De Correa al 2017: Claves para comprender el preludio electoral en Ecuador

Aleria Puga Álvarez| A menos de un año de las elecciones generales en Ecuador, el gobierno de Rafael Correa enfrenta tres cuestiones fundamentales e interdependientes: la recuperación económica, la reconstrucción post-terremoto y la institucionalización plena de su legado de diez años al frente de esa república andina. Además, Alianza PAIS, la fuerza política oficialista, deberá definir la candidatura de su binomio presidencial, así como los postulantes a la Asamblea Nacional, una estrategia de campaña y un plan de gobierno lo suficientemente sólidos para que garanticen la continuidad de una Revolución Ciudadana sin Correa. Este análisis de coyuntura, brevemente, intentará explorar esos escenarios y los rasgos del preludio electoral de los comicios del 2017, tomando como punto de partida la reconfiguración de fuerzas establecida luego de las elecciones locales de 2014.

Al ciclo de victorias electorales contundentes de la Revolución Ciudadana, que tuvo su punto máximo en las elecciones generales de 2013, en las que Rafael Correa ganó en primera vuelta con el 57,17% de los votos y el Movimiento Alianza PAIS obtuvo cien de 137 curules, le siguió un «revés» electoral en los comicios de las locales en febrero de 2014. Se perdieron 20 ciudades, entre ellas Quito y Cuenca, que en un primer momento habían estado en manos del oficialismo, y que se consideraban, incluso, como sus bastiones.

Aquello reveló los límites del proyecto. El vértigo del cambio, de las transformaciones de un Estado que anteriormente había carecido de autonomía frente al poder económico y mediático, el diseño de una política pública eficiente, la constitución de un nuevo orden en las relaciones de poder, habían provocado que todos los esfuerzos del oficialismo se centren en ese terreno, y la organización política tuviera menos potencia. A esto se añade, la corta vida del Movimiento Alianza PAIS, que había nacido para correr en las elecciones de 2006 y apuntalar la candidatura de Rafael Correa1.

Este inciso en la carrera de victorias continuas de la Revolución Ciudadana, dio aire a la oposición para intentar rearticularse principalmente desde los candidatos que habían triunfado en las circunscripciones más significativas: Mauricio Rodas (SUMA – Vive), alcalde de Quito; Jaime Nebot (PSC- Madera de Guerrero), alcalde de Guayaquil y Paúl Carrasco (Podemos), prefecto del Azuay. La conformación de dicha triada fue leída por el presidente Correa como la materialización de una «Restauración Conservadora» a nivel doméstico. Posteriormente, alertaría del peligro de la «Restauración Conservadora» para los gobiernos progresistas de América Latina.

A esta primera inflexión, le siguió el año de la «tormenta perfecta». Desde finales de 2014, bajaron los precios del petróleo, en 2015 se apreció el dólar y subieron las tasas de interés de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés). Tal clima adverso redujo el ritmo de crecimiento de los últimos años que había sido en promedio de un 4,6% (BID, 2016), complicó la inversión pública, acotó el gasto corriente y por tanto, constriñó las políticas redistributivas.

Este marco de fragilidad económica y rearticulación de fuerzas opositoras dio la tonada para el inicio de un nuevo ciclo político marcado por períodos de alta conflictividad, pero todavía de pocas definiciones. Posteriormente, el sismo de 7.8 del 16 de abril de 2016, terminó por reconfigurar el escenario y medir las tensiones políticas alrededor del sentido de la reconstrucción. En consecuencia, entre recuperación económica y reconstrucción pos terremoto girará la campaña hacia las elecciones 2017.

El marco económico: la «tormenta perfecta»

Estaba anunciado que el 2015 sería uno de los años más difíciles, sino el más complicado de los diez años de Revolución Ciudadana. La caída en los precios del petróleo fue de las más bruscas de la historia. En menos de un año, el barril había pasado de USD 100 en junio de 2014 a USD 50,42 en abril 2015. A pesar de que los ingresos por las exportaciones del crudo ya no tienen el peso de hace una década en el Producto Interno Bruto (PIB) – debido principalmente al ingreso por recaudación de impuestos-, ese rubro financia al menos el 15% del Presupuesto General del Estado.

La apreciación del dólar y la consecuente alza de las tasas de interés de la FED – que agravó la caída del precio del crudo- dejó poco margen de maniobra a un país todavía primario -exportador y dolarizado. A diferencia de sus pares en la región, la incapacidad de devaluar la moneda para volver competitivas sus exportaciones, condujo al gobierno de Correa a tomar algunas medidas como: la reducción del gasto corriente; la aplicación de salvaguardias a 2964 partidas arancelarias con tasas entre el 5% y el 45% -cuyo desmonte total se prevé para 2017-; la búsqueda de financiamiento externo; el envío a la Asamblea de los proyectos de Ley de Herencia y Plusvalía; el proyecto de Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, la Regularización Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro del desempleo y, el proyecto de Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. Estos dos últimos proyectos ya aprobados y en vigencia.

A pesar de que el conjunto de medidas puesto en marcha por Correa, fue la antítesis de los tradicionales «paquetazos» del período neoliberal y procuró no afectar la inversión social y la inversión en los megaproyectos estratégicos, la constricción económica empezó a sentirse en ciertos sectores. Aquello demostró, que el crecimiento económico del que había gozado Ecuador en los últimos años había dependido exclusivamente de la conducción del Estado, y muy poco de la apuesta privada.

La resistencia neoliberal: entre defensores nacidos y defensores «conversos»

El envío de los proyectos de Ley de Herencias y Plusvalía a la Asamblea, provocó en junio de 2015 consecutivos repertorios de protesta con altos niveles de agresividad. La Ley de Redistribución de la Riqueza o Ley de Herencias estipulaba un impuesto progresivo a las herencias con implicaciones para el 0,1% de la población más rica.

A través de las redes sociales y de los medios de comunicación, los «banderas negras» – por el símbolo que decidieron usar- distorsionaron el relato del proyecto legislativo, instalando la idea de que se trataba de un proyecto de características «expropiatorias» y peligroso para «la familia».

El asambleísta de CREO, Andrés Páez en Quito y Jaime Nebot en Guayaquil encabezaron las manifestaciones que congregaron a grupos de clase media, media alta y alta, pero también, a algunos sectores gremiales e indígenas. A pesar de que Guillermo Lasso y Mauricio Rodas intentaron «echar leña al fuego», su capacidad de movilización e interpelación fue accesoria y errática.ec oposicion

El simplismo del mensaje logró su propósito de movilizar incluso a quienes en nada afectaba el proyecto. A pocos días de la visita oficial del Papa Francisco al Ecuador, el tono beligerante de las concentraciones escaló hasta un punto destituyente.

Simpatizantes de la Revolución Ciudadana y «banderinegros» midieron casi a diario sus fuerzas cara a cara. La tensión era insostenible.

La visita del Papa Francisco estaba en riesgo, así que el presidente Correa decidió retirar temporalmente los proyectos de ley y convocar a un diálogo nacional. El denominado «Diálogo Nacional por la Equidad y la Justicia Social» fue conducido en su primera fase por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) y en un segundo término, de octubre a diciembre, por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.

A pesar de que el nivel de dudas y rechazo a los proyectos de ley descendieron en un 38% en el primer período (Senplades, 2015), la conflictividad continuó de manera intermitente. El paro fallido del 13 de agosto, convocado por ciertos sectores sindicales e indígenas, fue el epílogo del desgaste de la estrategia de la oposición.

Transcurrido el primer momento de los diálogos, el bloque opositor intentó nuevamente articularse en torno al archivo del paquete de enmiendas constitucionales. Se reactivaron las movilizaciones en distintas ciudades del país, pero no tuvieron la misma potencia, aunque sí la virulencia, de las manifestaciones anti ley de herencias y plusvalía. Su objetivo principal era impedir la recandidatización de Rafael Correa en 2017, que podía allanarse tras la aprobación de la enmienda que posibilitaba la reelección indefinida para autoridades de elección popular.

Con cien votos de 137, el 3 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó el paquete de 16 enmiendas. No obstante, se incluyó una disposición transitoria que descartó la posibilidad de que el presidente Correa – y unos 38 asambleístas- vuelvan a postularse para las elecciones del 2017, pues la reelección indefinida entraría en vigencia el 24 de mayo del año próximo. Para la ya menguante y «correafóbica» oposición, carente de un plan nacional vigoroso, esto le provocó una desorientación aún mayor, en todo orden.

A diferencia de las leyes de Herencia y Plusvalía, que hasta la fecha en que se escribe este análisis no han sido aprobadas; otras leyes clave para la recuperación económica como: la Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera; la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, la Regularización Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro del desempleo; y, la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, fueron aprobadas en diciembre 2015, marzo y abril de 2016 respectivamente. Estos dos últimos corpus legislativos, también, fueron sancionados en un marco de conflicto y movilización.

La última pieza del puzzle de este período de alta tensión la completan las Fuerzas Armadas. La aprobación de la enmienda que otorga a las fuerzas armadas un rol complementario para apoyar en la seguridad y el orden público; la disputa por el sobreprecio en la venta de unos terrenos de propiedad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) al Ministerio del Ambiente y la destitución del Alto Mando militar terminaron por elevar los ánimos.

En febrero 2016, durante la ceremonia de posesión del nuevo Alto Mando, un grupo de militares en servicio pasivo abandonó el acto cuando el presidente Correa iniciaba su intervención. Varios ministros e incluso, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira estuvieron presentes. Allí, Correa pronunció un discurso por la eliminación de las desigualdades entre los oficiales y la tropa, que incomodó notablemente a los aludidos.

En vista de este creciente deterioro en las relaciones, el presidente, decidió nombrar a Ricardo Patiño, hombre de su confianza, como nuevo ministro de defensa para que enfrente la crisis. Además, tal como lo había anunciado, Correa emitió el Decreto 945 para la equidad dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Sin embargo, pese a que la situación está relativamente controlada, esporádicamente, asuntos como el manejo del ISSFA son todavía la manzana de la discordia.

Alianzas: La correofobia en el fin de las ideologías

La oposición ha perdido fuerza para movilizarse, pero no tiempo para intentar constituir una estrategia común y competir en las elecciones 2017. En enero de este año, la triada de los locales -Nebot, Carrasco, Suma (Rodas se ausentó)-; Marcelo Chumpi (Pachakutik), prefecto de Morona Santiago y el exaliado de la Revolución Ciudadana, Ramiro González, líder de Avanza2, hicieron pública su alianza a la que denominaron «La Unidad». Aunque la apuesta programática (con la narrativa clásica de los neoliberales) fue de lo más baladí, el objetivo electoral fue significativamente realista: conseguir la mayoría en la Asamblea.

«La Unidad» ha intentado desplegarse en el cliché posmoderno de la desideologización, pero con dificultades. Las bases de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, rechazaron de plano la presencia de líderes de derecha en su sede y obligaron a suspender la segunda sesión de la alianza a finales de enero.

De su lado, Guillermo Lasso, el precandidato presidencial que más lleva en campaña, ha quedado fuera de la alianza, a pesar de que Nebot sostiene que lo ha invitado a participar. Al parecer, el que fuera autoproclamado como «líder de la oposición» en 2013 -cuando perdió frente a Rafael Correa- aún no ha logrado afianzar una plataforma política potente que apalanque su candidatura en 20173. Lo que sí ha consolidado son sus vínculos con la derecha transnacional, aunque eso por el momento es insuficiente. La trayectoria del escenario político ecuatoriano de los últimos treinta años se ha caracterizado más por el atomismo de las fuerzas, que por su confluencia. La consolidación de un frente común a largo plazo – y de objetivos evanescentes-, merece todavía una mirada escéptica. Al momento, ni «La Unidad», ni «Compromiso Ecuador» se prefiguran como una excepción.

La disputa por la reactivación y la reconstrucción posterremotoec terremoto 16

A dos meses del peor sismo vivido en la historia del Ecuador desde 1979, la cifra de muertos ha ascendido a 668. El terremoto del 16 de abril de 2016 de 7.8 en la escala de Richter afectó gravemente a Manabí y, en menor medida, a Esmeraldas. Este acontecimiento, sin duda, agudizó el ya crítico panorama económico y alteró el escenario político.

El saldo al momento es de 8 desaparecidos, más de 30 mil personas en albergues, 4859 heridos y 80 mil desplazados. En daños materiales, de acuerdo al Informe de «Resultados de la Evaluación del Sismo del 16 de abril de 2016» realizado por la Senplades, hay 13 962 viviendas urbanas y 15 710 viviendas rurales colapsadas, 875 escuelas, 83 Km en vías, un puerto y un aeropuerto afectados. Un total de 3 344 millones de dólares en pérdidas, que se traduce en alrededor del 3% del PIB.

Al sismo, le sucedieron al menos dos horas de incertidumbre y silencio informativo. Con el presidente, Rafael Correa aún en Europa, el vicepresidente, comandó la situación en un primer momento, activando a las instituciones del Estado y decretando el Estado de excepción.

Al día siguiente del terremoto, la constatación de la magnitud del evento sensibilizó a la ciudadanía y masivamente intentó organizarse para enviar sus muestras de solidaridad. La oposición intentó aprovechar estos gestos para construir el relato de que el Estado había sido ineficaz en su respuesta, y que por tanto, era la ciudadanía la que había podido socorrer a los damnificados. Nuevamente, intentaron colocar la fácil dicotomía Estado versus individuo.

Con la llegada del presidente Correa al Ecuador, se tomaron varias medidas para hacer frente al desastre: se constituyó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, cuya conducción se encargó al vicepresidente Glas; para el financiamiento de la reconstrucción se dispuso de líneas contingentes de financiamiento a través del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF); se dispuso de 193 millones del Presupuesto General del Estado (PGE); se envió a la Asamblea con carácter de urgente un proyecto de Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana; se establecieron medidas de alivio económico para los afiliados del IESS y se diseñaron paquetes solidarios para promover el turismo en las provincias afectadas.

La oposición pretendió nuevamente reverberar la consigna simplista de «no más impuestos» con el fin de deslegitimar la Ley de Solidaridad, que estipuló el incremento temporal por un año del 2% del IVA -de 12% a 14%- en ciertos productos, sin que afecte a la gran mayoría de productos de la canasta básica ni a las ciudades golpeadas por el sismo.

Las débiles aunque eficaces banderas de la oposición como: la eliminación de la Secretaría del Buen Vivir y la suspensión del programa semanal de rendición de cuentas del presidente Correa, el «Enlace Ciudadano» -comúnmente conocido como «las sabatinas»-, intentaron colocarse como las alternativas al alza temporal del IVA. Adicionalmente, las redes sociales se convirtieron en un espacio más de desinformación que de información o de deliberación constructiva.

A pesar de que Correa se comprometió a suspender las sabatinas si la oposición votaba a favor del proyecto de Ley de Solidaridad, ningún miembro lo hizo. Aún en ese caso, el mandatario resolvió que las sabatinas serían financiadas a través del presupuesto de su movimiento político «Alianza PAIS».

Guillermo Lasso, bajo el argumento de que «no hay confianza en el Estado» había propuesto en contraposición a la Ley de Solidaridad, la creación de un fideicomiso, que a juicio de Correa se trataba de una vieja idea neoliberal que buscaba artificialmente privatizar los impuestos.

A comienzos de mayo la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Solidaridad con 94 votos, que además incluyó un artículo inspirado en la develación de los «Panamá Papers», que estipula el pago del 1,8% del valor catastral de 2016 para los bienes inmuebles en Ecuador que pertenezcan de forma directa a firmas offshore.

Si bien el gobierno de la Revolución Ciudadana invirtió en Manabí $3.700 millones en los últimos ocho años – hasta 2015-, las ciudades afectadas aún distan de ser consideradas como plenamente desarrolladas. La mayoría de los pobladores apenas han estudiado la primaria y se dedican a alguna actividad dentro de la agricultura, ganadería y pesca, con la excepción de Manta, uno de los puertos comerciales más importantes del país.

El terremoto del 16 de abril expuso las vulnerabilidades de la provincia. No obstante, la respuesta del gobierno ecuatoriano ha sido coherente, organizada y rápida. La creación de institucionalidad en salud, educación, seguridad, planificación, etc., desarrollada en esta década expuso las fortalezas de un Estado que no improvisa, sino que coordina.

Pese a las críticas levantadas por la oposición, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció la reacción del gobierno de Rafael Correa frente al desastre. Asimismo, de acuerdo a las recientes encuestas realizadas por «Perfiles de Opinión», las medidas tomadas por el gobierno se han calificado positivamente, excepto el alza del IVA. También, la gestión del presidente y del vicepresidente al frente del sismo se ha evaluado con un buen puntaje.

ec extractivismoRecuperación económica y un pacto ético contra los candidatos offshore

A diferencia de los años anteriores, en que el Informe a la Nación suponía el gran acontecimiento para innovar y colocar una nueva agenda por parte del ejecutivo; este año, la recomposición de la derecha -sobre todo a nivel regional-, la difícil coyuntura económica -que para este año se añade el pago a la OXY de USD 980 millones -, el sismo de 7.8 y el acotado tiempo que dispone Correa para dejar el mando, se expresó en un Informe más operativo que aspirativo.

En el apartado económico, el presidente anunció la supresión de seis entidades; la reducción de viceministerios; la liquidación, fusión y venta de varias empresas púbicas así como el establecimiento de alianzas público – privadas en algunos casos. Destacó la eliminación de 14 entidades públicas y el ahorro anual de USD 3 600 millones debido a varios proyectos de inversión ya en marcha.

Nuevamente, el ejecutivo decidió enviar a la Asamblea los proyectos de Ley de Herencia y Plusvalía con algunas modificaciones como la exención de pago de montos de hasta USD 175 mil y el ofrecimiento de la canalización de las recaudaciones a través de becas de estudio. Estos proyectos de Ley son la clara expresión del peso que han tenido las medidas redistributivas tomadas por Correa en su plan de gobierno desde el inicio de su mandato.

Rafael Correa ya no será candidato en las elecciones generales del 2017, pues como el mismo ha dicho, posiblemente se irá a Bélgica a vivir con su familia. Todavía el binomio del oficialismo que entraría a competir para tomarle la posta, no ha sido definido, y los nombres que más suenan son los de Lenin Moreno y Jorge Glas.

La propuesta del presidente Correa, de consolidar un «pacto ético» contra los candidatos que tengan sus capitales en paraísos fiscales, es una clara línea para confrontar a Guillermo Lasso quien apareció en los famosos «Panamá Papers». Lasso, como era de esperarse, ha rechazado la legitimidad del pacto.

A menos de un año de las elecciones generales, no se distingue en la oposición un contendor lo suficientemente fuerte, peor aún, la tendencia parece ser -siguiendo la tradición- la atomización política, en la que además de Lasso, de Dalo Bucaram (Fuerza Ecuador), competirán en sus propias «primarias» los miembros de la «izquierda» desideologizada como Lourdes Tibán (Pachakutik) y Enrique Ayala Mora, historiador y exrector de la Universidad Andina.

Institucionalizar el legado: entre la eficiencia y Montecristi

Dentro del arco de gobiernos progresistas, las transformaciones sostenidas por el correísmo han sido de las más reconocidas internacionalmente, no solo por sus coidearios, sino también por instituciones que se encuentran en la otra vereda ideológica. La fuerza de las cifras resulta ineludible. De acuerdo al Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), al menos 1’3 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza entre 2006 y 2014. De aquello, se han hecho eco organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que ha ubicado al Ecuador entre los tres países con mayor reducción de la pobreza y el primero en reducir la desigualdad, o como el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que en 2015 lo colocó entre los 56 países con desarrollo humano alto.

A diferencia de sus pares en la región, Rafael Correa no provino de la militancia política, sino de la academia, y aquello ha quedado claro en las prioridades al momento de gobernar y en el sentido mismo de repensar el Estado. Correa, en más de un discurso ha insistido en que: «algo que no puede olvidar la izquierda moderna es la noción de eficiencia» (2014: 9), y ha procurado que ese principio rija en gran medida su gestión e incluso, la composición de su gabinete.

Recientemente, el Foro Económico Mundial en su Informe de Competitividad Global 2015 – 2016 situó a Ecuador entre los diez países más competitivos de Latinoamérica y el Banco Mundial (BM), en cambio, lo colocó en 2015 en el sexto lugar en eficiencia del servicio público a nivel regional. En pocas palabras, las transformaciones institucionales, económicas, políticas y sociales sostenidas en los diez años de «Revolución Ciudadana» superan cualquier escrutinio y eso complejiza aún más, la sostenibilidad de los discursos de la oposición, y el terreno de la continuidad.

Sin embargo, en vista de lo que ha ocurrido en Argentina y en Brasil con el retorno de gobiernos ultraneoliberales y la reversión de los derechos alcanzados por las grandes mayorías durante el mandato de líderes populares, se somete a cuestión la posibilidad del desmonte de las transformaciones llevadas a cabo por la Revolución Ciudadana.

Probablemente, la existencia de un proceso refundacional a través de la aprobación de un nuevo marco institucional como fue la Constitución de Montecristi, sea la clave. En la carta magna aprobada en 2008, se especifican varios derechos en educación y en salud por ejemplo, que difícilmente pueden ser deshechos sin atentar en contra del propio Estado de derecho.

En una América Latina amenazada por una derecha antirrepublicana y antipopular, el sostenimiento de cada proceso progresista cuenta. Si bien la Revolución Ciudadana ha logrado convertirse en un proyecto hegemónico, todavía debe trabajar por reinventarse en sus formas, en su agenda programática y en sus orientaciones organizativas.

La permanente búsqueda de la eficiencia no excluye a la organización política ni se limita a la política pública, por el contrario, debe inocularse en ambos órdenes. La desinformación y la instalación del vox populi de una izquierda ineficiente y corrupta por parte de la derecha, merece una apuesta profunda por disputar el sentido común desde todas las dimensiones.

Notas

1 En los últimos diez años en Ecuador, ninguno de los partidos políticos que llegó al poder logró dotarle de estabilidad al país. Tampoco, logró partido alguno colocarse como una fuerza hegemónica nacional, más bien el clivaje regional Costa – Sierra era un claro rasgo de la correlación partidaria. Se añade, que tras la crisis de representación – principalmente luego de la caída de Jamil Mahuad en el 2000-, en las últimas elecciones la tendencia ha sido la creación de partidos nuevos para apuntalar una candidatura, por ejemplo: el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) de Álvaro Noboa, el Partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez, el Movimiento Creando Oportunidades (CREO) de Guillermo Lasso, entre otros.

2 Avanza es un partido de tendencia socialdemócrata, constituido por exmiembros de la desaparecida Izquierda Democrática (que llevó a la presidencia a Rodrigo Borja en 1988). Fue fundado en 2012 por Ramiro González, entonces presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Avanza apoyó la reelección de Rafael Correa en 2013 y en ese año se colocó como la tercera bancada con cinco asambleístas, solo detrás de Alianza PAIS y CREO. En varias ocasiones votó junto a Alianza PAIS en el parlamento, incluyendo, la Ley Orgánica de Comunicación. En 2014, este partido se colocó como la segunda fuerza política al obtener en las elecciones locales 36 alcaldías (6 en alianza) y una prefectura, en ese año, también se unió al Frente Unidos (el bloque de fuerzas que apoyan a la Revolución Ciudadana). En abril de 2015, Ramiro González renunció al cargo de ministro de industrias -que ejercía desde 2013-, debido a desacuerdos en la aprobación de reformas laborales. Según Avanza, tal proyecto planteaba la eliminación de la contribución del 40% de las pensiones del IESS, lo que fue desmentido por el bloque oficialista. Este episodio marcó la ruptura de Avanza con Alianza PAIS.

3 Con el fin de convocar a una consulta popular para zanjar la disputa alrededor de las enmiendas, Lasso le apostó a «Compromiso Ecuador» como un espacio de alianzas. Con la aprobación de las enmiendas, la plataforma se quedó temporalmente sin agenda. El carácter coyuntural de la fórmula (enmiendas, escenario económico), etc., sin una agenda asentada en cuestiones más permanentes agudiza su fragilidad. Precisamente, este aspecto contingente provocó -luego de aprobadas las enmiendas- la desvinculación de Concertación de César Montúfar. Actualmente, este colectivo conformado por más de cincuenta agrupaciones y personas, intenta reconducir su agenda alrededor de los temas económicos

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