Ajuste fiscal y externo: El gasto social no es suficiente para promover el bienestar general argentino

Estamos en una situación extrema: acorralados por el virus Covid-19 y por la rapiña de los acreedores –que actúan con la anuencia de quienes se beneficiaron de ese endeudamiento y fugaron capitales– en el marco de un modelo económico y social basado en la exportación de explotaciones agropecuarias y extractivistas.

Se han exportado sin límite alguno, esencialmente, productos agropecuarios, agroindustriales y minerales de todo tipo, y se importan máquinas y herramientas, en lugar de fabricarlas en el país. Ese modelo no genera trabajo y el poco que se crea está mal pago y no alcanza a cubrir la canasta básica total que define la pobreza. Los trabajos nuevos son precarios. Se trabaja y no se deja de ser pobre.

El ejemplo más nítido es la mal llamada Hidrovía del Paraná, cuyo dragado se licitará nuevamente. Se plantea que el mismo sea de profundidad para permitir ingresar por nuestro río barcos de gran calado, sin importar el daño ambiental que eso genera. La Argentina puede hacerse cargo de esa actividad porque cuenta con barcos de dragado. Los que faltaran los podría comprar con los más de 300 millones de dólares por año que cobra por el peaje la empresa Jan de Nul, que factura 3.06 dólares por tonelada transportada sobre el lecho del Paraná, un río que es nuestro y que se debe cuidar y preservar.

Es más, cuando la empresa Jan de Nul tiene desperfectos en las embarcaciones que hacen la tarea del dragado, las arregla en los talleres navales argentinos (públicos, como Tandanor, o privados) pero no se las lleva a Bélgica, país de donde es oriunda la administradora de nuestro río.

El Frente por la Soberanía Nacional propone la creación de la flota Mercante Nacional y Estatal, con plena reactivación en sus tareas específicas de los astilleros y talleres nacionales como paso concreto para la recuperación de la soberanía en los ríos y mares y de nuestro comercio. Además, se generaría trabajo genuino para miles de argentinas y argentinos, tal como sostuvo Manuel Belgrano –quien propuso crear nuestra propia flota comercial estatal– en la Primera Junta de Gobierno.

Belgrano planteaba también, en el Correo de Comercio del 27 de octubre de 1810, que “la superioridad de los progresos en el trabajo industrioso entre las naciones depende de la superioridad de sus consumos, sean interiores sean exteriores”. Con ello entendía que la grandeza de un país se debe a su producción y consumo y que ambos debían crecer y agregar trabajo, para que ese trabajo pago generara mayor consumo.

Obviamente no fue la propuesta de Bartolomé Mitre ni de Julio Argentino Roca, ni de toda la clase dominante argentina subordinada a Inglaterra. Han pasado 210 años y la matriz extractivista agropecuaria exportadora prevalece, y con ella, la exclusión de gran parte de nuestro pueblo.

Los planes sociales

La respuesta del gobierno son los llamados planes sociales, pero atados a que no desmejoren los números fiscales. Ni bien se desató la pandemia, el Estado argentino realizó ingentes esfuerzos para dar debida respuesta al flagelo. Se reconvirtieron hospitales en todo el país, se asistió a las provincias y municipios y se instrumentaron dos planes sociales, el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el Programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción).

El IFE benefició a 8.839.044 personas con un monto desembolsado de 265.000 millones de pesos, pagado en tres cuotas en 2020 de 10.000 pesos por persona (poco más de cien dólares al cambio oficial). El ATP fue realizado seis veces, para los meses de abril a septiembre de 2020 con un gasto de 226.853 millones de pesos (a un dólar promedio según el BCRA de 82.35 pesos para 2020, serían equivalentes a unos 2.755 millones de dólares) y llegó a asistir con parte del sueldo y disminución a cero de los aportes previsionales a 274.557 empresas y a 2.267.000 trabajadores.

En el último trimestre de 2020, por claros condicionamientos del FMI, no hubo reemplazo del IFE y sí de los ATP por el REPRO II (Programa de Recuperación Productiva II), pero de una cuantía y alcance mucho menor. El mes que más empresas apuntaló fue enero de 2021 y alcanzó a 10.276 sociedades y a 354.420 trabajadores, pagándoles un haber mensual promedio de 12.700 pesos. En la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional 2021 desaparecen como gastos tanto el IFE como el ATP. Sin embargo, ante la llamada segunda ola de Covid-19, el pasado mes de mayo el gobierno extendió la vigencia del Programa ATP hasta el 31 de diciembre de 2021. Sería la séptima etapa del plan que se puso en marcha con la llegada del coronavirus a la Argentina.

El viernes 21 de mayo, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, anunció que serán asistidas con el REPRO II las actividades comerciales afectadas por las medidas restrictivas anunciadas por el Presidente Alberto Fernández ante el constante aumento de contagios de coronavirus: “En los sectores críticos (gastronómicos, hotelería, turismo), que son los más afectados, vamos a llevar ese valor del REPRO a 18.000 pesos  (unos 180 dólares al cambio oficial) por mes”, detalló, y precisó que “a los pequeños empresarios que puedan tener hasta tres o cuatro trabajadores, les vamos a dar, en la medida que cumplan con los requisitos, la asistencia del REPRO de 18.000 pesos por trabajador por mes”.

Los comercios gastronómicos y los sectores críticos pueden sumarse al REPRO y desde el mes de junio de 2021 pasan de 18.000 a 22.000 pesos por trabajador por mes. Muchos de los titulares de esos comercios son monotributistas y autónomos y también se contempló que ellos puedan inscribirse en el programa.

Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono de 15.000 pesos por única vez para los sectores vulnerables golpeados por la pandemia y la pobreza para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí rigieron restricciones a la circulación y a ciertas actividades para frenar el creciente incremento de casos de coronavirus entre las 0 horas del sábado 22 hasta las 0 del lunes 31 de mayo. El bono alcanza a las 960.000 personas del AMBA que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y los monotributistas de las categorías A y B, lo que representará una inversión de 13.900 millones de pesos de parte del Estado.

En tanto que la cartera de Desarrollo Social que encabeza el ministro Daniel Arroyo continuará con el pago de la AUH y de la AUE, cuyo valor se ajusta de acuerdo a la fórmula de movilidad jubilatoria. Además, se seguirá trabajando con la Tarjeta Alimentar. Desde el 21 de mayo se comenzó a pagar su ampliación para llegar a casi cuatro millones de personas.

En síntesis, hasta el 21 de mayo pasado, el Informe de la Secretaría de Hacienda sobre el gasto social detalla que en 2021 se destinarán 472.000 millones de pesos al Covid-19 y a la asistencia (un 5.36% del gasto presupuestario anual de 8.8 billones de pesos), de los cuales en la partida Prevención (compra de vacunas) se invertirá la suma de 52.913 millones de pesos (menos del 0.1% del PIB).

En 2020, el conjunto de medidas asociadas al Covid-19 implicó un gasto devengado de alrededor de 917.793 millones de pesos sobre una ejecución del gasto total de 7.1 billones de pesos (12.9% del gasto).

Las medidas anunciadas el 21 de mayo.

El programa Potenciar Trabajo beneficia a 920.000 trabajadores, quienes percibirán en este mes de junio la suma de 12.204 pesos al ajustarse en un 4% como parte de la actualización del salario mínimo, vital y móvil [i].Para el mes de junio la AUH general es de 4.504 pesos por mes y para la zona 1 (Patagonia, La Pampa y Carmen de Patagones) de 5.856 pesos por mes. Iguales montos corresponden a la AUE. El importe de la Tarjeta Alimentar es de 6.000 pesos por mes para las madres con un hijo y de 9.000 pesos por mes para las madres con dos hijos.

Es obvio que con una inflación anualizada del 46.3% en abril de este año contra abril de 2020, la ayuda es mucho menor a las necesidades. También es evidente que deberían reforzarse todas las partidas, pero esencialmente el programa Potenciar Trabajo, que tendría que abarcar a más trabajadores y multiplicar su remuneración por cuatro o cinco veces. Aun así estaría por debajo de lo que necesita una familia constituida por matrimonio y dos hijos (que tenga donde vivir, porque no incluye el pago del alquiler), monto que asciende a 62.957,54 pesos para el mes de abril pasado.

Actualmente Potenciar Trabajo significa el 1.25% del presupuesto de la Administración Pública Nacional. Si se lo quintuplica sería el 6.25%, por lo tanto hay que conseguir financiamiento por un 5% del presupuesto. Con esa suma los trabajadores del programa construirían viviendas y otras obras públicas que utilizan insumos nacionales. Sería un multiplicador de la inversión, creando puestos de trabajo y elevando el nivel de actividad a otras industrias y servicios ligados a la construcción.

Ese monto se debe detraer básicamente del incremento de los derechos de exportación de productos agropecuarios y agroindustriales, ante una venta récord como será la de este 2021. Hasta mayo, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) declararon ingresar 13.301,3 millones de dólares, un 91% más que en igual lapso que el año pasado, cuyo ingreso total declarado fue de 20.274,4 millones de dólares. Que en 2021 el aumento en los ingresos sea sólo del 50% (y va a ser más) implica que superará los 30.000 millones de dólares. Si se aumenta el derecho de exportación a tasas similares al gobierno de los Kirchner, se logra el objetivo planteado.

Y sería en cumplimiento de la Constitución Nacional, que en su Preámbulo enuncia “promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, y que en su artículo 16 afirma: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Carta Magna por la que todos los funcionarios juran y prometen hacerla cumplir y que es el principio y base jurídica de nuestra sociedad.

Nota

[i] El salario mínimo, vital y móvil para junio es de 23.544 pesos y la jubilación mínima de 22.071 pesos.