Crisis neoliberal, protesta social y autoritarismo en Colombia

Christian Arias Barona|

La movilización social contenida por un largo año de pandemia se desató desde el pasado 28 de abril con el Paro Nacional. Las marchas multitudinarias reavivaron el aliento que en noviembre de 2019 contagió al país para frenar la agenda de ajuste y privatizaciones del gobierno de Iván Duque, así como la exigencia del cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016.

Indudablemente desde el inicio del proceso de paz en 2012, el caudal de las movilizaciones ha venido creciendo y sobre todo, ha tenido como dinamizadora a una juventud que reclama condiciones para realizar sus aspiraciones, que defiende la paz y la justicia social.

Aunque los motivos de la movilización son extensos, el disparador del descontento generalizado ha sido fundamentalmente la propuesta de una Reforma Tributaria con la cual el gobierno pretende recaudar 6.760 millones de dólares, recargando el peso de la misma sobre la clase trabajadora a través de aumentos del IVA, ampliación de la base de contribuyentes del impuesto a la renta y gravar los servicios públicos y funerarios.

El proyecto omite que el 1% genera un ingreso equivalente al 20% de la masa asalariada y no obstante, goza de exenciones impositivas sobre el 90% de sus ingresos. Además, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza trepó del 35,7 al 42,5% en 2020 agravada por una informalidad que alcanza 55% y hace que en la pandemia los hogares sean más vulnerables a las restricciones y cuarentenas.

Por algunas de estas razones, las centrales obreras, movimientos sociales y partidos de oposición convocaron a un Paro Nacional que superó con creces las expectativas dado que Colombia vive el momento más crítico de la pandemia COVID-19.

Lo que se expresa en las calles, es el agobio de una economía de miseria donde la clase media ha sido empobrecida y la desigualdad es un escándalo monumental que el gobierno intenta contener con un pírrico subsidio, que en promedio sería de 43 dólares si se aprueba la reforma. Huelga aclarar que la oposición presentó con antelación un proyecto de ley en el Congreso para implementar una Renta Básica Universal equivalente a 1 salario mínimo (255 dólares), y esta fue una demanda desde el inicio de la cuarentena en 2020.

En respuesta, el gobierno central ha conducido el empleo desmesurado de la Fuerza Pública, que en ciudades como Cali cometieron desmanes fatales: 7 personas fueron asesinadas con armas de fuego el viernes 30 de abril, más de un centenar fueron heridas, 84 detenidas y una mujer fue violada por integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD).

Una masacre silenciada por los medios masivos de información y un crimen de Estado encubierto por la inacción del poder judicial. Aunque multitudes se han concentrado pacíficamente en las principales arterias de las capitales, un sofisticado aparato de comunicación ha ponderado el vandalismo para justificar la represión y desvirtuar el reclamo legítimo de la ciudadanía, al punto de que el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez llamó a usar a las fuerzas militares.

La guerra, custodia el neoliberalismo

La discusión que se abre sobre el modelo económico contiene al menos dos aspectos relevantes: el endeudamiento y la política de Defensa y Seguridad.

Los rubros del Presupuesto General de la Nación correspondientes a Servicio de Deuda Pública (U$ 19.720 millones) y Defensa y Seguridad (U$ 11.000) suman el 70%, lo que implica que la guerra y el sector financiero consumen los mayores esfuerzos del Estado. De acuerdo a los datos recientemente publicados por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Colombia fue el segundo país con mayor gasto militar de la región, después de Brasil durante el primer año de pandemia.

Por otra parte, el total de la deuda alcanzó a diciembre de 2020 el 55,4% del PBI y gobierno reconoce haberla incrementado en 11,7%, sin embargo los recursos siguen siendo “insuficientes”.

La correlación entre endeudamiento y fortalecimiento del aparato militar y represivo convergen en la idea del neoliberalismo armado que viene imponiéndose hace dos décadas desde el Plan Colombia, y que requieren un golpe de timón no sólo para controlar fiscalmente y evitar la corrupción, sino para desmilitarizar la sociedad y garantizar derechos como salud y educación, hoy privatizados.

Sin embargo, el oficialismo continuará insistiendo en el derrotero neoliberal entorno al cual se centra su hegemonía y buscará un acuerdo con partidos tradicionales para garantizar recursos en la campaña del Congreso y la presidencia en 2022; su verdadero propósito con la reforma. Dicho sea de paso, lo que preocupa al uribismo es que está siendo desafiado por la alianza progresista que lidera Gustavo Petro, el Pacto Histórico, cuyo avance en las encuestas es inédito y recientemente lo posicionan en primer lugar.

La imagen de caos social y debilidad presidencial (torpeza, impertinencia, contradicción en su propio partido) habilitan cada vez más la idea de la intervención “moderadora” del poder militar. La antesala de éste escenario se ha puesto en marcha con el mensaje presidencial de la noche del 1 de mayo, con el Jefe del Ejército a sus espaldas, donde Duque indicó que recurrirá a la “asistencia militar” para restablecer el orden público.

La penosa tradición contra-insurgente de las FFAA del país esta demostrada, entre otras, con los más de 6.400 asesinatos a civiles mal llamados “falsos positivos”. A la calamidad económica y sanitaria ahora se suma el proceder autoritario y la intervención militar en la seguridad interior. Por ende los organismos internacionales deben encender sus alarmas.

El momento extraordinario que vive el pueblo colombiano es el preludio de un punto de inflexión, por lo pronto se seguirá movilizando por la Paz y contra el Neoliberalismo.

 

*Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Politólogo (UBA), Especialista en Geopolítica y Defensa Nacional. Investigador del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

 

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