Un atentado terrorista y el silencio cómplice de gobiernos y prensa/ Um atentado terrorista e o silêncio cúmplice de governos e da imprensa

Álvaro Verzi Rangel|

La Asamblea Constituyente venezolana aprobó detener y enjuiciar a los diputados Julio Borges y Juan Requesens por estar vinculados al atentado terrorista contra el presidente Nicolás Maduro, al tiempo que el canciller Jorge Arreaza y el Fiscal General Tarek William Saab, presentaron al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, pruebas y evidencias sobre el intento de magnicidio.

 Pocos gobiernos de la región censuraron el intento de magnicidio, mientras la prensa hegemónica y cartelizada, trataba de invisibilizar el hecho y desacreditar las denuncias del gobierno venezolano. Incluso en Venezuela, la reacción fue tardía: ni los partidarios de Maduro ni la oposición se manifestó de inmediato en las calles.Resultado de imagen para venezuela magnicidio

El Fiscal hizo énfasis en el caso de Osman Delgado Tabosky, quien es señalado como financista del grupo terrorista, vive en el Estado de Florida y su extradición fue solicitada. Arreaza dijo que Story les expresó su preocupación por los hechos y la voluntad del gobierno estadounidense de cooperar.

Al menos 19 personas están vinculadas directamente con el intento de magnicidio. Tres de los detenidos fueron presentados ante tribunales, dando inicio al proceso de judicialización ante el Juzgado 1° de Control con Competencia contra el Terrorismo. Ellos son Argenis Valero, Juan Carlos Monasterios y José Rivas, a quien  también se le imputará el delito de financiamiento al terrorismo, ya que desde la empresa que preside se realizaron los pagos concernientes al hospedaje de los implicados.

Los terroristas apresados y a disposición de los tribunales implican a gobiernos, partidos políticos y conspiradores. Las autoridades han pedido al gobierno de Washington la extradición de Osman Delgado Tabosky, financista y “piloto” -desde Miami- de los drones cargados con C4, un explosivo plástico que los ejércitos usan en demoliciones de fortificaciones.

Sorprendió a analistas la novatería de algunos operadores del atentado, en su mayoría jóvenes capturados por la “inteligencia social” (un grupo que manejaba un dron fue interceptado y detenido por gente de la comunidad). Son grupos entrenados –comenzaron con las “manitos blancas”, siguieron con las sucesivas guarimbas-, resultado del financiamiento y apoyo logístico recibido por Primero Justicia y Voluntad Popular desde sectores de la derecha de EEUU, España, Chile y Colombia.

Se han iniciado también gestiones para extraditar a implicados que se refugian en Colombia, en cuyo territorio se preparó el atentado, con colaboración del ex presidente Juan Manuel Santos, quien quería despedirse del poder con un magnicidio, tras ser corresponsable, como ministro de Defensa de Álvaro Uribe, de los “falsos positivos”, campesinos asesinados y vestidos como guerrilleros para aparentar la derrota de los sublevados.

También es responsable de la operación militar –que violó la soberanía ecuatoriana- para aniquilar al comandante de las FARC, Raúl Reyes, primero, y a Alfonso Cano, luego, catapultando a la dirección guerrillera a comandantes proclives a un acuerdo de paz, que luego traicionara. Un excelente ejemplo de lo que debe ser un premio Nobel de la Paz.

Maduro señaló a los diputados Juan Requesens y Julio Borges –quien se reunió con el nuevo presidente colombiano Iván Duque en Bogotá- como responsables del atentado que sufrió el pasado sábado mientras participaba en un acto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la Plaza Bolívar de Caracas, basado en la  declaración de uno de los principales responsables del intento de magnicidio, Juan Carlos Monasterio Vanegas, un sargento retirado de la Guardia Nacional.

Monasterio, quien estaba solicitado por la justicia venezolana por su vinculación con el asalto al Fuerte Pamaracay en 2017, habló en un vídeo difundido en transmisión presidencial de su papel en la ejecución del magnicidio contra Maduro y de sus viajes entre Venezuela y Colombia (dijo que logró pasar la frontera gracias a Resquesens, Borges y un oficial colombiano conocido como Mauricio Jiménes)  para participar en la planificación del ataque ejecutado con aeronaves manejadas a distancias (drones).

Maduro también acusó al coronel (r) Oswaldo Valentín García Palomo de estar vinculado en actos terroristas contra el Estado venezolano, traición a la patria e instigación a la rebelión. “Es el jefe de los asesinos que intenta captar a los militares para unirse a su plan de asesinatos”, dijo. Informó que pidieron la extradición de Osman Alexis Delgado Tabosky, jefe político y financiero del intento de magnicidio y de los explosivistas Gregorio José Yaguas Monje y Yilber Alberto Escalona Torrealba.

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Alejandro Andrade en EEUU

Mientras, el Abogado Ramsés Reyes, Secretario General de Corriente Revolucionaria  Venezolana (CRV), acusó al teniente Alejandro Andrade, extesorero nacional; el General Hebert Plaza (exministro de Alimentación); el capitán Rafael Isea (exministro de la Secretaria de la Presidencia y Gobernador de Aragua; el capitán Adrián Velázquez  (exedecán presidencial)  y a la Capitana Claudia Díaz, ex Tesorera Nacional, como los principales financistas  del  fallido atentado.

Son todos militares, preparados y formados  en el arte de la guerra, varios de ellos vinculados a iglesias evangélicas, hoy multimillonarios producto del robo y saqueo en la tesorería nacional, ministerios, gobernaciones y los organismos de control de cambio a través de Bancplus, una institución financiera venezolana de capital privado.

Estos exfuncionarios mantienen relaciones con militares activos y retirados, además de estar vinculados con empresarios bancarios y de seguros que hicieron fortuna de manera fortuita cuando estos prófugos ejercían cargos de poder en el sector de la economía del Gobierno, añade.

Los dólares extraídos del erario público se legitimaron  en el sistema financiero internacional  (Estados Unidos, Panamá , Andorra , España y la República Dominicana) en cuentas de hombres de negocios venezolanos, una investigación que la Fiscalía Nacional de entonces engavetó, a cambio de sobornos.

Del constituyente Julio Escalona señaló que la oposición violenta pagó sicarios para asesinar a varios campesinos y nacional-mundialmente aceleró los preparativos para asesinar al presidente Maduro. De haber tenido éxito, hubiesen descabezado a la dirección político-militar del país, que se encontraba concentrada, en un espacio abierto, en la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional.

Marco Rubio y Trump

EEUU, los dueños del circo y los payasos

El anuncio del interés del gobierno de Washington de estudiar el caso, pareciera absolver al gobierno central de una participación directa en el acto terrorista, y apunta los operadores y financistas de los opositores violentos venezolanos (entre ellos Julio Borges, Leopoldo López y María Corina Machado), como el senador Marco Rubio.

Quizá la corroboración de todo esto sea la confesión del mitómano peruano residenciado en Miami, Jaime Bayly, de haber participado en un “party” donde se preanunció el atentado.

En sí, el intento de magnicidio fue muy bien preparado desde el momento que se desplazó a la Guardia del Fuente Tiuna hacia la céntrica y ancha avenida Bolívar, rodeada de altos edificios, que permitían un breve tiempo de vuelo de los drones. Los terroristas no previeron los inhibidores de señales de celulares del anillo de seguridad presidencial, detalle que no se le hubiera escapado a planificadores de la comunidad de inteligencia de EEUU.

Algunos analistas señalan que el apoyo de sectores (fuertes, influyentes) estadounidenses –fuera del establishment- hace que estos grupos apuesten a la recompensa que les pueda tocar en una eventual futura economía venezolana. Si el establishment estuviera involucrado (como sí lo estuvo en el golpe contra Hugo Chávez en 2002), les tocaría apenas un premio consuelo… o apurarían un pacto entre gobiernos.

Ya la agencia financiera Bloomberg hablaba de un acuerdo del gobierno venezolano con la ConocoPhillips (un arbitraje de 2.000’ millones de dólares) que será anunciado en los próximos días por el presidente de Pdvsa, el general Manuel Quevedo. Todavía nadie habló del regreso de la Exxon al país. Si se puede llegar a arreglos con los dueños del circo, los payasos se ven obligados a seguir buscando su protagonismo.Resultado de imagen para venezuela conoco phillips

El magnicidio frustrado comienza a tener consecuencias no jurídicas, como una gran afectación sicológica de los opositores extremistas, que les ha profundizado el odio y las ganas de ver sangre, y los hace más peligrosos de lo que ya eran, analiza Néstor Francia. Pero hay otros radicalismos que ya se están viendo potenciados, como las tendencias sectarias y dogmáticas del chavismo, que siguen ahí, tienen poder y se aprovechan del magnicidio frustrado para cerrar filas y empezar a fortalecer su espíritu de secta, añade.

El fracaso del acto terrorista termina generando el “efecto vacuna”: un veneno, inyectado en cantidad no mortal, inmuniza la víctima. Muchos de los dirigentes opositores, más dados al discurso que a la acción han sido puntales, con sus derrotas, de este gobierno.

En nombre de la ¿democracia?

La derecha venezolana tratar de imponer la matriz del autoatentado, y de obligar al gobierno a mostrar nombres y señas de los detenidos y otras evidencias, y de convertir esto en un asunto de su palabra contra la de sus enemigos.

Mientras, desde sectores maduristas se trata de censurar a los críticos del proceso, instándolos a cerrar filas ante los peligros, quizá olvidando lo que Hugo Chávez sostenía (el 4 de enero de 2004 ante los movimientos de pobladores): “Hagamos la crítica nosotros mismos pero sin ningún complejo de que le hará daño al proceso. No, no le hace daño, le hace bien, siempre que se haga con lealtad a los procesos y a los principios, siendo la ética la que prevalezca”.

Laiguiana.tv hace un recuento largo desde 2002 a la fecha, que retrata a un sector político que o bien propugna la violencia y las rutas inconstitucionales o mira para otro lado cuando los grupos extremistas los están poniendo en marcha. En 2002 fue el golpe de Estado casi clásico, el reality show de Plaza Altamira y el paro-sabotaje petrolero y empresarial, en 2004 comenzaron las guarimbas y se jugó una carta paramilitar.

Entre 2005 y 2012 hubo un interregno “pacífico” con boicot a las elecciones parlamentarias; en 2013, la descarga mortal tras la derrota de Henrique Capriles ante Maduro, con saldo de muertos y heridos; en 2014 comenzaron las guarimbas II con mayor número de víctimas, en 2015 hubo otro paréntesis de paz, con triunfo opositor en elecciones parlamentarias, guerra económica interna y comnienzo del bloqueo externo.

En 2017 se recargaron las guarimbas, con jóvenes y adolescentes utilizados como carne de cañón, intimidación con violencia contra la elección de la Asamblea Constituyente, y en 2018 el bloqueo económico, boicot del diálogo e intento de magnicidio. Todo parece indicar que estamos ante un nuevo récord de la oposición en cuanto a la profundidad de la transgresión cometida y de los niveles de violencia que ella podría causar, señaló laiguana.tv

Terrorismo mediático

No puede resultar sorprendente el silencio de los medios de comunicación hegemónicos sobre el atentado terrorista en Caracas: la desinformación, la invisibilización, las fake news o la mentira continua, es su razón de ser, La misma desinformación, la tergiversación, la inculcación de dudas, los comentarios sobre la inexistencia misma del atentado, llevan a la imposición de imaginarios colectivos que poco tienen que ver con la realidad.Resultado de imagen para venezuela magnicidio drones interceptados

Diarios, blogs, redes sociales, televisoras, todos cartelizados para imponer el terror mediático. ¿Ejemplo? CNN en español interrumpió el 7 de agosto la transmisión del discurso de Maduro cuando éste comenzó a mostrar videos, grabaciones telefónicas, fotos, confesiones, nombres de los detenidos y prófugos.

El periodista peruano-miamero Jaime Bayly, confesó que hubo una reunión en EEUU  para planificar el atentado contra Maduro, que se hizo días antes del atentado fallido y el periodista asistió. “Mis fuentes me invitaron y fui, y me dijeron el ‘sábado vamos a matar a Maduro’. Yo le dije ‘hágale’”, se vanaglorió Bayly el lunes 6 durante su programa de televisión, cuando, además, ofreció comprar un dron más para el atentado,

Los diarios hegemónicos de la región, que derrochan desde hace casi dos décadas espacios para atacar a Venezuela, apenas dieron la noticia de un acto terrorista que intentó acabar de una vez con autoridades civiles y militares que ocupaban la tarima, hablando de un “presunto atentado”, a pesar de las pruebas, los videos, las grabaciones.

Se ha creado una matriz de falta de credibilidad hacia Maduro, fomentada por los medios pero que alcanza a los lectores, que terminan convencidos que en este caso es correcto asesinar a un presidente constitucional, calificado como “tirano” y “hambreador del pueblo”.

Esta complicidad ideológica se entiende hasta algunas de las cancillerías latinoamericanas: las de Ecuador y Uruguay –por ejemplo- condenaron la violencia “venga de donde venga”, pero evitaron hablar de atentado o magnicidio. No es una banalización casual, sino que es una definición cómplice y complaciente con la línea editorial de Washington.

El bloqueo impuesto ahora a la difusión de noticias derivadas de la investigación del terrorismo es un atentado al derecho de los pueblos a la información pero a la vez constituye una afrenta al periodismo y su código de ética que rechaza toda forma de censura y defiende el derecho a informar y ser informado, señala el veterano periodista chileno Manuel Cabieses.

” El silencio en este caso es complicidad con el terrorismo. Tiene que quedar claro quiénes imponen esta censura”, añade.

* Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

EN PORTUGUÉS

Um atentado terrorista e o silêncio cúmplice de governos e da imprensa

 

A Assembleia Constituinte venezuelana aprovou a prisão e juízo dos deputados Julio Borges e Juan Requesens, por sua vinculação ao atentado terrorista contra o presidente Nicolás Maduro. Paralelamente, o chanceler Jorge Arreaza e o promotor-geral Tarek William Saab, apresentaram ao encarregado de negócios dos Estados Unidos na Venezuela, James Story, provas e evidências sobre a tentativa de magnicídio.

Poucos governos da região censuraram a tentativa de magnicídio, enquanto a imprensa hegemônica e cartelizada tentava invisibilizar o fato e desacreditar as denúncias do governo venezuelano. Inclusive na Venezuela, a reação foi tardia: nem os partidários de Maduro nem a oposição se manifestou de imediato nas ruas.

O promotor deu ênfase ao caso de Osman Delgado Tabosky, que é apontado como financiador do grupo terrorista. Ele vive no Estado da Flórida e teve sua extradição solicitada. Arreaza disse que Story expressou sua preocupação pelos fatos e a vontade do governo estadunidense de cooperar.

Ao menos 19 pessoas foram vinculadas diretamente com o atentado. Três dos detidos foram apresentados à Justiça, dando início ao processo de judicialização no Tribunal de Controle contra o Terrorismo. São eles Argenis Valero, Juan Carlos Monasterios e José Rivas, todos acusados pelos delitos de financiamento do terrorismo, além da denúncia à empresa na qual os três trabalham, que arcou com os gastos de hospedagens dos réus durante a semana anterior e até o dia do ataque ao presidente Maduro.

Os terroristas presos estão ligados a governos, partidos políticos e grupos conspiradores. As autoridades pediram ao governo de Washington a extradição de Osman Delgado Tabosky, financiador e “piloto” (desde Miami) dos drones carregados com C4 (explosivo plástico que os exércitos usam em demolições de edifícios), e também dos especialistas em explosivos Gregorio José Yaguas Monje e Yilber Alberto Escalona Torrealba.

Também foram iniciadas gestões para extraditar os acusados que se refugiaram na Colômbia, país onde foi planejado o atentado, com a colaboração do ex-presidente Juan Manuel Santos, que queria se despedir do poder com um magnicídio, após ser corresponsável, como ministro de Defesa de Álvaro Uribe, do Caso “Falsos Positivos”, onde camponeses foram assassinados e vestidos como guerrilheiros para aparentar a derrota de um grupo armado opositor. Um excelente exemplo do que deve ser um vencedor do Prêmio Nobel da Paz.

Maduro apontou os deputados Juan Requesens e Julio Borges (este segundo chegou a se reunir com o novo presidente colombiano Iván Duque, em Bogotá) como responsáveis pelo atentado que sofreu no último sábado, enquanto participava de um ato da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) na Praça Bolívar de Caracas, baseado na declaração de um dos responsáveis pela tentativa de magnicídio, Juan Carlos Monasterio Vanegas, um sargento aposentado da própria Guarda Nacional.

Monasterio era procurado pela Justiça venezuelana por sua vinculação com o ataque ao Forte Pamaracay, em 2017. Ele falou – em vídeo difundido na transmissão presidencial – sobre o seu papel na execução do magnicídio frustrado contra Maduro e de suas viagens entre a Venezuela e a Colômbia. Disse que conseguiu passar pela fronteira graças a Resquesens, Borges e um oficial colombiano conhecido como Mauricio Jiménes, para participar na planificação do ataque executado com aeronaves manejadas a distancias (drones).

Maduro também acusou o coronel da reserva Oswaldo Valentín García Palomo de estar vinculado aos atos terroristas contra o Estado venezuelano, e o chamou de traidor da pátria e instigador da rebelião. “É o chefe dos assassinos que tentam convencer os militares a se unirem ao seu plano de assassinatos”, disse.

Enquanto isso, o advogado Ramsés Reyes, secretário geral da agrupação Corrente Revolucionária Venezuelana (CRV), acusou o tenente Alejandro Andrade, ex-tesoureiro nacional, o general Hebert Plaza (ex-ministro de Alimentação), o capitão Rafael Isea (ex-ministro da Secretaria da Presidência e governador de Aragua), o capitão Adrián Velázquez (ex-auxiliar presidencial) e a capitã Claudia Díaz, ex-tesoureira nacional, como sendo outros dos financiadores do fracassado atentado.

Todos são militares, preparados e formados na arte da guerra, e vários deles estão vinculados a igrejas evangélicas, que são hoje multimilionários produtos do roubo e do saque na tesouraria nacional, ministérios, governos regionais ou municipais e organismos de controle de mudanças através da Bancplus, uma instituição financeira venezuelana de capital privado.

Estes ex-funcionários mantêm relações com militares ativos e retirados, além de estarem vinculados com empresários bancários e de seguros que fizeram fortuna de forma fortuita quando esses prófugos exerciam cargos de poder no setor da economia.

Os dólares extraídos do erário público se legitimaram no sistema financeiro internacional (Estados Unidos, Panamá, Andorra, Espanha e República Dominicana) em contas de homens de negócios venezuelanos – uma investigação que a Promotoria Nacional de então engavetou em troca de subornos.

O deputado constituinte Julio Escalona afirmou que a oposição violenta contratou jagunços para assassinar vários camponeses nacionais e estrangeiros, acelerando os preparativos para assassinar o presidente Maduro. Se tivessem sucesso, teriam cortado a cabeça da direção político-militar do país, que se encontrava concentrada, em um espaço aberto, na celebração dos 81 anos da Guarda Nacional.

Sobre a participação dos Estados Unidos, nada leva a crer diretamente na hipótese de envolvimento do governo central, mas sim de operadores e financiadores dos opositores violentos venezuelanos (Julio Borges, María Corina Machado e outros), como o senador Marco Rubio. Quiçá a corroboração de tudo isso seja a confissão do mitómano peruano residente em Miami, Jaime Bayly, que relatou sua suposta participação em uma “festa” onde o ataque foi um dos assuntos.

A tentativa de magnicídio foi muito bem preparada, desde o momento em que a Guarda da Fonte Tiuna se deslocou até enorme avenida Bolívar, no Centro de Caracas, rodeada por altos edifícios, que permitiriam um breve tempo de voo dos drones. Os terroristas não previram os inibidores de sinal de celulares entre os seguranças do presidente, detalhe que não teria ocorrido se a operação tivesse sido planificada pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos.

Alguns analistas mostram que o apoio de setores – fortes e influentes – estadunidenses de fora do establishment faz com que esses grupos apostem na recompensa que possam ganhar numa eventual futura economia venezuelana aberta. Se o establishment estivesse envolvido – como sim esteve no golpe contra Hugo Chávez, em 2002 – ficaria apenas com o prêmio de consolação, ou teria que se contentar com um pacto entre governos.

A agência financeira Bloomberg fala de um acordo do governo venezuelano com a Conoco Phillips (um litígio de 2 bilhões de dólares) que será anunciado nos próximos dias pelo presidente da PDVSA (a estatal petroleira da Venezuela), o general Manuel Quevedo. “Ninguém ainda falou do retorno da Exxon ao país. Se chegam a acordos com os donos do circo, o que sobra para os palhaços?”, se pergunta o analista político Andrés Pierantoni.

O magnicídio frustrado começa a ter consequências não jurídicas, como um grande efeito psicológico entre os opositores extremistas, que forçaram a aposta pelo ódio e pela vontade de ver sangue, o que os faz ainda mais perigosos do que já eram, segundo analisa Néstor Francia. “Mas há outros radicalismos que também estão sendo potenciados, como as tendências sectárias e dogmáticas do chavismo, que, além de presentes, possuem ligações com o poder e se aproveitam do atentado para fortalecer seu espírito de seita”, acrescenta.

O fracasso do ato terrorista acabou gerando o “efeito vacina”: um veneno injetado em quantidade não mortal, que imuniza a vítima. Nesse sentido, muitos dirigentes opositores, bons de discurso e não de ação, foram úteis ao governo, com suas derrotas.

Em nome da democracia?

A direita venezuelana tenta impor a ideia do “auto atentado”, e obrigar o governo a mostrar nomes e provas ligadas aos presos, entre outras evidências, buscando transformar isso numa disputa entre a palavra oficial contra a dos seus inimigos.

Enquanto isso, setores maduristas querem censurar os críticos internos do processo, obrigando-os a aderir ao projeto para enfrentar os perigos que poderiam vir a partir do ocorrido. Se esquecem, contudo, do que Hugo Chávez dizia, como o discurso que entregou no dia 4 de janeiro de 2004, para um movimento comunitário de uma favela: “Façamos a crítica nós mesmos, mas sem nenhum complexo de que isso prejudicará o processo. Não, isso não nos prejudica, pelo contrário, sempre é bom, desde feito com lealdade aos processos e aos princípios, fazendo com que prevaleça a ética”.

A página Laiguana.tv conta a história da disputa política no país desde 2002, e mostra uma oposição que não sabe bem se defende a retomada do poder pelos caminhos inconstitucionais ou aposta na violência política, pressionada pelos setores extremistas. Em 2002, promoveram o golpe de Estado clássico, o reality show de Plaza Altamira e a greve-sabotagem petroleira e empresarial. A partir de 2004 começaram com a tática das barricadas e do apoio de grupos paramilitares.

Entre 2005 e 2012 houve um período “pacífico”, com boicote às eleições legislativas e outras estratégias fracassadas. Até que, em 2013, a descarga mortal após a derrota de Henrique Capriles contra Maduro, com saldo de mortos e feridos, reativou os anseios mais agressivos. Em 2014, as barricadas voltaram, e os ataques passaram a gerar um maior número de vítimas. Em 2015, houve outro parêntesis de paz, com o triunfo opositor nas eleições legislativas, com guerra econômica interna funcionando e o começo do bloqueio externo.

Em 2017, fortaleceu-se a aposta nas barricadas, com jovens e adolescentes utilizados como carne de canhão, e a intimidação com violência contra a eleição da Assembleia Constituinte. Finalmente, em 2018, mais bloqueio econômico, boicote do diálogo e tentativa de magnicídio. Tudo parece indicar que estamos diante de um novo recorde da oposição em quanto à profundidade da transgressão cometida e os níveis de violência que ela poderia causar.

Terrorismo midiático

O silêncio dos meios de comunicação hegemônicos sobre o atentado terrorista em Caracas não é surpresa: a desinformação, a invisibilização, as notícias falsas e a mentira usada de forma contínua é o modus operandi estabelecido. A tergiversação para poder gerar dúvidas sobre a ocorrência em si do atentado, levam à imposição de imaginários coletivos que pouco têm a ver com a realidade.

Diários, blogs, redes sociais, canais de televisão, todos cartelizados para impor o terror midiático. Um exemplo? A CNN en Español interrompeu a transmissão do discurso de Maduro no dia 7 de agosto, quando o presidente começou a mostrar vídeos, gravações telefônicas, fotos, confissões e nomes dos presos e de alguns fugitivos.

O jornalista peruano-miamero Jaime Bayly confessou que houve um encontro nos Estados Unidos para planificar o atentado, dias antes do ataque, e que ele esteve presente. “Minhas fontes me convidaram e fui, me disseram `vamos matar o Maduro no sábado´, e eu responde `façam!´”, se vangloriou Bayly em seu programa de televisão, na noite de segunda-feira (6/8), e ainda ironizou, contando que se ofereceu para financiar a compra de mais um drone para o atentado,

Os diários hegemônicos da região, que há duas décadas se dedicam a dar todo o espaço possível para atacar a Venezuela, mal comentam as notícias relacionadas ao fato, e utilizam a expressão “suposto atentado”, apesar das provas, dos vídeos e das gravações.

“O bloqueio imposto à difusão de notícias derivadas da investigação do ato terrorista é outro atentado, desta vez ao direito à informação, além de constituir uma afronta ao próprio jornalismo e seu código de ética, que rechaça toda forma de censura e defende o direito a informar e ser informado”, afirma o veterano jornalista chileno Manuel Cabieses.

“O silêncio, neste caso, é cumplicidade com o terrorismo. É preciso deixar claro quem são os que impõem a censura”, acrescenta.

Álvaro Verzi Ranger é sociólogo venezuelano e codiretor do Observatório de Comunicação e Democracia

 

 

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