Alvaro Verzi Rangel|

La escalada de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela sigue in crescendo desde que en 2014 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de protección de los venezolanos, que sirvió de base para el decreto del presidente Barack Obama en el que se declara a Venezuela como un peligro para la seguridad.

Es cierto que el gobierno estadounidense ha convertido el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en un problema de honor. Éste no puede llegar al 20 de mayo en el Palacio de Miraflores, porque, seguramente ganará su reelección en los comicios presidenciales, limpiamente, con un sistema electoral impecable. Pero Maduro no tiene oposición franca y cuenta –por ahora- con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Pero también saben que la oposición en Venezuela no existe, se suicidó por falta de ideas, proyectos y, sobre todo de credibilidad. Se autodisolvió, producto de sus errores y de insensatez propia y de sus mandantes del norte. Y la realidad muestra que mientras se continúa con la guerra de los micrófonos, hay conversaciones entre funcionarios de ambos países y posiciones discordantes en la diplomacia estadounidense.

Tras Obama, llegaron nuevas decisiones con Donald Trump, expuestas por el entonces secretario de Estado Rex Tillerson, despedido tras una controversial gira por la región, mientras las fricciones han ido aumentado sin que se hayan establecido mecanismos diplomáticos o de negociación para procesar las controversias más allá de micrófonos, primeras planas, redes sociales y campañas mediáticas internacionales.

El mexicano John Saxe se pregunta si será John Bolton, nuevo asesor de seguridad, el espantapájaros de Trump para negociar mejor desde una posición de cacofónica fuerza retórica, mientras levanta la puja para impedir su inminente juicio político por el fiscal especial Robert Mueller cuando han arreciado sus escándalos pornográficos.

Tanto Washington como Caracas entienden que se trata de divergencias entre Estados. No tienen parangón con las negociaciones entre factores internos de Venezuela, como las de República Dominicana, y por ende no puedan sustituir un diálogo directo entre representantes de los dos países. Se trata de sanciones concretas, que solo la Casa Blanca está en capacidad de revertir, sobre la base de acuerdos y concesiones mutuas.

Es cierto que Venezuela se ha separado desde un punto de vista geopolítico del área de influencia estadounidense, y eso es motivo de fricciones, aun cuando las viejas doctrinas no tienen la misma vigencia en un mundo globalizado y  en mutación, donde los controles territoriales son menos significativos.

Más allá de la perorata guerrerista, la negociación es lo que se intenta para resolver los conflictos y tiene mayores posibilidades de solución, incluso en casos muy diferentes del venezolano como el de Corea, que incluye armas nucleares y a países que nunca pusieron fin a la confrontación iniciada durante la Guerra Fría: ya se anuncia un encuentro entre Donald Trump y Kim Jog-un, el “hombre cohete”.

El politólogo Leopoldo Puchi señala que siendo las tensiones entre Venezuela y EEUU de un tenor distinto, incomparable con Corea, es válido preguntarse por qué no se intentan  resolver los puntos en discordia por medio de la creación de una mesa de diálogo entre los dos países. ¿Es que acaso solo negocian los países que tienen armas nucleares?

Los guerreristas

Mientras la campaña “Todos somos Venezuela” movilizó a la solidaridad de los pueblos de América Latina para con la Revolución Bolivariana, la guerra contrainsurgente de baja Intensidad y de cuarta generación, continúa en diversos frentes, alentando las medidas más duras del gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela.

El senador republicano por Florida Marco Rubio, quien financia a los sectores venezolanos rupturistas y que buscan una intervención extranjera, escribió el 17 de marzo que “está llegando el día” en el que los venezolanos verán al presidente Nicolás Maduro fuera del poder, y al dirigente Diosdado Cabello extraditado a EEUU por sus negocios con el narcotráfico.

Rubio, integrante del lobby cubano-americano que maneja el terrorismo contra Cuba desde hace casi seis décadas, advirtió dos semanas atrás que “si Maduro pensaba que la presión iba a disminuir, estaba muy equivocado” y ratificó estar seguro de que el presidente Trump “está comprometido con una Venezuela libre y la presión sólo se detendrá cuando se restablezca el orden democrático y que no cesará sobre Nicolás Maduro, hasta que la democracia sea restablecida”.

El senador Marcos Rubio emitió una serie de amenazas en contra de quizás uno de los funcionarios estadounidenses con mayor prestigio y de reconocida lealtad y patriotismo, Todd Robinson, encargado de negocios de su país en Caracas. A Rubio, protector de la distribución de armas a los civiles sin restricción alguna, no le parecieron acertadas las declaraciones emitidas por Robinson en una entrevista radial.

Para los sectores conservadores-fundamentalistas “restablecer la democracia” significa derrocar a un presidente democráticamente elegido por las mayorías, que se opone a la entregar de las riquezas de su país a la voracidad recolonizadora de EEUU y las grandes corporaciones trasnacionales. Una tesis que también esgrimen algunos gobiernos latinoamericanos, como los de Colombia, Chile, Brasil, Perú, Argentina, entre otros.

Mark Green, director de la USAID entregó en las últimas semanas 2,5 millones de dólares a Colombia para ayudar a la “restauración democrática” de Venezuela, además de los 36,5 millones de dólares aportados para operaciones de fronteras a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

Esta trabaja en zonas donde aparentemente están preparados para atender una inexistente “crisis humanitaria” venezolana, argumento creado por la aplicación de la guerra psicológica y de cuarta generación del Comando Sur de EEUU y el Pentágono.

Maduro recibió a Caleb McCarry

En febrero, el presidente Maduro recibió a Caleb McCarry,  asesor  de la comisión de política exterior del Senado de Estados Unidos, quien había solicitado una reunión para tratar la situación de Joshua Holt, originario de Utah, detenido en Venezuela. Esta gestión se realizó bajo la intermediación del Grupo Boston, del cual han formado parte tanto McCarry como el propio Maduro, y el exsecretario de Estado (2013- 2017) John Kerry.

El Grupo Boston fue una comisión parlamentaria venezolano-estadounidense financiada por la OEA creada en 2002, después del fallido golpe de Estado de 2002, para tratar temas neurales para ambas naciones en un ambiente de menor polarización.

En principio, la actividad se inscribe en las frecuentes gestiones que realizan los parlamentos de cualquier país en favor de sus ciudadanos. Sin embargo, habría que destacar que la ocasión ha servido para establecer un hilo de comunicación entre dos países que desde hace algunos años han bajado a un mínimo sus relaciones diplomáticas.

Los analistas consideran que se trata de una iniciativa que tiene una importancia que no se debe desestimar, por más que no emane directamente de la Casa Blanca, ya que  todas las iniciativas en materia de política exterior se hacen de manera concertada con el Ejecutivo.

Robinson dice que cree en el diálogo

En Unión Radio, el encargado de negocios de la embajada de EEUU en Venezuela, Todd Robinson, afirmó que aunque las relaciones con el gobierno de Venezuela han sido difíciles por años, “siempre hay espacio para mejorarlas, creo en el diálogo y la negociación, hay autoridades tanto en Venezuela como en Washington que quieren hablar y necesitan hablar”.

Robinson sostuvo que en vez de endurecer las relaciones, “hay que buscar este espacio para hablar, dialogar, sobre los temas más importantes entre los dos países”. Sobre las sanciones del gobierno de Trump contra funcionarios venezolanos, Robinson señaló que son medidas individuales, “el propósito es evitar que esas personas que han cometido delitos financieros, de corrupción, podrían usar el sistema financiero de los Estados Unidos”.

En cuanto a la orden ejecutiva que prohíbe las transacciones con el Petro, reiteró que “el Departamento del Tesoro ha fijado una posición clara al respecto, ya que con la cripto moneda se estarían evadiendo las sanciones. No decimos que pueden buscar sus maneras de hacer negocios, estamos diciendo que no pueden tener acceso a nuestro sistema”.

En cuanto al tema electoral el diplomático aseguró que la administración Trump esperará por la decisión que tomen los venezolanos en las elecciones previstas para el 20 de mayo. “Los venezolanos van a decidir si las elecciones tienen credibilidad o no, nosotros vamos a esperar la decisión de los venezolanos”.

Por supuesto, las opiniones de Robinson no fueron del agrado de quienes ven la intervención militar estadounidense como única alternativa personal para llegar al poder, ante la imposibilidad de lograrlo por la vía electoral. Lo cierto del caso es que el episodio permitirá saber hasta dónde llega la influencia de Rubio en la administración Trump; y por supuesto, cuan sólido es el piso político de Todd Robinson.

Mientras siguen las tensiones, algunos encuentros solapados entre funcionarios de ambos países, y la guerra mediática de imposición del imaginario colectivo internacional de un país destruido, en crisis humanitaria, con un gobierno dictatorial y autoritario sigue su derrotero, los halcones de Washington buscan la forma de derrocar al presidente Nicolás Maduro antes del 20 de mayo, antes que sea reelecto. Quizá sin pensar en el día después.

*Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Como os Estados Unidos alimentam a tensão nas eleições da Venezuela

As tensões entre os governos da Venezuela e dos Estados Unidos vêm crescendo constantemente desde 2014, quando o Congresso estadunidense aprovou a Lei de Proteção dos Venezuelanos

Por Álvaro Verzi Rangel

As tensões entre os governos da Venezuela e dos Estados Unidos vêm crescendo constantemente desde 2014, quando o Congresso estadunidense aprovou a Lei de Proteção dos Venezuelanos, que serviu de base para o decreto do presidente Barack Obama no qual declara a Venezuela como um perigo para a segurança.

O governo estadunidense estabeleceu a derrubada do presidente Nicolás Maduro como uma questão de honra, um objetivo prioritário. Neste sentido, passa a ser importante evitar que ele se mantenha no Palácio de Miraflores até o dia 20 de maio, pois são muito grandes as chances de que ele vença as eleições presidenciais, limpamente, com um sistema eleitoral inquestionável. Ademais, Maduro não tem uma oposição forte e conta – ao menos por enquanto – com o apoio das Forças Armadas.

Os Estados Unidos sabem que a oposição na Venezuela não existe, se suicidou por falta de ideias, projetos e, sobretudo, por falta de credibilidade. Se autodissolveu, como resultado de seus erros e da própria insensatez e da obediência cega às equivocadas estratégias sugeridas por seus mandantes do Norte. A realidade foi mais forte que os discursos pomposos declamados pelos microfones: os opositores ao chavismo perderam o rumo, entre as muitas divergências entre si e as conversas de alguns setores com altos funcionários da diplomacia estadunidense.

Após o período de Obama, Washington passou a usar uma nova estratégia. Com Donald Trump, a Venezuela passou a ser uma das prioridades do secretário de Estado Rex Tillerson, até que este terminou sendo despedido após sua controversa turnê pela região, enquanto as fricções aumentavam no país, sem que se pudesse estabelecer mecanismos diplomáticos ou de negociação para processar as controvérsias, deixando a disputa restrita a batalha de microfones, manchetes, redes sociais e campanhas midiáticas internacionais.

O analista mexicano John Saxe Fernández se pergunta John Bolton, o novo conselheiro de segurança, será o agente de Trump para negociar melhor e potenciar sua força retórica, enquanto se trabalha para impedir um iminente juízo político – liderado pelo promotor especial Robert Mueller – após uma nova polêmica por escândalos pornográficos. Bolton também poderia atuar no caso venezuelano, devido ao seu passado como embaixador na ONU, entre outros talentos.

Tanto Washington quanto Caracas entendem que o conflito atual se trata de uma divergência entre Estados. Não há um paralelo, por exemplo, com as negociações entre fatores internos venezuelanos, que é o que se está fazendo na República Dominicana, com delegados governistas e opositores, o qual não tem poder de substituir um diálogo direto entre representantes dos dois países – ainda quando alguns opositores vivam de reproduzir as posturas ditadas pelo Norte. O caso aqui é que há sanções concretas, as quais só a Casa Branca tem o poder de reverter, mas isso só poderá acontece sobre a base de acordos e concessões mútuas.

A Venezuela, do ponto de vista geopolítico, vem se separado da área de influência estadunidense, e esse é o motivo das fricções, ainda que as velhas doutrinas não tenham a mesma vigência num mundo globalizado e em mutação, onde os controles territoriais são menos significativos.

A fracassada tentativa opositora de ganhar espaço apostando na violência mostrou que a negociação é o caminho mais adequado para resolver os conflitos – e não só no caso venezuelano, basta ver o que acontece entre as Coreias, caso que ainda tem o agravante de envolver o uso de armas nucleares em uma problemática que se mantém desde a Guerra Fria, mas que agora chegou a um ponto de um possível encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un.

O cientista político Leopoldo Puchi afirma que as tensões entre Venezuela e Estados Unidos são de um teor diferente, incomparáveis com o caso coreano, mas ainda assim é válido perguntar por que não se tenta resolver os pontos em discórdia por meio da criação de uma mesa de diálogo entre os dois países. Por acaso, a regra é que só os países que possuem armas nucleares podem negociar?

Os que apostaram na violência

Enquanto a campanha “Todos somos Venezuela” mobilizou a solidariedade dos povos da América Latina para com a Revolução Bolivariana, a guerra de baixa intensidade e de quarta geração, continua em diversas frentes, alimentando as medidas mais duras do governo do presidente Donald Trump contra a Venezuela.

O senador republicano da Flórida, Marco Rubio, que financia os setores venezuelanos golpistas – os quais defendem abertamente uma intervenção estrangeira no país – escreveu um artigo, publicado no dia 17 de março, que “está chegando o dia” no qual os venezuelanos verão o presidente Nicolás Maduro fora do poder, e o dirigente Diosdado Cabello extraditado aos Estados Unidos, por seus negócios com o narcotráfico.

Rubio, integrante do lobby cubano-americano, também maneja o terrorismo contra Cuba, advertiu, semanas atrás, que “se Maduro pensava que a pressão diminuiria, está muito enganado”, e ratificou estar seguro de que o presidente Trump “está comprometido com uma Venezuela livre, onde se restabeleça a ordem democrática”.

O senador emitiu uma série de ameaças contra um dos funcionários estadunidenses com maior prestígio e de reconhecida lealdade e patriotismo: Todd Robinson, encarregado de negócios do seu país em Caracas. Rubio também é um defensor da distribuição de armas aos civis sem restrição alguma, e não gostou nem um pouco das declarações dadas por Robinson em uma entrevista de rádio.

Para os setores conservadores-fundamentalistas, “restabelecer a democracia” significa derrubar um presidente democraticamente eleito pelas maiorias, e que se opõe à entrega das riquezas de seu país à voracidade recolonizadora norte-americana e suas grandes corporações transnacionais. Uma tese que também é adotada por alguns governos latino-americanos, como Colômbia, Chile, Brasil, Peru e Argentina, entre outros.

Mark Green, diretor da organização USAID – com a qual o país ajuda a financiar grupos políticos que defendem os interesses estadunidenses fora da sua fronteira –, entregou nas últimas semanas uma quantia equivalente a 2,5 milhões de dólares à Colômbia, para que este país ajude na “restauração democrática” da Venezuela, além de 36,5 milhões de dólares para operações de fronteiras da Agência das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) – que trabalha em zonas onde estão preparados para atender uma inexistente “crise humanitária” venezuelana, argumento criado para reforçar a retórica e a guerra psicológica e de quarta geração promovida pelo Comando Sul dos Estados Unidos e pelo Pentágono.

Maduro recebeu Caleb McCarry

Em fevereiro, o presidente Maduro recebei Caleb McCarry, assessor da comissão de política exterior do Senado dos Estados Unidos, que havia solicitado uma reunião para tratar da situação de Joshua Holt, um estadunidense preso na Venezuela. Esta gestão se realizou sob a intermediação do Grupo Boston, do qual formam parte tanto McCarry quanto o próprio Maduro, e o ex-secretário de Estado (2013- 2017) John Kerry.

O Grupo Boston é uma comissão parlamentar venezuelano-estadunidense financiada pela OEA (Organização dos Estados Americanos), criada em 2002, depois do fracassado golpe de Estado de 2002, para tratar de temas cruciais para ambas as nações, num ambiente de menor polarização.

No começo, a atividade entre Maduro e McCarry era mais uma das frequentes gestões realizadas pelos parlamentos de qualquer país em favor de seus cidadãos. Contudo, é preciso destacar que a ocasião serviu para estabelecer um fio de comunicação entre dos países levaram suas relações diplomáticas a um nível mínimo já há alguns anos.

Os analistas consideram que se trata de uma iniciativa cuja importância não se deve subestimar, por mais que não emane diretamente da Casa Branca – afinal, todas as iniciativas na matéria de política exterior se fazem de forma concertada com o Executivo.

Robinson diz que acredita no diálogo

Numa entrevista de rádio, Todd Robinson, encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, afirmou que embora as relações com o governo da Venezuela tenham sido difíceis nos últimos anos, “sempre há espaço para atuar em favor de uma melhora, e eu creio no diálogo e nas negociações, há autoridades tanto em Caracas quanto em Washington que querem falar e necessitam falar”.

Robinson sustenta que em vez de endurecer as relações, “é preciso buscar este espaço para falar, dialogar, sobre os temas mais importantes entre os dois países”. Sobre as sanções do governo de Trump contra funcionários venezuelanos, Robinson afirma que são medidas individuais, e que “o propósito é evitar que essas pessoas que cometeram delitos financeiros e de corrupção, possam usar o sistema financeiro dos Estados Unidos”.

Com relação à ordem executiva que proíbe as transações com o petro – a cripto moeda venezuelana lastreada em petróleo – o funcionário estadunidense reiterou que “o Departamento do Tesouro tem uma posição firme a esse respeito, já que essa cripto moeda estaria aumentaria a possibilidade de evadir as sanções. Não significa que eles não podem buscar suas maneiras de fazer negócios, o que estamos dizendo é que não podem usar o nosso sistema”.

Com relação ao tema eleitoral, o diplomata assegurou que a administração Trump esperará a decisão que os venezuelanos tomarão nas eleições previstas para o dia 20 de maio. “Os venezuelanos vão decidir se as eleições têm credibilidade ou não, nós vamos a esperar a decisão dos cidadãos”.

Evidentemente, as opiniões de Robinson não foram bem recebidas por aqueles que defendem a intervenção militar estadunidense como única alternativa para se chegar ao poder, devido à impossibilidade de conseguir uma vitória pela via eleitoral. A verdade do caso é que o episódio permitirá saber até onde chega a influência de Rubio na administração Trump, e também o quão sólido é o piso político de Todd Robinson.

As tensões que se mantêm à flor da pele não evitaram alguns encontros velados entre funcionários de ambos os países, enquanto a guerra midiática continua sendo vencida pela imposição do imaginário coletivo internacional de um país destruído, em crise humanitária, com um governo ditatorial e autoritário. Os falcões de Washington buscam encontrar a fórmula para derrubar Maduro, de possível antes de 20 de maio, antes de que ele seja reeleito. Talvez sem pensar no dia seguinte.

Álvaro Verzi Ranger é sociólogo venezuelano e codiretor do Observatório de Comunicação e Democracia