Aprietes entre el gobierno y la Corte, y deterioro institucional en Argentina

Juan Guahán |

 Que el sistema institucional argentino está en crisis no es ninguna novedad. Recurrentemente aparecen manifestaciones que lo prueban. La última  semana, tal situación volvió a ponerse en evidencia y esta vez se mostró en el entredicho entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Es sabido –en términos generales- que el Poder Judicial actúa como un resguardo para la continuidad del sistema imperante, históricamente es el sector más conservador de nuestro régimen institucional. El gobierno consideró que tenía en sus manos la posibilidad de usar el conocido desprestigio del Poder Judicial para lograr algunos beneficios.

Dentro de los variados temas en cuestión hay dos que se destacan: La situación del Consejo de la Magistratura y la integración del Supremo Tribunal. El Consejo de la Magistratura es un organismo vital para la designación y estabilidad de los jueces, cuyos mandatos, a diferencia de otros funcionarios, no tienen plazos de duración.

Ese cuerpo tuvo una modificación sustancial en el año 2006. Allí, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se estableció un sistema para la designación de sus integrantes que creaba las condiciones para que los oficialismos políticos de turno tuvieran su control. Eso facilitó que en estos años -11 de gobiernos kirchneristas y cuatro del macrismo- esas respectivas mayorías se hicieran sentir en los juegos del sistema judicial.

El gobierno sabe que la Corte está considerando la declaración de inconstitucionalidad de algunas disposiciones de esa norma, para cambiar su composición. Por eso se le adelantó y –un día antes de la visita del Ministro de Justicia a la Corte- envió al Parlamento un proyecto propio.

La otra cuestión en disputa es la integración de la Corte, hoy conformada por cinco miembros. La renuncia de Elena Highton ha dejado un puesto vacante, pero eso –para el gobierno- es insuficiente. El kirchnerismo aspira a elevar su número para lograr, con otras incorporaciones, tener una Corte más cercana.

Sus cuatro integrantes actuales no gozan de las simpatías del gobierno. Uno de ellos, Carlos Rosenkratz, por su conocida militancia radical y vinculaciones con los grupos económicos. Los otros tres -más allá de sus peleas, personalismos y contradicciones- son cercanos al peronismo, pero de un peronismo más tradicional que recela y desconfía del kirchnerismo.

De allí su interés en lograr que algunos miembros de ese Tribunal dejen lugares vacantes. En función de lo dicho, el martes pasado, ocho meses después de haber asumido, el Ministro de Justicia, el cristinista Martín Soria, fue a visitar a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Los 30 minutos que duró la visita estuvieron cargados de formalidades y tensión. Al terminar la reunión, Soria entregó a la prensa una comunicación en la que dejaba constancia de las fuertes críticas que viene formulando a ese Tribunal, su forma de actuar y las presiones que toleró en los tiempos del macrismo.

Tales injerencias están personalizadas en el ahora prófugo de la justicia Fabián Rodríguez Simón, «Pepín», quien estaba al frente de lo que se conoció como “mesa judicial”, donde se acordaron las características de las relaciones entre el Ejecutivo y la Corte, en el gobierno del neoliberal Mauricio Macri.

Las formalidades de la reunión hicieron que sólo el Presidente de la Corte Suprema, el santafesino Horacio Rosatti, respondiera a las críticas del Ministro.

Lo hizo con generalidades y demandando por una mayor celeridad para la designación de los funcionarios judiciales. Eso permitiría activar el funcionamiento del abarrotado sistema judicial.

El “apriete” del Ejecutivo al Poder Judicial, recibió una respuesta casi inmediata. Dos horas -solo dos horas- después de haber concluido la mencionada reunión la Corte Suprema hizo pública la resolución a un tema que le había llegado en el 2015, allí “dormía” esperando el momento adecuado para darlo a luz.

En efecto, falló en contra del Estado Nacional y a favor de la Provincia de Santa Fe, por cuestiones vinculadas al sistema jubilatorio. Según esa decisión la Nación deberá abonar a dicha provincia la suma de 86 mil millones de pesos.

Así se refleja el deterioro institucional entre nuestras mayores expresiones de la organización constitucional.

Fragmentación política al infinito y reaparición de Cristina

La fragmentación política exhibida con la constitución de bloques, subbloques e interbloques es una muestra palpable del estado de las fuerzas y organizaciones políticas cuyo fraccionamiento parece no tener límites. En ese marco el peronismo, fundamentalmente el cristinismo, parece dispuesto a dar la pelea por el control de la calle.

A mitad del mandato recordaron el triunfo y la perspectiva que el progresismo vuelva a ser la principal fuerza de la región. La presencia del brasileño Lula y del uruguayo Pepe Mujica, así lo indican. Ante la falta de respuestas a la crítica situación económico-social apelan a ese recuerdo y a eventuales movilizaciones contra el Poder Judicial para seguir convocando a sus fieles. Mientras crecen diversas manifestaciones de la represión estatal.

El acto en Plaza de Mayo mostró las fisuras y acuerdos del oficialismo. En la cuestión central -la relación con el FMI- el planteo de Cristina es mucho más duro. Sin embargo coincide con Alberto en que no se debe firmar algo que no nos permita crecer y perjudique al pueblo (¡cómo si eso fuera posible!).

A pesar de este acuerdo Cristina sabe -y lo dijo- que el FMI no es amigo de nuestros pueblos. ¿Y entonces, qué va a pasar con el Acuerdo? Éste va a repetir la historia de siempre y terminará hundiéndonos aún más.

Por eso la consigna no debe ser ¡Que el FMI no nos suelte la mano!, sino que ¡Que el FMI nos saque la mano de encima!

Covid 19 y su evolución

La aparición de la cepa Ómicron está retrasando la culminación de esta pandemia. Es por ello que ésta nos seguirá acompañando por algún tiempo más. En nuestro país aparecen los primeros casos, todos ellos son –por ahora- importados.

Los datos locales son una buena referencia para saber cómo viene la evolución de la pandemia en términos generales. Publicaciones del viernes pasado, indican que –en estas últimas dos semanas- los infectados crecieron un 62,5%, mientras que los fallecimientos disminuyeron un 23,4%.

Por estos días la mayor preocupación pasa por el hecho que las vacunas estarían perdiendo su mayor eficacia a partir de los seis meses de su última aplicación y el proceso vacunatorio no está manteniendo el ritmo que tenía.

Pobreza y economía estancados

La leve recuperación que se estaba observando en los últimos meses, desde el piso que la dejó la Covid-19 del año pasado, parece tener algunos límites.

En materia económica el dato más significativo es que –según cifras oficiales- la producción industrial cayó en octubre, respecto a septiembre, un 5,7%. Su causa más decisiva es la baja de reservas, con la consecuente dificultad para obtener del Banco Central los dólares necesarios para los imprescindibles insumos y equipamientos industriales.

En materia de pobreza, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina surgen datos que indican que la leve mejoría económica de los últimos meses apenas se notó en la evolución de la pobreza. El promedio de la pobreza en el país alcanza el 43,8%, frente al 44,7% en el 2020 y en los niños y adolescentes trepa al 64,9%, superior a la máxima alcanzada en las mediciones del 2020.

La inflación, que supera el 50%, es la principal razón que impide una baja en los índices de pobreza y también explica la caída en materia de ingresos laborales.

*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)