Colombia: El retorno a la doctrina de seguridad nacional…y las masacres/ O retorno da doutrina de segurança nacional… e dos massacres
Camilo Rengifo Marín|
Las declaraciones del actual ministro colombiano de Defensa Guillermo Botero contra la protesta social, no son sorpresa alguna ni un desmán verborrágico del empresario, sino corresponden a una bien diseñada estrategia en el marco de la política de seguridad nacional, una de cuyas líneas es la estigmatización, la satanización y la persecución de los movimientos sociales y la protesta ciudadana.
Durante el Congreso de la central empresarial Confecámaras, en Cartagena, Botero se desbocó contra la protesta social al decir que “los grupos armados organizados -como disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, Pelusos y Puntilleros- son responsables de financiar la protesta social (…) “Con los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social”, tras afirmar, sin sonrojarse, que las “mafias han sido las que han creado la mala fama del glifosato”.
¿Son meras peroratas u órdenes de ataque?, se preguntan los analistas. Al afirmar que la protesta social la financian los grupos ilegales, las mafias organizadas, en los que mete en una sola bolsa a narcotraficantes, paramilitares, bandas delictivas, tiene como meta agudizar la ilegalización y criminalización de la movilización social. Lo cierto es que este gobierno no trata la protesta social como un derecho legítimo, sino como una actividad de carácter delincuencial, ilegal y judicializable.
La paz de los sepulcros
Los colombianos que han nacido en los últimos 60 años lo han hecho en un país en guerra. Son pocos los que pueden afirmar que recuerdan a una Colombia sin violencia. La guerra ha dejado 262.197 muertos: 215 mil eran civiles y 46.813 combatientes. 95 mil muertes son atribuidas a paramilitares y casi 10 mil a agentes de seguridad del Estado.
También dejó 80.514 desaparecidos (de los cuales 70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados. En los primeros seis meses del año, 25 mil personas fueron expulsadas por la fuerza de sus lugares de vida, sumándose a más de seis millones de personas desplazadas en los últimos años.
La “paz” avanza en Colombia a punta de pistola, ya que cerca de 500 líderes sociales han sido asesinados desde que el anterior presidente, Juan Manuel Santos, alcanzase el acuerdo de la Paz con las FARC en noviembre de 2016, cuyo implementación bombardeó permanentemente.
Mientras se reactivan las masacres de paramilitares y narcotraficantes, el desplazamiento forzado significaba el despojo de ocho millones de hectáreas de pequeños y medianos productores agrarios. Los paramilitares, el grupo armado ilegal que más muertes y expoliación ha causado, en lugar de ser desmantelados por el Estado resurge con trágicas y repetidas consecuencias.
El anterior presidente Juan Manuel “Santos vendía una concepción de la paz centrada en los beneficios que le traería a la inversión extranjera y al gran empresariado multinacional, el cual podría explotar los recursos naturales, principalmente los minero-energéticos, sin el temor a ataques o extorsiones de grupos insurgentes”, señaló el sacerdote jesuita Javier Giraldo.
Hoy, sin el freno que suponían las fuerzas de las FARC, la presencia de multinacionales y el cultivo de coca y la producción de cocaína se ha incrementado.
No se trata del pensamiento sólo de Uribe, de Santos o del nuevo presidente Iván Duque, es el pensamiento de la ultraderecha, hoy al frente del gobierno y que durante dos período constitucionales fueron puestos en práctica desde la presidencia del genocida y paramilitar Álvaro Uribe, quien luego comandó la oposición a los procesos de paz con las FARC y a cualquier otra opción que avanzara en la democracia y la participación real de la sociedad.
Ahora, con Duque, se reafirma la práctica histórica de la utilización de la violencia –con la que durante seis décadas lucraron las élites colombianas- que se materializa en las masacres en curso contra los líderes sociales. Para el establishment, la paz no es un buen negocio.
Si el propósito en un acuerdo de paz es sacar la violencia de la política, esto rige para las dos partes: para el régimen y para los de abajo. No sólo para unos. De lo contrario no avanzaremos hacia la paz, sino hacia el engaño, hacia nuevas frustraciones y nuevas guerras, señaló el comando político del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En días pasados el gobierno de Duque oficializó su negativa a nombrar el equipo negociador de paz, que lo represente en la Mesa de conversaciones con el ELN, negativa que se suma a las múltiples declaraciones que hace en contra del proceso de paz en curso en Colombia desde hace seis años.
EEUU, Colombia, Guyana, la coca … y Venezuela
Ralph Emanuel, exjefe de gabinete de Barack Obama y actual alcalde de Chicago advirtió en entevista con la cadena CNBC que el presidente Donald Trump podría intervenir en Venezuela durante el próximo mes de octubre para desviar la atención de importantes problemas de su administración y obtener beneficios políticos que le garanticen la victoria en las elecciones del congreso que se celebrarán el 6 de noviembre.
“Nosotros tenemos una frase en este país: la sorpresa de octubre (…) creo que en estos momentos él (Trump) está buscando hacer cualquier cosa y hará cualquier cosa”, fue una de las frases pronunciadas por Emanuel para denunciar la inminencia de la intervención imperial en Venezuela.
Colombia siempre ha ambicionado una salida al mar Caribe a través del Lago de Maracaibo, que le permitiese un acceso más competitivo de sus productos, tanto los legales como los ilegales, a los mercados de Europa y Norteamérica. Hoy, convertido en el mayor productor de coca del mundo, necesita el corredor venezolano para poder llegar con su droga a su principal mercado, el estadounidense.
Además, Colombia debe enfrentar –de aquí al 2021- un agotamiento total de sus reservas petroleras que impactará negativamente la elaboración de la cocaína, y por eso necesita el control sobre las reservas de hidrocarburos en el occidente venezolano, y para dejarlas en manos de empresas trasnacionales debe destruir el estado- nación vecino.
Por otra parte, Guyana, que desde su nacimiento como estado independiente en 1966 se negó a respetar el Acuerdo de Ginebra que le prohíben la explotación de recursos mineros y hasta las actividades de exploración en la zona en reclamación, ha otorgado concesiones de exploración y explotación costa afuera, en mar territorial en reclamación por Venezuela, a las empresas petroleras trasnacionales CGX Energy, Exxon Mobil, Shell y Anadarko.
La duda de los analistas es si Duque están en condiciones de mantener al unísono dos conflictos: el interno y el externo. Las amenazas permanentes de intervención en Venezuela -tratando de insuflar un nacionalismo xenófobo-, como mano de obra de los designios de Estados Unidos, su presidente Donald Trump y los intereses de las trasnacionales –en especial las petroleras- y el narcotráfico.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
VERSIÓN EN PORTUGUÉS
O retorno da doutrina de segurança nacional… e dos massacres
Por Camilo Rengifo Marín
As declarações de Guillermo Botero, atual ministro colombiano de Defesa, contra os protestos sociais no país não são surpresa alguma, nem um lapso verborrágico do empresário. Fazem parte de uma bem desenhada estratégia, no marco da política de segurança nacional baseada na estigmatização, satanização e perseguição dos movimentos sociais e da expressão da cidadania.
Durante o Congresso da central empresarial Confecámaras, em Cartagena, Botero se descontrolou devido a uma manifestação social, e disse que “os grupos armados organizados (dissidências das guerrilhas FARC, ELN, Clã do Golfo, Pelusos e Puntilleros) são responsáveis por financiar os protestos sociais (…) com dinheiro ilícito”. Depois, afirmou sem nenhuma vergonha que “as máfias foram as que criaram a má fama do glifosato”.
São meras pataquadas ou ordens de ataque? É a pergunta que se fazem os analistas. Ao acusar os manifestantes de serem financiados por grupos ilegais, máfias organizadas, colocando no mesmo balaio narcotraficantes, paramilitares, quadrilhas de delinquentes e outras organizações, o objetivo evidente é o de agudizar a criminalização da expressão popular e do direito a protestar. A verdade é que este governo não considera o direito à oposição como algo legítimo, e sim uma atividade de carácter delinquencial, ilegal, e portanto punível.
A paz dos sepulcros
Os colombianos nascidos nos últimos 60 anos só conhecem um país em guerra. São poucos os que podem afirmar que se lembram de uma Colômbia sem violência. A guerra já deixou mais de 260 mil mortos, dos quais 215 mil civis e 46 mil combatentes. Cerca de 95 mil mortes são atribuídas aos paramilitares e quase 10 mil aos agentes de segurança do Estado.
Também deixou 80 mil desaparecidos (dos quais 70 mil ainda não tiveram seus corpos encontrados), 37 mil vítimas de sequestro, 15 mil de violência sexual e 17 mil menores de 18 anos recrutados. Nos primeiros seis meses do ano, 25 mil pessoas foram expulsas a força de suas terras de origem, o que dá um total de seis milhões de pessoas obrigadas a migrar nos últimos anos.
A “paz” avança a base de pistolas na Colômbia. Cerca de 500 líderes sociais já foram assassinados desde que o ex-presidente, Juan Manuel Santos alcançou o Acordo de Paz com as FARC (guerrilha transformada, graças ao acordo, no partido político legal Força Alternativa Revolucionária do Comum, mantendo a sigla original), em novembro de 2016, cuja implementação tem sido permanentemente sabotada.
Os massacres de paramilitares e narcotraficantes voltam a ser rotina no interior do país. O deslocamento de pessoas em função deles significa o despojo de oito milhões de hectares de pequenos e médios produtores agrários. Os paramilitares, grupos armados ilegais que mais causaram mortes e espoliação no país, em vez de serem desmantelados pelo Estado, ressurgem com trágicas e repetidas consequências.
O mandatário anterior, Juan Manuel Santos, “vendia um conceito de paz centrado nos benefícios que isso traria ao investimento estrangeiro e ao grande empresariado multinacional, o que serviria para avançar na exploração dos recursos naturais, principalmente os mineiros e energéticos, sem o temor de ataques ou extorsões de grupos insurgentes”, relatou o sacerdote jesuíta Javier Giraldo.
Hoje, sem o obstáculo das FARC, a presença das multinacionais e do cultivo de folha de coca – para a produção de cocaína – aumentou bastante.
Não se trata de um pensamento somente de Álvaro Uribe, Santos ou do novo presidente Iván Duque. É o pensamento da ultradireita que hoje está no poder, colocado em prática durante os dois mandatos de Uribe, e logo usado para liderar a oposição aos processos de paz com as FARC e qualquer outra opção que leve a avanços em termos democráticos e de participação real da sociedade.
Agora, com Duque, se reafirma a prática histórica da utilização da violência, com a que a elite colombiana lucrou durante seis décadas, e que se materializa nos massacres recentes contra líderes sociais. Para o establishment, a paz não é um bom negócio.
Se o propósito de um acordo de paz é tirar a violência da política, isso deveria servir para as duas partes: o regime e os de baixo – e não só para alguns, como parece que foi o caso. Ou então, avançaremos, não no caminho da paz, e sim no da enganação, rumo a novas frustrações e novas guerras.
Recentemente, o governo de Duque oficializou sua negativa em nomear a equipe negociadora da paz que o representará na mesa de conversas com a guerrilha ELN (Exército de Liberação Nacional), o que é somente mais um caso, junto com as múltiplas declarações por parte do uribismo contra os processos de paz em curso na Colômbia, nestes últimos seis anos.
Cocaína e… Venezuela
Ralph Emanuel, ex-chefe de gabinete de Barack Obama e atual prefeito de Chicago, alertou em entrevista com a emissora CNBC que o presidente Donald Trump poderia intervir na Venezuela durante o mês de outubro, para desviar a atenção de importantes problemas de sua administração, e obter benefícios políticos que garantam a sua vitória nas eleições legislativas, que acontecerão no dia 6 de novembro.
“Por aqui, nós usamos o termo `a surpresa de outubro´. Creio que, nestes momentos, ele (Trump) está buscando fazer qualquer coisa, e fará qualquer coisa”, foi uma das frases pronunciadas por Emanuel, para denunciar a iminência de uma intervenção imperial na Venezuela.
A Colômbia sempre teve a ambição de uma saída ao Mar do Caribe através do Lago de Maracaibo, que desse ao país um acesso mais competitivo aos mercados da Europa e da América do Norte aos seus produtos – tanto os legais quanto os ilegais. Transformado no maior produtor de coca do mundo, a Colômbia precisa do corredor venezuelano para que a droga possa ser levara ao principal mercado: o estadunidense.
Além disso, a Colômbia deve enfrentar, daqui até 2021, um esgotamento total de suas reservas petroleiras, o que impactará negativamente a elaboração da cocaína, e por isso necessita controlar as reservas de hidrocarbonetos do ocidente venezuelano – para deixá-las nas mãos das empresas multinacionais, o que requer uma ação para destruir o Estado-nação vizinho.
A dúvida dos analistas é se Duque está em condições de manter dois conflitos ao mesmo tempo: o interno e o externo. As ameaças permanentes de intervenção na Venezuela, tentando insuflar um nacionalismo xenófobo, servem como mão de obra para os interesses dos Estados Unidos e das multinacionais – especialmente as petroleiras e o narcotráfico.
Camilo Rengifo Marín é economista e acadêmico colombiano, investigador do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
*Publicado em estrategia.la | Tradução de Victor Farinelli
