Ante la escasez de votos, Macri apela a la represión militar/ Diante da escassez de votos, Macri apela à repressão militar

 

Rubén Armendáriz|

Aunque está legalmente prohibido desde el retorno de la democracia en el país, las fuerzas armadas argentinas volverán a actuar en «asuntos estratégicos» de seguridad interior por decisión del presidente Mauricio Macri, en respuesta a la cada vez más creciente conflictividad social y a las presiones del gobierno de Donald Trump.

Para hacerlo, Macri sigue utilizando el mismo lenguaje con el que suele adornar y encubrir sus verdaderas intenciones: “modernizar”, mirada “estratégica”, “los desafíos del siglo XXI”; y usar siempre la referencia a la “democracia”, entendida como la potestad de un gobierno para cercenar los derechos de los ciudadanos que son sujeto de los derechos que pretende defender.

La decisión del mandatario termina con un consenso democrático logrado en 1983 tras la larga noche de la dictadura cívico-militar genocida instaurada en marzo de 1976, y borra la barrera entre la seguridad interior y la defensa nacional. «Si la sociedad no detiene a Macri, la decisión cambiará la vida de la Argentina para siempre. Y arruinará, inclusive, la vida de los propios militares», sostuvo Martín Granosvsky en Página 12.

Macri hizo el anuncio en el Cuartel de Campo de Mayo; sostuvo que estas medidas están destinadas a combatir «los desafíos de seguridad del siglo XXI, el terrorismo y el narcotráfico. Es importante que intervengan en la protección de asuntos de carácter estratégico. Será fundamental la custodia y protección de las fuerzas armadas en objetivos estratégicos y blindar la seguridad de nuestros activos».

Hizo énfasis en «el apoyo logístico» a la seguridad interior, enfocado la mirada hacia la protección del Atlántico Sur y de las fronteras, habló del rediseño del concepto de defensa nacional y de una protección de los objetivos estratégicos clave de los recursos naturales del país. La escasez y la pobreza de argumentos que suele utilizar Macri son inversamente proporcionales a la brutalidad de sus anuncios.

El decreto, elaborado con asesoramiento de expertos estadounidenses e israelíes – apenas fue anunciado y repudiado por partidos políticos y movimientos sociales pero aún no fue publicado-, contempla tres artículos para poner en ejecución el plan de restructuración de las fuerzas armadas, y en su anexo documental de 27 páginas prevé tres grandes capítulos que fijan los lineamientos de la profunda reforma militar, detalló el diario oficialista Infobae.

El documento firmado por el ministro de Defensa, OscarAguad menciona que «las amenazas cibernéticas sofisticadas provienen de organizaciones militares y agencias de inteligencia de otros estados». El ministro aún no pudo dar respuestas sobre la desaparición en el Atlántico Sur  del submarino ARA San Juan con 43 tripulantes, el 15 de noviembre último.

Aguad señaló a periodistas  que «no hay una amenaza concreta, pero la podemos tener en cualquier momento. Imagínense que Rusia intervino en el resultado electoral de Estados Unidos de la campaña anterior y eso tiene que ver con un ciberataque», dando por cierto algo que nunca se pudo comprobar y causó revuelo diplomático, al tratar de justificar la compra de «un aparato para ciberdefensa muy moderno», y otros equipos israelíes.

Es más, habla de cooperación con otros países y sorprende que en el anexo sobre el análisis regional se haga referencia a «la crisis que atraviesa Venezuela», y denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro «persiste en sus esfuerzos por consolidar un régimen autoritario que viola de manera sistemática las libertades fundamentales y los derechos políticos de sus opositores».

Repudios y preocupación

El anuncio recogió solamente repudios entre los organismos de derechos humanos, desde donde calificaron la decisión presidencial como una “amenaza” a la democracia y la vincularon con las medidas de ajuste que el Ejecutivo está implementando. Para los organismos humanitarios, la medida tiene un objetivo claro: responder a la cada vez más creciente conflictividad social con política represiva, ya que no hay forma de solucionar plan económico de ajuste y hambre sin represión.

“Es una decisión que nos retrotrae a épocas de la dictadura porque fue la última vez que las Fuerzas Armadas intervinieron en seguridad interior, por lo tanto es una muy mala noticia, nos lleva a pensar que justamente lo peor de la historia argentina”, definió Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos (de desaparecidos durante la dictadura), quien aseguró que “como familiar de desaparecidos, de solo imaginar que los militares vayan a poder hacer tareas que hicieron durante la dictadura da escalofríos”.

El bloque en el Senado del kirchnerista Frente para la Victoria advirtió que esta medida es inconstitucional y si hay un decreto, debe pasar por el Congreso Nacional. Sostuvo que «desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las fuerzas armadas en asuntos internos es ilegal», explicando que «entrometer» al ejército en seguridad interior «exige la modificación de tres leyes piramidales de la democracia argentina: defensa, seguridad interior e inteligencia».

“La experiencia del mundo nos indica que termina siendo un remedio peor que la enfermedad, como en México y Colombia”, opinó el excandidato presidencial del radicalismo Ricardo Alfonsín. Desde el Frente de Izquierda (FIT) no hay dudas que el gobierno quiere tener las Fuerzas Armadas a mano para utilizarlas en la represión a la protesta social que se multiplicará para enfrentar el duro ajuste que exige el FMI, mientras que Gabriel Solano (FIT-PO) lo asoció al “plan represivo diseñado por el Pentágono”.

Varios analistas se refirieron a la triste experiencia mexicana desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón sumó a los militares a la lucha contra el narcotráfico (y de paso contra la creciente protesta social) causando 234 muertes (cifras hasta 2017), aún aclarando del narco en Argentina es muy diferente al de México, pero también sirve de argumento para acentuar la represión.

Alineamiento

La “reforma del sistema de seguridad nacional” cuando no hay una hipótesis de conflicto real no es otra cosa que una nueva decisión de alineamiento de la Argentina con la política de Estados Unidos en materia de seguridad internacional que señala como enemigos “al terrorismo” y al “narcotráfico”.

Alimentar la idea del enemigo es una acción multipropósito: justifica el apoyo a las Fuerzas Armadas, permite desviar fondos con ese fin, busca sacar la mirada de los crecientes problemas internos y, simultáneamente, hacer un guiño al gobierno estadounidense, uno de los principales sostenes de la gestión de la Alianza Cambiemos.

Resultado de imagen para armas para ejercitos“En breve podremos observar que con la pretensión de “modernizar” la Argentina comprará más armas a la industria militar internacional (en especial estadounidense) y en consecuencia “tendrá” que capacitar a sus Fuerzas Armadas en el uso de las mismas. No es difícil imaginar que EEUU, generosa y solidariamente, ofrecerá a sus propios expertos para enseñarles a los nuestros como usarlas. No solo eso. ¿Quiénes conocen más de “narcotráfico” y de “terrorismo” en el mundo? Los mismos”, señala el analista Washington Uranga.

Para todos estos propósitos, Macri, quien sigue perdiendo credibilidad e inbtención de voto de cara a las elecciones del año pr´loximo, quiere “poner en valor a la familia militar”. Comenzó por recomponer los salarios castrenses por encima del recorte con el que castiga a todos los empleados del Estado, en un reconocimiento necesario para las nuevas tareas represivas que requiere el modelo económico, político y social del macrismo.

* Periodista y politólogo asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)


EN PORTUGUÉS

Diante da escassez de votos, Macri apela à repressão militar
Por Rubén Armendáriz
Embora esteja legalmente proibido desde o retorno da democracia na Argentina, as Forças Armadas argentinas voltarão a atuar em “assuntos estratégicos” de segurança interior, por decisão do presidente Mauricio Macri, em resposta aos cada vez mais presentes conflitos sociais no país, e às pressões do governo de Donald Trump.

Para isso, o presidente utiliza a mesma linguagem com a qual costuma adornar e encobrir suas verdadeiras intenções: “modernizar”, “olhar estratégico”, “os desafios do Século XXI”… usando sempre a referência da “democracia”, entendida como o poder de um governo para cercear os direitos dos cidadãos que são sujeito dos direitos que ele assegura que pretende defender.

A decisão do mandatário encerra um consenso democrático alcançado em 1983, após a longa noite da ditadura civil-militar genocida instaurada em março de 1976, e apaga a barreira entre a segurança interior e a defesa nacional. “Se a sociedade não conseguir freá-lo, é uma decisão que mudará a Argentina para sempre. E arruinará até mesmo a vida dos próprios militares”, comentou o jornalista Martín Granosvsky, do Página/12.

Macri fez o anúncio da medida no Quartel de Campo de Maio: disse que elas estão destinadas a combater “os desafios de segurança do Século XXI, o terrorismo e o narcotráfico. É importante que intervenham na proteção de assuntos de carácter estratégico. Será fundamental a custódia e proteção das Forças Armadas em objetivos estratégicos, e blindar a segurança de nossos ativos”

Fez uma ênfase no “apoio logístico” à segurança interior, enfocado no olhar à proteção do Atlântico Sul e das fronteiras, falou do redesenho do conceito de defesa nacional e de uma proteção dos objetivos estratégicos cruciais dos recursos naturais do país. A escassez e a pobreza de argumentos que costuma utilizar são inversamente proporcionais à brutalidade dos seus anúncios.

O decreto, elaborado com a assessoria de especialistas estadunidenses e israelenses – e repudiado por partidos políticos e movimentos sociais antes mesmo de ser publicado oficialmente –, contempla três artigos a serem postos em execução, dentro do chamado Plano de Reestruturação das Forças Armadas. Em seu anexo documental de 27 páginas, prevê três grandes capítulos que estabelecem os contornos que a profunda reforma militar deverá seguir, segundo detalhou o meio digital governista Infobae.

O documento está assinado pelo ministro de Defesa, Oscar Aguad, que menciona “as ameaças cibernéticas sofisticadas que provêm de organizações militares e agências de inteligência de outros estados”. Se trata do mesmo ministro que ainda não foi capaz de responder sobre a desaparição, no Atlântico Sul, do submarino ARA San Juan, com 43 tripulantes, no dia 15 de novembro de 2017.

Aguad afirmou aos jornalistas que “não há uma ameaça concreta, mas podemos tê-las a qualquer momento. Imaginem que a Rússia interveio no resultado eleitoral dos Estados Unidos, na campanha anterior, e isso tem a ver com um ciberataque”, considerando como fato algo que nunca se pode comprovar, e que causou uma crise diplomática, ao tratar de justificar a compra de “um aparato para ciberdefesa muito moderno”, e outros equipamentos israelenses.

Além disso, o ministro fala de cooperação com outros países, e surpreende que, no anexo sobre a análise regional, haja referência à “crise que a Venezuela atravessa”, com a denúncia de que o governo de Nicolás Maduro “insiste em seus esforços por consolidar um regime autoritário que viola de maneira sistemática as liberdades fundamentais e os direitos políticos de seus opositores”.

Repúdios e preocupação

O anúncio coleciona expressões de repúdios entre os organismos de direitos humanos, os quais qualificaram a decisão presidencial como uma “ameaça” à democracia, e a vincularam com as medidas de ajuste que o Executivo está implementando. Para os organismos humanitários, a medida tem um objetivo claro: reagir ao cada vez mais presente conflito social com mais política opressiva, já que não há forma de solucionar o plano econômico de ajuste e fome sem repressão.

“É uma decisão que nos faz retroagir à época da última ditadura, porque foi a última vez que as Forças Armadas interviram na segurança interior, portanto é uma notícia muito ruim, nos leva a pensar que o pior da história argentina pode voltar a estar presente”, definiu Carlos Pisoni, da agrupação Filhos (de desaparecidos durante a ditadura), que assegurou que “como familiar de desaparecidos, só imaginar que os militares poderão fazer missões como as que fizeram durante a ditadura dá escalafrios”.

O bloco senatorial kirchnerista Frente para a Vitória (FpV) advertiu que esta medida é inconstitucional, e que é um decreto deve passar pelo Congresso Nacional primeiro. Em comunicado, o grupo sustentou que “desde 1983, a separação entre defesa nacional e segurança interior é uma política de Estado. Envolver as Forças Armadas em assuntos internos é ilegal”, explicando que o uso do Exército nas tarefas de segurança interior “exige a modificação de três leio piramidais da democracia argentina: defesa, segurança interior e inteligência».

“A experiência do mundo nos indica que termina sendo um remédio pior que a doença, como foi no México e na Colômbia”, opinou o ex-candidato presidencial do radicalismo, Ricardo Alfonsín. A Frente de Esquerda (FIT) afirmou que não tem dúvidas de que o governo pretende usar as Forças Armadas na repressão dos protestos sociais que se multiplicarão, no enfrentamento ao duro ajuste exigido pelo FMI. O deputado Gabriel Solano, representante da FIT em Buenos Aires, acredita que “se trata de um plano repressivo desenhado pelo Pentágono”.

Vários analistas se referiram à triste experiência mexicana desde que, em 2006, o então presidente Felipe Calderón agregou os militares às operações de luta contra o narcotráfico – e, de quebra, também os utilizou para conter as crescentes manifestações sociais. Essa política terminou com um saldo de dezenas de milhares de mortes. Ademais, deve-se considerar que a questão do narcotráfico na Argentina é muito diferente em comparação ao que acontece no México, que tem uma enorme fronteira em comum com o maior consumidor de drogas do mundo – embora, no caso mexicano, o tema também tenha servido de argumento para acentuar a repressão.

Alinhamento

Uma “reforma do sistema de segurança nacional” quando não há uma hipótese de conflito real não é outra cosa senão uma nova decisão visando o alinhamento da Argentina com a política dos Estados Unidos em matéria de segurança internacional, incluindo um discurso que aponta aos mesmos inimigos: o terrorismo e o narcotráfico.

Alimentar a ideia do inimigo interno é uma ação que tem múltiplos propósitos: justifica o apoio às Forças Armadas, permite desviar recursos com esse fim, ajuda a tirar os crescentes problemas internos do noticiário e, simultaneamente, faz um gesto ao governo estadunidense, um dos principais apoiadores internacionais do governo de direita da Argentina.

“Em breve, poderemos observar que, com a justificativa de `modernizar´ a Argentina, o governo decidirá comprar mais armas da indústria militar internacional (em especial estadunidense e israelense) e, em consequência, `terá´ que capacitar suas Forças Armadas para o uso das mesmas. Não é difícil imaginar que os Estados Unidos, generosa e solidariamente, oferecerão os seus próprios especialistas para ensinar aos argentinos como usar essas armas. Mas não é só isso. Quem conhece mais sobre `narcotráfico´ e `terrorismo´ no mundo? Eles mesmos”, comenta o analista político Washington Uranga.

Para todos esses propósitos, Macri – que continua perdendo credibilidade e intenção de voto, com respeito às eleições do ano que vem, quando tentará renovar seu mandato – que “dar mais valor à família militar”. Começou recompondo os salários do setor, com aumentos acima do corte que impôs aos demais empregados do Estado, num reconhecimento necessário para as novas tarefas repressivas que o modelo econômico, político e social do macrismo requer.

Rubén Armendáriz é jornalista e cientista político uruguaio, analista do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)

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