Uruguay: El Derecho a saber
Natalia Carrau| Es común escuchar decir que las negociaciones de comercio e inversiones se llevan adelante en secreto porque los contenidos son confidenciales. Sin embargo, la confidencialidad es utilizada para evitar explicar que lo que está siendo comprometido en los acuerdos puede generar preocupación en materias sensibles como acceso a medicamentos, compras gubernamentales, legislar en materia de interés público, decisiones vinculadas a recursos estratégicos, entre otras.
Si los contenidos de este tipo de acuerdos se hacen públicos y generan preocupación, es porque involucran materias sensibles.
Esto constituye la razón principal por la cual deberían hacerse públicos. El secreto y los falsos argumentos cuestionan la democracia y el derecho de los pueblos a conocer qué espacios de la vida estamos poniendo en negociación en estos instrumentos.
Esta es, quizás, la principal característica que poseen en común el tipo predominante de acuerdos comerciales y de inversiones que se negocian en el mundo: negociar aspectos de la vida de los pueblos. Esto fue así desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y lo sigue siendo al día de hoy con los llamados acuerdos megarregionales, cuyos protagonistas principales son el Acuerdo Transpacífico (TPP), el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA) y el Acuerdo Transatlántico (TTIP).
Lo que estos acuerdos introducen como novedad respecto a la OMC, es, en resumen, dos cuestiones: por un lado, exacerban las formas de negociar todo lo que ya se negociaba en la OMC y en los Tratados de Libre Comercio (TLC) clásicos promovidos principalmente por Estados Unidos y, luego, por la Unión Europea. Es decir que, las disposiciones, cláusulas y reglas con las que se negocian éstos, son más agresivas y más profundas en su alcance. Un ejemplo muy claro de esto es la metodología de negociación por listas negativas que incorpora el TISA o la denominada cláusula de trinquete (1). Ambas cláusulas pueden entenderse como metodologías de negociación que exigen el mantenimiento del alcance de lo comprometido y no permiten una revisión futura de esos compromisos. Una clara hipoteca al tipo de política que se puede implementar en un futuro.
Por otro lado, estos acuerdos incorporan materias a la negociación que no estaban siendo incorporadas en los acuerdos de primera o segunda generación o incluso, que no constituían parte de acuerdos de la OMC en sentido estricto. Ejemplos de esto pueden ser la incorporación de los “Servicios y Empresas Públicas” (2) como capítulo de negociación o las exigencias en materia de Propiedad Intelectual.
Hoy, en el mundo, tenemos un escenario planteado en materia de negociación comercial y de inversiones que empuja agresivamente a una bilateralidad en combinación con la megarregionalidad. Bilateralidad, porque se profundiza la promoción y firma de más TLC que incorporan materias “viejas” y “nuevas” a la negociación. Megarregionalidad, porque se promueven acuerdos de enorme poder en términos de las economías que involucran y la proporción de comercio que acaparan.
Tal como está planteado el marco de negociación comercial y de inversiones, apelar al secretismo o a la confidencialidad es “acusar recibo” de que los principales aspectos de la vida de nuestros pueblos están siendo servidos en la mesa de negociación. No solo es problemático el secreto. El secreto se convierte en alarma si conocemos los invitados especiales y los anfitriones de esa mesa de negociación. Como instrumento de acumulación capitalista, estos acuerdos megarregionales -incluidos los “TLC de última generación”- expanden agresivamente la frontera de lucro a favor del capital transnacional. Con este arremeter, el espacio para la política pública se reduce y constriñe, la legislación pasa a ser filtrada por la “institución” del lobby y la política queda relegada a un accesorio. En particular el parlamento y sus legisladores –votados y elegidos en ejercicio pleno de democracia- pasan a ocupar un lugar que, por momentos es de protagonista y por otros, mero espectador de las decisiones que se toman y sus consecuencias.
Los contenidos del TLC que Uruguay se congratula de haber negociado en ocho meses con Chile se hicieron públicos el martes 4 de octubre en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, unas cuantas horas después de que los respectivos presidentes lo firmaron. Hoy estamos comenzando a saber qué contiene el acuerdo y qué nos comprometimos a hacer al firmarlo.
El secreto es poder. El conocimiento también es poder. La cuestión está en entender quiénes se benefician del secreto y quiénes del conocimiento.
Notas
(1) – Para mayor información de lo que significan las cláusulas ver: Barreto, V., “¿Qué hay detrás de las negociaciones para la instalación de un Acuerdo sobre el Comercio de Servicios?”, Documento de Trabajo, REDES-AT, PSI, FES, TNI, 2016. Disponible en: http://www.redes.org.uy/wpcontent/uploads/2016/06/Que_hay_detras_de_las_negociaciones_-Tisa_REDES_ISP_TNI.pdf
(2) En la OMC las Empresas Estatales son parte solamente de un Entendimiento de Interpretación del Artículo XVII del GATT de 1994. Por lo tanto, el rango de exigencia de las disposiciones que contiene son sensiblemente menores que los grandes capítulos de la OMC. Si bien esto no quiere decir que la OMC no tuviera la voluntad de avanzar en la desregulación y liberalización de esta materia, el alcance de un Entendimiento de Interpretación está muy lejos de constituir un acuerdo de liberalización profundo.
*Publicado en Mate Amargo
