron la cuestión sólo en la necesidad de las reformas sociales. Se tensionó el “Acuerdo por la Paz” y se condujo a la lucha popular a un escenario institucional que sin dudas está signado por las reglas de juego de los poderes concentrados chilenos.
La convocatoria a la Asamblea Constituyente y la llegada de Boric a la presidencia, tendrán éxito sólo en la medida en que se consoliden la fuerza y el poder de las clases subalternas. No se puede trasladar el centro de gravedad al acto jurídico de proclamación y declaración de la Asamblea Constituyente, por más que el hecho en sí sea importante y siente un precedente. Es necesario que el nuevo germen de poder popular, las asambleas, los cabildos, las poblaciones con sus brigadas,la iniciativa popular, la ocupación de las calles, etc. que surgieron de la revuelta de 2019, trasladen el centro de gravedad a la lucha de clases.
Si triunfan, la Asamblea Constituyente y el gobierno de Boric tendrán la posibilidad de realizar reformas estructurales a lo que supo ser el estandarte neoliberal de la región. Se hace imprescindible que estas iniciativas surgidas al clamor de la lucha se vuelvan un elemento fundante y no fundado.
La taba está en el aire, o Chile será la tumba del neoliberalismo o habremos desperdiciado una oportunidad histórica, podríamos decir que el proceso iniciado en octubre es el que indefectiblemente debe determinar a Boric. La historia develará el curso de las grandes alamedas.
* Giménez es Psicóloga, Mg. en Seguridad de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política. Ambos son investigadores de Argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Chile, el gran laboratorio de las luchas del continente
Noelia Naranjo*
Ya pasaron más de 2 años desde que estudiantes y jóvenes irrumpieron de manera coordinada y masiva en las estaciones del subterráneo de Santiago, para evadir el pasaje, luego del aumento sostenido de la tarifa. Octubre de 2019 pareciera quedar lejos luego de una Pandemia, un Plebiscito y unas elecciones Presidenciales. Esa acción de desobediencia, en una sociedad disciplinada en el neoliberalismo más feroz, golpeó como una onda expansiva.
La rebeldía de jóvenes y mujeres fue masificando la furia de un Pueblo que soportó por años el peso de una de las economías más desiguales de la región: El país trasandino tiene el costo de vida y los niveles de endeudamiento sobre el salario más alto de Latinoamérica, y las restricciones de una democracia maltrecha, aún regida por la Constitución escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet, en 1980.
Si una nueva fase del modo de acumulación capitalista emerge visiblemente ante nuestros ojos, asentada en la digitalización de los procesos productivos y de la vida, la insurrección que llevó adelante el pueblo chileno nos ha mostrado el acumulado histórico y las nuevas formas de resistencia y de lucha que, a la par de estas transformaciones, se han ido moldeando. Chile es el gran laboratorio regional de la protesta social.
La onda expansiva continúa y da la vuelta al globo, con capacidades inéditas de universalizar el mensaje de una lucha que, hay que decirlo sin titubeos, tiene a las mujeres y diversidades en la vanguardia. ¿Qué hay de Hong kong, de los Chalecos Amarillos y de Black Lives Matters en Chile?¿Qué hay de Chile en Colombia, en India y en Brasil?
Las luchas sociales de Chile han interpretado muy bien la serie de transformaciones que han revolucionado todas las esferas de la vida, donde las armas para garantizar la extracción de plustrabajo, en el marco de las señaladas transformaciones en el proceso productivo del capital, son hoy cada vez más sofisticadas.
La descorporativización del ciudadano
Luego de la evasión masiva en los subterráneos, el 8 de octubre de 2019, la protesta escaló en Chile. La furia contenida dio como resultado acciones que consistieron en rotura de vidrios y molinetes, lanzamiento de escombros a las líneas electrificadas por parte de manifestantes. La policía elevó su presencia en las estaciones y reprimió, con chorros de agua y gases.
Bajo la consigna “nos cansamos, nos unimos”, día a día se fueron sumando sectores sociales que pedían por educación pública gratuita, salud digna, reconocimiento del trabajo no remunerado, jornada laboral de 40 horas, entre otras. El proceso construyó la “marcha más grande de la historia”, con más de un millón de personas en las calles.
El pueblo chileno perdió, por esos días, la inmovilidad y el miedo ante la constante represión de las fuerzas policiales. Logró descorporativizarse, rompiendo todos los límites de la conducta ciudadana, para conquistar masivamente las plazas y las calles, construyendo nuevos símbolos para la historia de esa lucha, como fue el renombramiento de la Plaza Italia, como Plaza de la Dignidad, epicentro de las protestas más masivas.
Igual que sucedió con los Chalecos Amarillos en Francia, o con las protestas organizadas en 2021, utilizaron las redes sociales para el intercambio y la coordinación para la efectivización de las acciones en el territorio. Las mujeres chilenas, a través del colectivo Las Tesis, con la performance “Un violador en tu camino” universalizaron un mensaje que recorrió Latinoamérica, pasó por Estados Unidos, llegó a Europa e incluso a países como la India y Turquía .
Así, entre viejas y nuevas tácticas de lucha, millones de chilenas y chilenos gritaron “sin justicia no hay paz” y juraron luchar hasta “que la dignidad sea costumbre”.
En ese marco, la llamada “Primera Línea” blindó las protestas que día a día fueron convocando cada vez a sectores sociales más amplios. La “Primera Línea”, compuesta en su mayoría por jóvenes pobres y marginados, estudiantes universitarios, secundarios y tribus urbanas organizados por fuera de las estructuras tradicionales fue uno de los emergentes que reflejó el espíritu de la masa y sus nuevos procesos de germen organizativo. Se constituyó en el escudo humano, encargado de enfrentar de forma directa a las fuerzas del orden y permitir que el resto de los manifestantes pudieran permanecer en las plazas.
Las redes organizativas en las barriadas y las ollas populares en las esquinas, se convirtieron en sostén y cadena de suministro de estas “Primeras Líneas”. La respuesta a la pregunta sobre quiénes fueron los presos procesados y torturados por el régimen, es un indicador del papel fundamental que tuvieron en la revuelta. Allanaron sus casas, las y los desaparecieron e, incluso, asesinaron. Aún hoy, en la previa de un cambio de gobierno, miles de presas y presos siguen pagando las consecuencias de su desobediencia.
Los métodos represivos, se fueron sofisticando. Gases lacrimógenos, camiones hidrantes con ácido, disparos a la línea de los ojos. En noviembre de 2019 se contabilizaban al menos 217 personas heridas por la policía en los ojos con perdigones o balines de goma.
La escalada de movilizaciones logró romper el cerco mediático e instalarse en la agenda pública, tanto a nivel nacional como internacional. La misma desató una disputa en torno a la legitimidad de los reclamos. El presidente Sebastián Piñera utilizó como marco la ley de seguridad, para instaurar un clima de guerra contra un enemigo interno. En cadena nacional, expresó: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, dijo.
Con esa maniobra, Piñera quiso dividir a la sociedad entre el “partido de los violentistas” y los “partidarios de la paz”.
Este era un llamado a la sociedad chilena a la defensa de la conciencia burguesa y a tomar posición en defensa de los “partidarios de la paz”. El régimen instalado en septiembre de 1973 era cada vez más consciente de la fractura de su hegemonía. El llamado “orden social” estaba roto, y las superestructuras sufrieron lo que Álvaro García Linera denomina una “crisis de estatalidad”.
Los números que arrojaron los primeros 100 días de lucha son contundentes. Dejan ver el grado del enfrentamiento social. En términos represivos, se contabilizaron 26 muertos, 11.562 heridos, 15 mil personas detenidas, 442 torturas y abusos. A su vez, se denunciaron 1.383 vulneraciones cometidas, siendo la más recurrente el uso excesivo de la fuerza en detención, con 787 casos, las torturas y otros tratos crueles, en 405 ocasiones, y violencia sexual, en 192. La gestión del presidente Piñera, alcanzó, hacia fines de 2019, apenas el 13% de aprobación, frente a una imagen negativa del 79%.
La respuesta del movimiento de masas, no amainó. En la plaza de la Dignidad, a la tercera noche del toque de queda, uno de sus edificios más emblemáticos se iluminó con el mensaje: “No estamos en guerra”. La frase se volvió viral inmediatamente y, a través de las redes sociales, se trasladó al resto del país. Esta consigna se convirtió en una de las más usadas en las protestas que se adueñaron de las calles chilenas. Nos encontramos así, ante “la marcha más grande de la historia”.
En este proceso de descorporativización ciudadana, chilenos y chilenas perdieron el miedo, la inmovilidad y el respeto ante lo instituido, y no cedieron ante la invitación del gobierno a tomar posición a favor de la aparente comodidad que brinda el régimen.
Las consignas que se multiplicaron en las calles y en las redes golpearon a la política de gobierno, pero también 
pidieron un cambio de sistema. Cuando el presidente intentó dar marcha atrás con el aumento de la tarifa, dijeron “No son 30 pesos, son 30 años”. Las demandas escalaron: “Somos los de abajo y vamos por los de arriba”, “Chile será la tumba del neoliberalismo”. Entre las demandas por “Salario mínimo de 500.000 pesos”, “Pensión mínima equivalente al salario mínimo”, “Canasta de servicios básicos protegida”; “Transporte de pasajeros estatal y gratuidad para personas de la tercera edad y estudiantes”, aparecieron también los pedidos por una “Nueva Constitución”.
En síntesis, el mundo entero reprodujo: “Chile despertó” y chilenos y chilenas se propusieron a dar batalla “Hasta que la dignidad sea costumbre”.
El movimiento estudiantil, que hizo de la elaboración de un discurso crítico respecto al sistema educativo todo un recorrido político e histórico, también se constituyó como un actor clave. No sólo en la consolidación de una oposición al régimen financiero liberal, responsable del embargo de muchas vidas chilenas, sino que se constituyó en la chispa que dió paso al incendio en el marco de una sociedad que se proyectaba como “modelo” a nivel regional.
La causa mapuche, históricamente vapuleada, cobró relevancia. La misma, se convirtió en un eje aglutinador del descontento general. La bandera y la consigna de lucha mapuche se convirtieron en referencia para todos los sectores subalternos, resignificadas como elemento simbólico de unidad y conciencia de clase, como estandarte de descolonización, como síntesis de años de lucha contra la explotación.
Años de desigualdad económica fueron, paradójicamente, igualando a las distintas fracciones de una misma clase, que se proletarizó, producto de la homogeneización de sus condiciones de vida. Todo esto frente a un sistema económico cada vez más revolucionario en sus formas de concentración y expoliación.
Las mayorías chilenas demostraron capacidad para sostener la movilización callejera, ejercitando día a día el músculo de la lucha y la organización popular. La práctica cotidiana borró los límites entre los hombres de traje y las mujeres con ropa de oficina, y las y los jóvenes de la primera línea. Fue formando la conciencia común de pertenecer a las clases subalternas.
¿Protestas sin formas o nuevas formas de organización?
El Financial Times, medio periodístico británico de capitales transnacionalizados, usina intelectual del proyecto estratégico globalista, echó un vistazo a la región y comparó los hechos que sucedieron en Chile con los acontecimientos que se desarrollan al otro lado del Atlántico y del Pacífico. Afirmó que las protestas masivas que estallaron durante el 2018 en Asia, Europa, África, América Latina y Medio Oriente comparten ciertas características importantes:
“Se trata de rebeliones sin líderes, cuya organización y principios no se exponen en un pequeño libro rojo o se eliminan en las reuniones del partido, sino que emergen en las redes sociales. Estas son revueltas convocadas por teléfonos inteligentes e inspiradas en hashtags, en lugar de guiarse por los líderes del partido y los eslóganes redactados por los comités centrales”, señaló.
El territorio virtual se convirtió en una mediación para la producción de poder y, gracias a las redes sociales, las luchas no sólo lograron tomar escala global, sino que, además, permitieron -y permiten- intercambiar las banderas, grandes consignas o incluso movimientos tácticos para trabajar en el territorio local.
El pueblo chileno logró saltar el cerco mediático a través de las redes sociales, mostrando en videos y testimonios la magnitud de las movilizaciones y las acciones represivas que las Fuerzas de Seguridad instrumentaron contra los manifestantes, ante los ojos de toda la comunidad internacional. Algo que impulsó de manera muy efectiva el movimiento Black Lives Matters y que ocurrió en Colombia, meses después.
Las acciones en la calle, sumadas a esta red comunicativa en el escenario virtual (que permitió romper el silencio) tuvo efectos reales. La producción de poder se materializó en la cancelación de la Cumbre del Clima (Cop25), que se trasladó a Madrid, y del Foro de la APEC (Cooperación Económica Asia Pacífico), que iba a desarrollarse en noviembre, con Chile como anfitrión. Incluso se debió mudar a Lima la final de la Copa Libertadores de América.
También utilizaron, como en Hong Kong, rayos lásers para disuadir, bloquear y hasta derribar los drones y los aparatos de vilgilancia y reconocimiento facial utilizados por la policía. Los métodos de camuflaje, con ropa negra, paraguas y trapos en la cara. La interrupción de eventos públicos y de visibilidad internacional, como el Festival de Viña del Mar. El uso de redes privadas virtuales para evadir los bloqueos de internet y aplicaciones para el seguimiento de los movimientos de la policía. El Pueblo de Chile mostraba una enorme decisión y creatividad para luchar contra un “modelo” que sólo le cierra a una elite económica y política.
Las luchas, la pandemia y el Estado
El 3 de marzo de 2020 se dió el primer caso de COVID-19 en el país. Allí, las manifestaciones sociales sufrieron una “reordenamiento” debido a las condiciones de aislamiento sanitario. Esto reconfiguró los escenarios de lucha para los diversos sectores sociales que venían manifestándose luego de la revuelta de Octubre de 2019, los núcleos más activos redireccionaron su táctica, desde las movilizaciones masivas hacia la protesta y organización territorial en las localidades.
El enfrentamiento cuerpo a cuerpo con las fuerzas del orden quedó repentinamente subordinado a la situación sanitaria. El proceso organizativo, nunca interrumpido, fue quedando descentralizado, y el debate fue progresivamente codificado bajo las reglas que impone la vía institucional.
¿Qué sucedió con la efervensencia? Los movimientos populares no son un bloque homogéneo sino, más bien, objeto de una disputa entre fracciones afluentes por imponer una mirada e imprimir una direccionalidad. La revuelta chilena fue ingresando a un cauce que la condujo hacia un debate institucional, donde las reglas del enfrentamiento son otras, escritas, en general, pero no únicamente, por las fracciones dominantes.
La dirección que vaya tomando el gobierno de Boric, nos permitirá medir cuánto de la fuerza y el poder construido y realizado a pedradas en la calle, arrastra o representa este gobierno. Esto, la mayoría de las veces, no es un problema de voluntades, sino de correlaciones de fuerzas económicas, sociales y políticas.
De hecho, el gabinete del nuevo gobierno exhibe las tensiones entre las distintas formas que las revueltas han ido cobrando. Comprender la lucha chilena, en el marco de una guerra multidimensional, híbrida, irrestricta, no convencional, desde la cual los grandes poderes transnacionales se disputan el reparto del globo, es fundamental. El error sería caer en lecturas idealizantes.
La historia de los pueblos ha demostrado que la insurrección es un arte, donde es necesario ir conquistando triunfos cotidianos y seguir avanzando de uno en otro, sin interrumpir la ofensiva contra el enemigo. Los procesos que avanzan se apoyan siempre en los sectores sociales (las fracciones de clase) más decididos por la transformación social, aquellos con capacidad de arrastrar tras de sí a las mayorías, y sostenerse en el ascenso de las luchas populares. Gabriel Boric, el nuevo Presidente, se encuentra en el desafío de ser un intérprete de ese Chile que finalmente despertó.
*Naranjo es Lic. en Ciencia Política y Administración Pública; Docente UNCuyo; Diplomada en Educación Superior; Secretaria General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo y Secretaria de Relaciones Institucionales de la Federación de Docentes Universitarios (CONADU)
Boric y el litio: aires de cambio en Chile
Tomás Mondino
La llegada de Gabriel Boric al Palacio de la Moneda como Presidente de la República de Chile genera expectativas tanto en el pueblo chileno como en el resto del mundo. Con la promesa de cambios político-económicos radicales comparados con la administración del saliente presidente neoliberal Piñera, se abren incógnitas sobre el futuro de uno de los pilares económicos chilenos, la producción minera y su cadena de valor.
La minería de Chile está apalancada fundamentalmente en la extracción de cobre, siendo el mayor productor mundial, con casi el 25% del total producido mundialmente (USGS, 2021). Sin embargo, a pesar de ser uno de los mayores extractores de cobre, su proceso de agregado de valor sobre el mineral es muy pobre, ya que, para dar un ejemplo, refina menos del 50% del total producido.
Si bien la producción de cobre es la actividad minera que mayores recursos le genera al Estado chileno, principalmente luego de la estatización de las empresas mineras de cobre en la década del 70 durante la presidencia de Salvador Allende, y la posterior creación de la estatal CODELCO, hoy la disputa principal está puesta sobre el litio. Chile, en conjunto con Bolivia y Argentina forman el “triángulo del litio”, el cual cuenta con casi el 60% de los recursos de litio a nivel mundial, pero en su conjunto sólo aporta aproximadamente el 29% del litio producido mundialmente. De los tres países que forman parte de esta zona geográfica, Chile es el mayor productor de litio, con un 70% de la producción latinoamericana.
El litio como mineral estratégico
La transición energética planteada a nivel mundial para disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, y cumplir con el Acuerdo de París, presenta un giro en la dependencia de los recursos naturales. La actual matriz energética mundial está basada fuertemente en la explotación de hidrocarburos, pero las nuevas tecnologías energéticas que se proponen como las encargadas de suplantar las tecnologías convencionales, requieren un fuerte aumento en la explotación de minerales, donde, según informes de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) y Banco Mundial, entre otros, el mineral que mayor crecimiento debe experimentar para cumplir con los objetivos medioambientales es el litio. Esta tendencia en el aumento de la demanda, está poniendo en tensión toda la estructura de abastecimiento de litio, plasmada en un aumento del litio de casi un 400% en el último año.
El aumento de la demanda de este material está apalancado por la creciente demanda en de acumuladores (o baterías) utilizadas principalmente para la movilidad eléctrica. Hace diez años, la utilización de litio para las baterías rondaba el 2% del total producido, en 2020 ese porcentaje aumentó al 65%, y la banca financiera Citigroup estima que aumentará al 75% en el 2025.
El futuro del litio chileno
En su plataforma de campaña, la alianza progresista personificada en Gabriel Boric, manifestó sus intenciones respecto de este recurso: “se promoverá la creación de una empresa nacional de litio que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso estratégico, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción”. Esta propuesta parece indicar que el objetivo es crear una empresa estatal para la explotación del litio, similar a Corporación Estatal dedicada a la explotación minera de Cobre, Codelco, pero nada se ha dicho sobre la participación de empresas privadas.
La disputa en torno al recurso escaló en el mes de enero de este año, cuando el presidente en retirada Sebastian Piñera, anunció una millonaria adjudicación a dos empresas para la extracción de litio: la automotriz china ByD y la chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte, obtuvieron contratos de extracción de litio por 61 y 60 millones de dólares, respectivamente, por un plazo de 20 años. Ante esta situación, Gabriel Boric declaró: “Esta es una atribución exclusiva del gobierno en ejercicio y nos parece que es una mala noticia. Me recuerda a esas leyes de amarre que se hacían a última hora», y adelantó que revisarían la maniobra de Piñera para condicionar la extracción litífera del país. Por otro lado, Raúl Soto, diputado del Partido por la Democracia, se expidió categóricamente: «No vamos a permitir que el gobierno regale este producto estratégico».
Las alianzas regionales
La llegada de Gabriel Boric al gobierno chileno abre la oportunidad de generar una integración política y económica entre los países que conforman el triángulo del litio, para sumar voluntades y establecer estrategias conjuntas sobre este recurso que se encuentra en los salares andinos y es tan fundamental para el proceso de transición energética que experimenta el mundo. La relevancia estratégica de la región queda a la vista si se tiene en cuenta la demanda actual, sus proyecciones y la cantidad de recursos y reservas de litio con las que cuentan los países. No hay que olvidar que en el golpe de estado que sufrió el pueblo boliviano en el que fue derrocado el presidente Evo Morales en 2019, los recursos de litio eran un eje de disputa central. Así lo evidenció Elon Musk, quien a propósito de las denuncias sobre el golpe y su vinculación con el interés por apropiarse del litio boliviano, escribió en Twitter: “Vamos a golpear a quien queramos. Lidien con eso”.
El camino para la integración ya dió pasos concretos el año pasado, cuando se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología argentino y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia para establecer una agenda común y de intercambio científico tecnológico en torno al litio, tanto en la extracción como en su agregado de valor. Este acuerdo, sumado al asesoramiento del gobierno boliviano a México marcan los cimientos para la consolidación de una estrategia regional para los recursos de litíferos de América Latina.
Las decisiones que tome el nuevo gobierno chileno sobre los recursos estratégicos de litio serán decisivas para el país y la región. Estamos ante un momento bisagra, en el que es necesario rediscutir el quehacer con los recursos naturales, fundamentalmente con el litio. Los intereses en disputa son muchos, y los gobiernos populares tienen la tarea de defender los intereses del pueblo que los ha elegido. Con la distribución de los ingresos fiscales no basta, es necesario hacer partícipe a la sociedad de las discusiones y decisiones sobre los recursos soberanos de la nación.
[*]Ingeniero Químico y Doctorando en Ciencias Químicas (UNRC). Investigador del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia y al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégicos (CLAE).
Mujeres, protagonistas de la construcción de un nuevo Chile
Emilia Trabucco
Desde el comienzo de la revuelta popular chilena, en octubre de 2019, quiebre del consenso neoliberal que duró más de 30 años y apertura de un nuevo tiempo social, el movimiento feminista protagonizó la lucha de calle y el tejido de redes organizativas “glocales”, es decir, desde el territorio cercano, pero con una mirada que busca el impacto global.
La situación de las mujeres chilenas: algunos datos
Las trabajadoras movemos el mundo, sin embargo, nuestra participación en la economía muestra una gran desigualdad. Chile no es la excepción.
En su Informe de Política Monetaria de junio del 2020, el Banco Central de Chile realizó una valoración del aporte a la economía que implican las tareas domésticas y de cuidado en el hogar que, en su inmensa mayoría, son realizadas por las mujeres. La medición alcanzó el 26% del PIB durante ese año.
En la última década, el aumento de la participación femenina en Chile -que mide la proporción de la población en edad de trabajar que está ocupada o desocupada- en el mercado laboral fue sostenido. Pasó de un 46,8% a un 52,5%, en una trayectoria que se rompió en 2019 y en 2020, traduciéndose en una brutal caída de más de diez puntos, ubicándose en torno al 41,2%. Según las cifras del INE, el instituto de estadísticas del país, en el 2020 unas 910 mil trabajadoras perdieron su fuente laboral, mientras que aquellas que no fueron a engrosar el ejército de desocupades vieron aumentar la brecha salarial hasta alcanzar un 27,2%.
En Chile, el femicidio era hasta hace muy poco, tipificado de manera parcial, en tanto sólo se consideró los asesinatos de mujeres cometidos por sus cónyuges, convivientes, ex cónyuges o ex convivientes. El marco lo brinda la Ley N° 20.480, sancionada en 2010, que no recoge el sentido real del femicidio, debido a que lo reduce a las relaciones de familia, desconociendo aquellos asesinatos de mujeres que se cometen en otros ámbitos y que obedecen a las mismas causas: misoginia, sometimiento, opresión, desprecio por la vida de las mujeres, búsqueda de control de su sexualidad y capacidad reproductiva.
Es así como quedaban fuera de la ley las mujeres y niñas violadas y asesinadas por conocidos, amigos, desconocidos, clientes y los crímenes de odio a lesbianas. Sin embargo, estas limitantes fueron acogidas en el año 2020 con la promulgación de la “Ley Gabriela” (N° 21.212), en que se amplía el marco legal para que se considere como femicidio el asesinato de una mujer a causa de su género, sin importar la relación que exista con el agresor. Según la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, en 2020 se registraron 77 femicidios, 67 en 2021 y 8 en lo que va del 2022.
Si hablamos de condiciones dentro del ámbito doméstico, el hogar fue -como en el resto de los países latinoamericanos- durante la cuarentena, un espacio inseguro para miles de mujeres en Chile. Según cifras del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), las llamadas al número de emergencia aumentaron en un 190% durante mayo y septiembre del 2020 y los mensajes al WhatsApp silencioso, medida implementada en abril, sumaron más de 18 mil. El aislamiento sanitario y los brutales aumentos de desocupación se encargaron de ser el caldo de cultivo de la violencia económica, física, psicológica recrudecida en tiempos de crisis.
Al momento del estallido, las organizaciones feministas y de mujeres ya llevaban mucho camino recorrido. Desde hace años venían creando organizaciones y activándose en los territorios, escuelas, universidades y barrios. Los movimientos feministas comenzaron con un reclamo político-gremial y fueron tejiéndose en las protestas de las demás organizaciones sociales, formando parte también del colectivo que reclamó la renuncia del presidente Piñera y sus políticas de gobierno.
El 8M de 2020: “Somos Históricas”
El proceso de lucha social iniciado en 2019 fue marcado a fuego por el movimiento feminista, y la Plaza de la Dignidad fue testigo de una movilización masiva de las viejas, jovenes y niñas, que protagonizaron rebelde y organizadamente el 8 de marzo, a cinco meses de iniciado el ciclo de protesta popular.
El Movimiento por el Aborto Libre, el “Me Too” en 2015, las movilizaciones de estudiantes contra el abuso y acoso en 2016, las históricas manifestaciones y tomas estudiantiles en el Mayo Feminista de 2018, fueron la antesala de la gran convocatoria a la Huelga del 8M del 2020. La masividad y la diversidad de consignas, dieron cuenta de la fuerza, heterogeneidad y niveles de lucha del movimiento feminista en acción.
En un burdo intento de invisibilizar la efervescencia feminista, Carabineros cifró, primero en 110 mil y, luego, en apenas 125 mil las asistentes a la movilización del 8M, pero las organizaciones feministas sostienen que casi dos millones de personas se movilizaron en la Plaza de la Dignidad y en todo Chile ese día. Mujeres de todas partes del país se adhirieron a la masiva convocatoria feminista.
En Valparaíso, más de 20 mil manifestantes –de acuerdo a las proyecciones de la Intendencia– se congregaron en el centro de la ciudad puerto, pero también en las cercanías del Congreso Nacional, que estuvo resguardado por un fuerte contingente policial. En Concepción se realizó una bicicletada en plena carretera. En Osorno, hubo una manifestación en el frente de la catedral de la ciudad. En Puerto Montt, se llevaron a cabo expresiones artísticas para conmemorar la icónica fecha. Es decir, el movimiento feminista protagonizó en todo Chile, la fuerza de calle.
La manifestación del 2020 llamó a expresarse “Contra el terrorismo de Estado”, que se hizo patente en el estallido, estuvo marcada por el emblemático canto contra la violencia de Las Tesis, performance que dio la vuelta al mundo con la frase “El violador eres tú”, indicando como responsables al Estado, a Sebastián Piñera y al patriarcado, en todas sus formas de opresión y desigualdad.
Al finalizar la histórica movilización, la Coordinadora “8M” dio lectura a su manifiesto de la Huelga General Feminista 2020: “Exigimos el fin de las violaciones a los Derechos Humanos, que nunca más pretendan acallarnos con las mutilaciones, las desapariciones, las torturas, los abusos, las violaciones, los secuestros, las golpizas y la persecución. Exigimos la salida de Sebastián Piñera y todo su Gobierno por haberle declarado la guerra al pueblo. Exigimos la salida de la ministra Plá por su silencio cómplice frente a la violencia política sexual. Luchamos por una Comisión independiente de Verdad, Justicia y Reparación y exigimos la liberación inmediata de todos, los y las presas políticas de la revuelta”.
Además, en el marco de la crisis sanitaria desatada por el COVID – 19, surgieron “Brigadas de sanitización” como una respuesta del pueblo en situación de rebelión popular. Se destacó específicamente la experiencia del Comité de Emergencia Territorial Metro La Granja cuya consigna afirmaba que “Solo el pueblo ayuda al pueblo”.
La creatividad feminista y popular
El grupo feminista chileno “Las Tesis” logró globalizar su intervención “El violador eres tú” por medio de las redes sociales. Ese canto, hoy aparece como una especie de himno feminista en el mundo. En el mes de diciembre de 2020, las mujeres de Comunidades Mapuche se manifestaron en la ciudad de Temuco en rechazo a la prolongación del estado de emergencia en las regiones de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.
En las protestas sociales en América Latina se puede observar que el movimiento feminista constituye un sujeto social de permanente iniciativa y creatividad, de convocatoria y legitimidad, es decir, de vanguardia social y política. En el caso de Chile, eso también jugó en el triunfo de segunda vuelta de Gabriel Boric. Aún con muchas organizaciones feministas sosteniendo su autonomía política, Boric fue acompañado por el movimiento feminista y apoyado electoralmente por sus organizaciones y redes políticas.
Según una nota del diario “El País” de España, “la movilización de las mujeres, especialmente de las más jóvenes, fue clave para la contundente victoria del izquierdista en las presidenciales”. En tal sentido, un informe presentado por el periódico “La Tercera” de Chile el 21 de diciembre de 2021, sobre la segunda vuelta electoral entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el candidato de la derecha (ex militante del partido pinochetista “UDI”), indicó que “entre las menores de 30 años la diferencia casi llegó a 70-30 a favor del candidato de Apruebo Dignidad [partido de Boric]. Kast, en tanto, se impuso entre los mayores de 70 años”.
Todo estaba dicho. El movimiento feminista chileno mostró una enorme capacidad de dar direccionalidad al movimiento social, promoviendo la lucha de calles y, también, de urnas. No por nada, en la conformación de su primer gabinete, el presidente electo decidió que 14 de los 24 funcionarios serán mujeres, “remarcando que algunas de ellas ocuparán carteras trascendentales como la Cancillería, Interior y Seguridad, Medio Ambiente, Justicia, Trabajo, entre otras. Será el primer gabinete de la historia chilena con mayoría femenina” (France 24, 21/01/2022).
Las mujeres chilenas siguen en lucha
La Pandemia no eliminó la movilización social en Chile, sino que la ha transformado, reconfigurando el territorio de la lucha. El movimiento de mujeres y disidencias sigue mostrando todo su carácter político popular.
En todo este período, el movimiento feminista tuvo un rol importante en las protestas de muchos países, principalmente en América Latina, siendo la protagonista de muchos de los conflictos desatados. Chile es, en tal sentido, un gran ejemplo. Cabe destacar que la agenda de acciones realizadas por el movimiento feminista, cuya convocatoria y viralización de reivindicaciones se teje principalmente en las redes sociales, son poco documentadas por los medios masivos de comunicación. Cuando son registradas sus luchas, estas quedan “edulcoradas” en los lentes del feminismo “blanco”, ese que irradia de manera políticamente correcta desde las plataformas globales de entretenimiento, como Netflix.
Por todos los “medios”, se trata de que el movimiento de mujeres no irradie toda su potencia transformadora en otros sectores y territorios. El feminismo –al igual que el ambientalismo- configuran protestas de calle, con movilizaciones masivas, que contienen nuevas formas de lucha. Ejemplo de esto son las intervenciones artísticas y performances, que buscan tensionar e impactar desde otro lugar, que no encaja ya con las tradicionales estructuras político partidarias.
El feminismo chileno, con un sentido de “glocalidad”, su iniciativa de calle, su creatividad colectiva, su capacidad de articulación heterogénea, su claridad programática y su flexibilidad táctica, ha mostrado que las mujeres son y serán protagonistas de la construcción de una oportunidad histórica para las clases populares. Trabajadoras, estudiantes, artistas, activistas, militantes políticas y sociales, viejas, jóvenes y niñas de la ciudad y del campo, dispuestas a cuestionar no solo el orden patriarcal, sino también, dedicadas a la construcción diaria de relaciones sociales desmercantilizadas.
En este momento del capitalismo, en su fase global y digital, que impone nuevos desafíos a las fuerzas populares y particularmente en este nuevo tiempo chileno que sintetiza -con múltiples contradicciones- un proceso de acumulación histórica de lucha social, resultará clave para las clases subalternas chilenas, que sus feminismos no caigan en la institucionalización que burocratizaría su praxis, encuadrándola en los canales del Estado.
Muy por el contrario, la radicalidad de su programa contiene la potencia transformadora del poder que emana de una red que organiza y articula conscientemente, en medio de la crisis general, la necesidad del pueblo chileno de avanzar en la verdadera construcción de un país para todas, todos y todes, desbordando y revolucionando las estructuras que aún hoy, ordenan la vida política y social, partiendo de las victorias alcanzadas tras el estallido popular.
*Psicóloga. militante sindical y feminista. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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