Perú: Refundar la república podrida/ Refundar uma república apodrecida
Mariana Álvarez Orellana|
Si bien Perú aprovechó de forma notable el boom de materias primas para reducir la pobreza, que pasó de 57% en el año 2004 a 20% en 2016, jaqueado hoy por una enorme corrupción económica y política, parece estar llegando a la descomposición republicana.
En Perú, la corrupción y el tráfico de influencias están enquistados no solo en el alto gobierno sino también en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y todo el sistema de administración de justicia, además de tener un Estado secuestrado por una mafia: los audios revelados solo sacaron a la luz un secreto a voces.
Desde el ajuste neoliberal de 1990, el llamado “capitalismo de amigotes” significó que para que las grandes 
empresas hicieran buenos negocios era indispensable las relaciones privilegiadas en el Estado, y el control de las instituciones democráticas. Las coimas, sobornos y otras ventajas quedaron reveladas en los últimos meses y salpican los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es lo que los analistas definen como una crisis sistémica, de gobierno, régimen y Estado.
El edificio institucional ya no necesita de refacciones, porque está podrido. Las termitas del fujiaprismo han terminado con él, señala Nicolás Lynch en La Otra Mirada. No se trata de personas o de instituciones, porque “ni el más engominado de los prohombres del régimen tiene dedos de organista para lidiar con la situación. Se les han terminado en el correveidile de los favores palaciegos. El problema es de estructuras y estas vienen de atrás”, añade.
Es un Estado fallido, fallado y mafioso, capturado por un sistema neoliberal que desde hace 26 años ha mermado la democracia, con sus negociados, sus puertas giratorias, poniendo y sacando autoridades, congresistas afines a sus intereses, con medios de comunicación que actúan como escuderos y los protegen de cualquier denuncia de la prensa independiente.
Las estructuras no pueden cambiar por sí solas y no aparece en el horizonte ninguna fuerza capaz de llevar adelante los cambios estructurales necesarios, para cambiar el patrimonialismo heredado hace 200 años de la colonia, que es la incapacidad de las clases dirigentes de discernir entre las ganancias personales y el erario público.
Los intentos de reforma
En la historia republicana, hubo muchos intentos de reformas, pero siempre privilegiando a pequeñas minorías en detrimento de las grandes mayorías, con dictaduras militares y gobiernos constitucionales que no intentaron siquiera los cambios. La única excepción fue durante el gobierno de Juan Francisco Velasco Alvarado (1968-1975).
Durante su gestión, nacionalizó la Banca, los recursos mineros del país: expropió los yacimientos petrolíferos de Talara, así como las explotaciones e instalaciones de Cerro de Pasco Corporation y Marcona Mining; estatizó la industria pesquera, creó el ministerio de Alimentación para distribuir los alimentos producios por las cooperativas agrarias.
Asimismo impuso un control directo del Estado sobre las telecomunicaciones, y dispuso una reforma agraria en todo el país para poner fin a la oligarquía terrateniente. Afectó a los latifundios de la sierra, pero también a los complejos agroindustriales de la costa, en las que se crearon Cooperativas Agrarias de Producción. La reforma del sector industrial involucró a todos los trabajadores, que debían participar en las utilidades, en la gestión y la administración de la misma.
El gobierno de Velasco Igualó los derechos de los hijos legítimos y naturales ante la ley;, las Fuerzas Armadas fueron equipadas con moderno armamento adquirido de la extinta Unión Soviética, convirtiéndose en una de las mejores de América Latina. Y con el fin de movilizar organizadamente a la población y controlar las movilizaciones sociales, creó en 1972 el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social.
Y, en el ámbito internacional, promovió una política de no alineación, bajo el lema «ni con el capitalismo ni con el comunismo», lo que significó una ruptura con EEUU. En 1972, decretó una reforma educativa que previó entre otros una educación bilingüe para los peruanos, usuarios de lenguas nativas, que componían casi la mitad de la población.
Tras el golpe contra Velasco, todo volvió a ser como antes y como después. Y tras el corrupto gobierno de Alan García, con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, Alberto Fuljimori y Vladimiro Montesinos reeditan no solo el patrimonialismo en versión neoliberal del capitalismo de amigotes.
Tras la caída de Fujimori, poco cambií. El adalid del neoliberalismo, Pedro Pablo Kuczinsky debió renunciar a la presidencia no solo por amnistiar el dictador genocida, sino por corrupción, mientras a diario se siguen difundiendo las grabaciones de los favores supremos entre amigotes del Ejecutivo, el poder judicial y el empresariado.
El nuevo escenario 2.0
La diferencia entre el patrimonialismo anterior y lo ocurrido en los últimos 26 años es la extraordinaria producción de riqueza en este último cuarto de siglo, lo que no varió en absoluto el principio de privilegiar a un pequeño grupo a costa de los demás, lo que ha permitido vender ilusiones, el verso capitalista del esfuerzo particular. Nada que ver con las esperanzas reformistas y revolucionarias de la segunda mitad del siglo XX.
La podredumbre del modelo deja a la intemperie la corrupción de la cultura política y de poder, pero también comenzó a aniquilar las ilusiones, en una pérdida –por ahora simbólica- de la hegemonía política y sobre todo cultural del poder neoliberal, en donde resalta la impotencia del presidente Martín Vizcarra y la caída abrupta de la credibilidad de los gobernantes: presidentes, congresistas, administradores de justicia.. y también en las instituciones.
La república está podrida, dicen los analistas. Es necesaria una refundación, una nueva Constitución que contenga cambios estructurales e impida la reedición de la corrupción del fujimorismo, del aprismo. Por ahora no se vislumbran las fuerzas del cambio, salvo en las calles tomadas por la protesta social. Como dice La Otra Mirada, cualquier consigna menor es un operativo de distracción de aquellos que no quieren soltar sus privilegios para que proceda el futuro del Perú.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
EN PORTUGUÉS
Refundar uma república apodrecida
Por Mariana Álvarez Orellana
O Peru aproveitou de forma notável o boom das matérias primas para reduzir a pobreza – que passou de 57% em 2004 a 20% em 2016 –, mas essa bonança também resultou em enorme económica e política, que parece estar chegando ao nível da decomposição republicana.
A corrupção e o tráfico de influências no país estão incrustados não só no alto governo como também no Poder Judiciário, no Conselho Nacional da Magistratura (CNM, similar ao Conselho Nacional de Justiça, no Brasil) e em todo o sistema de administração da Justiça, todo um esquema que mantém o Estado sequestrado por uma máfia. Os áudios revelados pelos casos denunciados nos últimos meses, envolvendo juízes e políticos importantes do país, somente confirmaram aquilo que muitos na sociedade já desconfiavam, ou que eram segredos de corredor de palácio.
Desde o ajuste neoliberal de 1990, o chamado “capitalismo de compadrio” significou que os grandes negócios realizados pelas grandes empresas precisavam do apoio indispensável da criação e manutenção de relações privilegiadas entre as mesmas e o Estado, além do controle das instituições democráticas. As propinas, subornos e outras vantagens descobertas nos últimos meses atingiram os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Os analistas definem o momento como uma crise sistêmica, de governo, regime e Estado.
O edifício institucional já não requer mais uma simples restauração, porque está podre. As traças do fujiaprismo (mistura entre o fujimorismo e o aprismo) terminaram de consumi-lo, como comenta o sociólogo Nicolás Lynch, do periódico digital La Otra Mirada. Não se trata de pessoas ou de instituições, porque “nem o mais engomado dos figurões do regime tem dedos de pianista, suficientemente hábeis para lidar com esta situação. O convescote dos favores palacianos ficou exposto. O problema está nas estruturas, e elas estão assim conformadas desde lá atrás”, acrescenta.
O Peru se mostra, assim, um Estado falido, falho e mafioso, capturado por um sistema neoliberal que há 26 anos vem sujeitando a democracia, com suas negociatas, com a impunidade, com o vai e vem de nomeações e demissões de autoridades, com os congressistas que fazem lobbies para os interesses empresariais (seus e de terceiros), com os meios de comunicação que atuam como verdadeiros escudeiros do esquema, e o protegem de qualquer denúncia da imprensa independente.
As estruturas não podem mudar por si só, e não aparece no horizonte nenhuma força capaz de impulsar as mudanças estruturais necessárias, para mudar o patrimonialismo herdado há 200 anos da colônia, que se nota na incapacidade das classes dirigentes de discernir entre os lucros pessoais e o erário público.
As tentativas de reforma
Na história republicana peruana, houve muitas tentativas de reformas, mas sempre privilegiando pequenas minorias, em detrimento das grandes maiorias, com ditaduras militares e governos constitucionais que não tentaram sequer fazer as mudanças.
A única exceção foi durante o governo de Juan Francisco Velasco Alvarado (1968-1975), que nacionalizou a banca, os recursos minerais do país, expropriou as jazidas petrolíferas da região de Talara e as explorações e instalações de Cerro de Pasco Corporation e Marcona Mining, estatizou a indústria da pesca e criou o Ministério da Alimentação, para distribuir os alimentos produzidos pelas cooperativas agrárias.
Ademais, impôs um controle direto do Estado sobre as telecomunicações, e impulsou uma reforma agrária em todo o país, para acabar com a oligarquia latifundiária. Afetou os proprietários da serra, mas também os complexos agroindustriais da costa, nas quais se criaram Cooperativas Agrárias de Produção. A reforma do setor industrial envolveu todos os trabalhadores, que deviam participar nas utilidades, na gestão e na administração da mesma.
O governo de Velasco igualou os direitos dos filhos legítimos e naturais perante a lei. As Forças Armadas foram equipadas com armamento moderno, adquirido da União Soviética, se transformando em uma das melhor preparadas da América Latina. E com o fim de mobilizar organizadamente a população e as manifestações sociais, se criou o Sistema Nacional de Apoio à Mobilização Social, em 1972.
No âmbito internacional, Velasco promoveu uma política de não alinhamento, sob o lema “nem com o capitalismo, nem com o comunismo”, o que significou uma ruptura com os Estados Unidos. Em 1972, decretou uma reforma educativa que previu, entre outros pontos, uma educação bilíngue para os peruanos usuários de idiomas nativos, que compõem quase a metade da população.
Após o golpe de Estado contra Velasco, em 29 de agosto de 1975, tudo voltou a ser como antes, e como depois. E após o corrupto governo de Alan García, com o golpe de Estado de 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori e Vladimiro Montesinos reeditaram o patrimonialismo, na versão neoliberal do capitalismo de compadrio.
Após a queda de Fujimori, pouca coisa mudou. O paladino do neoliberalismo, Pedro Pablo Kuczinsky, teve que renunciar à Presidência, em março deste ano, após anistiar o ditador genocida Fujimori e por estar envolvido em uma rede de corrupção, enquanto o país descobre todos os dias novas gravações de favores supremos entre o Executivo, o Judiciário e o empresariado.
O novo cenário 2.0
A diferença entre o patrimonialismo anterior e o ocorrido nos últimos 26 anos é a extraordinária produção de riqueza neste último quarto de século, o que não variou em nada o princípio de privilegiar a um pequeno grupo em detrimento dos demais, sustentado pela ilusão em forma de discurso político, o verso capitalista do esforço particular – nada a ver com as esperanças reformistas e revolucionárias da segunda metade do Século XX.
O nível de podridão do modelo faz com que não seja mais possível ignorar a corrupção que carcomeu as estruturas e se instalou dentro da cultura política e do poder, e que também começou a aniquilar as ilusões, numa perda – por enquanto simbólica – da hegemonia política, e sobretudo cultural, do poder neoliberal, onde ressalta a impotência do presidente Martín Vizcarra e a queda abrupta da credibilidade dos governantes: presidentes, congressistas, administradores de justiça… e também as instituições.
A república está apodrecida, dizem os analistas. É necessária uma refundação, uma nova Constituição que contenha mudanças estruturais e impeça a reedição da corrupção do fujimorismo e do aprismo – termo ligado ao partido APRA, Aliança Popular Revolucionária Americana, similar ao PSDB brasileiro, no sentido de ser uma legenda originalmente socialdemocrata, que foi se tornando mais um referente da direita neoliberal no país com o passar dos anos. Por enquanto, não se vislumbram forças de mudança, exceto nas ruas tomadas pelos protestos sociais. Como diz o editorial de La Otra Mirada, “qualquer consigna menor é um operativo de distração daqueles que não querem soltar seus privilégios e permitir que floresça o futuro do Peru”.
Mariana Álvarez Orellana é antropóloga, docente e investigadora peruana, analista associada ao Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
www.estrategia.la
—
