Argentina: Los coimeros arrepentidos no son héroes, ni patriotas, son…/ Corruptores arrependidos não são heróis nem patriotas, são…
Juan Guahán
En este desfile de bolsos, valijas e inflación de empresarios y exfuncionarios “arrepentidos” es bueno recordar que no estamos ante héroes que merecen el tratamiento de patriotas. Se trata de malandrines que se beneficiaron con sus vínculos con el poder estatal de turno, pagando fuertes sumas para ello.
Desde hace un par de semanas Argentina asiste a la impúdica exhibición de lo peor de la Argentina. Las principales pantallas televisivas y las tapas de los diarios hegemónicos están ocupadas en el recuento de bolsos y valijas que habrían contenido las coimas, sonornos o aportes de variados empresarios de primera línea.
Este fenómeno, con toda la importancia que tiene, fue largamente superado por la catarata de “arrepentidos” que en los pasillos del cuarto piso de los tribunales federales, literal y no metafóricamente, estaban a los codazos para adelantarse a sus colegas en la tarea de llegar primero al acto de delatar para no ir presos, mejorar su situación procesal y –al final- tener una condena menor. En esa pretensión no le fueron a la zaga algunos renombrados políticos.
¿Qué estaba pasando? Una fotocopia de varios cuadernos, de la reconocida marca escolar “Gloria”, textos hechos con una “escritura perfecta” habían llegado a los estrados judiciales. Lo escrito, muy ordenado, cargado de llamativas informaciones formaba parte de lo que estaba instalado en buena parte del imaginario colectivo.
Un chofer, ex (¿ex?) policía, en su rol de alcahuete y mantenido del poder, relataba historias de las cuales nos llegaban noticias desde hace varios años y practicadas desde los mismos orígenes de nuestra historia. Se trata de los “favores del poder” con los cuales convivimos desde que tenemos memoria.
Claro está que esta práctica tiene proporciones y metodologías diversas. Los sectores políticos involucrados en estas denuncias no pertenecían al riñón del poder económico y los montos que cambiaron de destino fueron muy significativos. Es probable que quienes hoy los suceden -en la administración estatal- que sí forman parte del sistema de poder económico, usen otras formas más disimulables (fuga cibernética de capitales) aunque su daño no sea menor.
Esta denuncia puso sobre la superficie un dato imaginado, pero pocas veces expuesto: se trata de la corroboración del estrecho maridaje de las grandes fortunas con las prebendas estatales. El vínculo de estos grandes empresarios con el poder mediático hizo que una vez que eligieron la estrategia del “arrepentimiento” fueran siendo presentados, ante la opinión pública como unos patriotas que estaban haciendo un favor a la ética pública.
Sobre esto hay que ser preciso. Son bandidos que haciendo el cálculo entre costo-beneficio evalúan que el camino que han tomado les dará algunas ventajas frente a quienes han preferido callar.
Los “beneficios” se podrán medir en función de la posibilidad de retener una mayor porción del fruto de los delitos cometidos, tener sensibles mejoras en la condena final y no tener que pasar ahora por la incomodidad de dormir en condiciones muy distintas a las acostumbradas.
De todas maneras, lo inédito del caso, el peso económico y político de los que están metidos en el baile hace dudar sobre los efectos legales del mismo. Aunque, sin lugar a dudas reforzarán la impresión colectiva sobre el origen de las grandes fortunas y el uso indebido -que hacen algunos funcionarios- de la facultad de ejercer la administración del Estado.
Si todo esto fuera llevado a fondo serían muy pocos los empresarios y políticos que podrían “tirar la primera piedra”. Es posible que los miembros del actual gobierno, cegados por sus necesidades coyunturales, no hayan reparado en todo lo que significa su contribución a que se abra esta “caja de Pandora”.
Acorralados por una inflación que llena de padecimientos a los que menos tienen y por un grupo de gobernadores que no están dispuestos a ser el “pato de la boda” no ven más allá de sus narices. Ni siquiera olfatean el triste final de su aventura gubernativa y quieren aprovechar una situación que posiblemente termine envolviéndolos en los pliegues de lo mismo que están acusando.
Aunque también lleva a pensar que otros escalones de esta maniobra, típica de servicios de inteligencia, tengan intereses –nacionales e internacionales- que hoy nos cuesta imaginar. Con o sin condena final lo que está pasando es otro sopapo al sistema institucional argentino y el futuro de los involucrados nunca más recuperará los brillos de otros tiempos.
El senador y cineasta Fernando Pino Solanas denunció penalmente a los empresarios «arrependitos» Angelo Calcaterra (constructor, primo del presidente Mauricio Macri), Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción), Aldo Roggio (empresario de la construcción y de Metrovías), Jorge Guillermo Neira, Héctor Zavaleta, Javier Sánchez Caballero, Armando Loson y Juan De Goicoechea por evasión fiscal y lavado de activos.
Pero, dice Solanas en su denuncia ante la justicia, el dinero que entregaron a los distintos funcionarios no podía ser declarado por las empresas que dirigían, por tratarse de dinero que iba a ser utilizado en fines ilícitos: era dinero proveniente de lavado de activos, a través de distintas operaciones ilícitas, o proveniente de ganancias lícitas de las empresas, pero cuyas sumas no eran declaradas, a los efectos de evitar el pago de los tributos, con la utilización de facturas apócrifas, algo muy común en los ámbitos empresarios.
El calvario de los presos “comunes”
En momentos de tanta y confusa desesperación cabe aclarar algunas cuestiones vinculados a los presos comunes y el sistema carcelario. El tema viene como consecuencia de un difundido Informe que acaba de publicar la reconocida Comisión Provincial de la Memoria (de la Provincia de Buenos Aires), presidida por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
En este sentido es interesante volcar algunos datos sobre la evolución de la cantidad de presos, la cuestión carcelaria, la opinión callejera y lo que dice nuestra Constitución. Las conclusiones quedan a cargo de cada uno. Dice el Artículo 18 de la Constitución, en su parte final: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.
A ese texto lo podemos complementar con varios pensamientos que pululan en diferentes estratos de la sociedad, particularmente alimentados por los grandes medios de comunicación. “La cárcel es una puerta giratoria”; “Los extranjeros vienen a la Argentina para delinquir”; a lo cual hay que agregar una idea fuertemente instalada en la sociedad como una cuestión defensiva frente a una variada cantidad de hechos que nos agobian.
Frente a esas situaciones buscamos o tenemos un responsable e inmediatamente planteamos: “Hay que meterlo preso”. Como si la cárcel fuera una solución para nuestros males.
El Informe de la Comisión caracteriza al año 2017 como “un período récord de detenidos, hacinamiento, torturas y muerte en las cárceles”, a lo cual agregan que “es otra prueba del fracaso del punitivismo y la crisis del sistema penal”. Los presos, en toda la provincia, la más poblada del país, pasaron de 38 mil en 2016 a más de 43 mil en 2017.
En la Provincia de Buenos Aires en el 2017 el número de presos creció un 13%, en los años anteriores (2006/2016) dicho aumento había sido del 57%, en tanto que el crecimiento nacional, para el mismo período, rondaba el 41%.
En estos 10 últimos años el número de presos triplicó al aumento de la población.
Suele decirse que nuestras cárceles están llenas de extranjeros. Los datos indican que el 5,9% de los presos son extranjeros (año 2017), apenas un poco más que el 4,8% de extranjeros residentes en el país.
Nacionalmente, dos de cada tres presos son menores de 35 años y el 72% de los 
mismos no terminó la escuela primaria, todos ellos –obviamente- pobres. Aquí tenemos una de las grandes paradojas del sistema en el que vivimos. Es una auténtica fábrica de pobres, pero también tiene un método para reducir sus efectos: ¡Meterlos presos! Los efectos de esta política están a la vista, crecen los hacinamientos y las cárceles transformadas en escuelas del delito.
Como cierre dejemos un dato y una tendencia que son importantes y explicativos de lo que pasa. La información actual indica que la población penitenciaria mantiene un crecimiento sostenido. Hay otro detalle significativo, la desproporción entre los recursos asignados a la infancia y a seguridad. En la Provincia de Buenos Aires, el presupuesto para la infancia (0,3%) es significativamente inferior al destinado a seguridad (9%). Los efectos son públicos y notorios.
*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
VERSIÓN EN PORTUGUÉS
Corruptores arrependidos não são heróis nem patriotas, são...
Por Juan Guahán
Em meio a essa Argentina que se transformou num desfile de bolsas, maletas e inflação, de ex-funcionários governamentais “arrependidos”, é bom recordar que não estamos diante de heróis que merecem o tratamento de patriotas. Se tratam de malandros que se beneficiaram com seus vínculos com o poder estatal da vez, e pagando por isso.
Há duas semanas, o país assiste uma desavergonhada exposição daquilo que tem de pior. Os principais diários e canais de televisão estão ocupados o tempo inteiro com o caso das bolsas e maletas que levavam propina, subornos e contribuições de vários empresários de primeira linha, e com um discurso claro de, sempre que possível, envolver o nome de Cristina Kirchner – mesmo que das formas mais inusitada.
Esse fenômeno, com toda a importância que tem, foi claramente superado pela enxurrada de “arrependidos” que se acumularam nos corredores do quarto piso dos tribunais federais, literal e não metaforicamente, se acotovelavam para se adiantar aos colegas na possibilidade de chegar primeiro ao ato de delatar e não ir preso, melhorar sua situação processual e, no fim, ter uma sentença menor. Nessa pretensão, não perderam a chance de apontar o dedo a alguns políticos renomados.
Mas o que está realmente acontecendo? Uma fotocópia de vários cadernos, da reconhecida marca escolar “Gloria”, textos feitos com uma “escritura perfeita”, foram anexados aos autos judiciais. Os escritos, muito ordenado, carregavam chamativas informações e formavam parte do que estava instalado em boa parte do imaginário coletivo.
Um motorista e ex (ex?) policial, no papel de delator, relatou histórias nas quais contava os vários anos de práticas conhecidas desde as próprias origens da história argentina. Falou sobre os “favores ao poder”, com os quais convivemos desde que temos memória.
É claro que esta prática tem proporções e metodologias diversas. Os setores políticos, entre macristas e opositores ao atual governo (incluindo peronistas pró e anti Kirchner) envolvidos nestas denúncias não pertenciam ao mais profundo do poder econômico, e os montantes de destino foram muito significativos. É provável que aqueles que hoje os substituíram na administração estatal – e que sim formam parte do sistema de poder econômico, usem outras formas mais dissimuláveis (fuga cibernética de capitais) embora seu dano não seja menor.
Esta denúncia colocou sobre a superfície um dado imaginado, mas poucas vezes exposto: se trata da corroboração do sutil matrimônio entre as grandes fortunas e as licitações estatais. O vínculo desses grandes empresários com o poder midiático fez com que escolhessem a estratégia do “arrependimento”, para serem apresentados à opinião pública como patriotas, que estavam praticamente fazendo um favor à ética.
Sobre isso, é preciso ser claro: são bandidos, que fizeram o cálculo custo-benefício e avaliam que o caminho tomado lhes dará algumas vantagens em comparação aos que preferiram se calar.
Os “benefícios” poderão ser medidos em função da possibilidade de reter uma maior porção do fruto dos delitos cometidos, ter sensíveis melhoras na condenação final e não ter que passar pelo incômodo de dormir em condições diferentes da que já estão acostumados.
De qualquer forma, o inédito do caso, o peso econômico e político dos que estão envolvidos no baile, leva a duvidar sobre os efeitos legais do mesmo. Embora não haja dúvidas de que reforçarão a impressão coletiva sobre a origem das grandes fortunas e o uso indevido – realizado por alguns funcionários – da faculdade de exercer a administração do Estado.
Se tudo isso fosse levado realmente a sério, haveria poucos empresários e políticos capazes de atirar a primeira pedra. É possível que os membros do atual governo, cegos por suas necessidades conjunturais, sem reparar que sua contribuição poderia servir para abrir a caixa de Pandora.
Embora encurralado por uma inflação que afeta fortemente os mais pobres e por um grupo de governadores que não estão dispostos a ser o peru da ceia, o governo continua sendo incapaz de ver mais além do próprio nariz. Sequer fareja o triste final de sua aventura governamental e já quer aproveitar uma situação que possivelmente terminará envolvendo a si mesmo, pelos mesmos motivos que agora estão acusando.
Embora se possa pensar que outros setores envolvidos nessa manobra – típica de serviços de inteligência – tenham interesses, nacionais e internacionais, que hoje nos custa imaginar, o fato é que, com o sem uma condenação final, seja a kirchneristas ou macristas, o que está acontecendo é outro sopapo ao sistema institucional argentino, e o futuro dos involucrados nunca mais recuperará os brilhos de outros tempos.
O calvário dos presos “comuns”
Em momentos de tanto desespero, vale a pena esclarecer algumas questões vinculadas aos presos comuns e o sistema carcerário. É um problema que surge em consequência de um informe difundido pela reconhecida Comissão da Memória da Província de Buenos Aires, presidida por Adolfo Pérez Esquivel (Prêmio Nobel da Paz em 1984).
Neste sentido, é interessante revelar alguns dados sobre a evolução da quantidade de presos, a questão carcerária, a opinião das ruas, o que diz a nossa Constituição. As conclusões ficam por conta de cada um. O artigo 18 da Constituição argentina, em sua parte final, diz que “as prisões devem manter um ambiente de salubridade, para segurança e não castigo dos internos, e toda medida que, a pretexto de precaução, leve a mortificações acima do exigido tornará responsável pela prática do abuso aquele juiz que a autorizar”.
Esse texto pode ser complementado com vários pensamentos que pululam em diferentes estratos da sociedade, particularmente alimentados pelos grandes meios de comunicação. “A cadeia é uma porta giratória”, “os estrangeiros vêm à Argentina para delinquir”, além da ideia fortemente instalada na sociedade sobre como devemos manter uma postura defensiva diante de várias situações que nos angustiam, e para as quais devemos (segundo essa linha de pensamento) apontar um responsável e plantear imediatamente a ideia de que “ele tem que ir para a cadeia. Como se a prisão fosse a solução para todos os nossos males.
O informe da comissão diz que o ano de 2017 como “um período recorde a respeito do número de presos, torturados e mortos nas prisões da Argentina”, e acrescentam essa situação “é mais uma prova do fracasso do punitivismo e da crise do sistema penal”. Os presos, em toda a Província de Buenos Aires (a mais povoada do país) passaram de 38 mil em 2016 a mais de 43 mil em 2017.
As prisões bonaerenses alojam cerca de 90% dos presos do país. Nessas superpovoadas celas, se produziram 134 mortes durante o período observado. Os doentes de tuberculose passaram de 187 a 436, houve 2,8 mil casos de tortura por agressão e outros métodos. Enquanto isso, as delegacias bonaerenses alojaram (sempre considerando somente o ano de 2017) cerca de 10% do total de presos no seu território, mas com uma superpopulação que superou os 200% – e com isso teve 22 mortes registradas.
O número de presos na Província de Buenos Aires cresceu em 13%, enquanto o crescimento a nível nacional foi de 41%. Nos últimos 10 anos, o aumento do número de presos triplicou o do aumento da população do país.
Costuma-se dizer que nossas penitenciárias estão cheias de estrangeiros. Os dados indicam que 5,9% dos presos são estrangeiros (2017), apenas um pouco mais que a proporção de estrangeiros residentes no país: 4,8%.
Nacionalmente, dois de cada três presos são menores de 35 anos e 72% deles não terminou a escola primária – e todos esses, obviamente, são do setor mais pobre da população. Aqui temos um dos grandes paradoxos do sistema no qual vivemos. É uma autêntica fábrica de pobres, mas também tem um método para reduzir seus efeitos: encarceramento em massa. Os efeitos dessa política são evidentes, com as celas superpovoadas se transformando em verdadeiras escolas do crime.
Para concluir, deixamos mais um dado e uma tendência importante de ser destacada: a informação atual indica que a população penitenciária mantém um crescimento constante. Outro detalhe significativo é a desproporção entre os recursos públicos direcionados às políticas para a infância e à segurança. Na Província de Buenos Aires, o orçamento para a infância (0,3%) é significativamente inferior ao destinado a segurança (9%). Os efeitos são públicos e notórios.
Juan Guahán é analista político e dirigente social argentino, associado ao Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
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