Panorama Económico Latinoamericano – Del 14 al 21 de febrero de 2024

México desplazó a China como el principal exportador a EEUU

Por primera vez en 20 años, México desplazó a China como el principal vendedor de mercancías a Estados Unidos, con un valor de 476 mil 600 millones de dólares. Dicha cifra impulsó a nuestro país para cerrar 2023 como el mayor socio comercial de la principal potencia económica del mundo.

Según información de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, durante el año pasado las exportaciones de México a EU mostraron un incremento anual de 4.8 por ciento, mientras las chinas cayeron 20.3 por ciento para ubicarse en 427 mil 230 millones de dólares.

Cifras históricas del organismo indican que la última vez que las exportaciones de México a EU habían sido superiores a las de China fue en 2002, cuando se ubicaron en 134 mil 600 millones de dólares, mientras las del gigante asiático registraron 125 mil 200 millones.

En 2023, México se ubicó por segunda ocasión desde que hay registros (la primera fue en 2019) como el principal socio comercial –medido por la suma de exportaciones e importaciones– de Estados Unidos al intercambiar mercancías por 798 mil millones de dólares.

Dicha cifra, de acuerdo con el reporte de la Oficina del Censo, significa un crecimiento de 3 por ciento respecto a los 779 mil 84 millones de dólares reportados en 2022.

El año pasado México representó 15.7 por ciento del comercio mundial de EU, dejando en el segundo puesto a Canadá con 15.2 por ciento, producto de un intercambio de 774 mil 300 millones de dólares, mientras China quedó en la tercera posición con 11.3 por ciento, equivalente a 575 mil millones de dólares.

Históricamente China había liderado como principal socio comercial de Estados Unidos hasta que en 2019 México le arrebató la posición; posteriormente China recuperó el puesto en 2020 y Canadá se quedó con el sitio de honor los siguientes dos años.

Desde 2018, año en el que el entonces presidente Donald Trump, declaró la guerra comercial a China imponiendo fuertes aranceles a esa nación para intentar reducir el déficit en sus intercambios, el gigante asiático ha perdido participación de mercado en el comercio estadunidense, lo que ha beneficiado a México y Canadá.

México se quedó con el primer puesto anual pese a que en diciembre cayó a la segunda posición con un intercambio de mercancías por un valor de 60 mil 400 millones de dólares, monto que fue superado por los 61 mil 100 millones de dólares de Canadá, mientras China quedó atrás con 46 mil 100 millones de dólares.

La fortaleza de las exportaciones mexicanas a territorio estadunidense también se da en un momento en el que el país busca aprovechar el reacomodo de las cadenas de valor, fenómeno mejor conocido como nearshoring, mismo que ha ocasionado que una ola de empresas busquen instalarse en México para estar más cerca del destino al que exportan.

Por otro lado, según la Oficina del Censo, las exportaciones de Estados Unidos a México cerraron el año en 323 mil 227 millones de dólares, una disminución de 0.3 por ciento frente a los 324 mil 309 millones de dólares reportados en 2022.

De esta forma, México registró un superávit comercial con Estados Unidos de aproximadamente 152 mil 378 millones de dólares. Es decir, el valor de las mercancías vendidas fue superior al de las adquiridas durante el año pasado.

81% de las empresas venezolanas afectadas por las sanciones de EEUU

El 81% de las empresas privadas venezolanas se ven afectadas negativamente por las sanciones comerciales y económicas impuestas por el gobierno estadounidense de Joe Biden, según una encuesta realizada por la central empresarial Fedecámaras.

Fedecámaras es la federación empresarial más grande de Venezuela. La encuesta preguntó a los líderes del sector privado de todos los sectores económicos del país sobre sus preocupaciones y expectativas.
La encuesta encontró que el sector energético ha sufrido mucho por la falta de inversión, la incapacidad de comprar insumos o contratar expertos.

También encontró que la falta de financiación era el principal factor que limitaba las operaciones. Si bien el sector público de Venezuela es el blanco directo de las sanciones, el sector privado sufre de cumplimiento excesivo y riesgo de reputación. También debe sobrevivir en un entorno donde la capacidad estatal y el consumo minorista están severamente limitados.

Adán Celis, presidente de Fedecámaras, sostiene que las sanciones han alejado oportunidades para que el país crezca y se transforme.

“Debido al exceso de cumplimiento, los bancos y corporaciones extranjeras no quieren tener nada que ver con nosotros. Se ha vuelto muy difícil abrir cuentas bancarias en muchos países, incluido Estados Unidos, incluso si las sanciones no están dirigidas específicamente a nosotros”, expresó.

Las empresas venezolanas también tienen costos más altos, ya que deben utilizar intermediarios o comprar a proveedores geográficamente alejados o de menor calidad, a diferencia de Estados Unidos, que solía ser su mercado natural. Sin acceso al crédito, también deben pagar por adelantado.

Celis sostuvo que las sanciones estadounidenses representan  una política fallida pues no han logrado sus objetivos de cambio político en Venezuela. “El país está en un estado aún peor” gracias a ellas, añadió.

El  30 de enero, Celis aseguró que desde la federación empresarial se insistirá en una mayor flexibilización a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela para que mejoren las condiciones económicas del país.“Vamos a seguir insistiendo en que se tiene que ir flexibilizando todo el esquema sancionatorio”, dijo.

 

Litio de Bolivia a la espera tras convocatoria internacional

La empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) avanza hoy en el propósito de fomentar nuevos proyectos de recursos evaporíticos en siete salares tras presentar la segunda convocatoria internacional.

Esa nueva invitación hecha pública en presencia del presidente, Luis Arce, busca implementar planes de desarrollo en los salares de Coipasa, Uyuni, Pastos Grandes, Capina, Cañapa, Chiguana y Empexa, en los departamentos de Oruro y Potosí.

“Todo este procedimiento se está estableciendo en un tiempo de entre cinco a seis meses, es bastante los requisitos que se tienen que evaluar”, aseguró en entrevista al canal estatal Bolivia Tv la presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón.

Subrayó que, tras publicarse la convocatoria, ahora la finalidad es que esta llegue a la mayor cantidad posible de empresas internacionales interesadas.

Describió que, para ello, el documento está en las redes sociales, la página web de YLB y también se enviará a las embajadas.

Según la corporación estatal, la selección se realizará en fases: en la primera, las empresas postulantes deberán presentar una carta de expresión de interés y acreditar su capacidad técnica.

De esa forma, avalarán su experiencia en proyectos piloto o de escalamiento industrial en el aprovechamiento de recursos evaporíticos.

Más tarde, los aspirantes habilitados presentarán sus propuestas, para lo cual podrán realizar inspecciones a los salares objeto de la convocatoria y tener acceso a la información disponible en YLB, y además deberán acreditar su capacidad financiera para ejecutar los proyectos propuestos.

Una Comisión de Evaluación de YLB valorará las proposiciones presentadas por las empresas habilitadas y emitirá informes sobre la pertinencia de la firma de convenios con YLB, para el desarrollo de los proyectos piloto con la finalidad de demostrar la viabilidad tecnológica y financiera en condiciones reales.

Acotó Calderón que, en la fase de toma de muestras, por ejemplo, se requerirá “de un tiempo bastante considerable” ya que se trata de un tema técnico.

Sin embargo, todas estas consideraciones están claramente establecidas dentro de la convocatoria y el cronograma, explicó.

“Estamos hablando de diferentes fases en las cuales se va a seguir una serie de filtros para establecer, al finalizar toda esta etapa, la suscripción de un convenio para la implementación de plantas piloto en lo que concierne a estos proyectos y la aplicación de la tecnología en recursos evaporíticos”, Sostuvo.

Con 23 millones de toneladas de reservas de litio en los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes, Bolivia encara la industrialización de este recurso natural estratégico, bajo un modelo que el Gobierno nacional insiste en que debe ser soberano.

Argentina, un país injusto: la pobreza y el costo de vida, en aumento

Horacio Rovelli*

La Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Dotado de riquezas naturales, de la tercera reserva de agua potable del planeta con la cada vez mayor importancia que esta tiene, gran productor de alimentos y forrajes, se autoabastece energéticamente y se convierte en exportador, posee litio y minerales raros, etc., etc. El puerto de Rosario, con sus 31 terminales en 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco, al sur, y Timbúes, al norte de la ciudad, es el principal puerto de exportaciones agro y agro industriales del mundo con más de 120 millones de toneladas de ventas declaradas. Paralelamente, la población argentina tiene en general un aceptable nivel de instrucción y capacidad de adquirir conocimiento.

Sin embargo, más del 50% de nuestro pueblo es pobre, midamos la pobreza por cualquier indicador. Oficialmente el INDEC presenta la Canasta Básica Total que necesita, por ejemplo, una familia compuesta por cuatro miembros que, al mes de diciembre de 2023, requería de ingresos netos por 495.798 pesos [1]. La inflación de enero de 2024 y la que se espera para el resto del año, y la retroalimentación de la devaluación de nuestra moneda con el proceso inflacionario y, por ende, con nuevos deterioros del poder adquisitivo de la población, nos permiten prever nuevas camadas de pobres.

Es lacerante, pero hay un 30-35% de la población que es pobre estructuralmente, son pobres crónicos, es decir, de varias generaciones, están en la informalidad o en los programas sociales, en espacios urbanos de mucha marginalidad y exclusión, pero tenés otra parte, que es entre el 15 y 20% de nuevos pobres, y lo son no tanto por sus condiciones de infraestructura residencial o capital humano educativo, sino básicamente porque lo que perciben por su trabajo no les alcanza para vivir y pagar el alquiler de la vivienda (corren el riesgo de ir de un departamento a una pieza, y de la pieza a la calle).

Se podría usar la producción de alimentos y de energía con los que la Argentina cuenta para desarrollar un fuerte mercado interno y generar fuentes de trabajo de mano de obra intensiva, como puede ser la construcción y especialmente en vivienda ante el déficit habitacional imperante, actividad en que no se debe importar nada porque todos los insumos se producen en el país [2].

El medio financiero existe y son los encajes remunerados (ahora fundamentalmente constituido por “pases pasivos”, que son depósitos captados por los bancos que le prestan al BCRA a una tasa del 100 % nominal anual y en un plazo de uno a seis días) y que suman en febrero de 2024 27,9 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a 30.000 millones de dólares), y no se hace ese trabajo y esa producción, para de esa manera aumentar las exportaciones de alimentos, energía e insumos.

Se priva a nuestro pueblo de trabajo, de una vida digna para su familia (para los hijos, que son los hombres del mañana), para que consuman lo menos posible para, de esa manera, aumentar las exportaciones. Lo dice claramente Javier Milei: se prohíbe no exportar [3] y si se quiere consumir en el mercado argentino, que se pague a precio internacional (cuando los salarios son de los más bajos de América Latina).

El gobierno de Cambiemos implementó un modelo de endeudamiento y de venta de los recursos a como dé lugar, modelo que continuó el gobierno del Frente de Todos y que exacerba el actual con maldad manifiesta.

Cómo es posible que en nuestro país cuatro millones y medio de personas deban concurrir a comedores o merenderos comunitarios, la mayor parte niños y ancianos, para recibir algún tipo de asistencia alimentaria.

En esa situación, el gobierno de Alberto Fernández había logrado conformar un censo y un registro (RENACOM: Registro nacional de comedores y merenderos comunitarios) y con ello una red de contención, financiada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) bajo el plan “Argentina contra el Hambre” que se inició el 28 de septiembre 2021, por un monto de 200 millones de dólares [4].

El plan se distribuía en 34.782 comedores y merenderos populares en todo el país, asistido por 134.449 personas (la mayoría cocineras), que perciben por su labor el plan Potenciar Trabajo, cuya remuneración mensual a febrero de 2024 es de 78.000 pesos (la mitad del salario mínimo, vital y móvil que es desde diciembre de 2023 de 156.000 pesos por mes) quienes, con sensibilidad social, dedicación y esmero distribuían 10.000.000 de raciones de comida por día.

Sin embargo, no bien llegó al gobierno, Javier Milei entró a retacear la entrega de alimentos, con el pretexto de que “no hay plata” (sin decir que es un crédito del BID), pero no es que no hay recursos, sino que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, prefieren desarmar lo que se había conformado, que es realmente valioso, por acuerdos institucionales con la Organización de Iglesias Evangélicas, a los que en el día 5 de febrero de 2024 le dieron 177.500.000 pesos para que cumplan dicha labor. Así como también a la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN), presidida por Abel Albino [5], con el pretexto de que había filiación política en los comedores y merenderos comunitarios.

El miércoles 7 de febrero de 2024, centenares de coordinadoras y cocineras de comedores populares que han tenido que reducir al mínimo o interrumpir su actividad por falta de entregas de alimentos se concentraron frente al edificio en que funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social, en medio de la avenida 9 de Julio (a siete cuadras del Obelisco de Buenos Aires) en la CABA, en reclamo por la entrega de alimentos.

Por cada comedor popular que cierra, familias enteras dejan de recibir un plato de comida. Niños y niñas quedan sin meriendas [6].

La misma Iglesia Católica, más allá del acuerdo firmado el 7 de febrero de 2024 entre Cáritas y el Ministerio de Capital Humano, publicó al día siguiente: “Hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”.

El ajuste sobre las provincias

Las provincias se constituyeron antes que la nación Argentina, éramos Provincias Unidas del Río de la Plata. Al promulgarse la Constitución nacional sancionada en 1853, se incluyó la denominación República Argentina entre los nombres oficiales destinados a la designación del gobierno y del territorio de la nación. Y dicha Constitución en su art. 1º dice: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”.

Y en su Preámbulo manifiesta: “…reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Sin embargo, el actual gobierno no solo no respeta la república y su carácter federal, sino que, poniéndose por encima de los gobernadores, que también fueron elegidos por su pueblo, limita, suspende y hasta elimina derechos de la población.

Las provincias no habían terminado de resolver con el gobierno anterior la disminución de sus ingresos al elevarse en octubre de 2023 el mínimo no imponible de la IV categoría (remuneraciones al trabajo) del Impuesto a las Ganancias (que se coparticipa en su totalidad), pero con este gobierno la situación se fue de todo control:

• Las provincias pierden ingresos porque la recaudación tributaria crece menos que la inflación, que fue desatada por devaluar en un 100% y liberar los precios.
• La administración nacional disminuye fuertemente las transferencias no automáticas. De manera tal que en el mes de enero de 2024 según la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación) a valores constantes, las partidas recibidas por las sub-jurisdicciones nacionales disminuyeron en un 56% (de 115.804 millones de pesos en enero de 2023 a 50.795 millones de pesos en enero 2024).
• Mediante el Com. A 7674 del BCRA del 24/01/24 se desregula el financiamiento por los bancos de provincia al Tesoro (local y nacional), recursos con que contaban para pagar en tiempo y forma las remuneraciones de los empleados públicos, que después iban amortizando al banco a medida que ingresaban los recursos propios (esencialmente el Impuesto a los Ingresos Brutos).
• El gobierno central condiciona la creación de bonos para cancelación de deuda de las provincias (mal llamada monedas provinciales) al no aceptar que con estas se paguen los tributos nacionales.
• El Fondo Compensador del Interior en el año 2023 distribuyó a las empresas prestadoras del servicio de transporte en localidades del interior del país (son unas 14.000 unidades) la suma de 102.000 millones de pesos, destinados a cubrir parte del precio del boleto del pasajero (la suma total anual era aproximadamente el 0,4% del PIB), otra parte del subsidio lo realiza la misma provincia y/o municipio. El problema es que desde que asumieron las nuevas autoridades, el 10 de diciembre de 2023, retacearon la transferencia, razón por la cual el día 8 de febrero de 2024 los trabajadores nucleados en la UTA (Unión Tranviarios Automotor) decidieron un paro general porque las empresas no le pagaban sus haberes en tiempo y forma. Las provincias pidieron a la Secretaría de Trabajo la conciliación obligatoria y se logró levantar la medida de fuerza, trabajando ese día con poca frecuencia de colectivos como pasa en todas las provincias. Ahora es peor, porque se elimina el subsidio.

Según el gobernador Maximiliano Pullaro de Santa Fe, el “fondo” significaba un aporte a la provincia de 1.500 millones de pesos por mes (en el año; es en pesos pero equivalente a 18 millones de dólares). En Tucumán, el boleto de colectivo, el 9 de diciembre de 2023, era de 230 pesos. Con la eliminación del “fondo” rondará los 1.000 por viaje. Un trabajador debe destinar 44.000 pesos para ir y venir de su labor, en una provincia donde el salario mínimo vital y móvil (de 156.000 pesos por mes) es operativo [7].

En síntesis

Todas las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei, como los dos mamotretos de DNU 70/23 y el malogrado proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, perjudican seria e irreversiblemente a la población, de la cual una importante parte lo votó, sin saber lo que hacía. Ahora les corresponde principalmente a los representantes de las provincias y a las distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas poner freno a una administración cuyo único fin es garantizar altas tasas de ganancia al poder económico (sea local o extranjero), sin importarle el costo ambiental, social, cultural y de derechos de nuestro pueblo.

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Notas

[i] En el gasto de la Canasta Básica Total no se contempla el de la vivienda, se supone que la persona es dueña donde vive y/o que es de la familia, pero no paga alquiler (que el gobierno de Milei liberó su precio mediante el DNU 70/23).

[2] El estado de abandono del mercado interno hace que tras tres semanas de protesta y reclamo, los sindicatos del sector de Arena, Piedra y Navegación Fluvial de Rosario (Santa Fe) decidieron emprender medidas de fuerza y acusan a la Cámara de Arena y Piedra del Litoral de generar el desabastecimiento de arena, vital para distintos sectores. El déficit de arena no se nota tanto por los recortes en la obra pública por parte del gobierno nacional y por el “parate” generalizado en la construcción particular

[3] «A partir de hoy queda prohibido prohibir exportaciones», dijo Milei en el mensaje que fue transmitido por cadena nacional el 19 de diciembre 2023, en referencia a la modificación del artículo 609 del Código Aduanero (Ley N° 22.415) por el DNU 70/23.

[4] Operación Nº 5295/OC-AR Informe del 5 de febrero 2024.

[5] Médico y miembro del Opus Dei, fue ministro de Asistencia Social en el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Los recursos que se destinaron desde Salta a CONIN fueron cuantiosos y los resultados casi nulos. Las noticias que llegaban desde el norte de la provincia eran alarmantes y tuvieron un pico dramático entre diciembre de 2019 y enero de 2020: una quincena de niños y niñas wichis muertos por desnutrición. Fue entonces cuando el recién asumido gobierno de Gustavo Sáenz cortó vínculos con CONIN y dictó la emergencia socio sanitaria para los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia.

[6] Incluso la vergüenza en todo el país, pero principalmente en el Ministerio de Capital Humano trasladado a la Av. Alvear 1690 – CABA y también en el edificio en el barrio norte de la Ciudad de Rosario, en que miles de personas esperaron en vano que, como había prometido la ministra, iban a ser recibidas por los funcionarios.

[7] En la ciudad de Buenos Aires el boleto mínimo aumento más del 400 %, era de 53 pesos el 9 de diciembre de 2023 y quedó fijado en 270 el martes 6 de febrero de 2024.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

 

Escepticismo ante crecimiento de 2,5% proyectado en Chile

El Miniterio de Hacienda actualizó sus proyecciones macroeconómicas y fiscales e insistió en que la economía crecerá un 2,5% en 2024, según su último informe de Finanzas Públicas. La cifra ha provocado ruido en los expertos por alejarse de la proyección del mercado, que calcula un 1,7%, y del Banco Central, que pronosticó un 1,75% en su último Informe de Política Monetaria.

Además de estar desalineada con las proyecciones locales, la estimación del gobierno también se distancia de las realizadas por entes internacionales. Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) augura un crecimiento económico de 2% para nuestro país, el Banco Mundial calcula un 1,8%.

Escepticismo

El economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, calificó la proyección como “muy optimista” y cree que la cifra no pasará el 1,5%. El coordinador macroeconómico del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), Hermann González, señaló que será necesario que Hacienda corrija “tanto los ingresos como las presiones de gastos” para cumplir la meta fiscal.

La directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, afirmó que el gobierno podría lograr la cifra estimada “si fuera más eficaz”. Sin embargo, afirma que “la capacidad de ejecución y de gestión ha sido bastante deficiente”.

Los especialistas calculan que el crecimiento del producto en 2024 será de entre 1,5% y 2%, influenciado por la convergencia de la inflación en la meta del Banco Central, la reducción en la tasa de interés y el avance de las reformas del Ejecutivo que propician un escenario de incertidumbre para la inversión.

Petroperú: sus reales problemas y posibles salidas

Alejandro Narváez Liceras

En las últimas semanas, hemos asistido a un profuso debate entre los detractores y los defensores de la empresa estatal. Los primeros dicen que la empresa está en quiebra, por lo tanto, hay que disolverla cuanto antes. Los otros, en cambio, defienden su supervivencia porque creen que cumple un rol subsidiario del Estado y es un “actor estratégico” en el sector hidrocarburos. Unos muestran ignorancia supina del tema que hablan y otros van por las ramas. En suma, diría que es un “debate” básicamente ideológico, que impide ver el fondo del problema y plantear posibles salidas a la crisis que padece.  Y, dada la importancia de Petroperú, y por haber tenido el privilegio de haber pasado por Ella, no decir nada y mirar de costado, simplemente no era una opción para mí.

No pocos “seudo analistas” afirman que Petroperú está en quiebra. Otros, ante la avalancha de opiniones, se preguntan ¿Cuál es la situación real de la empresa? ¿Es suficiente un “soporte” financiero del Estado para salir de la crisis en la que está envuelta? ¿Es posible el tránsito hacia un nuevo modelo de empresa rentable y sostenible? Para responder a estas y otras preguntas que irán saliendo a lo largo de este breve artículo, haremos un análisis técnico y desapasionado usando sus propias cifras oficiales.

Limpiando el camino

La quiebra o bancarrota es una situación en la que una empresa no puede hacer frente a sus deudas y se ve obligada a cesar en su actividad económica de forma definitiva. A diferencia de otros supuestos como la quiebra técnica o la suspensión de pagos, la bancarrota tiene un carácter irreversible.  Los factores desencadenantes de los supuestos señalados, son casi siempre los mismos, un patrimonio neto negativo.

En el escenario en que la situación es reversible o transitoria (quiebra técnica), es decir, tiene un déficit temporal de liquidez, la empresa puede acogerse a un proceso de insolvencia ya sea por razones económicas o financieras. Si el problema perdura en el tiempo, debe declararse en quiebra definitiva dando paso a su disolución y finalmente a su liquidación.

Las cifras de Petroperú

De acuerdo a lo estados financieros presentados a la SMV al 30 de septiembre del 2023 (3T23), Petroperú tiene un patrimonio neto positivo de 2,122 millones de dólares, que representa el 26% de sus pasivos financieros y equivale a un nivel de apalancamiento de 0. 74 (endeudamiento), algo mayor que al cierre del ejercicio 2022 que fue de 0. 68. De otra forma, el patrimonio neto de la empresa (recursos propios) representa el 21% de su estructura financiera. Por lo tanto, se mire como se mire, la empresa no está en quiebra, ni tampoco en situación de quiebra técnica. Lo saben sus acreedores financieros como:  BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs y los otros.

En teoría se dice que la situación “ideal” es tener un activo corriente mayor que el pasivo corriente, es decir, un capital de trabajo neto positivo. Sin embargo, en el mundo real hay empresas que operan con capital de trabajo negativo (ejemplos muy citados en mundo académico: WalMart, McDonald’s, América Móvil, Supermercados Peruanos S.A. etc.). La estructura económica y financiera es diferente en cada empresa, depende del sector al que pertenece, del tamaño relativo, de la coyuntura económica, etc. Cada empresa tiene su propio ADN. Hay empresas que prefieren financiarse con sus proveedores y otras con un préstamo bancario por los beneficios del escudo fiscal que genera.

Al 3T23 Petroperú tiene un capital de trabajo neto negativo de 1,537 millones de dólares, es decir, tiene obligaciones a corto plazo mayores que sus activos corrientes, lo que significa que la empresa tiene un alto riesgo de no cumplir con dichas obligaciones en los términos y plazos pactados. Este abultado déficit de capital de trabajo es el resultado de su mal manejo y si este escenario persiste, la empresa no tendrá más remedio que declararse en suspensión de pagos.

El tamaño de sus deudas a corto plazo es tan grande que resulta muy difícil hacer frente a las mismas. Sin embargo, en vista de que tiene un patrimonio neto positivo de 2,122 millones de dólares, para evitar declararse insolvente, que en la práctica viene a ser la antesala de una quiebra definitiva, tiene algunas salidas: a) Dar prioridad a la liquidez, aunque sea en detrimento de la rentabilidad, desinvertir activos no productivos, emitir bonos con el aval del accionista y poner en marcha un severo plan de austeridad creíble b) Si lo anterior es insuficiente, no habrá más remedio que solicitar al accionista aporte de capital fresco o un nuevo préstamo y simultáneamente capitalizar los 750 millones de dólares que está registrado como pasivo de la empresa. En este caso, si el gobierno de turno no cede a la presión de los privatistas, no tendrá más remedio que optar por alguna de las opciones señaladas. De no darse lo anterior se tiene como último recurso c) las operaciones de capital con terceros (nuevos socios y alianzas estratégicas) y acuerdos con los acreedores, etc.

Pérdida millonaria

Petroperú tiene una pérdida acumulada de 562 millones de dólares al 3T23 y se estima que habría cerrado el año con una pérdida cercana a 710 millones de dólares. Para el 2024 aspira tener una cuota de mercado de 35% (actual 26%), sin embargo, proyecta una pérdida de 309 millones de dólares (TC 3.75) (véase AD 166 -2023).  ¿Cómo se explica esto?  Es suma, en los dos ejercicios 2023 – 2024, tendría una pérdida acumulada de 1,019 millones de dólares, suponiendo que las cuentas del presente ejercicio son optimistas y “sinceras”.

Quizás haya preguntas más importantes, pero éstas serían ciertamente las más importantes: ¿Cuál es el origen de esta millonaria pérdida? ¿Quiénes lucran finalmente con el negocio de Petroperú? ¿Quiénes lucran finalmente con el negocio de Petroperú? ¿Puede un accionista público o privado confiar en gerentes que llevan su empresa al desastre? Antes de responder a estas preguntas, hay que dejar claro, que Petroperú es una empresa pública de derecho privado, que opera en un mercado de libre competencia y cuyo objetivo principal es maximizar ganancias.

Panorama internacional

Pacto de Estabilidad europeo: el gran retorno de la austeridad

 

Martine Orange*

El miércoles 17 de enero, el Parlamento Europeo aprobó la reforma del Pacto de Estabilidad. Las nuevas normas refuerzan el rigor presupuestario, abren la puerta a la austeridad permanente y condenan cualquier política divergente. La transición ecológica está comprometida.

Los europeos aún no se han dado cuenta. Pero podrían tener un duro despertar, como ya ilustran en Alemania las manifestaciones masivas de agricultores contra la supresión de una parte de sus subvenciones: el paréntesis abierto en la época de la crisis de Covid, prolongado con la guerra de Ucrania y los choques energético e inflacionista, que había llevado a dejar de lado todas las reglas fiscales y presupuestarias, se ha cerrado desde el 1 de enero. La vuelta a la disciplina financiera de los Estados miembros que salen de este periodo fuertemente endeudados vuelve a ser la norma en toda la Unión.

Pero los dirigentes europeos insisten en que han aprendido de los errores de los programas de austeridad impuestos durante la crisis de la eurozona. Errores que condujeron a una década perdida para Europa y a que la economía europea quedara muy por detrás de la estadounidense. Prometen que la vuelta a la disciplina presupuestaria no será igual que el «corsé presupuestario» del pasado, con su 3% de déficit presupuestario y su 60% de deuda.

Al final de un maratón famoso en Europa, los ministros europeos de Economía aprobaron el 20 de diciembre un pacto de estabilidad transformado. Se trata de «un nuevo marco de gobernanza económica«, insistió Nadia Calvino, Ministra española de Economía y Hacienda, responsable de llevar a buen puerto el acuerdo en el marco de la presidencia de su país, que concluyó a finales de diciembre. El acuerdo debe basarse en «normas equilibradas, realistas y apropiadas« para todos los países.

Aliviados por haber encontrado un compromiso que muchos creían imposible, los ministros europeos se dieron palmaditas en la espalda y declararon que el pacto evitaría todos los escollos de las normas del pasado. Bruno Le Maire fue uno de los más efusivos, alabando el regreso de la asociación franco-alemana, estancada desde hace meses. El Ministro francés de Finanzas saludó «un acuerdo histórico». Según él, el pacto dará a los Estados miembros el margen de maniobra que necesitan para seguir invirtiendo al tiempo que aplican una política fiscal «disciplinada».

Los ministros son los únicos que acogen con satisfacción el Pacto de Estabilidad reformado. Las críticas llegan de todos los frentes, economistas, políticos y sindicatos, para denunciar el «software inalterado» europeo de normas presupuestarias «absurdas» que sólo pueden conducir a la austeridad.

Las nuevas normas supondrán recortes presupuestarios de «más de 100.000 millones de euros a partir del año que viene», advierte la Confederación Europea de Sindicatos, que agrupa a los sindicatos de los Estados miembros. En su opinión, la austeridad presupuestaria se traducirá probablemente en nuevas medidas contra los trabajadores y las clases medias.

«Suicidio económico y político»

«Es el regreso del talibanismo al presupuesto», afirma Philippe Lamberts, copresidente de los Verdes en el Parlamento Europeo. Para él, este nuevo pacto constituye «un suicidio económico y político para la Unión Europea». «En un momento en que Europa necesita invertir en la transición ecológica, la defensa, la investigación, la tecnología digital y la reindustrialización, nos estamos negando a nosotros mismos el arma de la inversión», señala, apuntando a «la creciente distancia entre las palabras y los hechos» en una Europa que no para de hablar de soberanía.

«Pueden hablarnos todo lo que quieran de la soberanía europea, pero hay que financiarla», añade la eurodiputada de la Izquierda Social y Ecológica Aurore Lalucq. Este proyecto de reforma es un «error histórico» que corre el riesgo de «proporcionar un caldo de cultivo a la extrema derecha en Europa».

A pesar de todas estas advertencias, el Parlamento Europeo aprobó el miércoles 17 de enero el proyecto de reforma del Pacto de Estabilidad por 431 votos a favor y 172 en contra, con un apoyo masivo de la derecha, el centro y los socialdemócratas. «Si los socialdemócratas hubieran votado en contra, la relación de fuerzas habría sido diferente», comentó Philippe Lamberts tras la votación en la Comisión de Asuntos Económicos, presagiando el resultado de la sesión plenaria.

Ahora comenzarán los debates entre la Comisión Europea y el Parlamento para armonizar el texto. Pero las líneas maestras ya están marcadas: Europa se embarca en una senda de austeridad y recesión.

La omnipresencia de Maastricht

Oficialmente, los criterios grabados en el mármol del Tratado de Maastricht (3% de déficit presupuestario, 60% de deuda) ya no son las referencias insuperables de la política europea. Sin embargo, siguen siendo un subtexto omnipresente, incluso en los métodos de cálculo y las nuevas normas destinadas a dar a los países europeos una mayor flexibilidad en sus políticas presupuestarias.

En resumen, los Estados miembros con déficits y deudas excesivos dispondrán de un periodo de ajuste de cuatro años para reconducir sus cuentas públicas a una senda presupuestaria considerada «sostenible». El periodo de ajuste podrá ampliarse a siete años si los Estados miembros adoptan «reformas estructurales» consideradas susceptibles de mejorar la «resiliencia» financiera.

¿Es necesario aclarar qué entiende la Comisión Europea por «reformas estructurales»? Desde la crisis de la eurozona, estas reformas siempre han adoptado la misma forma: la destrucción y el empobrecimiento del Estado del bienestar, el trabajo, las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios públicos en general.

Una concesión importante a los ojos de algunos gobiernos es que el gasto público se evaluará según el concepto de gasto primario, es decir, excluyendo los tipos de interés o los efectos fiscales. Fue este cambio el que llevó a Bruno Le Maire a felicitarse por la flexibilización de las normas, que dará al Gobierno cierto margen de maniobra: el aumento del servicio de la deuda en Francia, provocado por la rápida subida de los tipos de interés, quedará parcialmente neutralizado. Esto permitirá mostrar una recuperación de las cuentas públicas, que podría ser en parte virtual.

Por otra parte, no se hace ninguna distinción entre los gastos: ya se utilicen para financiar la transición ecológica, la investigación o para compensar las ventajas fiscales concedidas a unos pocos, la Comisión Europea no ve ninguna diferencia.

Dictado por el ordoliberalismo alemán

Las nuevas flexibilidades presupuestarias propuestas por los dirigentes europeos corren el riesgo de ser muy ilusorias. A cambio de este periodo de transición, Alemania, que no ha renunciado en absoluto a sus reglas ordoliberales, ha impuesto, con el apoyo de los demás países llamados frugales (Países Bajos, Austria, Estados bálticos), cláusulas de salvaguardia acompañadas de sanciones para los países más endeudados, con el fin de garantizar que sigan la senda de la disciplina financiera y el respeto de las reglas europeas.

Aunque el déficit presupuestario se fije en el 3%, los países deberán comprometerse a no superar el 1,5%, según los deseos de Alemania, para disponer de un colchón de seguridad en caso de crisis o choque imprevisto, y poder aportar un apoyo presupuestario a la economía sin sobrepasar el 3%.

La Comisión establecerá programas presupuestarios para cada país cuya deuda supere el 90% del PIB. Estos países tendrán que reducir su deuda en un punto del PIB cada año mientras dure su plan nacional de gastos. Este objetivo se reducirá a la mitad para los países cuya deuda se sitúe entre el 60% y el 90% del PIB.

Se impondrán normas adicionales a los países con déficits presupuestarios superiores al 3% y niveles de deuda superiores al 60%. Las sanciones se intensificarán para los países que no cumplan sus objetivos presupuestarios: se les exigirá que reduzcan su gasto en un 0,5% adicional del PIB al año.

Las líneas generales de este Pacto de Estabilidad reformado no reflejan toda su complejidad y vaguedad. Todo se basa en conceptos mal definidos y fluctuantes. Aurore Lalucq lo llama una «fábrica de gas», lo que significa que ni los políticos ni el público en general pueden entender los mecanismos, discutirlos o cuestionarlos. «Ni siquiera los técnicos pueden entenderlo», afirma. «Mi única esperanza es que estas normas sean tan complicadas que no puedan aplicarse».

Un informe del instituto Bruegel (disponible aquí en inglés), elaborado a finales de diciembre sobre la base de los términos del acuerdo de los ministros de Finanzas, da una idea de la complejidad de las normas previstas: hay numerosas medidas casi incomprensibles.

La única certeza es que darán un poder exorbitante a la Comisión, vaciando un poco más de sentido los procedimientos democráticos nacionales. La Comisión se encargará de comprobar los planes presupuestarios de cada país, tendrá poder para imponer determinadas medidas y condiciones, y controlará la aplicación de los programas acordados. «Todo esto plantea un problema de credibilidad», afirma Éric Dor, Director de Investigación del IESEG. «El objetivo era que el sistema fuera más fácil de entender. Ahora es aún más opaco: cada país negociará sus programas presupuestarios con la Comisión. Y no todos tienen el mismo poder de negociación».

«Los detalles no importan realmente», insiste Philippe Lamberts. «Lo que tenemos que entender es que los halcones del presupuesto han ganado. Los recortes presupuestarios se están convirtiendo en obligatorios para todos».

Primeras medidas de austeridad

Mientras Europa vuelve a la senda de la austeridad, el déficit presupuestario medio de los países de la eurozona es del 3,6%. Según las previsiones de la Comisión Europea, diez de los veinte países que comparten el euro como moneda, entre ellos Francia, Italia, Bélgica y Finlandia, superarán el fatídico umbral del 3% en 2024. Del mismo modo, doce países han superado el 60% de deuda. Siete de ellos, incluidos Grecia, Bélgica, Italia y Francia, tienen niveles de deuda superiores al 100%. Sin más dilación, se espera que la Comisión inicie esta primavera procedimientos por «déficit excesivo» contra algunos Estados miembros, entre ellos Francia e Italia.

La subida de los impuestos sobre la electricidad en febrero y la duplicación de los gastos de bolsillo para los medicamentos a 1 euro, como precisó Emmanuel Macron en su conferencia de prensa, son sólo las primeras medidas de la austeridad anunciada. El Gobierno está decidido a hacer pagar el pasado «cueste lo que cueste» aumentando sustancialmente los impuestos, los más desiguales, y recortando los gastos sociales, en detrimento de los hogares más pobres y de las clases medias, diga lo que diga.

Bruno Le Maire ya ha anunciado la necesidad de encontrar 12.000 millones de euros de ahorro este año. Sin embargo, según cifras citadas por la Confederación Europea de Sindicatos, Francia tendrá que hacer recortes presupuestarios de más de 26.000 millones de euros al año a partir de la entrada en vigor del nuevo Pacto de Estabilidad, si el ajuste se hace en cuatro años, y de 14.000 millones si se hace en siete años.

Los esfuerzos exigidos a los demás Estados miembros son igualmente inmensos. Italia deberá reducir su gasto entre 13.500 y 25.400 millones de euros, dependiendo de si sus planes son a cuatro o siete años. España tendrá que ahorrar entre 8.900 y 13.900 millones de euros, y Alemania entre 5.800 y 11.000 millones.

En un momento en que la subida de los tipos de interés provocada por el resurgimiento de la inflación y el choque energético vinculado en parte a la guerra de Ucrania han sumido a la zona euro en una virtual recesión desde hace seis meses, esta política deliberada de restricción presupuestaria impuesta al mismo tiempo en los mayores países europeos corre el riesgo de provocar un choque recesivo sin precedentes y marginar a Europa.

Descalificación de cualquier política presupuestaria

Ante tales exigencias, cualquier opción presupuestaria se hace prácticamente imposible, y cualquier política pública queda condenada de antemano. «Esta es la base sobre la que se construyó Europa. Niega cualquier política pública ambiciosa que pueda reforzar el poder de los Estados», señala Anton Brender, profesor emérito de la Universidad París-Dauphine.

La influencia alemana en estas opciones es predominante. Mientras Alemania ve desmoronarse ante sus ojos todo su modelo económico industrial y exportador, el gobierno, y en particular su ministro de Finanzas, el centrista Christian Lindner, sigue defendiendo la más estricta ortodoxia presupuestaria.

El gasto público es intrínsecamente sospechoso. A pesar de las numerosas demostraciones de ello en los últimos años, sin olvidar el colapso de Grecia, cualquier política de apoyo presupuestario anticíclico se considera un grave error, cuando no una herejía. El déficit se considera una falta. En cuanto a la deuda, abre la puerta del infierno.

Y la posición de Berlín se endureció aún más tras la sentencia del Tribunal de Karlsruhe que prohibía al gobierno apartarse de la regla de oro del déficit cero: la austeridad impuesta constitucionalmente a Alemania debía extenderse a toda Europa.

«La deuda es consustancial a la actividad económica. Fijar la deuda en el 60% del PIB significa organizar la regresión económica. Tenemos que aceptar que estamos endeudados», afirma Anton Brender. Continuando con sus reflexiones paralelas, Éric Dor comparó las trayectorias presupuestarias y de endeudamiento de Europa y Estados Unidos. A pesar de su profesada postura liberal, el gobierno federal estadounidense proporciona un apoyo continuo a la economía, aceptando mucha más deuda que Europa. Y sigue haciéndolo, quizás incluso demasiado, hoy en día, con su política de reindustrialización.

¿Por casualidad? Aunque las economías europea y estadounidense habían seguido el mismo camino desde la década de 2000, se estancaron a partir de 2013, cuando se introdujeron las políticas de austeridad en Europa. Desde entonces, la brecha no ha dejado de aumentar: la diferencia de PIB entre Europa y Estados Unidos es ahora del 80%.

Transición ecológica comprometida

Lejos de tranquilizar a los mercados, como desearían los dirigentes europeos, el camino que está tomando la Unión corre el riesgo de preocuparlos. Porque las opciones de la UE están aniquilando una serie de opciones para su futuro y el desarrollo futuro de su economía.

Según los cálculos del Instituto Rousseau, citados por el grupo de los Verdes, cada país europeo tendría que invertir cada año alrededor del 2,3% de su PIB para apoyar la transición ecológica y el desarrollo de su defensa. No hace falta depender de las instituciones europeas para ello. Tras aceptar el plan europeo de recuperación en el momento de la pandemia, Alemania dejó claro que éste sería el único desvío de sus principios. Por tanto, los Estados miembros sólo pueden confiar en sus propias fuerzas y capacidades.

En un momento en que las ambiciones de Europa en materia de transición ecológica siguen reduciéndose, al revisarse a la baja el Plan Verde, la orientación austericida de este nuevo Pacto de Estabilidad corre el riesgo de asestar un golpe mortal a la aplicación de las políticas de lucha contra las perturbaciones climáticas.

Como de costumbre, Europa confía en el capital privado para aplicar esta política. Aparte de los problemas de control democrático, lo sucedido en los últimos cinco años plantea muchos interrogantes. Mientras abogaba por la «financiación verde», el capital privado sólo ha invertido en los proyectos más rentables, e incluso entonces ha exigido que los gobiernos ofrecieran garantías y asumieran todos los riesgos. En los últimos dieciocho meses, este capital se ha alejado incluso de los proyectos «verdes», volviendo en particular a la industria de los combustibles fósiles, mucho más rentable.

«No debemos olvidar los proyectos medioambientales no rentables. Proteger el agua, las costas, la biodiversidad, determinadas zonas… todo ello forma parte del bien común. Necesitamos políticas públicas para financiarlos y protegerlos. ¿Cómo hacerlo con políticas de austeridad?», se pregunta Aurore Lalucq. Del mismo modo, todas las medidas para apoyar a los hogares más pobres y ayudarles a compensar los costes de la transición ecológica parecen condenadas a quedar al margen. Se corre el riesgo de alimentar la oposición de la extrema derecha a todas las políticas ecológicas.

Lo que es cierto para la transición ecológica lo es también para la defensa, la investigación, la reindustrialización, el desarrollo de la economía digital… temas todos ellos destacados por la Comisión Europea en su apuesta por recuperar la soberanía del continente. «Vamos a la competencia mundial con un brazo y una pierna cortados, y luego se nos pide que corramos el maratón contra Estados Unidos y China», refunfuña Philippe Lamberts. «Con esta política, nos convertiremos en el juguete de estas dos potencias. Todo esto sólo puede hacer el juego a la extrema derecha y conducir a la desintegración de la Unión», vaticina el eurodiputado.

 

* Ex periodista de Usine Nouvelle, Le Monde y La Tribune. Varios libros: Vivendi: une affaire française; Ces messieurs de chez Lazard, Rothschild, une banque au pouvoir. Colaboradora en obras colectivas: l’histoire secrète de la V République, l’histoire secrète du patronat, Les jours heureux, informer n’est pas un délit.

 

 

China frente a Estados Unidos

Michael Roberts*

La economía de EEUU creció un 2,5 % en 2023 con respecto a 2022, según la primera estimación del PIB real para el cuarto trimestre publicada esta semana. La noticia fue recibida con entusiasmo por los economistas ortodoxos occidentales: los EEUU son el motor y se ha demostrado que los «profetas de la recesión» estaban muy equivocados. A principios de la semana, se anunció que la economía china creció un 5,2 % en 2023.

A diferencia de lo ocurrido con los EEUU, fue criticado por los principales economistas occidentales como un fracaso total (teniendo en cuenta que China usa probablemente datos falsificados en cualquier caso) y demuestra que China está en graves problemas. Así que China crece al doble de la tasa de EEUU, la economía del G7 con mejor rendimiento en mucho tiempo, pero es China la que «falla», mientras que EEUU está «en auge».

Los economistas occidentales siguen argumentando que la economía china se está yendo por el desagüe. He rechazado este estribillo familiar en numerosas ocasiones en mi blog. No se debe a que apoye incondicionablemente al régimen del auto-calificado partido «comunista», sino al contrario. Es porque la crítica occidental no es objetivamente correcta, y también porque el objetivo de esa crítica es destruir el papel predominante del sector estatal en China y su capacidad para sostener la inversión y la producción. La crítica tiene como objetivo distraer la atención de la realidad de que las economías capitalistas occidentales (aparte de los EEUU, al parecer) está sumida en el estancamiento y casi en crisis.

Tomese esto como un ejemplo de la visión occidental de China: «el modelo económico chino se ha quedado sin fuerza y requiere una reestructuración dolorosa». En realidad, si nos fijamos en la tasa de crecimiento de los EEUU de 2020-23 y la comparamos con la tasa de crecimiento promedio en 2010-19, incluso la economía de EEUU tiene un bajo rendimiento. En la década de 2010, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB real de EEUU fue del 2,25%; en la década de 2020 hasta ahora, el promedio es del 1,9 % anual.

Si comparamos la tasa de crecimiento del 5,2 % de China con el resto de las principales economías, la brecha es aún mayor que con los Estados Unidos. Japón creció un 1,5 % en 2023; Francia un 0,6 %, Canadá un 0,4 %, el Reino Unido un 0,3 %, Italia un 0,1 % y Alemania cayó un -0,4 %. Incluso en comparación con la mayoría de las economías grandes y las llamadas economías emergentes, la tasa de crecimiento de China fue mucho más alta.

La tasa de crecimiento de Brasil es actualmente del 2 % interanual, la de México del 3,3 %, la de Indonesia del 4,9 %, la de Taiwán del 2,3 % y la de Corea del Sur del 1,4 %. Solo las tasas de la India, con un 7,6 % , y la economía de guerra de Rusia, con un 5,5 %, son más altas (entre las grandes economías).

Hay un intento continuo de deslegitimar las estadísticas oficiales ofrecidas por las autoridades chinas, especialmente la cifra de crecimiento. He discutido la validez de esta crítica en publicaciones anteriores, pero el argumento actual es que las cifras del PIB chino son falsas y si utilizamos otras formas de medir la actividad económica, como la generación de electricidad, la producción de acero o el tráfico en las carreteras y puertos, entonces obtenemos una cifra de crecimiento mucho más baja.

Pero incluso si se redujera la tasa de crecimiento en, digamos, un tercio, todavía supondría una tasa que es el doble que la de la mayoría de las economías capitalistas avanzadas y que está por encima de la mayoría de las demás. Y estamos hablando de un gigante económico, no de una pequeña isla como Hong Kong o Taiwán.

Y las cifras de la India deben ser cuestionadas tanto como las de China por los economistas occidentales. En 2015, la oficina de estadística de la India anunció repentinamente cifras revisadas para el PIB. Lo que elevó el crecimiento del PIB en más de un 2 % al año de la noche a la mañana. El crecimiento nominal de la producción nacional estaba siendo «inflado» en términos reales por un deflactor de precios basado en los precios de producción al por mayor y no en los precios al consumidor en las tiendas, por lo que la cifra del PIB real aumentó de alguna manera.

Además, las cifras del PIB no se «ajustaron estacionalmente» para tener en cuenta cambios como el número de días en un mes o trimestre o el clima, etc. El ajuste estacional habría mostrado que el crecimiento del PIB real de la India está muy por debajo de la cifra oficial. Se puede encontrar un mejor indicador de crecimiento en los datos de producción industrial. Y eso supone solo un 2,4 % interanual en la India, mientras que la tasa de China es del 6,8 %.

De hecho, el FMI calcula que China crecerá un 4,6 % este año, mientras que las economías capitalistas del G7 tendrán suerte si alcanzan el 1,5 %, con varias de ellas entrando en recesión absoluta. Y si las previsiones del FMI hasta 2027 son precisas, la brecha de crecimiento se ampliará.

Como ha señalado John Ross, si la economía china continúa creciendo un 4-5% al año durante los próximos diez años, entonces duplicará su PIB y, con una caída de la población, aumentará aún más su PIB per capita. «Para alcanzar el objetivo de China de duplicar el PIB entre 2020 y 2035, tiene que alcanzar una tasa de crecimiento promedio anual del 4,7 %. Hasta ahora, desde 2020, China ha alcanzado una tasa de crecimiento promedio anual del 5,5 %, con un aumento promedio anual del PIB per cápita del 5,6 %. Para alcanzar su objetivo de 2035, el aumento del PIB total de China a partir de 2020 tiene que ser del 15,5 % y, de hecho, alcanzó el 17,7 %. La Oficina de Presupuesto del Congreso de los EEUU, que hace las proyecciones económicas oficiales para la formulación de políticas del gobierno de los Estados Unidos, proyecta que la economía de los Estados Unidos crecerá un 1,8 % al año hasta 2033 y un 1,4 % al año a partir de entonces. Incluso si se lograra la mayor tasa de crecimiento anual, la economía de los Estados Unidos solo crecería un 39 % entre 2020 y 2035, mientras que China crecería un 100 %. Es decir, el crecimiento de China sería más de dos veces y medio más rápido que el de los Estados Unidos».

Pero los economistas occidentales calculan que este objetivo no se alcanzará. En primer lugar, argumentan que la población activa de China está disminuyendo rápidamente y, por lo tanto, no habrá suficiente mano de obra barata para impulsar la producción. Pero una mayor producción no solo depende del aumento de la fuerza laboral, sino sobre todo del aumento de la productividad de esa fuerza laboral. Y como he demostrado en publicaciones anteriores, hay buenas razones para suponer que la productividad laboral de China aumentará lo suficiente como para compensar cualquier disminución en el número de trabajadores.

En segundo lugar, el consenso occidental es que China está sumida en una enorme deuda, particularmente los gobiernos locales y los promotores inmobiliarios. Esto eventualmente conducirá a quiebras y a un colapso de la deuda o, en el mejor de los casos, obligará al gobierno central a exprimir los ahorros de los hogares chinos para pagar estas pérdidas y, por lo tanto, frenará el crecimiento. Estos economistas parecen pronosticar un colapso de la deuda cada año, pero no ha habido un colapso sistémico en la banca o en el sector no financiero.

En cambio, el sector estatal ha aumentado la inversión y el gobierno ha ampliado la infraestructura para compensar la recesión en un mercado inmobiliario sobre endeudado. De hecho, es el sector capitalista de China (basado principalmente en áreas improductivas) el que está en problemas, mientras que el masivo sector estatal de China toma la iniciativa en la recuperación económica.

La realidad es que China sigue liderando los sectores productivos del mundo, como la manufactura. China es ahora la única superpotencia manufacturera del mundo. Su producción supera la de los nueve grandes paises fabricantes subsiguientes juntos. Los EEUU tardaron buena parte del siglo XX en llegar a la cima. China tardó unos 15 o 20 años.

En 1995, China producía solo el 3 % de las exportaciones mundiales de manufacturas. En 2020, su participación había aumentado al 20 %. Lejos de «arrinconar» a China mediante el «desacoplamiento» de EEUU, reduciendo su inversión y demanda de productos chinos, Estados Unidos depende más de las exportaciones chinas que viceversa.

Y China está cerrando la brecha con los EEUU en productos de alta tecnología, incluidos semiconductores y chips.

China todavía tiene un trecho que recorrer para superar el poder económico combinado de las economías imperialistas, pero está cerrando la brecha. Esto es lo que preocupa a los EEUU y a sus aliados.

Pero, según los economistas occidentales, el énfasis de China en la producción manufacturera y la inversión en infraestructura y tecnología en vez del aumento del consumo doméstico es el modelo equivocado para el desarrollo. Según la teoría neoclásica (y keynesiana), es el consumo lo que impulsa el crecimiento, no la inversión. Por lo tanto, China necesita desmontar su sector estatal demasiado grande, reducir los impuestos a las empresas privadas y desregularizar para permitir que el sector privado expanda las ventas de bienes de consumo.

Pero, ¿la gran cuota de consumo en las economías occidentales ha conducido a un PIB real y un crecimiento de la productividad más rápidos, o en su lugar a fracasos inmobiliarios y crisis bancarias? ¿Y no es verdad que una inversión más productiva impulsaría el crecimiento económico y el empleo y, por lo tanto, los salarios y el gasto, y no al revés? Esa es la experiencia en China en los últimos 30 años, con un alto crecimiento e inversión que ha aumentado los salarios y el gasto de los consumidores.

Veremos quién tiene razón sobre China este año.

*Economista marxista británico, que ha trabajado 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.