Argentina: Ataque a las universidades nacionales, temor por la revitalización del proyecto nacional

Matías Caciabue| A casi un siglo de la sanción de la Reforma Universitaria, el gobierno derechista de Mauricio Macri lanza una dura arremetida contra las universidades estatales, gratuitas y laicas, en el convencimiento que allí se puede generar un conjunto de ideas-fuerza que muestre el camino para la rearticulación popular en la construcción de un proyecto de país, habida cuenta del desprestigio de los partidos políticos. 

El Estado argentino, en tanto sistema complejo de instituciones, ha sido ocupado desde hace casi un año por una alianza de intereses distinta a la que gobernó el país desde 2003 a 2015, en el marco de una nueva etapa política para el país y la región que, contrariamente a lo que opinan los sepultureros de derecha, no significa una clausura de un ciclo histórico. Desde la crisis capitalista de 2008 el mundo vive una Tercera Guerra Mundial “por partes”, donde la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, muestran cuán rápido puede cambiar el tablero político.

Ganar el gobierno, de ese complejo y a veces contradictorio sistema de instituciones, es tan sólo un paso en la construcción de poder, puesto que no hay poder sin hegemonía.

En ese marco, es importante entender que la dictadura genocida de 1976 terminó por fracturar el mapa político argentino y vació a los partidos ideológicos de masas (UCR, PJ) para subordinarlos al proyecto neoliberal y a la estrategia pendular del capital financiero transnacional, desencadenando lo que se conoce como el transformismo, un proceso de cooptación política donde, sin importar que bandera se porte, el plan a llevar adelante es el mismo.

Entrado el siglo XXI, esa burguesía financiera global reemplaza las tareas organizativas de los grandes partidos políticos de masas por la cartelización de grandes empresas de la comunicación, siempre vinculadas al sistema financiero global en sus composiciones accionarias.

 Los medios de comunicación y las redes sociales pueden alcanzar a cada una de las personas convirtiendo al conjunto de la sociedad en su territorio de influencia. Esta situación les permite constituirse como mediadores políticos. Por otro lado, las grandes empresas de multimedios colaboran en el diseño de los programas políticos de los oficialismos y oposiciones “amigos”.

 A su vez, incorpora las tareas de conducción de las masas a través de un manejo aceitado de las técnicas de la psicología social, lo que les permite convertir cualquier hecho en un conflicto central cuando, en realidad, posee una importancia menor o es algo que no depende del conjunto del gobierno o de la fuerza política señalada (inseguridad y corrupción).

 Mediación de intereses, planificación política y conducción estratégica, tres características que los medios incorporan cumpliendo una función de partido político, de Estado Mayor Intelectual en los términos de Antonio Gramsci.

Así, la sociedad se intenta reducir al mero ámbito del consumo, incluso en la política, donde la democracia se busca comprimir sólo al ejercicio del voto. La política es un juego de candidatos, y el candidato es una mercancía publicitada en escenarios de la llamada micropolítica, donde el macrismo ha mostrado una singular capacidad.

En su momento, el kirchnerismo en el gobierno no superó esta crisis de vaciamiento de los partidos, sino que la profundizó. El armado político se construyó desde la férrea administración del Estado, el ordenamiento del heterogéneo movimiento social y político desde un amplio y efectivo abanico de políticas de inversión pública y de protección social y, también, desde un precario armado mediático.

La relativa dispersión de la alianza kirchnerista tras la pérdida del gobierno del Estado, y las evidentes dificultades de rearticulación del movimiento popular, vienen a confirmar que la llamada crisis de los partidos políticos, de la que tanto se habló a fines de los noventa y principios de este siglo- no estaba aún resuelta.

 Un poderoso sistema universitario

Ante las evidentes limitaciones de los partidos para planificar y organizar la política en el siglo XXI, la sociedad argentina cuenta con un poderoso sistema universitario, apalancado presupuestariamente en el decenio anterior por una política de gobierno que creó 17 nuevas universidades estatales, para completar el mapa nacional con al menos una por provincia, y garantizó el ingreso masivo de primeras generaciones de universitarios provenientes, incluso, de sectores del trabajo informal.

 Las universidades disponen de recursos económicos autónomos y de una gran capacidad técnica y política, que pueden aportar significativamente a la rearticulación de un proyecto de Patria, grande, libre, justa y soberana.

 En la Argentina de hoy, con profundos cuestionamientos a las instituciones, las universidades suman un enorme reconocimiento social, fruto de los aportes de estudiantes, docentes, investigadores, no docentes y graduados. El sistema universitario cuenta con ideas y con militancia que pueden contribuir a llenar el vacío político que dejó la crisis de los partidos, y por ello no es casual ni improvisado el ataque mediático contra de las universidades nacionales.

 En las últimas semanas esos ataques han recrudecido. Por un lado, la contienda política –vinculada a la coyuntura- impulsa una prédica antikirchnerista en todos los ámbitos de la sociedad y la Universidad no es ajena a tal caso. Por otro lado, la contienda estratégica –asociada a lucha de ideas, creencias y percepciones- exige un cambio mercantilista del modelo argentino de educación superior pública y gratuita.

 Así, el diario La Nación editorializó un ataque a “la caja negra de las universidades nacionales” (1), y el Grupo Clarínagitó a la ciudadanía emitiendo un informe xenófobo del «periodista» Jorge Lanata titulado “Argentina, país generoso” (2), en el cual contabilizaron los gastos respecto a la cantidad de extranjeros que estudian en la Universidad de Buenos Aires, la mayor del país.

 El ataque mediático actúa como fuerza complementaria del freno a la expansión del sistema universitario que impulsa la oficialista Alianza Cambiemos (Pro+UCR+CC) y sus cogobernantes (Frente Renovador, Progresistas, Bloque Justicialista) con un proyecto de presupuesto que congela la planta docente y no docente, recorta salvajemente la estimación de las becas estudiantiles, ajustaen un 70% los incisos para infraestructura y equipamiento, y promueve un cuasi cierre del ingreso a carrera para nuevos becarios e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Al mismo tiempo, la bancada oficialista y  parlamentarios afines impulsaron la aprobación en la Cámara Baja de un refuerzo adicional de más de mil millones de pesos (unos 67 millones de dólares) para tan sólo 21 de las 56 universidades nacionales, lo que significa un ahogo presupuestario para el resto y una fractura en los equilibrios de poder y las pautas de equidad del consejo de rectores (CIN).

Los ataques se completaron con una denuncia judicial, casi en simultáneo, por “malversación de caudales públicos” a 52 universidades nacionales por parte del Fiscal Federal Guillermo Marijuán, de estrecha colaboración con el nuevo gobierno y de recurrentes viajes de capacitación e “investigación del dinero K” (la supuesta corrupción del gobierno anterior) a los Estados Unidos a través de eventos promovidos por la Fundación del Centro de Estudios Americanos, un think-tank financiado por la AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.

 Ahogo presupuestario, operaciones políticas, arremetida mediática y judicialización. Ese es el ataque conjunto que vive la educación superior estatal en la Argentina.

A esta altura cabe preguntarnos: ¿Puede la Universidad Pública estructurar una alternativa política que se oponga a la restauración neoliberal que expresa el macrismo? ¿Desde la Educación Superior es posible construir un “estado mayor” capaz de vencer al enemigo? La respuesta es no, bajo ningún punto de vista. Aunque haya ganado importancia en los últimos años, la Universidad no puede reemplazar a la clase trabajadora (subocupada y, fundamentalmente, ocupada) como elemento determinante en la lucha por una sociedad solidaria y una patria liberada. La única vanguardia es el pueblo organizado.

 El peso específico de las universidades

Sólo con repasar la estructura socioeconómica argentina podemos visualizar el peso específico real de la educación superior en nuestro país. El siguiente es un cuadro de elaboración propia que cruza los datos de la Población Económicamente Activa (PEA) de un país de 40 millones de personas con la cantidad de estudiantes de grado y de posgrado (de vínculos con el sistema científico) y la totalidad de trabajadores universitarios:

 ^(a) Datos proyectados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC del Segundo Semestre del año 2013, en base a los 31 conglomerados urbanos más importantes del país.

^(b) Datos del último Anuario Estadístico publicado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

^(c) El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, es el organismo científico estatal más importante del país y se encuentra estrechamente articulado con el Sistema Universitario Público. Para el año 2015se contabilizaban 9.146 Investigadores y 10.784 Becarios de Investigación.

^(d) Los estudiantes no necesariamente son parte de la población económicamente activa (PEA).

 Visto en números fríos, los universitarios representan con mucha furia apenas el 15% de la estructura socioproductiva del país.  Sin embargo, es un número importante si se lo compara con lo que significa la universidad pública para otros países de la región y el mundo. Cuba, Uruguay, Venezuela y Argentina son los únicos países latinoamericanos que tienen más estudiantes universitarios en el sistema público que en el sistema privado, con tasas superiores al 70%.

 En tiempos donde las organizaciones barriales no cuentan con las capacidades de movilización que en el decenio anterior tenían y el grueso del movimiento sindical aún está discutiendo los tiempos y niveles de la lucha, la Universidad puede configurarse como una articuladora de la agenda de los sectores populares.

Experiencias como los Consejos Sociales, las Escuelas de Oficio y Cultura (Universidad Barrial), las prácticas socio-comunitarias, como los proyectos de investigación articulados a la extensión, hoy más que nunca resaltan su singular importancia.

El sostenimiento y la promoción de una red universitaria federal dispuesta a vincularse con los sindicatos, con las cooperativas, con las pequeñas y medianas empresas, con las organizaciones sociales, adquiere para el campo popular una singular importancia.

La combatividad posible del movimiento estudiantil, la experiencia del movimiento sindical docente y no docente, los colegios profesionales, las redes de becarios e investigadores, y la institucionalidad del Consejo Interuniversitario Nacional, deben acompasarse en el marco de un conjunto de ideas-fuerza para aportar a la rearticulación popular en la construcción de un proyecto de país para todos y todas.

 Notas
1.- Ver: http://www.lanacion.com.ar/1945372-la-caja-negra-de-las-universidades-nacionales
2.- Ver: http://www.clarin.com/politica/controvertido-informe-Lanata-extranjeros_0_1670232962.html