Argentina: la ofensiva de 1976, una lectura de economía política

Lucio Geller|

 

El Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO), acaba de publicar el libro “La ofensiva de 1976” del economista Lucio Geller. El estudio consiste en una lectura de economía política durante la dictadura cívico-militar en Argentina. A modo de anticipo, publicamos un extracto del Capítulo 3:.

Argentina: redefiniciones tácticas de la oligarquía financiera^[1]

El 10 de julio pasado (1980), el ministro de economía Martínez de Hoz anunciaba por la cadena de radio y televisión una serie de medidas tendientes a ajustar el programa económico en curso. Reconstruir el mapa de enfrentamientos sociales que culminaron en ese mensaje, y las reacciones que siguieron, permite apreciar una vez más la disposición ofensiva del equipo económico-militar en tanto estado mayor de la oligarquía financiera.

Por oligarquía financiera se entiende, de manera específica, a una fracción del capitalismo económico-financiero concentrado, centralizado, diversificado en la producción y las finanzas, que tiene amplísimas vinculaciones con el capitalismo internacional. Una característica peculiar de la oligarquía financiera es que su membrecía la integran “viejos ricos”, de largos antecedentes en el país.

Por cierto, hay grupos económicos de “nuevos ricos”, con respaldo bancario o sin él, que pugnan para que sus intereses estén contemplados en las pautas oficiales de política económica. Cuando así ocurre, se subordinan a la hegemonía de la oligarquía financiera; de lo contrario, aquella hegemonía es cuestionada bajo la forma de tensiones, conflictos, enfrentamientos y nuevos realineamientos según el caso.

El punto de partida para un fortalecimiento de hegemonía y lealtades es el reconocimiento de que el objetivo estratégico permanente del equipo económico-militar es recrear las condiciones sociales y políticas para la reconversión y desarrollo de las fuerzas productivas y para la extensión de las relaciones salariales. En el campo de la burguesía argentina, sólo la oligarquía financiera tiene la convicción profunda de que el proceso de sustitución de importaciones, tal como devino históricamente, está agotado, y que todo avance ulterior en la industrialización supone el acatamiento a rígidas normas disciplinarias que, en lo principal, obligan a una reducción permanente de costos hasta alcanzar niveles de productividad competitivos a nivel internacional.

 Una nueva etapa

 Aquella convicción explica que dentro del gradualismo en que se ha basado la política económica desde abril de 1976, el equipo económico-militar se haya decidido a apurar el tranco a fines de 1978. A comienzos de 1979 se adoptaron pautas cambiarías (devaluaciones mensuales programadas a ritmos decrecientes)^[2] y se anticipó la aplicación del programa de reducciones en los aranceles de importación (previsto gradualmente hasta 1984). El pretexto que se invocó en lo inmediato fue contener la tasa de inflación; en realidad, este objetivo mediaba a otro, de horizonte más extenso, que era presionar sobre la rentabilidad para forzar a las empresas a bajar sus costos de producción.

Esta política también preveía, sin que se manifestara una gran preocupación por sus consecuencias, que muchas unidades económicas tendrían que desaparecer del mercado por dificultades de diferente orden en operar la modernización tecnológica, especialmente a partir del hecho de que el crédito se hizo caro desde la reforma financiera de 1977. En esta etapa, se completó la constitución de los instrumentos irrenunciables de la política económica del equipo actual: las pautas cambiarías, la reducción arancelaria, y la fijación libre de las tasas de interés en el mercado financiero.

Hay un cuarto instrumento irrenunciable que no atañe a la modernización de la estructura productiva, sino al interés más restringido de las grandes empresas locales que integran esa oligarquía financiera y de sus aliados transnacionales: nos referimos al nivel de la inversión pública que también sostiene la tasa de ganancia de tales fracciones sociales.

Este instrumento debe distinguirse del nivel del gasto público corriente que ha venido acusando una relativa rigidez, decidido por consideraciones estrictamente políticas del equipo económico-militar: el   aumento en los salarios promedios y en las jubilaciones y pensiones despertaba expectativas de ampliación hacia abajo de la base social del régimen^[3]. En el amplio espectro del resto de los instrumentos de política económica todo es negociable, de modo que el equipo económico militar está en condiciones de exhibir su flexibilidad táctica.

A partir de agosto de 1979, a pesar de que la tasa de inflación comenzó a desacelerarse, las presiones sobre los costos de producción fueron cada vez más evidentes: primero, en la medida en que los salarios de varias empresas y ramas de actividad eran actualizados según los aumentos previos de precios^[4]; segundo, en la medida que algunos impuestos, especialmente inmobiliarios, eran ajustados de acuerdo con las tasas previas de inflación, y que algunas tarifas de servicios públicos dejaban a la zaga a los precios mayoristas; tercero, en la medida que la desaceleración inflacionaria contribuyó a que las tasas reales de interés fueran positivas desde la segunda mitad del año pasado.

Cada una de esas presiones decidió en los últimos meses una redistribución del ingreso en las tres direcciones siguientes: una redistribución relativa a favor de los sectores de ingresos fijos; una redistribución del sector productivo privado a las empresas públicas del Estado; otra redistribución desde el sector productivo privado a los sectores intermediarios financieros^[5].

Reacciones en cadena

Provocados por esa política económica, los sectores afectados tuvieron que asumir los enfrentamientos que inició la oligarquía financiera en enero de 1979. La primera reacción de aquellos sectores fue una definición de sus posiciones que expresaron por intermedio de las corporaciones respectivas.

De las tres agrupaciones de nivel nacional de los productores rurales medianos (productores  capitalistas), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) han sido los interlocutores preferidos del gobierno^[6]; pues bien, las CRA habían anunciado en diciembre de 1979 que la resistencia de los hombres de campo a esa política económica se iba a traducir en una disminución del área sembrada (que efectivamente disminuyó en millón y medio de hectáreas en relación al período anterior) y de los rendimientos; las principales objeciones apuntaban al retraso cambiario, al alza de la tasa de interés y a la presión tributaria^[7].

Por su parte, ya en octubre de 1979, todos los grupos industriales reclamaron la suspensión de la apertura económica, la aplicación de medidas anti-dumping, una reducción del gasto público corriente, una preferencia a la industria nacional en los gastos de inversión pública, y, por supuesto, un tipo de cambio “más realista”^[8]. Como puede apreciarse, los reclamos apuntaban al conjunto de los instrumentos de la política económica (los negociables y aún los irrenunciables) y, por eso mismo, de una manera velada, a los objetivos estratégicos de la oligarquía financiera.

El coro de voces contra la política económica fue más ruidoso a partir de la quiebra de algunos banqueros y de los consiguientes desórdenes financieros que se produjeron en abril y mayo de 1980^[9]. La oportunidad fue aprovechada por algunas fuerzas sociales para alegar la manifestación de una crisis financiera como reflejo de una crisis económica general; según otras fracciones de la burguesía los desórdenes financieros fueron errores de la conducción económica; por último, otras fracciones burguesas pensaron que lo ocurrido eran resultados premeditados para consolidar la primacía de la oligarquía financiera.

No todo se reducía a voces de protesta. Se asumieron iniciativas más audaces por otros actores sociales como fueron las amenazas de un paro de los productores lecheros, o los rumores de ocupación de caminos por los productores agrarios de la provincia de Santa Fe. Las Confederaciones Rurales Argentinas tuvieron pláticas en abril con el ministro de economía; fue un diálogo de sordos que decidió a las CRA a acudir directamente a los despachos de los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del propio Videla.

Durante ese período de enfrentamientos el frente rural no estuvo unificado porque la Sociedad Rural Argentina (SRA), que agrupa a los productores más grandes y tradicionales, guardó una prudente actitud -consecuente con su comportamiento histórico- aunque sin eludir algunas críticas, siempre de buen tono, que expresaban algunos de sus voceros de manera extraoficial.

Tampoco hubo unidad en el frente industrial: el Movimiento Industrial Argentino (MIA), que agrupa a las empresas oligopólicas, se apartó discreta y oportunamente de los otros grupos empresarios tanto en las postulaciones como en la conducta corporativa. En una presentación, hecha por separado, el MIA sostenía en un documento, en mayo de 1980, que “una devaluación no corregiría el problema señalado de los precios relativos si a todo el sistema le es permitido ajustarse al nuevo tipo de cambio”^[10], con lo cual reconocía que si bien eran necesarias algunas correcciones al programa económico no debían alterarse los objetivos estratégicos.

Finalmente, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), donde se expresa la forma dineraria de esa oligarquía financiera, siguió reconociendo al equipo económico como su estado mayor, y apoyándolo con sus manifestaciones y silencios públicos.

Dese mediados de mayo, la crítica burguesa trascendió las expresiones corporativas; simultáneamente, cobraron intensidad opiniones adversas políticas desde el peronismo tradicional, los radicalismos balbinista y frondizista, como también las del ex miembro de la Junta Militar almirante Massera (estas últimas notoriamente oportunistas) sin que, no obstante, se percibieran elementos comunes que insinuasen alguna posible unificación de posiciones más allá de la coyuntura.

Para continuar leyendo: http://cicso.org/2021/03/23/lucio-geller-la-ofensiva-de-1976-una-lectura-de-economia-politica/

 Notas

 ^[1] Este capítulo apareció publicado como artículo en Le Monde Diplomatique en Español, setiembre de 1980, bajo el título Redefiniciones Tácticas del Capital Financiero.

^[2] Es la famosa “tablita” de Martínez de Hoz utilizada como herramienta antiinflacionaria y garantía de cambio para los capitales especulativos atraídos por las tasas de interés.

^[3] Eran objetivos del equipo económico apuntar a un descenso de la tasa de inflación.

^[4] Un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), difundido recientemente, indica que, para el conjunto de ramas industriales, el índice del salario real promedio de la mano de obra no calificada y de los operarios calificados creció un 12,7% y 11,4% respectivamente, entre marzo-abril de 1978 y noviembre-diciembre de 1979. Otros informes oficiales muestran esa misma tendencia (La Nación, 14 de agosto de 1980, pág. 14; ibid., 14 de agosto de 1980, 3era. Sección, pág. 17). Otro estudio posterior de UADE, ahora referido al bimestre mayo-junio de 1980, muestra un deterioro de aquellos índices debido a los menores niveles de actividad que se expresan en una disminución de las horas extras trabajadas o de la jornada normal, y en ajustes porcentuales menores cada vez más dilatados (ibidem, 31 de agosto de 1980, 3era. Sección, pág. 5).

^[5] Un sector de los productores agropecuarios ha estimado que, luego del mejoramiento inicial ocurrido en 1976 con la subvaluación del peso que correspondió a la devaluación oficial, los ingresos relativos de los sectores productivos (agro e industria) respecto al resto de la economía se deterioraron a la fecha en un 35% (ibid., 9 de agosto de 1980, 4ta. Sección, pág. 15).

^[6] Las otras dos agrupaciones de productores agropecuarios también opuestas a la política económica son la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO). A diferencia de FAA, CRA profesa una ideología librecambista; por otra parte, CONINAGRO, con una ideología similar a la de CRA, tiene un radio menor de acción ya que sólo representa a productores asociados en cooperativas para la etapa de la comercialización.

^[7] Clarín, 15 de diciembre de 1979, pág. 12.

^[8] Ibidem, 19 de octubre de 1979, pág. 16.

^[9] Ver capítulo 2 de este texto.

^[10] La Nación, 21 de mayo de 1980, pág. 13.

Descargar el libro en: http://cicso.org/2021/03/23/lucio-geller-la-ofensiva-de-1976-una-lectura-de-economia-politica/

 

*Lucio Geller es economista e investigador asociado de CICSO. Con una larga trayectoria de profesor e investigador en economía política y una interesante intervención que abarca su paso por la gestión de Salvador Allende en Chile, en la OIT en Chile y en la gestión del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe.