La Corte Suprema argentina adecúa sus decisiones a las necesidades de la oposición

Juan Guahán y Rubén Armendáriz

En cadena nacional, desde la residencia oficial de Olivos, el presidente argentino, Alberto Fernández, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones que estaban previstas para el domingo en las provincias de San Juan y Tucumán, señaló que el tribunal “viola la división de poderes y el federalismo”.

Añadió que “los jueces que aceptaron ser designados por decreto” por el expresidente Mauricio Macri “siguen respondiendo a sus órdenes”. El oficialismo repudió el fallo que suspendió dos elecciones y al alianza neoliberal Juntos por el Cambio se alineó con los “supremos”.

El Presidente anunció que el fallo que impidió la realización de los comicios en San Juan y Tucumán será incorporado como causal de remoción en el proceso contra los jueces de la Corte que debate el Congreso.

En la Casa Rosada consideran que el fallo fue un mensaje político que, entre sus objetivos, apunta a intimidar a la vicepresidenta Cristina Kirchner ante una posible candidatura, y creen que es la sociedad la que deberá manifestarse para revertirlo. Consideran que el gobierno «tiene las manos atadas» y depende de los votos en el Congreso para avanzar con el juicio político que enviaron en enero.

Obviamente, la decisión de la Corte de suspender los comicios tiene un claro   sentido  electoralista y vulnera elementales principios del régimen republicano y del pluralismo democrático. No es casual que la decisión cortesana aparezca en una semana en la que los resultados obtenidos en algunas provincias son favorables a fuerzas políticas afines al oficialismo .

La abogada y diputada izquierdista Myriam Bergman (PTS) habló del feudalismo de los caudillos peronistas e indicó que “el sistema es antidemocrático, no sólo por la perpetuidad que buscan Manzur y Uñac sino por otros aspectos igual de escandalosos. Sobre eso, la Corte Suprema guarda silencio. Trampas varias son habituales en estas elecciones provinciales, lo vimos en Jujuy. El fallo de la Corte no hace la más mínima referencia al antidemocrático sistema de acoples que rige en Tucumán ni a la Ley de Lemas en San Juan. Obviamente, el presidente tampoco habló de eso.

Mientras, ese mismo Tribunal guarda silencio frente a otros graves temas que afectan seriamente las garantías constitucionales, como la investigación para determinar  la autoría del intento de magnicidio contra la dos veces presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, aprovechó el martes su exposición en el foro de negocios organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) para meterse en la política económica y cuestionar lo que llamó «la expansión incontrolada de la emisión monetaria». Para que no pareciera un mero comentario antigobierno sino una advertencia jurídica, dijo que el el artículo 75 de la Constitución «manda a defender el valor de la moneda».

Algunos anslistas señalan que en medio del proceso electoral esta decisión podría alentar la presentación los amparos en otros lugares y complicar aún más la crisis institucional.

Tres cortesanos, de un tribunal de cinco han sometió a los poderes de dos provincias a su arbitrio, algo que nos e registraba en la Argentina desde 1853. En realidad eso puede decirse sin tomar en cuenta el apoyo de las sucesivas Cortes Supremas a los gobiernos militares genocidas y golpes de estado que se sucedieron en el país desde 1930.

Las decisiones judiciales cuestionadas por el presidente admitieron recursos presentados por la oposición de San Juan y Tucumán contra las candidaturas de los actuales gobernadores peronistas de esas provincias. En San Juan, el gobernador Sergio Uñac se postula a la reelección, y en Tucumán, el gobernador Juan Manzur es candidato a vicegobernador en la fórmula que encabeza su actual vice, Osvaldo Jaldo.

En los dos casos, la oposición argumenta que, si se toman en cuenta los mandatos que ejercieron Uñac y Manzur como gobernadores y vicegobernadores, y los que podrían conseguir si ganan las próximas elecciones, podría verse afectado el principio de alternancia en el poder.

En el caso de San Juan, la resolución judicial ataca la re-reeleción del peronista Sergio Uñac. La Constitución de esa provincia también impide la re-reelección. El actual mandatario fue elegido para el cargo de vicegobernador en 2011-2015 y luego fue gobernador entre 2015-2019 y, nuevamente, en 2019-2023. La nueva presentación fue denunciada desde la oposición.

 En esta provincia también existe mecanismos completamente fraudulentos. Desde 2022 existe una ley de lemas que también permite enganchar las distintas listas. De esta forma, puede ocurrir que un elector o electora quiera elegir a un candidato y termine aportando con su voto a otro distinto. Este mecanismo, además, permite una proliferación absurda de candidaturas por las mismas fuerzas. Por ejemplo, en distintas localidades sanjuaninas se registran entre 25 y 32 candidaturas a intendente.

Sobre estas cuestiones, la resolución de la Corte Suprema no dice absolutamente nada. Es decir, deja sin cuestionar mecanismos completamente antidemocráticos, que terminan siendo utilizados para burlar la voluntad de la población al votar

En el caso de Tucumán, el tribunal suspendió las elecciones y pidió al gobierno presentar un informe en un plazo máximo a cinco días. La decisión se basa en haber hecho lugar a una medida cautelar presentada por el candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, German Alfaro, el pasado 19 de abril. En la misma se objetaba que Juan Manzur pudiera presentarse para el cargo de vicegobernador, dado que ya cumplió dos mandatos como gobernador y no existe la re-reelección en la provincia.

La arbitrariedad de la resolución judicial es tan evidente que la Corte decide suspender la convocatoria a elección hasta tanto “se dicte un pronunciamiento definitivo”. Es decir, lo hace sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

Sin embargo, la resolución no afecta a otros múltiples mecanismos antidemocráticos existente en la provincia. Por ejemplo, el sistema de acoples que tiene carácter constitucional y permite la presentación masiva de candidatos a nivel legislativo que se “acoplan” a la candidatura al cargo ejecutivo provincial. Este armado, completamente fraudulento, llevó a la insólita situación de que esa provincia tuviera 18.000 candidatos en las elecciones provinciales de 2019.

Ese esquema es completamente avalado por todos los partidos patronales de la provincia. De hecho, Juntos por el Cambio también lo utiliza, siendo parte de este entramado antidemocrático.

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad se ha denunciando esta situación. Recientemente, Alejandra Arreguez, candidata por ese espacio, señaló que luego de la presentación de listas se descubrió que había 105 partidos. Pero en la categoría de gobernador y vice solo se enfrentaron 8 fórmulas.

El resto corresponde a la elección de los legisladores provinciales, intendentes, concejales y comisionados comunales. En ese marco, el peronismo llevaba 61 acoples y Juntos por el Cambio, por su parte, presentaba varias decenas de acoples. Como se ve, se trata de un sistema electoral completamente fraudulento que indigna mucho a la población.

Tanto su candidatura como la de Uñac fueron avaladas por autoridades provinciales, pero la Corte Suprema dispuso que mientras se tramitan los recursos presentados por la oposición, se deberán suspender las elecciones como medida cautelar. Por este motivo, las dos provincias anunciaron la suspensión de la votación de gobernador, pero la de San Juan definió que de todos modos se elegirán el domingo los cargos de alcaldes, concejales y diputados regionales.

Desde el oficialismo se cuestiona que una decisión de este tipo no se haya tramitado antes, que se pongan en duda decisiones provinciales ya tomadas, y que la corte beneficie con esta medida a los candidatos opositores.

Entre quienes criticaron la decisión de la Corte Suprema se encuentra el propio Uñac, que la calificó como “externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada” de la autonomía provincial. Para Uñac hubo quienes “buscaron argumentos judiciales para resolver cuestiones políticas” y mencionó un tuit de la dirigente derechista Patricia Bullrich, precandidata a la presidencia por Juntos por el Cambio: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac”.

El ministro de Justicia, Martín Soria, dijo que “el Tribunal decide en base a intereses de ciertos sectores políticos” y que integrantes de Juntos por el Cambio “celebraban como si el fallo lo hubieran escrito ellos”.

El presidente argentino destacó que la decisión de la Corte Suprema “fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios”.

Recordó, además, que fue tomada “después de que (el expresidente neoliberal) Mauricio Macri tratara de ‘feudos’ a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía derrotas”.

“La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna”, sentenció Fernández.

El presidente acusó al Poder Judicial de “manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos” y dijo que “la degradación judicial debe concluir”.

*Guahán es analista político y dirigente social argentino, Armendáriz es periodista y politólogo. Ambos asociados al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)