La líder social Milagro Sala, seis años encarcelada: con presos políticos no hay democracia

 Rodolfo Koé Gutiérrez

Dirigentes sociales y políticos reclamaron la libertad de la líder social de la organización Tupac Amaru, encarcelada el 16 de 2016 por participar de una protesta frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, a días de la asunción de Gerardo Morales como gobernador de esa norteña provincia.

Su detención arbitraria durante seis años, es expresión de cómo el neoliberalismno macrista criminalizó la protesta. «El caso de la líder de la Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública», señalaron.

En ese marco, plantearon que «la criminalización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes políticos, sociales y sindicales como práctica durante el macrismo fue una constante que en el caso de Milagro y sus compañerxs pone de manifiesto la malicia de sus mentores, ejecutores y cómplices».

La líder de la organización Tupac Amaru y entonces diputado del Parlasur fue detenida el 16 de enero de 2016 por participar de una protesta que se organizó en forma de acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy a días de la asunción del radical Gerardo Morales como gobernador de la provincia.

Demián Verduga relata en Tiempo Argentino, lo que aconteció hace seis años: “Se paró delante de la ventana de su despacho en la gobernación de Jujuy. Corrió la cortina y miró hacia afuera. Gerardo Morales intentó contar las carpas tipo iglú que cubrían la Plaza Belgrano. Tenían techos naranja, amarillo, blanco, rojo, parecían formar la bandera de los pueblos originarios. Recorrió con la mirada tratando de divisar a su presa. No alcanzó a distinguirla entre las mujeres sentadas a la sombra de los árboles”.

“Soltó la cortina. Dirigió la vista a su escritorio, en el que reposaban decenas de carpetas sobre las que se apoyaría la principal meta de su gestión: encarcelar a Milagro Sala y, de ser posible, que jamás en la vida vuelva a estar en libertad”, añadió.

Un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) pone los datos con una precisión: “Lleva 2190 días detenida. En este lapso atravesó seis debates orales y públicos, uno en el fuero federal, cuatro en la Justicia de Jujuy y uno en el fuero contravencional. Además tiene dos causas en investigación y tres más elevadas a juicio oral”. Es un laberinto judicial infinito construido para que jamás se encuentre la salida.

El 29 de enero de 2016 un juez ordenó la excarcelación de Sala pero el mismo día pidió su detención en otro expediente conocido como «Pibes Villeros». La revisión de esa causa por defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita, está desde marzo de 2020 bajo consideración de la Corte Suprema de Justicia.

En la solicitada publicada este domingo, los distintos sectores sostuvieron que «el caso de Milagro es el que mayor visibilidad tiene en Jujuy, provincia en la que hay aún hoy otros siete presas y presos políticos de la organización social que más ha hecho para garantizar los derechos de los vulnerables». Asimismo, advirtieron que la detención de Milagro Sala «debe cesar cuanto antes» debido a que esta situación «lesiona gravemente la democracia.»

Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, calificó hoy de «ilegal, arbitraria e injusta» la detención de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, y reclamó a la Corte Suprema que resuelva una de las causas contra la dirigente que «hace dos años espera resolución».

“Además de Milagro siguen presos y presas varios compañeros y compañeras de la Tupac en Jujuy”, dijo la exabogada de Sala. La ministra sostuvo que «son tres poderes del Estado según la Constitución», esto «quiere decir que hay tres cabezas de gobierno» y «nadie puede dudar que la Corte es un organismo donde se toman decisiones de gobierno».

Un grupo de abogados y trabajadores de la justicia organizados en el movimiento Palabra Justa, pidió la intervención del Poder Judicial de Jujuy, señalando al gobierno de Morales. Son importantes dirigentes, entre ellos están la abogada Graciana Peñaflor, el excanciller Héctor Timerman, Juan Grabois, dirigente de organizaciones sociales, y el diputado oficialista Rodolfo Tailhade.

Asimismo, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo que el día que encarcelaron a la dirigente jujeña comenzó en el país «la transformación del aparato judicial en un aparato de persecución». Recordó que su organización presentó dos proyectos en el Parlasur, y uno de ellos es justamente la «tipificación del lawfare», porque en su opinión «no es cualquier política judicial de persecución, sino que está inserta en un plan de dominación colonial».

La solicitada fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

El gobernador derechista de Jujuy, Morales, intentó pasar por encima del derecho internacional y los acuerdos que tienen rango constitucional en la Argentina. Quiso desconocer la recomendación que hizo la ONU pidiendo que Milagro sea liberada o tenga arresto domiciliario para preservar su salud. Luego vino un fallo en el mismo sentido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la Corte Suprema ordenó respetar la decisión.

Quizás la idea final de los perseguidores era que Milagro muriese en la cárcel lo antes posible. De todas formas, la vergonzosa prisión política de Milagro Sala es una herida sangrante de la democracia argentina, un país que fue ejemplo en el mundo por haber juzgando a sus propios militares por crímenes de lesa humanidad.

* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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