Venezuela responde al bloqueo internacional con democracia participativa

Paula Giménez y Matías Caciabue

A tres meses de la séptima elección presidencial desde la primera victoria de Hugo Chávez en 1998, venezolanas y venezolanos participaron el domingo 21 de abril de una consulta popular que se realizó a nivel comunitario en todo el país para decidir sobre la financiación de proyectos que serán ejecutados y gestionados por las organizaciones comunales, en un proceso de participación popular -poco difundido a nivel internacional- que desde la institución del proyecto bolivariano en el gobierno, es parte de la vida democrática de ese país.

Esta Consulta Popular Nacional implicó a 49.000 Consejos Comunales, unidades organizativas definidas por Ley en el año 2006, como “instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”.

Los Consejos Comunales funcionan, a su vez, en las más de 4000 comunas de todo el territorio venezolano.

En el marco de la consulta las comunidades organizadas podían presentar hasta siete proyectos de gran impacto social dirigidos a las necesidades inmediatas de sus habitantes, en temas referidos a salud, educación, alimentación, seguridad, ambiente, servicios públicos y economía.

Según informó el Consejo Nacional Electoral venezolano, más de 1 millón 300 mil voceras y voceros participaron de la presentación y elección de 27.000 proyectos que fueron postulados en Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas. El proceso fue avalado por 158 veedores internacionales de más de 50 países que estuvieron recorriendo los más de 15.000 centros electorales de los 23 estados del país y el Distrito Capital.

Al terminar la elección, los recursos y la ejecución de los proyectos electos serán gestionados por las comunidades.

Elecciones presidenciales bajo presión externa

A la par de esta elección popular ocurren en simultáneo en Venezuela varios hechos políticos que denotan el ambiente en el que el país se prepara para las elecciones presidenciales.

Mientras que el 22 de abril el Departamento de Estado de EEUU emitió un informe en el que evaluó de manera negativa la situación de los Derechos Humanos en Venezuela durante 2023, el 18 de abril a la media noche, fueron re impuestas las medidas unilaterales coercitivas dictadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EEUU contra Venezuela, a partir de la decisión de no renovar la licencia 44.  Esto implica que las petroleras extranjeras deberán detener sus operaciones en el país antes del 31 de mayo.

La no renovación de la licencia 44, coincide con las presiones que el gobierno de EEUU intenta ejercer sobre la República Bolivariana por no levantar la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, dictada en 2021 y por un plazo de 15 años, para la referente del ala más radical de la oposición venezolana, María Corina Machado.

La medida fue aplicada a partir de la probada participación de la dirigente en una trama de corrupción que derivó en el despojo de empresas estatales en el exterior, durante la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó, por propiciar el  bloqueo extranjero a la economía venezolana y particularmente por incumplir disposiciones constitucionales al acreditarse como representante alterna de Panamá en la OEA en 2014. También por pedir una intervención militar extranjera en su país y atentar con esto  “contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”.

En el proceso de inscripción de candidaturas, que ocurrió entre el 21 y el 26 de marzo, Machado designó a Corina Yoris para sustituirla, pero mientras intentaba lograr el consenso en la Plataforma de Unidad que aglutina a la oposición para su postulación definitiva, denunció que el gobierno venezolano impedía su inscripción. El proceso culminó con la inscripción de 13 candidatos y 33 organizaciones políticas. La Plataforma de la Unidad decidió finalmente que sería representada por el diplomático Edmundo González Urrutia, luego de postular a Manuel Rosales, quien finalmente optó por apoyar la candidatura de Urrutia.

Pese a ello, EEUU acusa de “incumplir parcialmente” el acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023 con la oposición y con la mediación de Noruega, razón por la que decidió restablecer las sanciones ilegales. Las presiones internacionales sobre el gobierno Venezolano, no empiezan ni terminan allí. Sobre la República Bolivariana pesan al rededor de 930 sanciones ilegales, destinadas a presionar sobre el destino político del país.

En el orden de las presiones violentas el 15 de enero se había anunciado el desmantelamiento de una operación magnicida denominada brazalete blanco.

El gobierno venezolano informó que entre mayo de 2023 y enero de 2024 se desarticularon 5 intentos golpistas en el país. Algo que, el presidente Nicolás Maduro, calificó como una herida de muerte de los acuerdos de Barbados. También lo fue la licencia de producción de petróleo otorgada por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana a empresas petroleras en el Bloque Stabroek, con la que se pretende disponer de los recursos energéticos en áreas marítimas sin delimitar y así lo expresó la cancillería venezolana en un comunicado.

En medio de las investigaciones por la operación Brazalete Blanco fue detenida la activista Rocío San Miguel, líder de la ONG Control Ciudadano, quien, de acuerdo con las investigaciones, se preparaba para jugar un papel en la difusión de los acontecimientos entrevistando en tiempo real a los golpistas involucrados en la operación brazalete blanco, para legitimar la acción ante la mirada internacional. La estrategia fue implementada en 2002 en Venezuela, cuando los medios de comunicación se pusieron de acuerdo para distorsionar los acontecimientos que desencadenaron el golpe de Estado y hacerle creer a la población que Hugo Chávez había renunciado a la presidencia.

Ante la detención de San Miguel, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió un mensaje vía X, donde catalogó el hecho como una “desaparición forzada”. El exabrupto, decantó en la decisión del gobierno de suspender las funciones de esta oficina en Caracas. ​​El hecho fue aprovechado de manera internacional por un conjunto de ex cancilleres y ex funcionarios de centro de diferentes países de la región, encabezados por Michelle Bachelet, que en una misiva condenaron la decisión venezolana y la tildaron de autoritaria.  Ninguno utilizó su renombre internacional para condenar con ahinco las violaciones a los derechos humanos en las cárceles de El Salvador, o el genocidio palestino en la Franja de Gaza.

En continuidad con las presiones económicas, el 19 de febrero el poder judicial argentino, ordenó, a partir de una solicitud de EEUU, la entrega a dicha nación de la aeronave Boeing 747-300, de la empresa estatal venezolana Emtrasur, que fue desguazada por el gobierno estadounidense. El avión se encontraba retenido en Argentina desde junio del 2022 bajo la argumentación de sospechas por “terrorismo” en el marco de la supuesta violación de los controles de exportación de entidades “sancionadas” pese a que no se encontró nada de procedencia ilegal durante las inspecciones. Frente a esto, el gobierno venezolano  presentó una demanda contra el gobierno argentino ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que fue aceptada recientemente por el organismo.

Al coro de voces preocupados por la democracia en Venezuela, se sumaron hace unas semanas otros países como Uruguay y, sorpresivamente, Colombia y Brasil que se pronunciaron en contra de la inhabilitación de Machado y que recibieron a cambio contundentes respuestas del gobierno venezolano solicitando la no injerencia en sus asuntos internos.

Olvidan quienes se posicionan en favor de Machado el papel protagónico que jugó la referente en las violentas aventuras golpistas que intentaron derrocar al gobierno de Maduro en reiteradas oportunidades,  tras el fallecimiento de Hugo Chávez y que  finalmente intentaron la institución de un gobierno paralelo investido en la figura de Juan Guaidó.

Avales locales e internacionales al proceso electoral

Sin embargo, en esta oportunidad y pese a poseer un caudal de seguidores, Machado parece quedar aislada en las disputas de poder que se dirimen hacia el interior de la Mesa de Unidad Democrática que representa una porción importante del arco opositor y que ha decidido avalar el proceso con su participación, a diferencia de elecciones anteriores.

De igual manera, el CNE recibió el 24 de abril al equipo técnico electoral de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que formará parte del grupo de expertos extranjeros integrados al plan de veeduría internacional. Esta misión se suma un conjunto de instituciones como el Centro Carter, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoámerica, el Observatorio Parlamentario y Electoral para la Integración Regional (Opeir), la Unión Europea y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), que ya se encuentran en el país para acompañar el proceso electoral.

Mientras tanto el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visitó por cuarta vez el país por estos días, para firmar acuerdos de cooperación y complementariedad en materia de justicia y para verificar también en un recorrido por el interior del país la manera en que impacta el bloqueo económico producto de las sanciones ilegales aplicadas a la economía venezolana, según informó Telesur. En ese encuentro se anunció el retorno de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas al país.

El 24 de abril finalizó en Caracas la XXIII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) con la presentación de la declaración final, la Agenda ALBA 2030 y un comunicado especial sobre la situación de Palestina.  Las y los jefes de estado  miembro se posicionaron también en favor de la soberanía y en contra de las injerencias externas.

Se olvida el mundo, preocupado por la democracia, de que este bloque de integración, pensado como una alternativa al ALCA, herramienta con la que EEUU proponía comercio en condiciones leoninas a los países latinoamericanos, inauguró una nueva concepción en el comercio y la diplomacia de los pueblos, instaurando acuerdos como el sellado entre Cuba y Venezuela  para el intercambio de combustible por médicos.

La democracia, claro está, es un principio bastante flexible para quienes la utilizan como medida para intervenir en asuntos internos de países determinados a consolidar el rumbo de un proyecto popular.

El recuento de presiones externas realza aún más el valor de los procesos participativos con los que responde el gobierno bolivariano a cada agresión externa. Al fin de cuentas la democracia es solo una entelequia, si no responde a las necesidades esenciales del pueblo, cuestión que parece ser un problema para más de uno de los países de la región.

*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).