Brasil: Los múltiples méritos y dos defectos del fallo histórico de la CPI

Jeferson Miola|

“Las guerras se enfrentan con especialistas, sean bélicos o sanitarios. La pauta es clara: militares en el cuartel y médicos en salud. Cuando se invierte, la muerte es segura. Y eso, lamentablemente, parece haber sucedido ”.
Relator Renan Calheiros, en la sesión inaugural del CPI, 27/4/2021

Es la primera vez que un presidente de Brasil ha sido imputado por crímenes de lesa humanidad, crímenes de responsabilidad y otros ocho tipos penales suficientes para condenar a Jair Bolsonaro a 30 años de prisión -la máxima sentencia permitida en Brasil- en tribunales nacionales e internacionales

No es baladí que una Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) pida la rendición de cuentas a altas autoridades sin escrúpulos como ministros y exministros de Estado, agentes públicos, diputados, senadores, gobernador y secretario de Estado, líderes de partido, médicos, militares, policías, diplomáticos y empresarios por varios delitos.

La evidencia más poderosa y convincente es la matanza planificada de alrededor de 400.000 brasileños que, según los epidemiólogos, podrían haber tenido la vida preservada si los ahora imputados no hubieran actuado de manera criminal. La Comisión logró frenar la tendencia creciente y la velocidad de crecimiento de la hecatombe humana que podría superar a los millones de víctimas humanas de la locura gubernamental.

Bolsonaro militariza la sanidad y desplaza a los técnicos de la gestión de  la pandemia | Internacional | EL PAÍSEn el curso de la investigación, el CPI detuvo el corrupto esquema de soborno de infantería del general Pazuello en el Ministerio de Salud, obligó al gobierno militar a trabajar por la viabilidad de las vacunas y restringió el funcionamiento continuo de la máquina de terror eugenésica inspirada en los experimentos nazis en Auschwitz. .

En otro frente, el CPI puso al descubierto la maquinaria que operaba en el sótano del Palácio do Planalto, articuladores de la oficina del odio, propagadores de tesis de negación, charlatanes religiosos, directores del Consejo Federal de Medicina, académicos, clínicas médicas, corruptos empresarios y lo peor que existe de la escoria del mundo científico, político y empresarial.

Junto a estas virtudes civilizadoras del PCI, es necesario, sin embargo, señalar dos lagunas esenciales -o insuficiencias- de la Comisión Parlamentaria.

La principal es la no rendición de cuentas de los mandos de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, que [1] jugó un papel central en el manejo desastroso, irresponsable y criminal de la pandemia a través de un general activo designado por el Comandante del Ejército, y cuyo laboratorio [2] produjo cloroquina industrialmente y difundió la distribución de esta droga, que demostró ser ineficaz en las comunidades indígenas.

El saldo neto de esta guerra perdido por el partido militar en 18 meses es mayor que las bajas de 10 guerras en Paraguay, que duraron seis años. Aparentemente, a pesar de esto, la estrategia del partido de los generales para alejarse de la PCI tuvo éxito.

La CPI golpeó los objetivos secundarios y terciarios, que son el presidente Jair Bolsonaro y el general Eduardo Pazuello, pero tocó el objetivo principal en la cadena de responsabilidad por el genocidio de más de 600.000 brasileños, que es el partido de los generales. .

La otra brecha del IPC se refiere a la no tipificación del crimen de genocidio. Si en relación con los aproximadamente 400.000 “asesinatos evitables” fuera legalmente problemático responsabilizar a Bolsonaro por genocidio, en relación con los pueblos indígenas esta clasificación sería plenamente aplicable.

La Convención de la ONU de 1948, internalizada en el ordenamiento jurídico brasileño en 1956 a través de la Ley Nº 2.889, caracteriza el genocidio como “a) matar a miembros del grupo; b) causar lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) someter intencionalmente al grupo a condiciones de existencia capaces de causar su destrucción física total o parcial ”.

El informe de la CPI no es garantía de castigo, justicia y restauración democrática, especialmente cuando se sabe que en medio del camino de la justicia y la democracia en Brasil hay piedras que llevan los nombres de los pilares del fascismo como Augusto Aras y Arthur Lira, vasallo del banquero André Esteves.

El informe de la CPI, en este sentido, no pone fin al ciclo de terror del país, sino que abre una nueva y consolidada etapa en la lucha democrática y en el combate a la amenaza fascista-militar. Los senadores y senadores de distintos matices ideológicos que en la CPI se alinearon con la democracia, la decencia, la humanidad y la ciencia merecen un aplauso por su trabajo.

*Miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

 

 

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