Claudio della Croce|

El “entendimiento sobre políticas clave” para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que anunció el gobierno argentino al filo del vencimiento del pago de 713 millones de dólares, cuyo incumplimiento hubiera alterado sensiblemente los términos de la negociación sobre la duda externa,  logró eludir el default hasta 2024, pero no reducir las sobretasas ni la tutoría permanente, omnipresente de los funcionarios del FMI.

En una negociación signada por la amenaza de default y con las reservas del Banco Central al límite, el gobierno de Alberto Fernández logró algo de aire para soslayar los próximos vencimientos y dejar el grueso del ajuste fiscal y monetario para la próxima gestión presidencial, que deberá encarar el pago contante y sonante de gran parte de la deuda y sus intereses.

Argentina logró un período de gracia a cambio de una fuerte reducción del déficit fiscal y de la emisión. Los anuncios hechos por el presidente Alberto Fernández se limitan a un acuerdo de postergación de los vencimientos por un período de cuatro años, acompañados de un compromiso de reducción del déficit fiscal en un sendero de dos años y medio, para llevarlo en 2024 al 0,9% del PBI. Para ese año, está pautado el mayor esfuerzo fiscal.

Uno de los puntos que demoraron el acuerdo en la última semana -si el déficit cero que reclama el organismo se alcanzaría en 2025 o 2026- simplemente se omitió y, con seguridad, quedará sujeto primero a la letra chica que se irá deslizando en las próximas semanas, cuando -como adelantó el ministro Martín Guzmán- se conozcan los términos de los memorándums técnicos y, luego, a las revisiones que a partir de ahora se irán sucediendo cada tres meses.

Serán diez misiones consecutivas por un período de 30 meses, de las que dependerá cada uno de los desembolsos pautados.

Desde el punto de vista técnico, se anunciaron avances para sellar un nuevo crédito de facilidades extendidas por diez años, por un monto idéntico al vigente y que permitirá obtener los desembolsos para saldar los vencimientos de capital e intereses ya pautados en el acuerdo anterior. Es la forma técnica mediante la cual se pudo plasmar un período de gracia en los pagos, sujeto al cumplimiento de un programa de reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria, bajo estricta supervisión de los técnicos del organismo.

Así, el primer desafío para el gobierno será el de llevar el déficit fiscal de este año hasta los 2,5 puntos del PBI. El proyecto de Presupuesto 2022 que rebotó en el Congreso preveía que fuera del 3,3%. Para eso, deberá reducir un punto con relación a lo ocurrido en 2021 sin contar con el impuesto a las grandes fortunas que, el año pasado, aportó el equivalente al 0,5% del PBI.

El ministro de Economía Martín Guzmán adelantó que aspira a lograrlo sin ajustar el gasto público, sino a partir de una suba de los ingresos tributarios derivados de un mayor crecimiento económico y de una reducción de la evasión fiscal. Aseguró que habrá margen para incrementar la inversión pública, con el propósito de mejorar la productividad y, de esa forma, inducir un mayor crecimiento.

La apuesta resulta optimista máxime cuando, para descomprimir el mercado cambiario, el entendimiento contempla la garantía de ofrecer tasas de interés reales positivas que, con una inflación proyectada en más de un 50%, implica intereses que podrían desalentar la inversión productiva. En el mismo sentido, operará la suba de tarifas energéticas que, de una u otra manera, está incluida en el acuerdo a partir del compromiso de reducir subsidios para descomprimir el déficit fiscal.

Hay un evidente desacuerdo entre Guzmán, que aseguró que se mantendrá el sendero tarifario ya pautado, y el comunicado del Fondo, que insistió en la necesidad de acelerar el proceso que, desde la visión de sus técnicos, implica una suba en términos reales de un 180% en las tarifas. Según Guzmán, el acuerdo no incluye el reclamo de un shock devaluatorio y se mantendría el sendero de minidevaluaciones capaces de mantener relativamente fijo el tipo de cambio real.

El organismo omitió su histórico reclamo de avanzar en una reforma previsional y laboral, sobre el cual, de todas formas, podría volver en cualquiera de las revisiones técnicas pautadas en los próximos meses y años. Argentina también deberá cumplir con una reducción de la emisión monetaria, para llevarlo desde el actual 3,7% del PBI a un 1% este año; a un 0,6%, en 2023, y a cero, en 2024, condicionando sensiblemente el margen para desplegar políticas sociales e incluso las de estímulo a la producción.

Opiniones

Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y director del Banco Nación, sostuvo que «la decisión tomada por el gobiern y que exige la ratificación del Parlamento, implica legitimar el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales existentes para endeudar al Estado».

Añadió que el gobiernol ha desistido de denunciar ante los foros políticos y judiciales a nivel mundial las múltiples irregularidades en que incurrió el FMI y desistió de promover la nulidad del crédito Macri-FMI, tanto a nivel local como internacional. “Jamás produce buenos resultados validar la impunidad (…) Hemos logrado un default diferido y no una solución al endeudamiento (…) Hay una monumental cesión de soberanía y metas sumamente precisas para la coyuntura inmediata 2021-2024», afirmó.

Claudio Katz, de Economistas de Izquierda, señaló cuatro compromisos que adoptó el gobierno. Está primero el compromiso fiscal que es bajar el défici, que el gobierno dice que esto se va a lograr simplemente con crecimiento y con aumento de la tributación, “pero esto hay que verlo”.

Hay un segundo compromiso de reducción del financiamiento del déficit con emisión y ahí hay que ver la letra chica, pero en principio eso se va a lograr con una tasa de interés real positiva. Esto implica crear un gran negocio de bicicleta financiera en el mercado local. El tercer compromiso es bajar la tasa de inflación y ahora el FMI acepta argumentos multicausales sobre la tasa de inflación. “Eso es pura retórica porque lo que el Fondo va a inspeccionar cada tres meses es si la tasa de inflación está bajando con un ajuste monetario”, señaló Katz.

Y el cuarto compromiso es ese de que no habrá una megadevaluación. Dicen que sin devaluación van a recomponer las reservas en 5.000 millones de dólares en el curso de este año. “Cómo lo van a hacer es un misterio, porque el año pasado hubo un superávit comercial de 14.000 millones de dólares y las reservas están en cero”, señaló.

El investigador Alejandro Olmos Gaona señaló que “Es un alivio coyuntural, pero el problema de la deuda va a seguir”, y  explicó que «de aquí a dos años y medio el Gobierno tiene tranquilidad respecto a las operaciones con el Fondo, que le va a dar plata para que le pague y va monitorear la economía argentina. “Diría que de alguna manera casi cogobernaría durante los dos años y medio, porque las revisiones trimestrales suponen un control estricto de lo que se haga”, dijo.

Por su parte, el economista jefe de Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Nicolás Zeolla advirtió que “Lo peor del marco en el que nos encontramos es la presencia del Fondo en el ordenamiento de una de las partes de la política económica argentina.”.

En el Congreso

Anunciado el acuerdo con el FMI para refinanciar el endeudamiento millonario de la gestión macrista, la pelota pasó ahora al Congreso. En la coalición opositora Juntos Por el Cambio, la primera reacción fue señalar como «positivo» que el gobierno hubiera eludido un default, si  bien pidieron aguardar hasta conocer la «letra chica”. En el oficialista Frente de Todos, hay mayor incertidumbre. Un grupo de diputados que representan a los movimientos sociales manifestaron su rechazo a pagarle al Fondo.

Hace un año, la Cámara de Diputados sancionó la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que todos los futuros acuerdos con organismos internacionales deben ser aprobados sí o sí por el Congreso. Esta ley, que fue impulsada por el oficialismo con el objetivo de evitar otra crisis de deuda como la que generó el préstamo de 44 mil millones de dólares al gobierno anterior, será puesta en práctica por primera vez para refinanciar la deuda que tomó el macrismo.

El primer paso será transcribir la letra del acuerdo a un proyecto de ley que se presentará en el Congreso, pero aún falta terminar de definir con los funcionarios del Fondo los detalles del memorándum de entendimiento que, a su vez, deberá ser aprobado por el ejecutivo del organismo, lo que va a llevar varias semanas.

El gobierno, sin embargo, espera poder aprobar el proyecto antes del 21 de marzo, fecha en la que el país tendría que pagar un nuevo vencimiento de casi tres mil millones de dólares.

Un préstamo ilegal, una deuda ilegítima

Juristas internacionales, abogados, especialistas y organizaciones políticas y sociales ya habían denunciado la ilegalidad del préstamo stand by que el organismo internacional otorgó a la administración macrista en 2018. Una deuda también ilegítima, para someter a los países a planes de ajuste sobre el pueblo.

Y, a pesar de los anuncios del propio presidente Alberto Fernández en la inauguración de sesiones del Congreso en marzo de 2021 de iniciar una  “querella” a los responsables, su gobierno orientó sus dos años de gestión a negociar la deuda ilegal e ilegítima y se encamina ahora a validar todo el endeudamiento con la firma de un nuevo acuerdo.

Una reciente investigación de los juristas Karina Patricio Ferreira Lima (Universidad de Leeds) y Chris Marsh (Universidad de Cambridge, exfuncionario del FMI) concluyen que el acuerdo stand by de 2018 entre la Argentina y el FMI debería considerarse nulo. Señalan que el mayor programa en la historia del Fondo «fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ’ultra vire’.»

Esto implica, de acuerdo al derecho jurídico internacional, que el acuerdo debería ser considerado nulo por rebasar “el límite de la ley». Allí constatan, entre otros aspectos, que el programa acordado:

• Contenía objetivos imposibles de alcanzar, basados en supuestos y errores contables atroces e inconsistencias.
• “El programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un «agujero negro» contable de al menos 20.000 millones de dólares. Todo ello hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir”.
• En el mismo diseño del programa ya estaba inscripto que se amplificaría y se agravaría la crisis de balance de pagos, «debido a la falta de pedidos de controles de capitales, que el Fondo estaba legalmente obligado a solicitar”.

También afirman que en dicho acuerdo “el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente”. Argentina ya sumaba 22 acuerdos firmados con el FMI, una historia de fracasos y de recetas que se repiten. ¿Será lo mismo con el número 23?

Otro capítulo aparte corresponde al destino de los dólares que obtuvo Macri con el préstamo del FMI. El Banco Central reveló en un informe del año 2020 que desde diciembre de 2015 la fuga de capitales fue de más de 86.000 millones de dólares. La mayor parte del endeudamiento financió la fuga de capitales. Y los responsables fueron las grandes empresas como Telefónica, Pampa Energía, Western Union, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, entre otras.

Cada renegociación de deuda actúa -desde la dictadura cívico militar de 1976-1983- como un “borrón y cuenta nueva” para ir ocultando los fraudes previos. En el año 2000, el juez Ballesteros dictó sentencia en la llamada Causa Olmos detectando 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. Alejandro Olmos Gaona, hijo de quien hizo la denuncia original, explicó que ese fallo fue enviado al Congreso y desde allí ningún gobierno le dio curso.

Para las organizaciones sociales, no queda otra forma que enfrentar a quienes optan inconsultamente por seguir pagando miles de millones de dólares, con el pueblo movilizado.  Ya no valen excusas, vacilaciones oportunistas ni silencios cómplices cuando se juega la soberanía y el futuro del país y de los argentinos.

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

 

Versión en portugués

FMI fará cogestão da economia argentina ao menos até 2024

O “entendimento sobre as principais políticas” para um acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional) anunciado pelo governo argentino à beira do vencimento do pagamento de 713 milhões de dólares, cuja quebra teria alterado significativamente os termos da negociação na dúvida externa, conseguiu evitar o calote até 2024, mas não reduzir os juros ou a tutela permanente e onipresente do organismo internacional.

Em uma negociação marcada pela ameaça de inadimplência, e com as reservas do Banco Central no limite, o governo de Alberto Fernández conseguiu evitar os próximos vencimentos e deixar o grosso do ajuste fiscal e monetário para o próximo governo, que terá que arcar com o pagamento de grande parte da dívida e seus juros.

A Argentina obteve um período de carência em troca de uma forte redução do déficit fiscal. Os anúncios de Fernández limitam-se a um acordo para adiar vencimentos por um período de quatro anos, acompanhado de um compromisso de reduzir o déficit fiscal em dois anos e meio, para que seja de 0,9% do PIB em 2024. Para esse ano, está previsto o maior esforço fiscal.

Um dos pontos que atrasou o acordo na última semana – depois de se estabelecer que o déficit zero exigido pelo órgão seria alcançado em 2025 ou 2026 – foi simplesmente omitido e, com certeza, estará sujeito primeiro às letras miúdas, a serem reveladas nas próximas semanas, quando houver a publicação oficial dos termos dos memorandos técnicos e das revisões, que daqui em diante ocorrerão a cada três meses.

Serão dez missões consecutivas por um período de 30 meses, das quais dependerá cada um dos desembolsos programados.

Do ponto de vista técnico, foram anunciados adiantamentos para selar um novo empréstimo de facilidades, prorrogado por dez anos, com um valor idêntico ao atual, o que permitirá obter os desembolsos para liquidar as prestações e os juros já previstos no contrato anterior. É a forma técnica pela qual poderá ser estabelecido um prazo de carência nos pagamentos, sujeito ao cumprimento de um programa de redução do déficit fiscal e da emissão monetária, sob estrita supervisão dos técnicos do órgão.

Assim, o primeiro desafio do governo será trazer o déficit fiscal deste ano para 2,5% do PIB. O projeto do Orçamento de 2022 aprovado pelo Congresso previa um déficit de 3,3%. Para isso, é preciso reduzir um ponto em relação ao que aconteceu em 2021, sem contar com o imposto sobre grandes fortunas que, no ano passado, contribuiu com o equivalente a 0,5% do PIB.

O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, anunciou que pretende chegar a essa meta sem ajustar os gastos públicos, mas com um aumento nas receitas tributárias, o qual será derivado de um maior crescimento econômico e uma redução da evasão fiscal. Assegurou que haverá espaço para aumentar o investimento público, de forma a melhorar a produtividade e, desta forma, induzir um maior crescimento.

A aposta é especialmente otimista ao se recordar que o entendimento contempla a garantia de oferta de juros reais positivos para descomprimir o mercado cambiário, o que, com inflação projetada superior a 50%, significa um aumento dos juros que poderia desencorajar o investimento produtivo. No mesmo sentido, haverá um aumento das tarifas de energia, que, de uma forma ou de outra, consta no acordo baseado no compromisso de redução de subsídios para descompressão do déficit fiscal.

Há um evidente desacordo entre Guzmán, que garantiu que a trajetória tarifária já estabelecida será mantida, e a declaração do FMI, que insistiu na necessidade de acelerar o processo que, na perspectiva de seus técnicos, levará a um aumento real das taxas em até 180. Segundo Guzmán, o acordo não contempla a exigência de um choque de desvalorização, e seria mantida a trajetória de minidesvalorizações capazes de manter a taxa de câmbio real relativamente fixa.

A agência omitiu sua pretensão histórica de avançar em uma reforma previdenciária e trabalhista, sobre a qual, de qualquer forma, poderia retornar em qualquer uma das revisões técnicas programadas para os próximos meses e anos. A Argentina também terá que cumprir uma redução na questão monetária, para trazê-la dos atuais 3,7% do PIB para 1% este ano, para 0,6% em 2023, e para zero em 2024, condicionando significativamente a margem para implantação de políticas sociais e mesmo de estímulo à produção.

Opiniões

Claudio Lozano, presidente da Unidade Popular e diretor do Banco Nación, afirma que “a decisão tomada pelo governo, e que exige a ratificação por parte do Congresso, visa legitimar o crédito adquirido pelo macrismo, apesar do fato objetivo de ter violado todas as normas administrativas existentes, procedimentos legais e constitucionais para endividar o Estado”.

Acrescentou que o governo desistiu de denunciar perante os fóruns políticos e judiciais em todo o mundo as múltiplas irregularidades cometidas pelo FMI, e também de promover a nulidade do empréstimo Macri-FMI, tanto local como internacionalmente. “Validar a impunidade nunca produz bons resultados (…) Conseguimos um calote diferido e não uma solução para o endividamento (…) Há uma transferência monumental de soberania e metas extremamente precisas para o período imediato 2021-2024”, disse.

Claudio Katz, do grupo Economistas de Esquerda da Argentina, destacou quatro compromissos que o governo adotou: primeiro, o compromisso fiscal, que é diminuir o déficit, que será alcançado simplesmente com crescimento e aumento de impostos, “mas isso precisa ser comprovado”.

Um segundo compromisso é o de reduzir o financiamento do déficit com emissão e as letras miúdas. Em princípio, isso será alcançado com uma taxa de juros real positiva. Isso implica a criação de um grande negócio de especulação financeira no mercado local. O terceiro compromisso é o de baixar a taxa de inflação, e agora o FMI aceita argumentos multicausais sobre esse índice. “É pura retórica, porque o que o FMI vai inspecionar a cada três meses é se a taxa de inflação está caindo com um ajuste monetário”, disse Katz.

E o quarto compromisso é o de que não haverá mega desvalorização. Dizem que sem desvalorização vão repor as reservas em 5 bilhões de dólares ao longo deste ano. “Como eles vão fazer isso é um mistério, porque no ano passado houve um superávit comercial de 14 bilhões de dólares, e as reservas estão em zero”, lembrou.

O investigador Alejandro Olmos Gaona salientou que “é um alívio temporário, mas o problema da dívida vai continuar”, e explicou que “dentro de dois anos e meio, o governo vai estar tranquilo quanto às operações com o FMI, que vai dar poder monitorar a economia argentina”.

“Eu diria que, de certa forma, (o FMI) irá quase cogovernar a Argentina por dois anos e meio, porque as revisões trimestrais são um controle estrito do que é feito”, completou.

Por sua vez, o economista-chefe da Fundação de Pesquisa para o Desenvolvimento, Nicolás Zeolla, advertiu que “o pior do quadro em que nos encontramos é a presença do FMI no ordenamento de uma das partes da política econômica argentina”.

O trâmite no Congresso

Anunciado o acordo com o FMI para refinanciar a dívida milionária da gestão macrista, a bola foi passada para o Congresso. Na coalizão opositora Juntos pela Mudança, a primeira reação foi classificar o acordo como “positivo”, dizer que o governo havia evitado um calote, mas alertar que ainda esperam os dados sobre as “letras miúdas”.

Enquanto isso, um grupo de deputados representantes dos movimentos sociais se recusou a aceitar a ideia de pagar a dívida ao FMI.

Há um ano, a Câmara dos Deputados aprovou a Lei de Fortalecimento da Sustentabilidade da Dívida Pública, que estabelece que todos os futuros acordos com organismos internacionais devem ser aprovados pelo Congresso. Esta lei – que foi promovida pelo partido que atualmente está no poder, com o objetivo de evitar outra crise de dívida como a gerada pelo empréstimo de 44 bilhões de dólares ao governo anterior – será posta em prática pela primeira vez, para refinanciar a dívida que o macrismo tomou.

O primeiro passo será transcrever a letra do acordo em um projeto de lei que será apresentado no Congresso, mas os detalhes do memorando de entendimento ainda precisam ser definidos com os funcionários do FMI, que, por sua vez, devem ser aprovados pelo executivo corpo, o que levará várias semanas.

O governo, no entanto, espera poder aprovar o projeto antes de 21 de março, data em que o país teria que pagar uma nova prestação, de quase três bilhões de dólares.

Um empréstimo ilegal, uma dívida ilegítima

Juristas internacionais, advogados, especialistas e organizações políticas e sociais já haviam denunciado a ilegalidade do empréstimo que o organismo internacional concedeu ao governo macrista em 2018. Uma dívida ilegítima, para submeter o país a planos econômicos com cortes sociais, o que prejudicará a população.

E, apesar dos anúncios do próprio presidente Alberto Fernández na abertura das sessões do Congresso em março de 2021 – quando ele “denunciou” os responsáveis pela dívida –, o fato é que seu governo concentrou seus dois anos de gestão na negociação da dívida ilegal e ilegítima, e agora está validando todo esse endividamento com a assinatura de um novo acordo.

Uma investigação recente da jurista Karina Patricio Ferreira Lima (Universidade de Leeds) e seu colega Chris Marsh (Universidade de Cambridge, ex-funcionário do FMI) concluiu que o acordo de 2018 entre a Argentina e o FMI deve ser considerado nulo. Eles apontam que esse foi o maior crédito concedido pelo organismo em toda a sua história, e que “fracassou em todos os seus objetivos centrais, além de conter artigos que violam propósitos fundamentais da sua própria fundação, e que, portanto, constitui um ato ‘ultra vires’”.

Isso implica, de acordo com o direito internacional, que o acordo deve ser considerado nulo porque ultrapassa “o limite da lei”. A investigação também mostra outros aspectos, e revela que o programa acordado:

Continha metas inatingíveis, baseadas em suposições e erros e inconsistências contábeis flagrantes.

Apresentava um programa financeiro inicial que não contemplava um ajuste externo, que tinha premissas irreais e um “buraco negro” contábil de pelo menos 20 bilhões de dólares, e que tudo isso impossibilitava o cumprimento dos objetivos quantitativos do programa.

No próprio desenho do programa já estava inscrito que a crise do balanço de pagamentos seria ampliada e agravada, “pela falta de pedidos de controle de capitais, que o FMI era legalmente obrigado a solicitar”.

Os estudiosos também afirmam que o acordo traz “uma análise de sustentabilidade da dívida que estava fadada ao fracasso, e os critérios de acesso excepcionais não foram razoavelmente avaliados”. A Argentina já tinha 22 acordos assinados com o FMI, um histórico de fracassos e de receitas que se repetem. Será o mesmo com o número 23?

Outro capítulo à parte tem a ver com o destino dos dólares que Macri obteve com o FMI. O Banco Central revelou, em um relatório de 2020, que de dezembro de 2015 até aquele então, a fuga de capitais no país foi superior a 86 bilhões de dólares. A maior parte da dívida adquirida pelo governo macrista foi usada para financiar a fuga de capitais, em manobra que favoreceu grandes empresas como Telefónica, Pampa Energia, Western Union, American Express, General Motors, Shell e Cervejaria Quilmes, entre outras.

Cada renegociação de dívida atua – desde a ditadura cívico-militar de 1976-1983 – como uma “tábula rasa”, para esconder as fraudes anteriores. No ano de 2000, a Justiça detectou 477 atos ilícitos na constituição da dívida durante a ditadura. Alejandro Olmos Gaona, filho da pessoa que fez a denúncia original, explicou que essa decisão foi enviada ao Congresso e, a partir daí, nenhum governo agiu sobre ela.

Para as organizações sociais, não há outra forma senão mobilizar o povo e confrontar aqueles que, sem consultar a população, escolhem continuar pagando bilhões de dólares. Desculpas, hesitações oportunistas ou silêncios cúmplices não valem mais, pois estão em jogo a soberania e o futuro do país e dos argentinos.

Claudio della Croce é economista e professor argentino, investigador associado ao Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)

*Publicado originalmente em estrategia.la | Tradução de Victor Farinelli