Ante el desmantelamiento del Estado, crece la conflictividad en Uruguay

 

 Nicolás Centurión

 

La correlación de fuerzas en Uruguay ha variado desde la recolección de firmas contra el proyecto insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou, la Ley de Urgente Consideración (LUC). El próximo año se dirime su derogación o no en un referéndum. Con este panorama, el oficialismo aprieta el acelerador en cuanto a su meta de desmantelamiento del Estado y por ende darle paso al mercado para que regule varios aspectos de la vida pública.

 

De conflictos

El mes de agosto ha tenido un nivel alto de conflictividad con marchas, protestas y concentraciones tanto ante Presidencia como ante el Parlamento. Se reclamó por el homicidio de un artesano donde la policía se lo llevó detenido y apareció muerto por sobredosis, según los agentes, pero familiares y amigos acusan a la policía por su deceso. 

 

La Asociación de Cultivadores de Cannabis (ACCA) se manifestó frente al edificio de Presidencia para reclamar por la persecución que desde el Ministerio del Interior se realiza a cultivadores, clubes cannábicos y consumidores de marihuana.

 

La ley de 2012 protege la identidad de los cultivadores y sus direcciones, pero en una embestida del extinto ministro del Interior Jorge Larrañaga, el Estado se ha saltado sus propias leyes y ha encarcelado a personas que ni siquiera configuran delitos y no alcanzan el grado de falta. Se apunta al narcomenudeo con la excusa de un combate al gran narcotráfico. Donde en otros países se ha demostrado más de una vez que fracasó dicha política. La consigna de la marcha fue “No más presos por plantar”. 

 

Por su parte, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) marchó denunciando que el gobierno de Lacalle Pou no solo ha echado a discreción a varios funcionarios estatales por causa del escaso presupuesto sino que ha colocado funcionarios “a dedo” como se dice coloquialmente.

 

Los gremios de la educación también se manifestaron en contra de la rendición de cuentas y por el proyecto que el Ministro de Educación Pablo Da Silveira develara. El mismo, es un plan piloto para desarrollar el año que viene en algunos centros educativos y a implantarse a nivel nacional en 2023. 

 

Este proyecto implica una reducción en la diversificación de los bachilleratos secundarios, donde se reduce la oferta educativa al campo tecnológico, de medicina y arquitectura. Las humanidades y las artes quedan relegadas a su mínima expresión y priorizando así, una educación con objetivos marcados por el mercado.

 

Los 34 artículos sobre educación que se incluyen en la LUC son un ataque directo a los sindicatos. Pretende un poder de mando y autoridad jugando con el imaginario colectivo, abonado por la propia derecha, de que los sindicatos son omnipotentes.

 

En la LUC se reduce la participación de representantes electos de los docentes, se le da mayor protagonismo a las autoridades designadas por los partidos políticos y al Consejo Directivo Central (Codicen), presidido por Robert Silva que es un acérrimo enemigo de los sindicatos. Lavándose las manos, Lacalle Pou responsabilizó a los sindicatos por la falta de alimentación escolar durante el paro del miércoles.

 

Los uruguayos organizados en la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) Ollas por Vida Digna también se presentaron ante las puertas de presidencia. La CPS exigió que “el Estado se tiene que hacer cargo” para “terminar con el negocio del hambre». La concentración en Plaza Independencia fue bajo la consigna “Por trabajo, pan y techo. Las ollas decimos basta”, a la que asistieron centenares de personas vinculadas a los merenderos y ollas populares.

 

“Al día de hoy sabemos que más de 200.000 personas se encuentran en inseguridad alimentaria en Uruguay y 320.000 son las personas en situación de vulnerabilidad social. Semanalmente las ollas de la Coordinadora que se encuentran organizadas en 17 redes y/o coordinadoras sirven 150.000 porciones de comida en ollas y merenderos”, agrega la proclama.

 

Según la coordinadora, “en este mismo momento donde hay cientos de personas haciendo cola para comer, los mercaderes del hambre que administran los fondos cedidos por un Estado ausente en los problemas de fondo, hacen sus cuentas. Se vuelcan importantes recursos públicos para que una organización sin la más mínima idoneidad técnica les diga a miles de personas lo que tienen que comer, tratando de resolver la emergencia alimentaria como si fuese el catering para un cumpleaños de quince años”.

 

Agosto trajo una nueva interpelación a un ministro por parte del centroizquierdista Frente Amplio, ahora desde la oposición. El interpelado fue Luis Alberto Heber, hoy Ministro del Interior, pero que firmó el contrato – cuando este era ministro de Transporte y Obras Públicas- con la multinacional belga Katoen Natie entregando el puerto de Montevideo hasta 2081 en un acuerdo con mucho secretismo.

 

El Frente Amplio quería saber por qué el núcleo duro del Poder Ejecutivo negoció sin informar al sistema partidario (incluyendo al resto de la “coalición multicolor”),‌ que sólo se enteró de los resultados cuando un decreto de Presidencia formalizó el acuerdo, y de la que no quedó constancia documental.

También pidió explicaciones acerca de los motivos de que quienes representaban al Estado la hayan llevado adelante sin disponer de informes técnicos propios, jurídicos ‌o económicos (por ejemplo, sobre las probabilidades reales de que la empresa tuviera éxito en la demanda que amenazó con presentar).

Asimismo pidió los fundamentos de que se aceptaran los términos del acuerdo, que según especialista como Edison González Lapeyre, del Partido Colarado –miembro de la coalición multicolor de gobierno- “está plagado de horrores” y muestra “La ineptitud d quienes negociaron”, exponiendo al Estado a graves consecuencias.  

La interpelación tuvo como contexto la protesta del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) manifestándose fuera del parlamento.

 

Según el Frente Amplio, se entregan 180 hectáreas del puerto de Montevideo a cambio de nada, se le perdonaron deudas anteriores a la multinacional. Además, el Estado le va a comprar energía a un precio más alto que a cualquier parque eólico y se le regaló el muelle de la Armada. Todo esto sin informes económicos ni jurídicos que avalen dicho acuerdo. 

 

Proyecciones

Surge de la Rendición de Cuentas que hubo un recorte de gastos de 309 millones de dólares, pero 86 de esos 309 se recortaron en salarios. Y casi 100 millones ecortados del funcionamiento de escuelas, hospitales y centros CAIF, entre otros gastos sociales. 

 

El economista Ignacio Munyo, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) un think tank asociado a la ultraderechista Red Atlas, realizó una presentación sobre «Las perspectivas económicas postpandemia».

 

Con respecto a la situación del empleo, Munyo explicó que hicieron una encuesta a las empresas socias de Ceres, en donde el 80% se ve “optimista” o “muy optimista” hacia el futuro, sin embargo, solo un 18% prevé aumentar la cantidad de trabajadores. Una prueba más de que el derrame del crecimiento es pura retórica.

 

Respecto de las propuestas sobre la reactivación del sector empresarial, la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) destaca la necesidad de abordar una serie de temas como «reducir subsidios cruzados o encubiertos y dar transparencia al respecto; abatir el gasto público; profundizar en la regla fiscal; continuar con la mejora de la seguridad y el control fronterizo para evitar el contrabando; combatir el informalismo en los sectores productivos; estudiar las tarifas públicas en función de precios de paridad de importación, como combustibles y otros».

 

El 14 de agosto se conmemoró el día de los mártires estudiantiles. Miles marcharon con la consigna histórica “Obreros y estudiantes, unidos y adelante.” Considerando el panorama actual, el slogan de la derechista Coalición Multicolor en el gobierno podría ser: “Empresarios y gobernantes, unidos y adelante.”

 

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)